Los movimientos migratorios entre países, generalmente desde los más a los menos desarrollados, no son nuevos y prueba de ello es que una parte sustancial de la población de los países de la OCDE está formada por personas no nacidas en el paísLos porcentajes pueden verse en los cuadros A.1.4 y A.1.5 de Trends in International Migration de la OCDE, correspondiente al año 2002, aunque las últimas cifras correspondan al año 2000. Algunos porcentajes significativos: Estados Unidos (10%), Alemania (8,9%), Austria (9,10%), Francia (5,6%, 1999), Dinamarca (6%), Reino Unido (4%). En cuanto a España, y según cifras oficiales, el porcentaje de extranjeros, con residencia legal en España, sobrepasaría ligeramente el 3% para ese año.. Lo que sí es nuevo es la aceleración de los movimientos en los últimos años, sobre todo hacia países de la Unión Europea (en 2002, la llegada de inmigrantes supuso el 65% del aumento de poblaciónThe Social Situation in the EU , Eurostat, 2002, pág. 65.) y la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Por lo que respecta a España, la inmigración legal ha supuesto, en los tres últimos años, una cifra superior a las 600.000 personas y, como indicador de la llegada de ilegales, baste señalar que, en 2003, se procedió a la repatriación de casi 93.000 personasDatos del Balance 2003 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ministerio del Interior. A nuestros efectos, no consideramos inmigrantes a los ciudadanos de la Unión Europea o de Estados Unidos y, por tanto, no están incluidos en ese aumento trienal de la inmigración., cifra que hay que suponer inferior a la de entradas, puesto que, sin duda, muchas de las personas que logran llegar a España y que, en algún momento, carecen de documentación en regla, no son ni detenidas ni expulsadas.
El análisis que sigue va a concentrarse en la realidad española, nuestra realidad inmediata, aunque la mayor parte de las observaciones son reflejo de lo ocurrido en otros países europeos. Pero esa inmediatez no constituye solamente una cercanía física: es también una cercanía psicológica, puesto que nuestra sociedad estaba acostumbrada a la emigración –no olvidemos que, aun en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, un millón aproximado de españoles emigró, casi siempre a países de Europa occidental–, si bien desconocía el fenómeno inverso, es decir, la inmigración. Lo cual nos remite a la primera de las preguntas que plantea la inmigración: ¿por qué hemos pasado de ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, muchos de ellos clandestinos y llegados por oleadas?
Sin duda, el emigrante va en busca de oportunidades que su país no le ofrece. «Ocho horas en el taller o en la obra, y luego, a buscarse chapuzas. Y ni aun así se podía vivir. Por eso estamos aquí, ¿no? ¿O es que alguno ha venido por gusto?». Es la reflexión del personaje de una novela, escrita en 1964, sobre la emigración española a AlemaniaÁngel María de Lera: Hemos perdido elsol , Aguilar, 1964, pág. 15.. ¿Qué hace, por tanto, que la salida de españoles se haya transformado en llegadas de ecuatorianos, dominicanos, sudamericanos en general, europeos del Este pero, sobre todo, marroquíes y subsaharianos? En primer lugar, la diferencia de renta. Con datos de 2001, el PIB per cápita español, en paridad de poder adquisitivo (PPA), era casi siete veces mayor que el ecuatoriano, tres veces y media superior al dominicano, cinco veces y media mayor que el marroquí (la diferencia es más acusada que la que existe entre el PIB de Estados Unidos y el de México: aquél cuadruplica a éste) y casi trece veces el de SenegalDatos del cuadro 1 del Informe sobre eldesarrollo mundial 2003 , Banco Mundial, Washington, 2003.. En suma, España provoca un efecto-imán a consecuencia de la disparidad de renta, aunque no sea ésa la única causa.
Al contrario de lo que sucedía con las emigraciones españolas de principios del siglo XX hacia Sudamérica, en especial Argentina y Cuba, y con las ya mencionadas de los años cincuenta y sesenta hacia países de Europa occidental, el emigrante potencial ve el país. Antes se lo imaginaba, porque tenía ciertas noticias del lugar, sobre todo si algún familiar o conocido había emigrado con anterioridad. Hoy lo ve porque se lo muestra la televisión y se lo describen, de viva voz, los emigrantes que vuelven, bien de vacaciones, bien por razones diversas. Naturalmente, no ve lo que la realidad española va a representar para él, sino lo que muestran las imágenes televisivas, ya sean telediarios o series de televisión; o lo que el amigo o familiar que regresa le cuenta. Los satélites y el abaratamiento de los viajes han producido esos cambios de perspectiva, ese acercamiento, y acentuado, en buena medida, la ilusión por vivir en un país donde las oportunidades parecen más amplias y en el que existe una red de protección social que, por lo menos, podrá atenderlo en caso de necesidad.
Pero, además, España, como cualquier país comunitario, es puerta de entrada de la Unión Europea y en ese espacio no hay fronteras. Una vez obtenida la nacionalidad española, la posibilidad de trabajar se extiende a todos los países de la Unión Europea pero, inclusive sin ese requisito, el desplazamiento a otro país, que no la obtención del permiso de residencia, no ofrece dificultades. Lo que muchos emigrantes ven, por tanto, no es tan sólo España, sino el bloque de la Unión Europea, conjunto de países en que los nacionales no parecen interesados en desempeñar determinados trabajos y en los que existe, con algunas diferencias, un subsidio de desempleo que evita las situaciones de penuria extrema.
Un porcentaje elevado de emigrantes llega a España sin dificultades, con permiso de residencia y trabajo, porque ha existido una llamada previa, de empresa o familia española, que ha resuelto los problemas legales, o porque esos problemas han sido solucionados por motivos de reagrupamiento familiar. Pero existe, ya lo hemos dicho, una inmigración de oleada: la de los que llegan con visado turístico, con ánimo de quedarse y solucionar, sin saber muy bien cómo, su situación legal, o, peor aún, los que zarpan en embarcaciones de precario navegar, se ocultan en los bajos de un camión o se cuelan en un tren de aterrizaje (se cuentan por decenas los que, al año, mueren ahogados, asfixiados o congelados) para, una vez en territorio español, esquivar a la policía que los busca y sobrevivir en un entorno muy hostil, sin conocer el idioma las más de las veces, y sin más capacitación que la fuerza de sus brazos y la resistencia de su cuerpo. ¿Qué les impele a acometer tamaña aventura?
Las razones ya enumeradas son igualmente válidas, pero hay que añadir otra que desempeña un papel especialmente importante en este caso: la existencia de redes de traficantes de inmigración ilegal que afirman poder resolver todos los problemas, que exigen sumas elevadas por el desplazamiento y el hipotético empleo, que convierten a muchos inmigrantes ilegales en rehenes obligados a desembolsar o reembolsar un peaje exorbitante y que, en el caso de mujeres, son, casi siempre, redes de trata de blancas. La inmigración ilegal de oleada no sería posible si no existieran organizaciones que alentaran a muchas gentes, de países lejanos y cercanos, a intentar situarse en territorio español, sin la documentación adecuada, so capa de asegurarles, por precio desmesurado, que la documentación se les entregará en breve plazo y que el puesto de trabajo ya existe para ellos.
Añádase, por último, y por lo que se refiere al Norte de África y al África subsahariana, que entre Tánger y Tarifa sólo hay catorce kilómetros, lo que hace que la costa española sea visible desde la marroquí y que, por tanto, el viaje en patera, con la ayuda de las redes de emigración, parezca una aventura sencilla, superada la cual las ilusiones del emigrante podrían cumplirse. Algo mayor es la distancia, cien kilómetros, desde la costa africana a la canaria, pero el obstáculo parece también salvable. O eso es, al menos, lo que los traficantes de seres humanos deben contarles a los miles de clandestinos que cada año intentan la travesía del estrechoLéase, sobre este punto, «Les sirènes andalouses de Tarifa», de Marie-Claude Decamps, Le Monde, 9 y 10 de junio de 2002.o la arribada a Fuerteventura desde tierra africana.
La segunda pregunta necesaria se refiere a los efectos de la inmigración actual. ¿Existen beneficios claros para el país de acogida y para el de origen? En el caso español, el que examinamos, no cabe duda de que los inmigrantes desempeñan trabajos que los nacionales, salvo excepciones, no apetecen. Muchas tareas agrícolas son realizadas por inmigrantes, lo que genera más de una situación paradójica, puesto que hay pueblos agrícolas en que el agricultor suspira por la mano de obra inmigrante, al tiempo que la zona registra una elevada tasa de paro: una contradicción que sólo puede explicarse por razones de coste laboral, de un lado, y de protección al desempleo, del otro. La construcción absorbe una notable cantidad de mano de obra inmigrante, al igual que la restauración, el servicio doméstico o la asistencia social. Y es más que probable que no pueda explicarse el actual ciclo expansivo de la economía española –atípico por cuanto casi todo el mundo desarrollado ha sido golpeado por la recesión– sin tener en cuenta la disponibilidad de mano de obra que aporta el flujo de inmigrantes.
No hay duda, tampoco, de que la fecundidad de la población española es baja (1,3 hijos por mujer), tan baja que, desde 1981, se sitúa por debajo del nivel de reemplazo generacionalINE: La sociedad española tras 25 añosde Constitución , pág. 43. El dato corresponde a 2002.y que, por tanto, la financiación de la red de protección social peligra al invertirse, gradualmente, la pirámide de población: si cada vez son menos los que cotizan, por el declive demográfico, y más los que perciben, por el aumento de la esperanza de vida, el futuro se oscurece notablemente y encona, sobre todo, el espinoso problema de las pensiones, apoyadas en un sistema de reparto. Esa es una de las razones alegadas en un conocido informe de Naciones Unidas en el que se afirma que el invierno demográfico del mundo desarrollado obligará a recurrir a la inmigración para corregirlo y para poder mantener sus redes de protección social. En el caso de la Unión Europea, y a partir de una proyección demográfica ya conocida, la variante media de Naciones Unidas, los quince países actuales deberían admitir, de 1995 a 2050, más de cuarenta millones de inmigrantes; la cifra correspondiente a España, para ese período, se acercaría a los diez millonesNaciones Unidas, Population Division: Replacement Migration , marzo de 2000, cuadro IV.21. En el mismo sentido se pronuncia su secretario general, Kofi Annan: «Migrants can help rejuvenate an ageing Europe» (Financial Times, 29 de enero de 2004)..
Desde esos dos puntos de vista, la solución del problema es obvia: con la inmigración se evita la escasez de mano de obra en una serie de actividades y se evita, sobre todo, que el invierno demográfico quiebre los puntales que sustentan los mecanismos de protección social. Para los países de origen pueden, también, enumerarse una serie de beneficios: mayor estabilidad social, al aligerarse las tensiones producidas por una elevada tasa de paro y la falta de perspectivas y, además, aumento de la renta disponible, a consecuencia de las remesas de emigrantes, que pueden alcanzar cifras muy elevadas, puesto que se calcula que, en 2003, las remesas de los emigrantes latinoamericanos desplazados a distintos países, unos 30.000 millones de dólares, superarán la inversión extranjera directa en el conjunto de la zonaDatos de EFECOM, César Muñoz, 24 de noviembre de 2003.. Y, en el horizonte, la posibilidad de contar con el retorno de muchos de los que emigraron y que, a su vuelta, dispondrán de mayores capacidades profesionales y, probablemente, de cierto desahogo financiero.
Sin poner en tela de juicio la validez de las conclusiones anteriores, planean, sobre ellas, varias dudas. En primer lugar, hay que preguntarse si los inmigrantes –y nos referimos, por definición, a los que cuentan con permiso de trabajo– van a conformarse con desempeñar tareas no apetecibles para la mano de obra autóctona, y con retribuciones menores de las que percibiría el trabajador nacional o, por el contrario, y con toda lógica, van a exigir que sus salarios se igualen, en un primer momento, y van a optar, posteriormente, por competir en otros mercados que requieren mayores conocimientos y que gozan de mayor remuneración. Estarán, por supuesto, en su derecho: mejorar su suerte es prerrogativa de todo ser humano. En suma, puede ocurrir que los inmigrantes sin cualificación alguna, o con escasa cualificación, dejen de cubrir huecos para competir con la mano de obra nacional en mercados en que la demanda supera a la oferta, situación que reducirá, por tanto, las expectativas de los nacionales y que desencadenará múltiples tensiones.
La inmigración, en tanto que remedio del declive demográfico, plantea, asimismo, algunas dudas nada desdeñables. ¿Por qué pensar que la aportación del inmigrante supondrá, siempre, una mayor contribución y no un mayor gasto para la red de protección social? Cuando la población inmigrada enferma, tiene derecho a los cuidados médicos y hospitalarios; por lo general, las familias de inmigrantes son más prolíficas que las nacionales, lo que significa que recurren, con mayor frecuencia, al servicio hospitalario y farmacéutico; los trabajadores inmigrantes también pueden quedarse sin trabajo, por las mismas razones que los nacionales, y también tienen derecho a cobrar el subsidio de desempleoPara Kjetil Storesletten (Fiscal Implications of Inmigrants. A Net Present Value Calculation , Universidad de Estocolmo y CEPR, 2002), y para el caso de Suecia, el resultado neto de la inmigración es fiscalmente positivo en el intervalo de veinte-treinta años y negativo en los demás intervalos.; para que el flujo de inmigración resolviese, con carácter definitivo, los problemas planteados por la inversión de la pirámide poblacional se requeriría que ese flujo fuera constante porque, de lo contrario –debilitamiento o interrupción con el paso del tiempo–, el problema volvería a replantearse transcurridos unos años; y no hay por qué suponer que los inmigrantes de última generación no vayan a plantearles, a los ya nacionalizados, problemas similares a los que estos últimos generaron, en su día, a los nacionalesVéase, sobre estos puntos, George Borjas, Heaven's Door, Princeton University Press, 1999, capítulo 11.. Considerar que la inmigración es la panacea de los problemas económicos del mundo desarrollado equivale a caer en la trampa de la extrapolación; es decir, a entender que el mañana será una proyección del hoy. Y seguimos, por supuesto, razonando bajo la hipótesis de la inmigración legal, es decir, de la inmigración de llamada o de acogida por reunificación familiar o por asilo político. De relajarse la hipótesis, y considerar que hay un número nada desdeñable de inmigrantes sin papeles, las conclusiones, mucho más próximas a la realidad, tendrán que ser distintas. El inmigrante ilegal aceptará cualquier empleo y cualquier remuneración, lo que cercenará las expectativas de empleo tanto de los inmigrantes legales como de los trabajadores autóctonos; por otro lado, nuestra sociedad no puede aceptar que el inmigrante ilegal deje de recibir atención hospitalaria, caso de necesitarla, como ocurre, con frecuencia, con las muchas mujeres embarazadas que arriban a las costas andaluzas; y los inmigrantes ilegales no pueden aportar nada a la financiación de la Seguridad Social.
Con todo y con ello, el problema que plantea la inmigración ilegal no es, en un primer momento, económico: es político. El destino del inmigrante ilegal, perfectamente visible en muchas ciudades españolas, es la mendicidad o la actividad económica clandestina o claramente delictiva porque, con frecuencia, ese inmigrante se ha endeudado para llegar a territorio español –y no se ha endeudado con un banco, sino con una mafia, lo que le exige esforzarse al límite por devolver el crédito– y porque, además, y salvo el caso de empresarios poco escrupulosos, las ocupaciones registradas le están vedadas. Es fácil ver en las calles de las ciudades españolas, y Barcelona y Madrid son buenos ejemplos, a numerosos inmigrantes que parecen ofrecer un periódico pero que, en realidad, solicitan una ayuda o que, simplemente, piden directamente la limosna. La venta callejera, más o menos tolerada y más o menos clandestina, está también en manos de inmigrantes, las más de las veces de origen subsahariano; sobre todo la venta no autorizada de prendas de vestir, discos compactos y películas en DVD. Clandestina es la prostitución a la que se ven abocadas toda una serie de jóvenes, de muy diversos países, que llegaron atraídas por la posibilidad de desarrollar actividades distintas y que, al entrar en España, son recluidas en lugares siniestros, sin documentación alguna –la que traían les ha sido incautada por sus maltratadores, los verdaderos delincuentes–, obligadas a drogarse y prostituirse, sujetas a sevicias si sus ingresos no alcanzan las cifras previstas, amenazadas constantemente y sin saber nunca cuándo podrán abandonar la mazmorra en la que han sido encerradas. Y totalmente criminales son toda una serie de actividades que abarcan desde la introducción y venta de drogas hasta el robo con violencia, y a veces con muerte, en pisos del centro de las ciudades o en casas de urbanizaciones periféricas. Culpar a los inmigrantes de todos los delitos cometidos en España constituye una generalización totalmente injusta, pero olvidar que el inmigrante ilegal es presa fácil de cualquier tipo de delincuencia organizada supone una aproximación simplista a la realidad actual.
Pero no son los problemas anteriores los más complicados porque, con el paso del tiempo, surgirá el más importante de todos: la integración de los inmigrantes. Los problemas, económicos y políticos, que surgen del fenómeno de la inmigración pueden ser aspectos contingentes; la dificultad para integrarse es, sin embargo, sustantiva. Puede no serlo a escala individual, y para grupos reducidos de inmigrantes, pero lo es para la mayor parte de la inmigración masiva. Veamos por qué.
Una sociedad queda definida por una lengua común, una historia compartida, la existencia de costumbres generalizadas, la cristalización de unas determinadas creencias y un conjunto de normas de convivencia. La lengua es el vehículo de comunicación por excelencia y, por tanto, determina el entendimiento entre las gentes, a partir no solamente de una estructura gramatical, sino de unos significados inscritos en la memoria colectiva. Pueden, por supuesto, coexistir en un mismo territorio varias lenguas, como sucede en España, pero una de ellas debe ser común para hacer posible el entendimiento, para que desempeñe el papel de unidad de comprensión.
Haber protagonizado una historia común asienta determinados rasgos en el imaginario colectivo. Es posible que la interpretación de esa historia difiera de unos grupos a otros, y hasta que esa diferencia tenga una naturaleza contradictoria –que lo positivo para unos sea lo negativo para otros–, pero la estela de la misma historia influirá sobre todos los integrantes de la sociedad. La guerra civil española de 1936-1939 fue una tragedia común, interpretada de forma radicalmente distinta por los componentes de la sociedad española, puesto que una parte de esa sociedad ganó la guerra y otra la perdió. Y, sin embargo, la influencia de ese hecho impulsa, en la misma dirección, a unos y a otros: no querer repetirla. Ni aquellos que la vivieron, hoy en minoría por razones biológicas, ni quienes, simplemente, la recuerdan ni los que no pueden, por edad, recordarla pero que han recibido, como legado intangible, parecido rechazo.
Las costumbres son también forjadoras de una identidad común, tanto las que tienen dimensión individual como las que presentan un carácter colectivo. Entre las primeras se encuentran las gastronómicas y las lúdicas. Y, por supuesto, la identidad común no requiere que todos los miembros de una sociedad tengan las mismas apetencias culinarias o la misma forma de divertirse: basta con que las perciban como integrantes del mismo acervo. La cocina del norte de España difiere bastante de la mediterránea y se distancia mucho más de la canaria y, sin embargo, cualquier español, sean cuales sean sus preferencias, sabe que las tres son piezas de su área gastronómica. Por no mencionar las costumbres gastronómicas que sí son idénticas en cualquier rincón de nuestra geografía: ándese por donde se ande, la tortilla de patatas acompaña al español casi como la sombra al árbol. Y situación parecida se repite con las múltiples maneras de divertirse. Es posible que los aficionados a los toros constituyan una minoría dentro de la población española, como minoría deben de ser los detractores de la fiesta, pero todos –aficionados, indiferentes y detractores– saben que forma parte del acervo común, como lo forma el mus, un juego de cartas de raíz vasca convertido, con el tiempo, en seña de identidad nacional.
Son múltiples las costumbres que superan el ámbito individual porque forman parte de la urdimbre colectiva y, también en este caso, hay que insistir en que ciertas costumbres, se sigan o no, son percibidas como propias por todos. No defraudar la amistad es, en nuestro país, una especie de compromiso no escrito, lo cual no significa que la regla se cumpla siempre, pero sí que su incumplimiento produce un rechazo social cuyos filamentos proceden de un tiempo remoto. Los conceptos de belleza y fealdad forman parte de costumbres colectivas, más cambiantes eso sí, pero definidoras de elementos comunes y, por tanto, generadoras de respuestas que tienden también a ser comunes. En la tribu Dinka, de Sudán, y antes de entrar en la edad adulta, existe la costumbre de extraer, tanto a hombres como mujeres, y sin anestesia, los seis dientes frontales de la mandíbula inferior; se trata, al parecer, de un ritual que debe marcar el paso de la niñez a la adolescencia. En la actualidad hay varios miles de refugiados sudaneses que se han asentado en Nebraska, en Estados Unidos, y, de entre ellos, varios cientos han sufrido la extracción de seis piezas, un signo positivo en la región de los dinkas pero absolutamente negativo en Nebraska, lo que a veces les impide acceder a determinados trabajos. Tanto es así que uno de los dentistas de la Facultad de Estomatología de Lincoln se ha especializado en implantar esos dientes a sus numerosos clientes dinkasArtículo de Jeffrey Zaslow en The WallStreet Journal Europe , 15 de octubre de 2002..
Para Ortega y Gasset, la creencia es el producto de una idea consolidada, una idea que se ha abierto paso en el fluir social, lo que hace que la realidad se conciba siempre de la misma manera. A lo que podría añadirse, en nuestro tiempo, que, a veces, las no creencias son, también, una forma de creerOrtega y Gasset, Ideas y creencias, capítulo 1, Madrid, Alianza, 1997.. ¿Y cuáles son las creencias básicas de las sociedades occidentales desarrolladas, definidas las creencias a la manera orteguiana? Casi ninguna: nuestras sociedades no se basan en creencias, por varias razones: porque no puede hablarse de creencias religiosas habida cuenta de la libertad de cultos –lo que dificulta la aparición de una única creencia, aunque la raíz cristiana se dé en la mayoría de ellas– y porque amplias capas de población no siguen culto alguno; porque el pensamiento crítico del que se nutren unas poblaciones razonablemente cultivadas –desde la escuela a la universidad– es el gran erosionador de creencias; y porque las libertades, constitucionalmente amparadas, suponen, por definición, puntos de vista distintos y, como correlato, dificultad para forjar creencias comunes. Hablamos, por supuesto, de creencias sociales y, por tanto, compartidas por la mayoría de los integrantes de la sociedad; creencias individuales puede haber tantas como miembros de la sociedad. Húrguese en la sociedad española actual y se apreciará la escasez de creencias generalizadas, con la excepción de dos especialmente importantes: en primer lugar, la creencia en la autonomía individual, autonomía que se contrapone al ser colectivo y que, además, está amparada por el artículo 10.1 de la Constitución. Ésta enlaza con la segunda de las creencias generalizadas: el apoyo a la democracia como sistema de convivencia: para una abrumadora mayoría de los actuales integrantes de la sociedad española, la democracia debe ser defendida precisamente porque garantiza la diversidad.
Las normas de convivencia difieren, naturalmente, de acuerdo con la organización política del país considerado. Las democracias occidentales se apoyan en la existencia de una constitución pactada, la separación de poderes, la elección universal y, ya se ha señalado, la defensa de los derechos individuales. Y, en todo caso, en la prevalencia de una norma primera –la Constitución–, aceptada mayoritariamente por la sociedad y de la que emana el resto de las normas. Se trata, por tanto, de reglas de convivencia que regulan el comportamiento de instituciones e individuos, pero que no regulan ni condicionan las ideas de cada cual: puede pensarse lo que se quiera pero, en las relaciones sociales, no deben incumplirse las reglas. En el fondo, las libertades individuales entroncan con ese principio. Bajo distintos ropajes, dictaduras y teocracias se diferencian de las democracias en dos aspectos: uno, lo que de verdad importa es la voluntad del dictador o del teócrata; dos, el pensamiento individual se vigila porque puede poner en tela de juicio esa voluntad, que es la fuente de la norma, y hacer peligrar el basamento de la sociedad. En una democracia, la expresión individual no necesita ser cauterizada; en dictaduras y teocracias no se requerirá siempre que se pliegue a lo decidido por la fuente del poder: de lo contrario, la cauterización resultará inevitable.
Todos esos elementos, que perfilan los rasgos de una sociedad, hacen siempre difícil la integración porque el emigrante tiene que sumergirse en un entorno distinto al suyo y, a veces, opuesto al suyo. Siempre se hace referencia a Estados Unidos como modelo de integración, como melting pot, que asimila sin dificultad al emigrante, pero cualquiera que haya vivido tiempo en ese país habrá llegado a la conclusión de que lo que verdaderamente se aprecia es que los distintos grupos de emigrantes aprenden a vivir en la sociedad norteamericana pero, en muchos casos, sin integrarse decididamente en ella. Hablaríamos mejor de una stitching machine, de una máquina de zurcir que permite mantener unidos, al tronco común, de origen anglosajón, a los distintos colectivos de inmigrantes, máquina de zurcir que funciona adecuadamente porque Estados Unidos posee dos características que lo distinguen de otros países: en primer lugar, su capacidad expansiva, que se apoya en su enorme territorio y el dinamismo de su economía; y, en segundo lugar, en ser, desde finales del siglo XIX , una «sociedad de éxito», una sociedad que prima el «éxito» por encima de todo y en la que el éxito es posible se proceda de donde se proceda aunque, evidentemente, ese éxito sólo lo logra una minoría muy reducida. Pero, pese a esa doble condición, la integración es problemática, como muestra, de forma amable, una película reciente –Mi gran boda griega – en la que los choques culturales configuran, precisamente, el hilo principal de la narración; y ello pese a que la familia de inmigrantes griegos ha logrado cierto éxito económico y vive con notable desahogo.
¿Es, por tanto, imposible la integración de inmigrantes? No, no es imposible, pero depende, a nuestro juicio, de una serie de circunstancias: depende del nivel cultural del inmigrante, depende de sus cualificaciones profesionales, depende de la amplitud del colectivo de inmigrantes de su misma procedencia que ya vivan en el país de destino y depende de la distancia existente entre los rasgos de identidad de la sociedad de la que procede y de la sociedad a la que llega.
Cuanto más elevado sea el nivel cultural del inmigrante, más fácil le será integrarse en una sociedad distinta. Por dos razones: en primer lugar porque, de no conocer el idioma, lo aprenderá con más facilidad; y, en segundo lugar, porque asimilará la nueva cultura con mayor rapidez. Es decir, porque no sufrirá lo que podríamos denominar «perplejidad cognitiva», o situación en la que puede encontrarse una persona situada en un país cuya lengua no comprende y cuyas reglas y costumbres, tampoco.
La cualificación profesional ha de ser entendida en el mismo sentido: las capacidades profesionales abren puertas con facilidad, amén de que muchos de los inmigrantes cualificados responden a solicitudes del país de acogida y, por tanto, están protegidos desde el momento mismo de su llegada. Pero supongamos que no hayan sido llamados, y advertiremos que el resultado es muy parecido: para un médico, un informático, un mecánico o un ebanista, lo más probable es que su integración no sea difícil y lo es, aún más claramente, en el caso de los deportistas de élite –la singularidad deportiva puede superar, a estos efectos, a la capacidad profesional– porque quienes muestran habilidades deportivas especiales serán acogidos con gran facilidad, con gran facilidad verán retribuidas y aplaudidas esas habilidades, y con gran facilidad se nacionalizarán, si es que lo desean.
La preexistencia, en el país de acogida, de un núcleo importante de inmigrantes de la misma procedencia puede conferir mayor protección al recién llegado, pero constituirá un grave obstáculo para su integración. Se encontrará más protegido porque el núcleo le ayudará a solucionar problemas, le encontrará, a veces, trabajo, si no lo tiene y, en todo caso, le servirá de refugio físico y psicológico. Pero seguirá, en buena medida, viviendo en un islote de su propio país y su integración en el país en que realmente vive será superficial. Caso de no conocer el idioma, su esfuerzo por dominarlo será menor porque buena parte de su tiempo lo pasará con integrantes del núcleo; no se adaptará fácilmente a las costumbres del país de acogida porque seguirá practicando las suyas con los inmigrantes ya instalados, desde las lúdicas a las gastronómicas; probablemente encontrará pareja, caso de ser soltero/a, en el seno de ese núcleo y, en suma, se identificará con las costumbres, creencias, filias y fobias de ese núcleo sin hacer demasiado esfuerzo por entender las características de la sociedad a la que ha llegado.
La distancia entre culturas es, sin embargo, el elemento que desempeña un papel más disgregador. De ahí que, para muchos analistas, sean posibles las sociedades multirraciales y casi imposibles las multiculturales. Imposibilidad que emana de la diferencia de costumbres, de la diferencia de organización política entre el país de origen y el de acogida y, sobre todo, de lo que podríamos denominar la razón religiosa. Si los idiomas son muy lejanos –barrera que, en España, no se da en los inmigrantes que proceden de nuestra área idiomática–, lejana o conflictiva la historia, inaprehensibles las costumbres, totalmente dispares las creencias y totalmente disímiles las organizaciones políticas, la integración, si se produce, será mínima. Por eso la dificultad mayor para integrarse en una sociedad occidental se da en el inmigrante árabe y de religión musulmana. Por eso, el árabe musulmán resulta el más extranjero de todosGiovanni Sartori, La sociedad multiétnica. Extranjeros e islámicos , Madrid, Taurus, 2002, pág. 23., porque su cultura difiere notable, y hasta podríamos decir, frontalmente, de la occidental.
Empezando por la relación entre sexos, un primer elemento separador de singular importancia. En el mundo occidental, la igualdad de sexos está protegida por la ley y, por muchas que sean las excepciones, constituye un hecho cotidiano: las mujeres trabajan, conducen vehículos, se visten según sus preferencias y mantienen una relación de igualdad con respecto a los hombres. Algo que no ocurre en el mundo árabe-musulmán, diferencia que el viajero que acude por primera vez a un país árabe advierte con prontitud. En ese mundo, el destino de la mujer es cuidar de su casa y de sus hijos e integrarse en un colectivo familiar muy amplio en el que su capacidad de pensar y actuar está sometida a severas limitaciones. Una situación que ha golpeado psicológicamente a casi todas las mujeres occidentales que, atraídas por un árabe-musulmán, han contraído matrimonio con él y, más tarde, se han ido a vivir al país de procedencia de su marido. La odisea narrada por Betty Mahmoody en No sin mi hijaBarcelona, Seix Barral, 1996.–y, en este caso, no se trataba de un país árabe, ya que Irán no lo es, pero sí de un país musulmán fundamentalista– no es única y se ha repetido, y repite, en múltiples ocasiones: una vez situada en esa cultura, muy distante de la suya, la mujer occidental puede sufrir un exilio interior y exterior de enormes proporciones.
En casi ningún país árabe existe una democracia a la occidental: lo habitual es que se trate de monarquías absolutas, dictaduras o teocracias, en forma de fundamentalismos islámicos, pero, salvo excepciones, no existen democracias merecedoras de tal nombre. Y, por lo tanto, no existe la posibilidad de elegir gobernantes de la forma en que se eligen en Europa o América, las libertades suelen estar restringidas por múltiples vías y, sobre todo, los mecanismos que protegen los derechos individuales no existen, o son muy débiles.
Pero la diferencia máxima se da en el terreno religioso. Los Estados de los países occidentales son laicos, las creencias religiosas pertenecen a la esfera privada, las adscripciones religiosas son múltiples y la sociedad civil impera sobre las organizaciones religiosas. El islam no es nada de eso y, muy probablemente, es la única religión compulsiva que existe en la actualidad: para los creyentes de otras confesiones, aquel que no practica su propia religión no es un enemigo ni, salvo excepciones, va a intentar convertirlo a su práctica religiosa; para el musulmán practicante, y no ser practicante para un ciudadano de un país islámico entraña no pocas complicaciones, el infiel es visto como un enemigo o, en todo caso, como alguien preso de una radical equivocación al que hay que tratar de ayudar para que se aproxime a la verdad. En palabras de Qutb, uno de los artífices del moderno fundamentalismo islámico, hay que escoger entre el islam o la ignorancia (jahiliyya ): en el primer caso se está bajo el amparo de Alá, en el segundo bajo el dominio del hombre«In the name of Islam», The Economist, 13-19 de septiembre de 2003, pág. 4..
Por decirlo de otra manera: para los demás creyentes, la religión es una guía de comportamiento, mientras que para el musulmán es su forma de vida; para aquéllos, el incumplimiento de la norma es un problema moral, para éste es un problema vital que, bajo un régimen fundamentalista, puede acarrearle serios disgustos. ¿Cómo extrañarse, pues, de la magnitud del problema de la integración y de la dimensión que puede alcanzar cuando, como sucede en Francia e Italia y lleva camino de suceder en España, el porcentaje más elevado de inmigrantes es de origen árabe y de religión musulmana? Por eso la segunda pregunta planteada tiene una respuesta borrosa: es posible que, del lado económico, puedan lograrse efectos positivos de la inmigración; es más que probable que los efectos políticos sean, por lo general, negativos; y es casi seguro que los problemas de integración, los más lejanos en el tiempo, sean los más difíciles de abordar.
Surge así la tercera de las preguntas: ¿qué puede hacerse? Ante todo, conviene calibrar la dimensión real del problema, lo que requiere estimar el número de inmigrantes; de gentes que, procedentes de un país no comunitario, buscan trabajo en el nuestro, con o sin papeles en regla. Tarea complicada por la pluralidad de fuentes y las abundantes lagunas y doble contabilizaciones que pueden deslizarse en el cálculoVéase, sobre este punto, Joaquín Arango: «La población inmigrada en España», Economistas , 99, 2004.. Los datos que siguen sólo pueden facilitar, por tanto, una idea aproximada.
Aunque la cifra tiene carácter aproximado, no debe olvidarse que los inmigrantes en situación irregular se empadronan con objeto de tener derecho, entre otras ventajas, a la sanidad pública, lo que genera la discrepancia entre empadronados y residentes legales. Más aún, sin esos datos de censo, que incluyen a los inmigrantes en situación irregular, sería difícil explicar por qué el número de teléfonos móviles, a finales del mismo año, oscilaba alrededor de treinta y ocho millones.
La cifra total de inmigrantes, que no de extranjeros, excede, por tanto, los dos millones en 2003, y se acerca al 5% del total de población censada, porcentaje suficientemente representativo de la magnitud del problema, y porcentaje que, según los datos anuales, no cesa de crecer. ¿Qué conviene hacer?
Ante esta situación, algunos españoles sostienen que lo que hay que hacer es no hacer nada. Y su opinión se basa en dos razones: hay que ser generosos con los que huyen de países atenazados por la miseria y los inmigrantes que, además de aportar su trabajo y aumentar la afiliación a la Seguridad Social, compensarán la baja tasa de natalidad española. Pasan por alto los graves riesgos de ese «no hacer nada» puesto que, por esa vía, se acentuaría el efecto-llamada y, por tanto, la afluencia de inmigrantes clandestinos; se generarían tensiones políticas y sociales insoportables; y se daría lugar a la aparición, a corto plazo, de partidos similares a los que ya existen en Austria (Partido de la Libertad), Francia (Frente Nacional), Holanda (Lista de Pim Fortuyn), Italia (Liga del Norte) o Suiza (Partido del Pueblo), todos ellos de corte xenófobo y propósito de expulsión generalizada. Con independencia de la creciente preocupación social que el problema de la inmigración suscita, como puede advertirse a través de los barómetros mensuales del CISLéase, sobre este punto, Francisco Álvarez Martín y José García López: «Opinión pública e inmigración», Papeles de Economía Española , 98, 2003., las dos razones anteriores –importancia actual del colectivo de inmigrantes y posible aparición de movimientos xenófobos de amplio espectro– ponen de manifiesto que la llegada de inmigrantes ha de ser graduada y acordada, lo que equivale a afirmar que debe impedirse, por todos los medios, la inmigración ilegal.
Pero, ¿cómo lograrlo? Las fronteras son, por definición, porosas para un país, como España, muy próximo a África, receptor de grandes masas turísticas y miembro del Grupo Schengen. Pese a que los controles de la zona mediterránea y de Canarias se han perfeccionado, como demuestran los muchos barcos y pateras interceptadas y el incremento del número de repatriaciones de ciudadanos africanos, hay que suponer que parte de los que llegan consiguen adentrarse en el país; y lo mismo sucede, imaginamos, con los centro y sudamericanos que, con visado turístico, llegan a cualquiera de los aeropuertos españoles, con ánimo de permanecer en el país y de buscar trabajo, con o sin permiso. También la vigilancia es mayor y mayores las exigencias de documentación, pero un porcentaje de los mismos pasa a integrar los núcleos de inmigración ilegal. Y, si ya se ha cruzado otra frontera de país comunitario, no hay más que utilizar cualquier medio de transporte terrestre para situarse en España, procedimiento seguido por muchos europeos no comunitarios y por algunos asiáticos. Lo que hace que, en el fondo, y en el espacio Schengen, el control de nuestras fronteras, frente a terceros países, sea, también, un problema de la Unión Europea.
Hay que comprender, por tanto, la enorme dificultad que encierra sellar las fronteras para evitar la inmigración ilegal y aceptar que la política más eficaz puede no separarse mucho de la que instaura la reforma de la Ley de Extranjería de 2000 llevada a cabo en 2003: 1) mucho mayor cuidado en la concesión de permisos y visados; 2) vigilancia más estricta de los cauces de inmigración ilegal, deberes de información mucho más minuciosos de las empresas de transporte y castigo de los individuos u organizaciones que promuevan esa inmigración; 3) regulación más exigente de la reagrupación familiar; 4) imposibilidad de admitir a trámite solicitudes de regularización de extranjeros que se encuentren en España en situación irregularBOE , 21 de noviembre de 2003..
¿Se conseguirá, por aplicación pertinaz de esas disposiciones, frenar la avalancha de inmigrantes ilegales y reducirla a proporciones mínimas? El tiempo lo dirá pero, aunque el objetivo se cumpla razonablemente, no hay que olvidar que la población inmigrante aumentará por llegada autorizada de inmigrantes, y que el problema de la integración cobrará especial importancia, sobre todo, no nos engañemos, con los inmigrantes de profesión musulmana. Y, más aún, como revela la experiencia de los países de nuestro entorno, con los inmigrantes de segunda generación: los llegados de muy corta edad y los nacidos ya en España.
Integrar a los inmigrantes adultos en una sociedad de tan heterogéneas sensibilidades como la española resulta una idea utópica y lo único que se les debe exigir es que respeten las leyes del país, so pena de no conseguir la prórroga de su permiso de estancia y trabajo si las infringen. Como contrapartida, debe hacerse todo lo posible, desde los distintos poderes públicos, para evitar la discriminación, social y laboral, de los inmigrantes. Para lo cual no basta con prohibir las manifestaciones xenófobas: debe perseguirse toda acción discriminatoria, sea cual sea su tenor.
A nuestro entender, ningún «contrato de integración» de los propuestos en países cercanosVéase Alain Juppé, «Laïcité, liberté, égalité», Le Monde, 30 de octubre de 2003.dará resultado si los inmigrantes perciben, en términos generales, que la discriminación va unida a su condición de inmigrante; porque, no lo olvidemos, quien emigra lo hace para huir de una sociedad sin futuro y labrar ese futuro en otra sociedad, y sólo se considerará ciudadano del país de destino si alcanza a vislumbrar el cambio. De ahí la importancia de evitar la discriminación discernidora, aunque puedan darse acciones individuales teñidas de ese color. Ahora bien, lo que importa es que el inmigrante aprecie que tales acciones no cuentan con un respaldo normativo, ni son emanaciones de un clima general de rechazo. Pero conviene no olvidar, tampoco, que debe huirse de la discriminación positiva –beneficiar, por ejemplo, a colectivos de inmigrantes en aspectos tales como la política de vivienda– porque hacerlo así provocará, sin duda, repulsas de muy diverso calado en segmentos varios de la población autóctona.
Tema distinto es el de la integración de los jóvenes en período de escolarización obligatoria y el de los niños ya nacidos en territorio español. En el seno de la familia, y de las consiguientes relaciones, nada puede exigirse en una democracia no confesional y, por tanto, amparadora de todas las creencias y costumbres. Pero, ¡cuidado!, en la vida social deben exigirse comportamientos que no alteren el sustrato de la convivencia ni alumbren lo que podríamos denominar la «extraterritorialidad funcional». Por ejemplo, y referido al primer aspecto, no debe admitirse el uso ostentativo de signos contrarios a los valores comunes; nos referimos, como es de suponer, al uso del hiyab o el chador en las escuelas, raíz de continuos problemas en varios países y, en especial, en Francia. Las jóvenes que lo llevan pueden alegar que hacen uso de su libertad pero, en realidad, están poniendo de relieve que no aceptan los usos de la sociedad en la que viven y que se oponen, en el fondo, a ese tipo de sociedad y a sus valores fundamentales. Para un occidental, ese velo representa, en realidad, una muestra del papel que se le asigna a la mujer en el entorno musulmán, un papel contrario a los valores de las democracias occidentales y a los contenidos en la Declaración de Derechos HumanosLa reciente condena del imán de Fuengirola por recomendar, en un libro, determinadas fórmulas de violencia contra la mujer, recomendación apoyada en textos coránicos, es claramente reveladora de esa diferencia de valores (www.elmundo.es, 15 de enero de 2004).. Ni debe tampoco descuidarse la enseñanza de la historia que nos es común –empeño hirsuto en la España de las autonomías– porque conviene que los adolescentes, los autóctonos y los que aspiran a serlo, tengan, asimismo, un referente similarEn el fondo, Le feu sacré, fonctions dureligieux , de Régis Debray, Fayard, 2003, escrito por un filósofo laico, trata de afirmar identidades a través del hecho religioso..
Pero nada hay seguro sobre la integración, como lo demuestran los muchos problemas surgidos en países de nuestro entorno, salvo que, a partir de ciertos niveles de inmigración, la posibilidad de tropezar con escollos sociales de envergadura se eleva casi exponencialmente. Hemos planteado tres preguntas y adelantado sólo una respuesta, la que contesta a la primera de ellas. Estamos, pues, ante una única ecuación con tres incógnitas, lo que significa que, a menos que podamos formular las dos ecuaciones que faltan, el sistema resultará insoluble.
