Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Comentaba yo en una reseña publicada en esta revista hace algo más de tres lustros la conveniencia de hilar fino al hablar de los derechos. Hay derechos que se identifican con principios morales o con ideales cuyo ejercicio presupone una concepción general de lo que es bueno o malo y que en otras épocas se hubieran calificado como «naturales», pues, en general, desbordaban nuestra pertenencia a una comunidad política concreta. Dejando ahora a un lado las finas distinciones a que tan aficionados son nuestros constitucionalistas entre «principios» y «valores», podríamos mencionar como tales el derecho a la libertad de expresión, a la ideología y la religión, a la dignidad de las personas o a la propiedad. Pero, con el paso de tiempo, han ido incluyéndose como tales el derecho a la salud, la educación, a una vivienda y a un empleo dignos o a paliar las desventuras anejas a la dependencia.

Estos últimos derechos, calificados como «sociales», combinan el hecho de ser siempre pomposamente reclamados, aunque sean frecuentemente ignorados; en cambio, los mencionados antes en primer lugar gozan de características adicionales que explican su más general aceptación: a saber, exhiben rasgos negativos fácilmente reconocibles y, además, su protección resulta relativamente sencilla y barata: ¡pero, cuidado, no gratuita! Por el contrario, derechos como el de la salud, el apoyo a las políticas de dependencia social, a una vivienda digna o la educación, no sólo son muy caros, sino extremadamente complicados llegado el momento de ponerlos en práctica. Y es que, partiendo de un reconocimiento por fuerza vago, los procesos para transponer las formulaciones constitucionales que los proclaman en medidas legales concretas están llenos de peligros. Dos de ellos merecen un breve comentario.

El primero de esos peligros nace, como he adelantado antes, de las dificultades inherentes a su transposición a leyes ordinarias que imponen derechos y obligaciones concretas. Habitualmente, lo que ocurre es que son los tribunales y no los gobiernos, emanados se supone de la voluntad popular, quienes deciden lo que es –o no– socialmente justo. Y es frecuente que los jueces no sean peritos en la valoración de costes de oportunidad, a lo cual se añade que sea el poder judicial y no el legislativo el que decida en última instancia. El segundo de los obstáculos es mucho más mundano y proviene del coste que la materialización de esos derechos sociales acarrea al erario público, cuestión esta última de evidente actualidad aquí y ahora.

Un buen ejemplo lo ofrece el cálculo de la materialización de las promesas electorales de algún partido político que ha concurrido con notable éxito a las recientes elecciones generales. Pues bien, según cálculos más bien prudentes, la financiación de los derechos sociales –muchos de los cuales pretenden elevarse a rango constitucional– prometidos precisarían aproximadamente unos noventa y cinco millardos de euros. La cifra es considerable y ello lleva a preguntarse cómo encajarlas en el marco general de las perspectivas económicas, al menos para el bienio 2016/2017. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea para nuestro país, 2015 se habría cerrado con un déficit público del 4,8% del PIB (el Gobierno en funciones es algo más optimista y lo cifra entre el 4,5% y el 4,6%). Si se aceptan las tasas de crecimiento del PIB que avanza la Comisión y los déficits por ella previstos, e incrementamos estos últimos en cuarenta y treinta millardos, cifras que probablemente comportaría la puesta en práctica en esos dos años del mencionado programa de «cambio y progreso», nos encontraríamos con que el déficit resultante (7,2% y 5,2%) duplicaría exactamente las actuales previsiones de Bruselas.

No es difícil imaginar en qué situación se encontraría un país como el nuestro, que en estos momentos soporta un endeudamiento público equivalente al cien por cien de su producto y que, a modo de ejemplo, este año debe acudir a los mercados para refinanciar deuda pública y privada por un importe de cuatrocientos millardos de euros: más o menos el equivalente al 40% de su PIB.

«¡Burda manipulación!», exclamarán quienes han cocinado tales propuestas. Y añadirán: «Se olvida que, de esos noventa y cinco millardos, casi la mitad se financiaría mediante una subida de impuestos (se sobreentiende que soportada por “los ricos”), y algo menos sería resultado mecánico del crecimiento económico propulsado por el mayor gasto, mientras que los veinticinco millardos restantes se obtendrían acudiendo a unos mercados ansiosos –no es preciso decirlo– de prestárnoslos».

Y así se acaba este cuento de la lechera, cuya principal moraleja es que los derechos –sean cuales sean– tienen unos costes que un político honesto no debe ocultar nunca a los ciudadanos, que son quienes van a soportarlos. Unos ciudadanos –hay que recordarlo– que ya piensan que están pagando en demasía por lo que reciben.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Últimas publicaciones

Últimos Libros