Después de las segundas elecciones generales en seis meses, las dificultades para investir a un jefe de gobierno revelan la existencia en nuestro sistema político de un problema de gran magnitud, cuya comprensión recomienda aclarar ciertos conceptos básicos. Me refiero en concreto, tal y como indica el título de este blog, a la relación entre la democracia «directa» y la modalidad de la misma calificada como «representativa».
Ya desde mediados del siglo XVIII, algunos pensadores políticos habían comenzado a señalar insistentemente los obstáculos inherentes al buen funcionamiento de la democracia entendida «a la griega», es decir, aquella en la que los ciudadanos intervenían y decidían directamente sobre los asuntos generales. Atrás quedaba la representatividad de las cortes medievales y las repúblicas renacentistas, al igual que los momentos esplendorosos de las monarquías absolutas. Lo que se discutía entonces era cómo institucionalizar la voluntad general y si el pueblo estaba en condiciones de elaborar por sí mismo las leyes e imponerlas directamente.
Un clérigo francés, que llegaría a ser presidente del Senado y conde del Imperio napoleónico, el abate Sieyès, lo negaba rotundamente, defendiendo la necesidad de un gobierno representativo cuyos titulares no estuvieran sujetos a un mandato imperativo dictado por los electores. Se afirmaba ya entonces que los representantes representaban a la nación entera y no a quienes concretamente les habían votado. ¡Eso sí, estos podían reemplazarles en las siguientes elecciones! Quince años antes –concretamente en 1774–, un pensador irlandés, mitad católico, mitad anglicano, y parlamentario acomodaticio, a quien hoy en día consideraríamos como «politólogo», Edmund Burke, había afirmado rotundamente, que lo único que los representantes debían a sus representados era su «leal opinión».
Mucho ha llovido desde entonces, siendo la aparición de los partidos políticos el factor más trascendental. Dotados de una disciplina interna apoyada en una ideología oficial, y estructurados mediante una jerarquía rígida que maneja las listas cerradas como instrumento electoral, sus militantes acaban sujetos a una escala de prioridades en la cual la «leal opinión» desaparece casi por completo a favor de las consignas partidistas, a la vez que la mayoría de los elegidos para figurar en ellas, debido a un inevitable proceso de selección inversa, carecen de opinión alguna y únicamente actúan disciplinadamente como profesionales de la representación. Estamos ante la «banalización de la democracia».
Este proceso, que con variantes mínimas se ha extendido en todas la democracias,
permite poner en duda cada vez más que la democracia representativa sea una auténtica democracia. Pero, para nuestra desventura, el esquema se ha complicado aún más, porque han accedido a los parlamentos partidos y grupos cuyas ideologías son tan difusas y accidentales que sus representantes parlamentarios parecen necesitar con sospechosa frecuencia conocer la opinión de quienes les han elegido. De ahí nacen las propuestas de facilitar al máximo las consultas e iniciativas populares y los referendos sobre cuestiones a menudo inverosímiles: en resumen, se trata de conseguir que los representados esclarezcan cada dos por tres a quienes les representan, lo que, se supone, estos estarían obligados a discutir y decidir.
Dicho todo lo cual el lector se habrá apercibido sin el menor asomo de duda de que estos comentarios vienen a cuento del actual atolladero en que parece encontrarse la democracia representativa en España. Todo el mundo se las prometía felices con la anunciada panacea que suponía la desaparición del bipartidismo y su sustitución por un arco parlamentario más abierto a nuevas ideas y modernos grupos políticos. Pero lo que este medio año largo y dos elecciones generales indican es que, al parecer, ninguna de las dos formas de democracia –la de la voluntad general y la representativa– ha funcionado. Ni el electorado ha sido capaz de aclarar sus ideas respecto a lo que realmente quiere –disponemos como único indicio de lo que los modernos augures desentrañan periódicamente de las encuestas–, ni los representantes elegidos –nuevos y viejos–, atados por lo que he denominado profesionalización de la representatividad, están en condiciones de actuar, como diría Burke, de acuerdo con su «leal opinión». ¡Así estamos y así, me temo, podemos seguir durante bastante tiempo!
