Con el título Desigualdad: mucho mas que una crisis se celebró en CaixaForum Madrid a lo largo de los primeros cinco meses de este año, y bajo el patrocinio del Colegio Libre de Eméritos, un ciclo de debates dedicados a este candente problema. Sus cinco sesiones se ocuparon de cuestiones tan actuales y relevantes como la discusión de los factores que provocaron el aumento de las desigualdades en los países calificados como «ricos» y la eficacia de las políticas redistributivas para paliarlas; por qué es tan elevada en España la incidencia del paro como factor agravante, y las posibles causas de sus desigualdades territoriales.

Comentaba yo en una reseña publicada en esta revista hace algo más de tres lustros la conveniencia de hilar fino al hablar de los derechos. Hay derechos que se identifican con principios morales o con ideales cuyo ejercicio presupone una concepción general de lo que es bueno o malo y que en otras épocas se hubieran calificado como «naturales», pues, en general, desbordaban nuestra pertenencia a una comunidad política concreta. Dejando ahora a un lado las finas distinciones a que tan aficionados son nuestros constitucionalistas entre «principios» y «valores», podríamos mencionar como tales el derecho a la libertad de expresión, a la ideología y la religión, a la dignidad de las personas o a la propiedad. 

Recordando a Quevedo podríamos afirmar que «Toda Europa está en un tris / y a pique de dar un tras» si las actuales incertidumbres se mantienen mucho más tiempo. Me refiero a la situación financiera y económica de Grecia, así como a las ventajas o inconvenientes de un nuevo rescate por parte de sus socios en el euro, sin excluir su posible salida de la moneda única como la solución menos mala. Expliquémonos.

El 17 del pasado mes de marzo la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió un recurso de casación por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma, contra la sentencia de la Sala Primera de lo Penal de la Sección Primera de la Audiencia Nacional de fecha 7 de julio de 2014, que absolvió a diecinueve encausados de delitos contra las instituciones de Estado, asociación ilícita y una falta de daños, cometidos, como enseguida detallaré, al intentar impedir de forma violenta la entrada en el Parlamento de Cataluña a los diputados y los miembros de la Generalidad.