Queridos lectores, suspendemos las publicaciones, como en años anteriores, hasta el 5 de Septiembre. ¡Feliz Verano!

image_pdfCrear PDF de este artículo.

Felicidades, incomparable gemelo. Hoy iniciamos el tercer año de nuestro Blog Una Buena Sociedad en Revista de Libros.

Al parecer, ni los lectores ni los editores se han cansado de nosotros y aquí seguimos. Nosotros no nos cansamos de luchar a nuestra manera para aportar cada semana, con un trasfondo liberal, nuestros análisis de los fenómenos económicos y sociales. Y, ciertamente, en las casi noventa entradas que llevamos publicadas desde el 22 de abril de 2020 hemos abordado temas tan variados como la pandemia, las consecuencias de la guerra, las pensiones, la despoblación, la historia del liberalismo español, las finanzas, el paro y la inflación o el medio ambiente.

Hemos defendido un liberalismo con raíces anglosajonas, al estilo (qué más quisiéramos) de Walter Lipmann, y con raíces españolas, heredero, este último, de la Ilustración, no de los espadones decimonónicos que tanto hicieron para secar el liberalismo español hasta nuestros días.

Estas tradiciones nos llevan hoy a escribir sobre los casos de las comisiones millonarias en operaciones que se han conocido en las últimas semanas: el de las mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020 y el del acuerdo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) con Arabia Saudí en 2019 para llevar a este país la Supercopa de España que desde hace casi cuarenta años enfrenta a los dos finalistas de la liga española y de la Copa del Rey en una liguilla que se ha celebrado en nuestro país hasta 2020.

Una Buena Sociedad es también aquella en la que la mesura, y no el exceso, guía la práctica de los negocios. Lippmann estableció en su investigación sobre las bases de la sociedad que la división del trabajo, la democracia y el liberalismo están íntimamente unidos porque todos ellos exigen el respeto a la libertad del ser humano. Se deduce, por tanto, que esta libertad debe ejercerse por cada uno sin menoscabo de la libertad de los demás. Las relaciones económicas entre los ciudadanos, personales o a través de sus organizaciones (empresas, administraciones y entidades sin afán de lucro), deben desarrollarse también siguiendo esta misma máxima. Una comisión desproporcionada, y no digamos si es obtenida por medios ilícitos o ilegítimos, viola la máxima de la libertad (de cada uno) limitada por la libertad (de los demás). Lo mismo que lo hacen un precio monopolista, o una renta extraída desde una posición de favor.

Una comisión es el precio pagado a un tercero por alguna de las partes implicadas en una transacción o negocio que se ve facilitada por el comisionista. Un «comisionista» no presta un servicio productivo ordenando recursos y asumiendo riesgo (vid infra), no es una empresa que participa, por ejemplo, en el negocio en cuestión comprando y vendiendo como lo haría un mayorista que adquiere genero agrícola, lo manipula, transporta o almacena y lo revende a un minorista. Un comisionista facilita una operación poniendo en contacto a las partes, que ayuda a identificar, a cambio de una porción del valor generado en la misma.

¿Qué hay de malo en percibir una comisión? Sobre todo cuando se facilita una operación que resuelve necesidades de las partes creando valor. Y no digamos cuando las necesidades cuya solución se facilita por parte del comisionista son necesidades vitales y el tiempo apremia.

El caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y el de la Supercopa son ya bien conocidos de la opinión pública pues han tenido una enorme repercusión mediática y en las redes sociales.

En marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid, al igual que el resto de las administraciones en todo el país, buscaba desesperadamente mascarillas, guantes y test rápidos para el personal de los hospitales y residencias, los pacientes y los ciudadanos frente a los estragos que ya empezaba a causar la rápida extensión de la Covid-19 en aquél terrible mes, el de la declaración de alarma. La escasez era generalizada y estos materiales, en ausencia de vacunas y otros tratamientos eficaces, eran la única barrera contra el contagio y la muerte de los pacientes más graves, que ascendían exponencialmente.

En estas condiciones dos empresarios sin experiencia en la logística y mercados de estos materiales se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y logran encaminar importantes entregas de aquellos. El ayuntamiento paga a una empresa de Malaisia, intermediaria con los fabricantes chinos, un total de 11,9 millones de euros, de los cuales, a través de la citada empresa, 6,1 millones (un 51,26%) fueron a manos de los dos empresarios madrileños, meros comisionistas. El material resultó ser defectuoso y carísimo y parte de él se encontraba en supermercados locales a una fracción del precio logrado por los comisionistas.

En el caso de la Supercopa, la RFEF firma en 2019 un acuerdo con la empresa saudí Sela para que esta competición se juegue en Arabia Saudí por cuatro temporadas El acuerdo de 2019 contemplaba las temporadas 2019/20, 2020/21, 2021/22 y 2022/23, pero la temporada 2020/21 se disputó en Sevilla por la Covid-19 y el primer ciclo se amplió a la temporada 2023/24. (ampliables a otras seis temporadas más) con un precio total de 40 millones de euros por temporada, de los que la empresa Kosmos, del central barcelonista Gerard Piqué, recibe de Sela 4 millones cada temporada, un 10% del coste total del contrato.

Estas dos operaciones tienen en común lo abultado de las comisiones percibidas y el acceso, y posible uso indebido (que habrá que establecer como cosa probada), de contactos cercanos. También tienen en común la estela de correos, conversaciones y declaraciones que preceden y siguen al conocimiento público de los hechos. No tienen desperdicio y en ellas se resumen la estulticia, la avaricia y el sentido de la impunidad de los principales implicados que se quedan a milímetros de reivindicar sus hazañas poco menos que como patrióticas. Con el consiguiente general y monumental cabreo y desconsuelo público y escarnio de los responsables políticos a los que rozan las operaciones.

Estas actuaciones, a falta de su calificación judicial que debemos esperar sin prejuzgarlas de antemano, rozan la corrupción. Pero, como ya se ha dicho, expresan una avaricia sin tasa que, incluso si las leyes amparan por haberse instrumentado mediante actos legales, la sanción social ya ha condenado.

La corrupción detrae una ingente suma de recursos que acaban en manos de personas sin mérito alguno para recibirlos, destroza, de paso, la cohesión de la sociedad, socava gravemente las bases del bienestar, la libertad de los agentes económicos y la solidez de la democracia.

Se ha estimado que la corrupción, a escala global, cuesta un 5% del PIB mundial (datos para 2018, ONU). En 2021, esa fracción del PIB mundial (estimado en unos 75 billones de euros) equivalía a aproximadamente 3,75 billones de euros, es decir 3,3 veces el PIB español. Para la ONU, la corrupción consiste en la extracción y desvío a terceros, mediante sobornos, malversación, lavado de dinero, evasión fiscal o amiguismo (trato de favor), de rentas que deberían ir a sus legítimos destinatarios (trabajadores, empresas legales, administraciones públicas, ONG, etc.).

El grueso de la corrupción se expresa entre las administraciones públicas y sus agentes o concesionarios, pero en los ámbitos privados también se da en el ámbito privado. El resultado es una enorme desconfianza del público en los agentes políticos, institucionales y corporativos. En una reciente encuesta de Transparency International, más de 1/3 de los ciudadanos consultados en una encuesta global sobre el tema (2017, 162.136 adultos) revelan creer que «la mayor parte» o «todos» estos agentes son corruptos.

En España, aplicando la métrica anterior, podría estimarse el coste de la corrupción en unos 56 millardos de euros. Esta enorme cantidad representa dos veces lo que costaría en nuestro país desplegar un sistema de atención integral a la dependencia como preveía el Libro Blanco, algo que se ha quedado en agua de borrajas. El CIS, por su parte, recoge en su último barómetro (de marzo de 2022) que los españoles consideran a la corrupción y el fraude en el undécimo lugar en el ranking de sus principales preocupaciones, siendo un 6,4% de los encuestados quienes lo sitúan entre los tres principales problemas que tenemos en España (un 49,6% sitúan a la crisis económica y los problemas de índole económica entre los tres primeros problemas).

¿No crees, incomparable gemelo, que hay bastante tolerancia con la corrupción en nuestro país? Quizá sea por eso de las uvas del Lazarillo de Tormes, que se las comía de tres a tres. Cosa que al punto descubrió el ciego y reprendió violentamente al muchacho cuando se acabó el racimo que compartían. Preguntó Lázaro al ciego en qué veía que las comía de esa guisa y este le dijo que lo veía en que él se las comía de dos a dos y Lázaro callaba. Entre comerse las uvas de dos a dos y de tres a tres hay, por supuesto, una diferencia, pero comiéndose los racimos al dos o al tres es como estos se acaban en un abrir y cerrar… de boca.

Ya veremos cómo acaban los casos de las mascarillas y la Supercopa, que tanto dan de sí hoy en los medios, las redes sociales y las tertulias. Lo importante es que estos casos también impacten en las conciencias de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil y modifiquen nuestra forma de actuar frente a la corrupción, tanto en su tipificación y castigo como en la sanción social que, delito o no, tanta demasía debería conllevar.

Porque, y atentos a esto, el diez por ciento de los cuarenta millones de euros anuales de la Supercopa (los cuatro millones resultantes), si fuesen la facturación de una empresa de productividad media que destina la mitad de su facturación a pagar todos sus suministros y la otra mitad a remunerar al capital y al trabajo, daría empleo a 40 trabajadores fijosSuponemos que, si la facturación es de 4M€, el Valor Añadido Bruto es la mitad, es decir, 2M€. Con una productividad media de 50 mil euros por trabajador fijo a tiempo completo, se mantienen esos 40 empleos.. Y ya puestos con la calculadora, en este mismo supuesto de empresas de productividad media, los 53 millardos imputados antes a la cuota española del dato de corrupción global estimado por la ONU darían para mantener alrededor de 530.000 empleos fijos al añoCon el mismo método de la nota anterior, 53 millardos de euros de facturación generan un Valor Añadido Bruto de 26,5 millardos, que divididos por una productividad media de 50 mil euros implica el mantenimiento de 530 mil empleos fijos a tiempo completo..

Más números. A propósito de un término, «comisiones», que estos sujetos y sus iguales, desde tiempo inmemorial, vienen ensuciando. Multitud de empresas basan su facturación en comisiones, las más de las veces duramente ganadas a cambio de la prestación de servicios directos o de intermediación absolutamente necesarios y tan canónicos como otras actividades productivas cualesquiera.

Cobran comisiones por ventas de pólizas logradas los mediadores de seguros, por asesoramiento o gestión los gestores de inversión de activos financieros, los comerciales de productos industriales, alimentarios y de otra naturaleza. Pues bien, una comisión del 0,25% de un patrimonio gestionado de 1 millón de euros asciende a 2.500 euros. El 10% de ese millón serían 100.000 euros, cuarenta veces más. Lo admitimos, comisiones de gestión del 0,25% son muy competitivas, pero existen. Una comisión de 1 «punto básico», el 0,01%, de ese mismo millón encaminado hacia una inversión cualquiera por un intermediario (no gestor) serían 100 euros, es decir diez mil veces menos que el millón intermediado. También es una comisión muy competitiva, pero existe. Dicho esto, también hay que decir que necesitamos más competencia en muchos mercados en los que las comisiones son la remuneración habitual de sus operadores.

Las comisiones habituales en el día a día productivo no son lo mismo que lo que los pillos de las mascarillas y la Supercopa han obtenido. Pero los pillos sí son «comisionistas».

Si, chascando los dedos, un par de pillos se pueden levantar seis o cuatro millones de euros solo por mover unas fichas del monopoly, crear 530 mil empleos requiere mucho más trabajo, esfuerzo y dedicación continuada. O la sociedad castiga judicial y/o socialmente sin piedad a esta gente o estaremos diciendo a nuestros hijos que esforzarse es de idiotas y que cuando vean a alguien que se come las uvas de «dos a dos», lo que ellos tienen que hacer es comérselas de «tres a tres» y callarse.

image_pdfCrear PDF de este artículo.

Últimos artículos

Últimos Libros