Cuando, a finales del mes de enero, Syriza ganó las elecciones generales en Grecia con un programa que proponía «alcanzar el cielo» –en frase bien conocida aquí–, casi sin esfuerzos su economía estaba creciendo desde el otoño anterior con unas exportaciones vigorosas y un esperanzador superávit primario, es decir, excluyendo los pagos por intereses de la deuda. A ello se añadía su vuelta a los mercados, en los cuales había obtenido 4,5 millardos de euros a tres y cinco años, de tal forma que el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que, de continuar el programa de reformas comprometidas en 2014, la relación Deuda/PIB –cifrada en un 175% a finales de 2013 descendería a un 117% en 2020 y a menos de un 104% dos años después, gracias en buena parte al descenso generalizado de los tipos de interés experimentado desde entonces. Esas perspectivas se han esfumado debido al desacierto técnico y al sectarismo político de los programas radicales puestos en práctica por Syriza.
Con este telón de fondo, se aprecia mejor la insensatez que ha supuesto el referéndum del pasado 5 de julio con su pregunta-trampa del «OXI», pues, ¿qué votante aceptará aumentar su edad de jubilación, congelar sus pensiones y acoger de buen grado aumentos de impuestos, y todo ello desconociendo los probables resultados de esa negativa? Sin embargo, la holgada mayoría del «OXI» sigue sin reabrir los bancos y poner a funcionar los cajeros, pero ha dado alas al partido en el Gobierno para volver con brío a la mesa de negociaciones, ha reforzado el peligroso mito de la democracia directa y ha acrecentado la agresividad dialéctica de los profetas de la nueva utopía en otros países del euro. Aun así, los datos económicos recuperan su protagonismo incluso cuando se interpretan tan torticeramente como ha sucedido con un informe –me temo que poco leído por muchos de los que lo citan dogmáticamente– que, con el título Greece: Preliminary Draft Debt Sustainability Analysis, publicó el Fondo Monetario Internacional el pasado 26 de junio.
De dicho informe, los partidarios de Syriza, dentro y fuera de Grecia, han destacado como argumento incuestionable que a Grecia deben concedérsele sin más 52 millardos de euros, además de las restantes peticiones que Alexis Tsipras vaya a plantear a los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro. Pero lo cierto es que la orientación del Fondo es muy diferente, ya que después de destacar que «los cambios en las políticas y en las perspectivas desde comienzos de año han dado como resultado un incremento sustancial de necesidades financieras», va desgranando en sus veintitrés páginas los factores que incrementarán el volumen de los fondos que aumentarán el volumen de los fondos necesarios para sostener a Grecia: el fracaso en alcanzar los objetivos fiscales en el trienio 2015-2018; los menores ingresos provenientes de las privatizaciones; el parón en la tasa de crecimiento económico; la liquidación de atrasos; pensiones sin satisfacer, así como el pago de subvenciones fiscales y préstamos a corto plazo, al igual que la carga de intereses a abonar lo largo del trienio 2015-2018. En total, afirma el Fondo, de octubre 2015 a diciembre de 2018 las necesidades de financiación ascienden a 29,3 millardos de euros entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, más 22,6 millardos hasta finales de 2018; en total, 51,9 millardos de euros. El resumen final del Borrador del FMI es meridianamente claro : «Para asegurar la probable sostenibilidad de la deuda, las políticas griegas necesitarán retornar a su curso normal, pero también, y como mínimo, los vencimientos de los préstamos europeos vivos habrán de alargarse apreciablemente, al tiempo que conceder nueva financiación en los próximos años en condiciones favorables para hacer frente a futuras necesidades. Pero si el paquete de reformas en estudio se debilita aún más –en concreto, un nuevo empeoramiento de los objetivos del superávit primario y reformas estructurales más vacilantes– [la cursiva es mía], se precisarán nuevos descuentos en el principal de la deuda.
Y así se llegó a la reunión del martes 7 de julio, primero del Eurogrupo y después de los Jefes de Estado y de Gobierno, en las cuales Grecia no presentó propuesta alguna, por lo que se le ha exigido que el fin de semana plantee sus peticiones a fin de poder adoptar una decisión el domingo 12. Al parecer, los jefes de Estado y de Gobierno estarían dispuestos a conceder unos 50 millardos de euros provenientes del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) si Grecia acepta unas condiciones semejantes a las presentadas el 30 de junio, y a las cuales Tsipras respondió con el referéndum del domingo 5 de julio. Por el momento se desconocen los detalles concretos, pero bien podrían ser los siguientes: Grecia detalla sus peticiones y compromisos de forma que el Banco Central Europeo continúe suministrando liquidez a corto plazo a los bancos griegos; los expertos del Eurogrupo los estudian y son discutidos el sábado por los ministros para que el domingo 12 la cumbre de jefes de Estado y Gobierno adopte las decisiones finales. El programa de ayuda combinaría unos desembolsos –15 millardos de euros a corto plazo para hacer frente a las necesidades financieras urgentes– condicionados a la adopción inmediata de medidas y el resto –hasta los 50 millardos de euros–irían disponiéndose a lo largo de dos o tres años, siempre y cuando se cumplieran por parte de Grecia una serie de medidas estructurales muy concretas.
Está por ver si, una vez más, Tsipras no repite la conocida táctica de escamotear los compromisos helenos y jugar con los nervios de sus colegas del euro, presionados por unos mercados dominados por el nerviosismo derivado de unas incertidumbres tan prolongadas, y a todo lo cual se unirían las repercusiones políticas derivadas de enjuiciar cualquier concesión como el triunfo de la democracia y de los pueblos frente a la «Europa de los mercaderes».
Ante ese panorama, no es fácil hacer un resumen que reúna adecuadamente los aspectos económicos y políticos a fin de poder elegir una solución factible y ponderada. Visto lo visto, y manejando los datos y las posibles soluciones económicas, me inclino decididamente por la salida de Grecia del euro. Comprendo las incertidumbres que tanto asustan a no pocos estadistas y economistas, pero, en las actuales condiciones, la permanencia del país heleno en la moneda única ocasiona muchos más problemas. Por el contrario, una salida controlada y plasmada a lo largo de un plazo de unos dos años, combinando el euro como moneda para las transacciones exteriores con el dracma para las operaciones domésticas bajo la dirección de un Banco de Grecia que, desligado del Banco Central Europeo, habría recuperado plenamente su autonomía, podría funcionar –y es aquí donde el presidente Obama tendría ocasión de hacer algo más que dar consejos geopolíticos–, sobre todo si cuenta con el respaldo financiero de los mecanismos europeos y se acompaña de una reestructuración de la deuda razonable pero condicionada en su cuantía y calendario al cumplimiento de ciertos requisitos macroeconómicos y financieros por parte del actual y de los futuros gobiernos helenos.
Por el contrario, si los dirigentes europeos ceden ahora a las pretensiones griegas, aceptan a la ligera un tercer rescate y una quita en el principal de la deuda, se habrá perdido tiempo y dinero y, a más tardar, en un par de años volverá a discutirse lo que ahora debería quedar zanjado. Ítem más: esta solución de pasteleo crearía un precedente que pesaría como una losa en el futuro político de la Europa unida por el hecho de constituir una injusticia escandalosa. ¿Cómo negar en el futuro a cualquier otro país del euro la alfombra roja que ahora exige Grecia? En resumen, economía y política aconsejan una solución dura, sí, pero claramente preferible a la contraria, y esa solución es acompañar a Grecia hasta la puerta de salida y ofrecerle ayuda una vez que se encuentre fuera.
Raimundo Ortega es economista.
