Es uno de nuestros rasgos más peculiares: muchos españoles desprecian o aborrecen su historia que, por otra parte, en gran medida, desconocen. Estos sentimientos van mucho más allá de la crítica política o la sátira social, por feroces y profundas que éstas sean: pertenecen, realmente, a otro orden de cosas. El repudio afecta a todos los colores políticos, no tiene nada que ver con clases sociales, y no está particularmente asociado a sentimientos nacionalistas o separatistas.
Este rechazo, que aparece en el siglo XVIII, cuando los españoles empiezan a tomar conciencia de la decadencia de su país respecto a los otros grandes países europeos, se desarrolla y consolida en los siglos XIX y XX. Primero surgió la tesis de que la llegada de la dinastía austríaca a España –que se inauguró aplastando la sublevación de las Comunidades– había sido un desastre para los españoles, desviándolos de su verdadera naturaleza y de lo que podía haber sido su felicidad. A lo largo del siglo XIX esa tesis se amplía a la condena total de los dos siglos de política imperial, incluida la colonización americana. El más retórico de nuestros políticos decimonónicos «progresistas», Castelar, comparó, en un famoso discurso, el imperio español con un «sudario» que se había extendido, para desgracia de todos los humanos, por el orbe entero. Después de la humillación de 1898, en plena apoteosis de autoflagelación nacional, Costa escribió que España había padecido una «decadencia progresiva de cuatro siglos».
El fracaso de la Segunda República y el drama de la guerra civil y sus consecuencias –pobreza, aislamiento y falta de libertad– no hicieron sino reforzar, si cabe, esos sentimientos, algo que, probablemente, no sólo no alivió, sino que exacerbó la propaganda, en el fondo, muy ingenua, del régimen de Franco, centrada hasta los años cincuenta en el recuerdo de glorias de la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII. Mediado ya el siglo XX, el repudio del curso político y humano de nuestra historia alcanzó nuevas alturas y refinamientos a partir de la obra de Américo Castro, un repudio que ha tenido, más tarde, resonancias grotescas en determinados arrebatos de algo que podríamos denominar «multiculturalismo retrospectivo» (una serie de TVE sobre la Granada nazarí, basada en una obra de Antonio Gala, cuya inspiración central es el rechazo de la barbarie cristiana y la elegía del refinamiento árabe o morisco perdido, ha sido el ejemplo más popular de esa impostura, de esa nostalgia inventada y fantástica). La lucha de los cristianos de la Península para someter a los musulmanes y reintegrar todo el territorio a la Europa cristiana habría sido, así, para algunos, otro descomunal «error» histórico, un gran pecado contra el ideal de la armoniosa y enriquecedora convivencia de las dos culturas; la expulsión de los moriscos, decidida en 1609, sería, claro, la culminación, equivocada y casi criminal, de aquel error.
En 1947, Menéndez Pidal resumió la cuestión en su prólogo al primer tomo de la gran Historia de España que él fundó y dirigió, en el ensayo titulado «Los españoles en la Historia». Ese repudio, muchas veces tan radical como superficial, de casi todo lo que los españoles habían hecho durante cuatro siglos, reflejo de un profundo y muy exagerado sentimiento de fracaso, equivalía, en su opinión, a una verdadera «desnacionalización», una desnacionalización que abarcaba todo el arco político pero que, por razones obvias, afectaba más a las izquierdas. ¿Ha cambiado algo desde 1947? ¿Cómo nos ha ido durante el último medio siglo? ¿Tenemos alguna razón para «re-nacionalizarnos», aunque sea modestamente, en este comienzo del siglo XXI ? Empecemos por la economía.
CUATRO DÉCADAS DE ECONOMÍA ESPAÑOLA: 1960-2000
De 1960 al 2000, un período lo bastante largo como para ser significativo en una perspectiva histórica, la economía española fue, junto con la de Portugal, la que alcanzó un mayor crecimiento en EuropaTodos los datos que se citan están extraídos de las estadísticas oficiales de Eurostat.. Sólo unas pocas cifras para concretar.
Entre 1960 y el 2000, el PIB en España y Portugal creció a una tasa media anual del 4,1% (la tasa resulta casi idéntica para los dos países), situándose muy cerca Grecia, con el 3,9%, pero claramente por encima de la alcanzada por el conjunto de la UE sin España ni Portugal (3%), y de Italia (3,4%). Desde luego, a lo largo de esas cuatro décadas ha habido períodos muy diferentes. Para la economía española, los años 1961-1974 fueron excepcionales: alcanzó en esos catorce años una media de crecimiento real del 7,2%, cercana a la lograda –si bien para períodos mucho más largos– por «tigres asiáticos» como Taiwan o Singapur. En el período 1975-1985, el crecimiento económico se desploma en todos los países industrializados, debido, entre otras cosas, a las crisis energéticas, pero en España el fenómeno fue aún más agudo, consecuencia, en parte, de los problemas asociados a la transición política (el 1,6% para esos once años, mientras Portugal logra el 3,4% y Grecia, el 2,1%).
Desde 1986, año de la adhesión de España y Portugal a la UE, hasta el 2000, la tasa media de crecimiento española es del 3,3%, que puede compararse con el 3,6% logrado por Portugal y el 2% de Italia. Aunque Irlanda ha crecido aún más rápidamente, España y Portugal han seguido acortando distancias respecto a los países más ricos de la UE, a la vez que iban superando problemas políticos muy difíciles. La integración en la UE, que algunos veían a mediados de los ochenta como un desafío que la economía española no podría sostener, ha sido, a la vez, parte y razón del éxito económico. Y pocos dudan de que el buen fin de la transición política fue clave para la evolución económica, aunque sólo fuera porque permitió la plena incorporación a la UE.
LAS CRÍTICAS A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Vista desde hoy, la historia del fin del régimen de Franco y de la restauración democrática en España es bastante compacta, ha sido muy estudiada y está bastante clara. En seis años, de 1976 a 1982, con los gobiernos de aquel seudopartido lleno de buenas intenciones que fue la Unión de Centro Democrático, se hizo desaparecer el entramado institucional de la dictadura, se restablecieron las libertades políticas y se construyeron las instituciones de la democracia parlamentaria; después, tras superar el golpe de estado de febrero de 1981, juzgar a los responsables y encarcelarlos, el gobierno de UCD cedió el poder al PSOE, representante, al menos simbólico, de las vencidos en la guerra civil, y grandes triunfadores en las segundas elecciones celebradas con la nueva Constitución. Todo esto se hizo al mismo tiempo que España, como otros países europeos, atravesaba dos fases de recesión económica, originadas en las crisis petrolíferas de 1974 y 1979, y se enfrentaba a un problema cada vez más grave de terrorismo: ETA gozaba entonces de una comprensiva tolerancia en toda Europa y, desde luego, en Francia. La inmensa mayoría de los españoles y una gran mayoría de observadores e historiadores extranjeros cree que la transición fue un gran éxito. Sin embargo, durante los últimos años han surgido, no muchas, pero muy ruidosas y activas, opiniones que discrepan, incluso profundamente, de esta forma de entender lo que ocurrió.
Algunos, que comparten la idea de que aquello fue un éxito, sostienen que la verdadera transición no se hizo por los gobiernos de UCD, sino a partir de la llegada del PSOE al poder en 1982. Esta discrepancia parece, en el fondo, menor, accesoria, pero no lo es en absoluto, porque nunca es accesoria la diferencia entre el relato que se atiene a los hechos, tal como ocurrieron y están registrados, y el relato tergiversado y falsificadoCarlos Bustelo, «La transición democrática, una historia tergiversada», ABC,Vicenç Navarro, «La transición no fue modélica», El País, 17 de octubre de 2000.de junio de 2000.. Y, por eso mismo, tiene que ver con lo que viene después, que es la crítica que podemos llamar «fundamental».
La discrepancia sobre quién hizo la transición es una prueba idónea de lo poco que importan los hechos cuando son contrarios a nuestras preferencias. Afirmar que la transición se hizo durante la época de los gobiernos centristas de UCD no equivale, evidentemente, a negar el papel que desempeñaron el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas después de la aprobación por referéndum de la Ley de Reforma Política, en diciembre de 1976. En realidad, todos ellos pactaron con una parte de la clase política activa durante el régimen de Franco, una clase política en la que había más funcionarios, profesionales independientes y políticos aficionados que políticos profesionales, deseosos de, o dispuestos a, traer la democracia. Sin su cooperación las cosas habrían sido más difíciles –quizás, incluso, imposibles–, al menos a la velocidad a la que se hicieron. Las hemerotecas y las videotecas están ahí: todo está registrado y bien registrado.
Pero la crítica «fundamental» a la transición es otra: que no se separó lo bastante de las adherencias franquistas, ni condenó suficientemente al franquismo, ni resarció adecuadamente a sus víctimas. Resultó ser, finalmente, un fracaso moral y, por consiguiente, también político, porque estuvo cimentada, se dice, en la «amnesia» forzada y en el temor a enfrentarse con el pasado, la guerra civil y la dictadura. Esta interpretación tiene un primer envoltorio que podemos calificar de conspirativo y que conviene distinguir de lo que viene después.
En nuestra «inmodélica» transición, según la bautizó el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (y de la Johns Hopkins University de Washington), Vicenç Navarro 3, las derechas, los grupos sociales y económicos ligados a y beneficiarios del franquismo, los «franquistas», aprovechando su posición inicial de dominio y las circunstancias internacionales de finales de los setenta y comienzos de los ochentaLa tensión entre la Unión Soviética y la OTAN se agravó aquellos años debido a la instalación, por ambas partes, de nuevos misiles que alteraban el equilibrio existente, los soviéticos, con sus SS-20 instalados en la República Democrática Alemana, y la OTAN, con los Pershing y Cruise instalados en la República Federal., habrían conseguido que «todo cambiase para que todo siguiera igual». Los «franquistas» (y sus herederos) habrían mantenido prácticamente intactos sus centros de poder económico y político. Hubo «cartas marcadas», no se desmontó el «franquismo económico» o «sociológico», la «sociedad franquista», etc.Entre otras muchas elaboraciones de estas ideas: Antonio Elorza, «Resistibles ascensiones», El País, 13 de abril de 2000; Vicenç Navarro, «La transición no fue modélica», El País, 17 de octubre de 2000..
Dado que la personificación de los «movimientos» o «fuerzas populares» que debían haber recibido una mayor cuota de poder resulta bastante problemática fuera de los partidos políticos, dado que UCD ganó limpiamente –nadie lo ha puesto en duda nunca– las elecciones de 1977 y 1979, y dado que esos supuestos centros de poder franquista y derechista aceptaron –en algunos casos, incluso con alivio– el triunfo del PSOE en 1982, no es fácil precisar qué debería haber ocurrido, según los defensores de esta interpretación, para que la transición hubiera sido, en el marco de la política democrática, un juego «más limpio». ¿Se quiere decir, quizá, que no someter la Monarquía a un referéndum específico, separado del que se hizo para la Constitución, descalifica todo el proceso de normalización democrática y reconciliación? ¿Hay algo más?
Llegamos ahora al argumento según el cual la transición fue, moral y políticamente, defectuosa, falsa, insuficiente. Según este punto de vista, uno de cuyos exponentes más tenaces y radicales es el ya mencionado profesor Navarro, la transición democrática española se construyó sobre el régimen impuesto por los vencedores de la guerra civil, sin que hubiera, ni haya habido hasta ahora, un rechazo formal y auténtico de lo ocurrido desde julio de 1936 hasta la muerte de Franco, sin un verdadero reconocimiento de los méritos de los que murieron o sufrieron por defender la democracia frente al franquismo y sin que se llevara a cabo un proceso de «depuración» de los «colaboradores del franquismo» como el que cree Navarro que se hizo en Alemania o en Italia después de la guerra mundial con los colaboradores del nazismo o del fascismo.
Lo más obvio de este argumento es su chirriante y aparatosa falta de medida y de realismo. Comparar la España de 1975 con la Alemania o la Italia de 1945 es absurdo. Comparar la eventual «culpabilidad» de los colaboradores del régimen de Franco en 1975 (¿los funcionarios, los policías, los militares, todos, algunos?) con la de los colaboradores del nazismo o del fascismo en 1945 no es menos disparatadoJavier Tusell, «¿Fue modélica la transición a la democracia?», El País, 2 de noviembre de 2000.. Y también es sorprendente, a estas alturas, la demonización absoluta del régimen de Franco, que duró más de tres decenios, con etapas muy distintas, junto a esa canonización, machacona, no menos absoluta, o casi, de la República y del bando «republicano» en la guerra civil. Todo esto tiene ya poco sentido: son visiones sectarias que en España, felizmente, muy pocos comparten ya.
Como ha señalado recientemente Santos JuliáSantos Juliá, «Echar al olvido. Memoria y amnistía de la transición», Claves, nº 129., lo primero que hay que constatar es que estas condenas de la transición no surgen en los años ochenta, cuando el fin del franquismo estaba fresco y el PSOE ocupaba el poder con comodidad, sino a partir de 1996, cuando el Partido Popular alcanza el poder y estas ideas se convierten, para una parte de la izquierda, en armas en la lucha política. No es cierto en absoluto, en segundo lugar, que en los años de la transición hubiera olvido o «amnesia» de la guerra civil y los años del franquismo: «Durante la transición, y antes, se habló mucho del pasado; ocurrió, sin embargo, que se habló no de modo que se alimentara con su recuerdo el conflicto ni se utilizara como arma de la lucha política, sino de modo que sobre él pudiera extenderse una amnistía general»Íd., pág. 17..
No es cierto, en absoluto, que los españoles –y los extranjeros– no hayan investigado, reiterativamente a veces, casi exhaustivamente, muchos aspectos de lo sucedido en la guerra y en la posguerra y, en particular, la represión por ambos bandos y después de 1939; y sería ridículo afirmar que la censura ha estado planeando sobre esas tareas de investigación o sobre su divulgaciónÍd., págs. 18-19..
Algunas críticas a la transición sostienen, además, que esa supuesta «no ruptura» con el pasado está teniendo un alto coste para la sociedad española y para, digamos, la «calidad democrática» de nuestras instituciones políticas. Pero, ¿cómo medir ese coste, en términos de qué cuantificarlo? ¿Cuál es la relación, si es que hay alguna, entre el reformismo de la transición, ese «echar en olvido» del que habla Santos Juliá, por unos y por otros, los crímenes y agravios del pasado, con los problemas actuales de nuestras instituciones políticas? ¿En qué se diferencian nuestros problemas de los que pueden encontrarse en democracias como la francesa o la italiana?
DEMOCRACIA Y BIENESTAR EN ESPAÑA, 1975-2002
Una de las tesis de Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país, el trabajo del profesor Navarro que ganó el XXX Premio Anagrama de Ensayo (2002), es, precisamente, que se pueden evaluar las consecuencias de la «inmodélica» transición política española a la democracia midiendo, a través de diferentes indicadores, el retraso de nuestro Estado del Bienestar en comparación con los más avanzados de Europa, o, incluso, con la media de la UE. La lista de indicadores negativos que maneja Navarro es, verdaderamente, muy larga. Como se decía en una crítica al libro que comentamos, «aquí todo es imperfecto»Miquel Porta, Blanco y Negro Cultural, 1 de febrero de 2003..
Es obvio que el Estado del Bienestar español nació y se desarrolló con retraso y, en algunos aspectos, con mucho retraso, respecto al construido tras la guerra mundial por los países democráticos europeos. Pero, afirmar –y ésta es la tesis de Navarro– que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia es la culpable de que nuestras instituciones de protección social y educativas no sean, hoy, iguales a las de los países más ricos de Europa es, verdaderamente, muy extraño. Basta comparar los datos de 1975 con los de, por ejemplo, el año 2000, para España y para el resto de los países de la UE, para comprobar que en ese cuarto de siglo, un período de tiempo no muy largo, lleno de dificultades políticas y económicas, se consiguió recuperar buena parte de la distancia que nos separaba de la media de la UE en sanidad pública universal, educación y pensiones públicas. Si la evolución de nuestro sistema de Seguridad Social y del gasto público entre 1975 y 2000 prueba algo, sería, más bien, lo contrario de lo que afirma Navarro. En realidad, él mismo lo apunta en otros pasajes de su libroVicenç Navarro, Bienestar insuficiente,democracia incompleta…, págs. 101 y 187.. Y, como más de la mitad del período al que nos referimos corresponde a gobiernos del PSOE, las anteriores afirmaciones no pueden ser sospechosas de partidismo en favor de UCD o del PP.
Las comparaciones económicas internacionales son difíciles y las comparaciones en materia de gasto educativo o sanitario no son una excepción. Son difíciles porque cifras semejantes no significan lo mismo en unos países y en otros, y porque las estadísticas no se elaboran igual en los diferentes países. Piénsese, por ejemplo, en lo discutibles que son las comparaciones de PIB per cápita, cuando hay que pasar de unas monedas a otras, con tipos de cambio fluctuando –a veces muy violentamente de año en año–, y de unos niveles de precios a otros, porque un dólar, un euro, o cualquier otra moneda que se escoja no compra lo mismo en los diferentes países. Pero, con todas estas precauciones, muchos estudios hacen estas comparaciones, y todos las utilizamos, aunque sea con reservas sobre su significado o exactitud.
En materia de educación y en sanidad disponemos de dos informes de organismos supranacionales que están aceptados internacionalmente como trabajos de referencia: el informe El estado sanitario del mundoEstá disponible por Internet en la página de la Organización Mundial de la Salud., que publica la Organización Mundial de la Salud y cuyo último volumen corresponde al año 2002 (con datos hasta el año 2001); y el informe sobre educación que publica la OCDE, Education at a Glance(Una ojeada a la educación), cuya última edición corresponde al 2002 (con datos que llegan hasta 1999). Podemos intentar hacernos una idea de la posición relativa de España en sanidad y en educación utilizando sus cifrasTodas las comparaciones de valores se hacen en «dólares internacionales», tal como vienen expresadas en los dos informes citados. Los «dólares internacionales» son dólares de los Estados Unidos corregidos por el poder de compra en cada país, es decir, dólares USA de igual poder de compra en todos los países..
SANIDAD Y EDUCACIÓN DESDE LA TRANSICIÓN
1) En gasto sanitarioTodas las cifras que se comentan están recogidas del World Health Report 2002, Anexo, Tablas 1 y 5 (págs. 179-185 y 202-217)., de acuerdo con una serie de indicadores, España ocupa uno de los últimos lugares de la UE. Pero hay que hacer algunas precisiones. La proporción que el gasto sanitario total (público y privado) representa respecto al PIB fue (todas las cifras que mencionamos se refieren al año 2000) el 7,7%, un porcentaje que se mantiene desde 1995, superior al del Reino Unido (7,3%) y Finlandia (6,6%), pero inferior al de los restantes miembros de la UE, quedando lejos, desde luego, del 13,5% que se alcanza en Estados Unidos. También ocupamos uno de los últimos lugares en la proporción que el gasto público en sanidad representa respecto al PIB (el 5,4%), aunque Austria nos supera en algo menos de dos décimas (el 5,58%); esta proporción cayó una décima en España entre 1995 y 2000, pero cayó cinco décimas en Holanda y también una décima en Alemania. El gasto público per cápita en sanidad es en España el más bajo de la UE después de Grecia y Portugal, pero fue el que tuvo mayor crecimiento real entre 1995 y 2000 después de Portugal e Italia. Y si atendemos tanto a la distribución del gasto sanitario total entre público y privado, como a la proporción que el gasto en sanidad representa dentro del total de gasto público, ocupamos una posición intermedia: tenemos una proporción menor de gasto privado que países como Australia, Suiza o Estados Unidos, y mayor que países como Francia, Italia o Canadá; y en cuanto a la importancia del gasto sanitario en el gasto público total, nuestro 13,5% es idéntico al de Francia y es una proporción mayor que la que se alcanza en Dinamarca, Finlandia, Italia u Holanda, por ejemplo, aunque inferior a la de Alemania, Reino Unido o Estados Unidos.
Nuestra situación podría resumirse así: es cierto que nuestra proporción de gasto público sanitario a PIB es la más baja de la UE después de Grecia y Portugal, pero es verdad también que estamos a sólo una décima de Holanda y a dos de Austria; y que dedicamos a gasto sanitario una proporción del gasto público cercana a la de otros países de la UE, como Francia.
Si de los indicadores financieros pasamos a los indicadores, digamos, cualitativos, las afirmaciones de Navarro en Bienestar insuficiente… sobre mortalidad infantil y esperanza de vida resultan muy llamativas. Navarro sostiene que el aumento de la mortalidad infantil (que, señala, pasó del 5,6 en 1996 al 5,7 en 1998) responde «al aumento muy notable de las desigualdades sociales como resultado de las políticas neoliberales»Vicenç Navarro, op. cit., págs. 47-48.; y un poco más adelante, como no puede ignorar que España es uno de los países de mayor esperanza de vida del mundoEn esa estadística de la Organización Mundial de la Salud ocupamos el lugar nº 13, (incluyendo, entre los «países» que nos superan, San Marino, Andorra o Mónaco), y superando en esperanza de vida a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Reino Unido y Portugal., se fija en la «tasa de variación», y sostiene que España «es hoy uno de los países con menor crecimiento de esa esperanza de vida»Íd., págs. 38-39.. Pero, ¿realmente es creíble que un parámetro como la esperanza de vida pueda resultar alterado de forma significativa en su «tasa de variación», en unos años, por nuestro más intenso «neoliberalismo»? ¿Lo dice en serio?
Las exageraciones e imprecisiones de Navarro se extienden a otros puntos. Por ejemplo, afirma, sin precisar el año al que se refiere, que «Estados Unidos invierte en sanidad pública para los ancianos el 7,2% del PIB, más de lo que España invierte para toda su ciudadanía (5,8% del PIB)»Íd., pág. 51.. Pero, esto es una exageración. Todo el gasto público sanitario (sumando el federal y el estatal) oscila en Estados Unidos entre el 6 y el 7% del PIB. El gasto federal en Medicare (que incluye, entre otras cosas, el gasto sanitario público dedicado a la población mayor de 65 años), más el gasto de Medicaid dedicado a los ancianosMedicaid financia el gasto farmacéutico de los ancianos con bajos niveles de ingresos.no supera, probablemente, el 4% del PIBEl gasto total (público –federal y estatal– y privado) de Estados Unidos en el 2002 se situó en torno a los 1.550 miles de millones de dólares, es decir, en torno al 14,7% del PIB a dólares corrientes. Todo el gasto de Medicaid y Medicare se situó en torno a los 470.000 millones de dólares, es decir, el 4,6% del PIB. Como no todo el gasto de Medicaid puede atribuirse a cuidado de los ancianos, el gasto sanitario público en cuidar ancianos no debe superar en ningún caso el 4% del PIB y, desde luego, no puede alcanzar el 7,2% que menciona el profesor Navarro: estos datos están tomados a través de Internet de los Centers for Medicare & Medicaid Services, página http://www.cms.hhs.gov/statistics/nhe/projections-2001/t3.asp ; un buen estudio sobre el gasto sanitario público y privado en Estados Unidos, que llega sólo hasta 1996, pero es sistemático y aclara muy bien los diversos conceptos, es: Eva Liu y Sy Yue Health Care Expenditure and Financing in the US, 24 de junio de 1998, Research and Library Services División, Provisional Legislative Council Secretariat..
2) Pasemos ahora a la educaciónTodos los datos y cifras que se comentan se han obtenido de los cuadros que acompañan al capítulo B de Education at a Glance (2002), en particular las tablas B11, B2.1a y 1b, B3.1, B4.2 y B4.3.. El gasto público en todos los niveles educativos fue en España en 1999 el 4,5% del PIB (la UE alcanzó, en media, el 5,47%); este porcentaje era el 4,7% en 1995, es decir, bajó dos décimas en el período 1995-1999, pero lo mismo sucedió en el conjunto de la UE (en 1995 era el 5,64%). A partir de aquí, casi todos los indicadores relativos a niveles de gasto (ya sean per cápita o respecto a PIB) sitúan a España en uno de los últimos lugares de la UE, aunque por encima de Grecia y Portugal. Por ejemplo, el gasto público por estudiante en educación secundaria fue, en 1999, en España, 4.275 «dólares internacionales», lo que equivale a un 66% de la cifra alcanzada por Italia o Francia, una proporción baja si tenemos en cuenta que el PIB per cápita español, siempre en «dólares internacionales», supera el 80% del PIB per cápita francés o italiano. Sin embargo, la proporción de gasto público en educación respecto al gasto público total está en España en un nivel muy cercano al de Francia (11,3% para España y 11,5% para Francia en 1999) es superior a Japón (9,3%), aunque está lejos de Austria (12,4%) y, aún más, de Suiza (15,4%). Por otro lado, la proporción en la que el sector público y privado contribuyen a financiar los gastos educativos es en España muy parecida a la del Reino Unido (83/18 para público/privado en España y 84/16 para el Reino Unido); y tenemos mayor participación pública que países como Alemania, Canadá o Japón.
Si vamos a indicadores cualitativos, Navarro sostiene que «en algunos conocimientos (como el matemático) los mejores estudiantes españoles (en escuelas públicas y privadas) están por debajo de los peores estudiantes de Francia, Holanda, Bélgica y República Checa»Vicenç Navarro, op. cit., pág. 42.. No sabemos si esto es literalmente cierto, tal y como Navarro lo expresa, pero, en todo caso, del estudio de la OCDE se deduce que los conocimientos de los alumnos españoles en comprensión de lectura, matemáticas o cultura científica están claramente por debajo de la media de la OCDE, algo que nos debe preocupar bastante más que la constatación de que estamos unas décimas por debajo de la media de la UE en una serie de magnitudes de gasto, porque indica que el gasto que sí hacemos no está dando el resultado que debería y que desearíamos.
3) La evolución durante los últimos dos decenios en prestaciones económicas de la Seguridad Social y en sanidad pública se resumen en el cuadro inferior:
Por consiguiente, en esos veintidós años ha habido un aumento importante en el gasto público en prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, básicamente en pensiones de jubilación, y un incremento no despreciable en asistencia sanitaria. Pero ¿y la educación?
De acuerdo con las cifras del Ministerio de EducaciónTomadas de la página oficial en Internet del MEC: www.mec.es/cesces/8.l.g.htm., considerando tanto la financiación pública incluida en el Presupuesto del Estado como las dotaciones de los presupuestos de las CC.AA., que son fundamentales en nuestro país debido a los traspasos de competencias desde el Estado a las CC.AA. (eliminando, por supuesto, las transferencias internas para no computar doble), nuestro gasto educativo público habría pasado del 1,75% del PIB en 1975 (cifra que recoge en su libro el propio Navarro Vicenç Navarro, op. cit., pág. 100. ) al 2,7% en 1981El gasto en educación en los Presupuestos Generales del Estado de 1981 fue de 457.839 millones de pesetas corrientes; el PIB a precios de mercado de 1981, pesetas corrientes, fue de 17,1 billones (latinos) de pesetas. La proporción es, redondeando, el 2,7%. Puede observarse, de paso, que el incremento en el gasto público educativo en proporción al PIB, logrado entre 1975 y 1981 –seis ejercicios presupuestarios – fue tan grande como el logrado en los once ejercicios presupuestarios de 1981 a 1992., al 3,8% en 1992 y al 4,5% en 2001, porcentaje este último que se recoge también en el informe de la OCDE, Education at a Glance (2002)Tabla B 3.1, pág. 178.. Ha habido, así, un incremento de casi tres puntos del PIB en veinticinco años y del 0,7 del PIB en los últimos nueve años, lo que es significativo porque la población estudiantil estaba, en el decenio de los noventa, en franca disminuciónEntre 1992 y 2001, el número total de alumnos matriculados en todas las enseñanzas, excluida la universitaria, cayó en un 16%; en la universitaria, aumentó en un 7%. El número de profesores en la enseñanza pública aumentó en ese período en un 22% (datos tomados de «Estadística de las enseñanzas no universitarias, Serie de indicadores 1992/932001/2» que puede consultarse en la página web oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)..
4) Finalmente, para evaluar nuestra posición relativa frente a la UE en educación y sanidad hay que tener en cuenta nuestro nivel relativo de renta. Según datos de la OCDE, el PIB per cápita español fue en el 2001, medido en «dólares internacionales», de 21.400 dólares, el 84% de la media de la UE. Esto significa algo más del 76% del PIB per cápita de Austria, un 82% de Francia, Alemania e Italia, un 73% de Holanda y, a pesar del relativo retraso británico durante las últimas décadas, sólo un 80% de la renta del Reino Unido. Cuando se hacen comparaciones de gasto en sanidad, o en educación, se suele pasar por alto la posición relativa de renta de España en la UE, como si no tuviera demasiada importancia, o fuese una limitación que sólo la mala voluntad política impide superar. Y, sin embargo, obviamente, es decisiva. Sencillamente, si España no mantiene una tasa de crecimiento económico superior a la media de la UE y no acortamos la distancia que separa nuestra renta de la de los países más ricos, difícilmente conseguiremos acortarla en educación, sanidad y bienestar social. Porque nuestro problema, hoy, no es el de 1975, cuando hubo que empezar por construir un nuevo sistema fiscal, o por poner en pie instituciones de la Seguridad Social que tampoco existían o existían de forma un tanto primitiva. En la España del 2003, en la Unión Europea de hoy, en la economía integrada e internacionalizada de hoy, el problema no es, en primer lugar, de redistribución, sino de crecimiento.
CÁRCEL, O, AL MENOS, MULTA, PARA LOS QUE HABLEN BIEN DE FRANCO
El profesor Navarro no es mucho más cuidadoso en sus juicios histórico-políticos que en sus denuncias del atraso de nuestro Estado del Bienestar y sus causas. Navarro escribe, no parece injustificado decirlo, dominado por una tremenda, diríamos, insaciable, indignación política y moralArranca, aparentemente, de un bofetón que, siendo niño, recibió en la calle, en Barcelona, de un policía que se molestó al oírle hablar en catalán. Es una historia que Navarro ha contado varias veces, y comprendemos su indignación, aunque tan lamentable incidente ocurrió hará, más o menos, medio siglo. En el libro que ha ganado el Premio Anagrama nos cuenta, además, sus problemas con la policía política en los años sesenta (pág. 185).. Quizás se expliquen así exageraciones tan disparatadas como afirmar que el franquismo asesinó después de la guerra civil a más de 200.000 personas Vicenç Navarro, op. cit., pág. 184, y ElPaís, 16 de junio de 2001., «fusiladas o muertas por otros medios» (no se especifica cuáles, y la cuestión no es menor, dada la cifra), o que «el terrible Juzgado y Tribunal de Orden Público, que funcionó hasta el último año de la dictadura […] pura licencia para el asesinato, tortura, desaparición y expulsión de la resistencia antifranquista»Vicenç Navarro, El País, 17 de octubre de 2000., o denunciar que en la España posterior a 1939 «se dieron con creces» hechos como los ocurridos en las dictaduras argentina y chilena de secuestro de niños, de ejecutados o desaparecidosVicenç Navarro, El País, 8 de enero de 2003. Esta afirmación es increíble a estas alturas, cuando se sabe ya cómo se gestó y desarrolló realmente el envío de varios miles de niños a la Unión Soviética, una maniobra del PCE que, cualquiera que fuera su justificación en plena guerra –y con independencia del esfuerzo de las autoridades de la Unión Soviética para tratar lo mejor posible a los niños en circunstancias dificilísimas, un esfuerzo que nadie niega y por el que España deberá estar agradecida siempre–, resultó ser, a la postre, una especie de secuestro: los jerarcas del PCE en Moscú, empezando por La Pasionaria, hicieron imposible que muchos de esos niños pudieran volver a España una vez acabada la guerra mundial., o aseverar, tranquilamente, que «durante la dictadura hubo miles de desaparecidos políticos»Vicenç Navarro, El País, 16 de junio de 2001.
Estos sentimientos le llevan también a defender todo lo que la República hizo, antes y después (lo que quedaba de República) de julio de 1936, aunque, eso sí, reconociendo que también entre los demócratas de la República hubo «casos graves de violación de los derechos humanos», aunque, añade, «por lo general tales actos fueron espontáneos, como resultado de la indignación popular por el golpe militar de 1936 y en respuesta a las brutalidades realizadas por el bando franquista»Vicenç Navarro, El País, 8 de enero de 2003.. Para el profesor Navarro, la República fue siempre la defensora de la democracia y su tono es bien distinto al que utiliza al escribir sobre los crímenes del otro bando, «violaciones de los derechos humanos […] resultado de la indignación popular». ¿De verdad cree Navarro que fue «el pueblo indignado» quien asesinó a cerca de siete mil religiosos y religiosas (entre éstas, un número no despreciable de ancianas de más de ochenta años de edad), la inmensa mayoría de los cuales, es obvio, no había tenido jamás intervención política alguna, ni antes ni después de 1931? Pero el profesor Navarro no está solo. La ofensiva de los debeladores de nuestra transición democrática ha dado algunos pasos adelante en el 2002. Ya no se trata de hacernos reflexionar sobre las peculiaridades de aquel proceso, dirigido, efectivamente, desde el poder del régimen franquista, aunque Franco ya estuviera muerto, por políticos y funcionarios que habían colaborado con la dictadura (porque en esto tiene Navarro razón: así fue). No se trata sólo de hacer lo posible para asegurar la reconciliación y para rehabilitar en su honor, en su dignidad y, en ciertos casos, en su economía, a las víctimas de la represión que, igual de salvaje e injustificable en ambos bandos durante la guerra, al acabar ésta, demasiadas veces, desgraciadamente, no distinguió entre criminales y personas decentes. No: ahora se trata, entre otras cosas, y para empezar, de sancionar penalmente a los que «hagan la apología del franquismo»En noviembre del 2002 se celebró en Barcelona un Congreso «sobre campos de concentración franquistas», una de cuyas conclusiones fue «que se tipifique como delito la apología de la dictadura franquista» (El País, 21 de noviembre de 2002). El cantante Lluís Llach declaraba a Avui el 1 de noviembre de 2002 que todo ha ido peor en «el Estado español», mientras que, casi a la vez, el líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran i Lleida, advertía a Madrid «que la resaca del franquismo y las reivindicaciones no se han acabado». El candidato a la Alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, proponía que se coloquen carteles en las estatuas de Franco explicando las horribles cosas que hizo el personaje y su ignominia moral, después de que el día 20 de noviembre de 2002 el Congreso de los Diputados, con el voto favorable del PP, hubiera «condenado» la sublevación militar de julio de 1936 y hubiera acordado «honrar a todas las víctimas de la guerra civil. Izquierda Unida quiere dedicar una línea de subvenciones públicas «a los que sufrieron bajo el franquismo» y el gobierno está bajo graves acusaciones de connivencias «franquistas» porque no quiere gastar dinero público en reflotar un submarino de la flota de la República, hundido frente a Málaga en diciembre de 1936 con 37 de sus tripulantes. Durante el verano del 2002 se planteó seriamente por algunos grupos solicitar a Naciones Unidas que exhortase al gobierno español a poner medios para excavar todas las fosas comunes de la guerra civil. Un simpatizante del nacionalismo independentista vasco, Ramón Zallo, escribía hace poco que «el modo como se hizo la Transición lo empozoña todo» (Gara, 18 de febrero de 2003, citado por Patxo Unzueta, El País, 5 de marzo de 2003)., una idea que no sabemos si llega a apoyar Navarro, aunque, a juzgar por lo que escribe, seguramente lo consideraría justificadoVicenç Navarro, op. cit., pág. 186, comentando las reacciones de sus alumnos ante su relato de los crímenes del franquismo..
El final que se pretende «político» del libro de Navarro (capítulo IX) –que reproduce fragmentos de artículos publicados anteriormente en El País –, mezcla la crítica a la transición, la necesidad de que el Ejército español pida perdón por su participación en la guerra civil y en la dictadura, el éxito económico del gobierno de Jospin en Francia (sic), la crítica a Salvador Dalí, el ya famoso (por las veces que lo ha contado) bofetón que le propinó un policía en Barcelona cuando era niño, la represión que afectó a sus padres y varias cosas más. Reitera su canto a los vencidos de 1936-1939, depositarios – aun con «excesos»– de casi todas las virtudes cívicas y democráticas, y su repudio, total, sin matiz alguno, de los vencedores, depósito y encarnación de casi todos los crímenes y depravaciones imaginables.
TRIVIAL Y DESAFORADO
Recordar que España dedica a su sistema sanitario y educativo una proporción menor de su PIB que la media de la UE, tanto si estamos hablando de gasto total como de gasto público, y que estamos todavía a bastante distancia de los países más ricos de la UE es algo que, aunque trivial, no está de más: es bueno no olvidar nuestras carencias, y es cierto que una evolución económica bastante buena, en conjunto, durante las últimas décadas y, más aún, durante los últimos años, y el fragor de la lucha política nos puede llevar, a veces, a ser demasiado optimistas. Pero el trabajo de Navarro, aparte de imprecisiones y exageraciones que a veces rozan lo cómico, no pasa de ser una diatriba sin medida, desaforada, contra casi todo: las décadas del régimen franquista fueron una sucesión de horrores, que sólo trajeron pobreza, miseria y humillación a los españoles; la transición democrática fue un desastre moral y político, porque se construyó sobre el régimen franquista y no se dio a las víctimas de ese régimen el reconocimiento y las compensaciones que se les debían, ni se sancionó ni apartó del poder a los ex franquistas; nuestro actual Estado del Bienestar es un desastre y la explicación está, ¡asombrosamente!, en lo mal que se hizo la transición; y, en suma, España es un país enfermo, en el que siguen mandando las oligarquías franquistas –que tratarán, cree Navarro, de impedir o dificultar la difusión de su libro y de sus ideas–, en el que no hay verdadera democracia, ni auténtica libertad, donde los niños y los viejos empiezan a morirse antes de lo debido por el neoliberalismo despiadado del Partido Popular. Las buenas intenciones, la indignación moral, incluso la que es perfectamente sincera, y aun tener razón, no bastan para hacer un buen libro, ni siquiera un libro aceptable.
Cuenta Joan Gomis en sus Memories civiquesJoan Gomis, Memories civiques, 19501975, Barcelona, La Campana, 1994, págs. 199-200. que Navarro era en su juventud, en los años sesenta, un anticapitalista radical, para quien el franquismo «era sólo una anécdota» y Franco «un instrumento del capitalismo». Aunque lo ocurrido durante los últimos cuarenta años le podía haber hecho cambiar, si no sobre Franco, sí sobre el capitalismo, parece que no ha sido así. Navarro tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, a seguir siendo tan anticapitalista como quiera, pero, como concluía Bernabé Sarabia su comentario sobre este XXX Premio Anagrama: «Para derrumbar tanto hay que apoyar mejor la piqueta de la argumentación» Bernabé Sarabia, recensión de «Bienestar insuficiente, democracia incompleta» en El Cultural de El Mundo, 12 de junio de 2002..
