En los años setenta del siglo XX imperaba por todas partes el maltusianismo y las instituciones internacionales hacían unas «previsiones demográficas» catastrofistas, llegándose a escribir entonces que el crecimiento de la población acabaría con la humanidad. En 1968, un profesor de Biología de la Universidad de Stanford llamado Paul Ehrlich publicó un libroThe Population Bomb (La explosión demográfica. El principal problema ecológico, trad. de Camila Batlle, Barcelona, Salvat, 1993). en el que podía leerse:
En los próximos años, cientos de millones de seres humanos morirán de hambre a causa de la sobrepoblación […] nadie podrá impedir un enorme crecimiento de la mortalidad.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que las previsiones de la ONU, del Instituto Tecnológico de Massachusetts o las del citado Ehrlich cayeran en el más absoluto ridículo, pues aquella crisis demográfica «terminal» nunca existió y hoy nos encontramos con una crisis de distribución de alimentos, pero no de producción. De hecho, se produce más de lo que se consume, e incluso podemos hablar de una epidemia de sobrealimentación, por un lado, y de despilfarro alimentario, por el otro. En otro orden de cosas, la población necesaria para la producción agraria ha disminuido de una forma espectacular. No hace mucho, entre un 30% y un 40% de la población ocupada trabajaba en el campo, y ahora con un 3% se obtienen más alimentos de los que se necesitan.
En el fracaso de las previsiones demográficas catastrofistas tuvieron mucho que ver las posteriores evoluciones demográficas en China y en India. El caso de ChinaPara mayor abundamiento, se recomienda leer los artículos que Julio Aramberri viene publicando sobre China en Revista de Libros. es llamativo por trágico. Veamos. La población china había crecido notablemente entre 1949 (fundación del Estado comunista) y 1979 y, después de tres décadas de «brillante construcción del socialismo», China seguía siendo una sociedad rural. Rural y hambrienta (más del 77% de los chinos contaba a mediados de los años setenta con menos de 1,25 dólares diarios para vivir). En otras palabras: casi el 80% dela población china vivía entonces por debajo del nivel de pobreza absoluta.
Así estaban las cosas cuando, en septiembre de 1979, todos los miembros del Partido Comunista de China recibieron una carta de la dirección del partido instándoles a que dieran ejemplo y no tuvieran más de un hijo. Un año después, en septiembre de 1980, la política del hijo único se impuso a toda la población y quien no cumpliera la orden recibiría cuantiosas multas. Más tarde, ya en los años noventa, las mujeres que hubieran tenido más de un hijo estaban obligadas a la esterilización.
Aquella política, propia de una dictadura acostumbrada a la ingeniería social, produjo desastres inmediatos: en primer lugar, una catarata de infanticidios, auténticas matanzas de niñas recién nacidas, además de la existencia de mujeres «clandestinas» cuyos nacimientos ocultaron sus padres. De hecho, en la China de principios del siglo XXI el número de varones de entre cero y treinta y cinco años era ya notablemente superior al de mujeres de esas mismas edades. Concretamente, en 2004 la relación entre varones y mujeres llegó ser de ciento veintiún varones por cada cien mujeres (en condiciones normales nacen ciento cinco varones por cada cien mujeres). En otras palabras: durante los últimos treinta años nacieron en China unos treinta millones más de varones que de mujeres. No es de extrañar, por tanto, que la nupcialidad venga cayendo desde hace ya algunos años, y que lo haya hecho de forma notable.
El alargamiento de la esperanza de vida, ¿plantea un grave problema a las futuras pensiones? La respuesta es NO
Salgamos de China y de su política de hijo único y vayamos a las previsiones demográficas de hoy, que también anuncian problemas sin cuento, pero ahora en sentido contrario al de las catástrofes que se «avecinaban» a comienzos de los años setenta. Hoy se habla de la «catástrofe» del envejecimiento. Y cabe preguntarse: ¿cómo saber a ciencia cierta que esa va a ser nuestra realidad futura? Mis dudas nacen de una realidad –esta sí? perfectamente comprobable, pues no tan lejos en el tiempo –concretamente en 1990? las previsiones demográficas españolas más sesudas preveían para 2015 algo que no se parece en nada a la realidad que pudo comprobarse después. España lleva más de treinta años con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo (2,05 hijos por mujer), sin que eso se haya notado demasiado en su población total, pues la inmigración compensó hasta la llegada de la crisis (2008) ese déficit de nacimientos.
La capacidad adivinatoria a largo plazo de las previsiones demográficas se parece bastante a la que tienen las echadoras de cartas, pero esto no quiere decir que no vayan a existir problemas demográficos y que los juegos de hipótesis sobre mortalidad, fecundidad y migraciones futuras carezcan de utilidad. Al contrario: son útiles en la medida en que nos muestran adónde conducirían esas hipótesis, pero, ¿habrá en 2060 tantos «jubilables» (personas de sesenta y cinco años y más) como nos dicen hoy las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística? No se sabe, y mucho menos puede asegurarse que para el año 2050 habrá en España 23,4 millones de personas en edad de trabajar frente a los 30,7 millones actuales.
El demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón nos ha recordado que las proyecciones demográficas a largo plazo varían mucho según quien las realice. Por ejemplo, las realizadas por el Instituto Nacional de Estadística en 2014 y 2016 varían entre sí de forma notable: la proporción de jubilables sobre la población potencialmente activa (16-64 años) en la proyección de 2014 alcanzaba para 2060 el 75%, mientras que en la de 2016 bajaba al 66%. Por su parte, en 2013 Eurostat estimaba, para 2060, que esa misma ratio sería en España del 54%. ¿En qué quedamos: 75% o 54%?
Por otro lado, si quiere contemplarse el fenómeno de la dependencia en toda su amplitud ha de tenerse en cuenta que existen otros dependientes, además de los jubilados: por ejemplo, los niños. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (2016), en el inicio de los años cincuenta de este siglo XXI habrá 15,6 millones de jubilables (hoy hay 8,7 millones), pero el número de niños (menores de quince años) habrá descendido de los 7 millones actuales a 5,2 millones. Vistas así las cosas, en ese escenario del INE, el número de dependientes (niños + viejos) sobre los potencialmente activos sería de 1,47, que es algo menor del que existe en la actualidad.
En España, como en casi toda Europa, hay un proceso de envejecimiento (normalmente se usa como medida del envejecimiento la proporción entre los de sesenta y cinco años y más sobre el total de la población), un fenómeno que no tiene su origen en la mejoría de la esperanza de vida. Esa mejoría sí produce un mayor número de viejos, pero no necesariamente mayor envejecimiento, pues el envejecimiento lo explica, fundamentalmente, el nivel de la fecundidad en los años anteriores al momento en que se mide ese envejecimiento.
Analistas y opinadores varios deducen de este envejecimiento ?sin más mediaciones- que «el sistema de pensiones va a ser insostenible», olvidándose de que las pensiones de hoy se pagan por los empleados (y las empresas) de hoy, y hoy hay en España más de cuatro millones de personas que no encuentran empleo –cosa que nada tiene que ver con el envejecimiento? y es precisamente esa falta de empleos lo que produce el déficit en el sistema de pensiones.
La mayor longevidad, es decir, el alargamiento de la esperanza de vida, ¿plantea un grave problema a las futuras pensiones? La respuesta es NO. Bastaría para solucionar este asunto con alargar la edad laboral al mismo ritmo que crece la esperanza de vida para que ese efecto quedara eliminado. No debemos engañarnos: es la incapacidad estructural para crear empleo suficiente ?enfermedad que padece desde hace muchos años la economía española? la que está detrás de la mayor parte del déficit de la Seguridad Social (se habla de que los efectos de la crisis explican el 70% del déficit actual) y esa misma incapacidad de crear empleo, y también la creación de empleos precarios, lo que lleva a muchas mujeres a retrasar la llegada de los hijos y, finalmente, al abandono de la maternidad, es decir, a la baja fecundidad que se observa en la población española, pues las encuestas de fecundidad vienen señalando que las mujeres españolas desearían tener más del doble de hijos de los que acaban teniendo.
Si las pensiones públicas no nos darán para vivir en el futuro, lo que tenemos que hacer –se nos dice? es suscribir algún plan de pensiones privado. A esa conclusión parecen conducir todos los argumentos demográfico-catastrofistas. Pero basta con acercarse a un portal web, como, por ejemplo, el de Invertio, para darse cuenta de que tal «solución» lo será para las entidades financieras emisoras de esos fondos (que no pueden rescatarse antes del día de la jubilación), pero no para sus suscriptores. En el citado portal podemos leer que sólo 3 de los 335 fondos con quince años de historia tuvieron ?entre 2001 y 2016? una rentabilidad superior tanto a la de la Bolsa (el 5,24% del Ibex) como a la de los bonos públicos a quince años (5,27%). Peor aún: la media de esos 335 planes de pensiones arrojó una rentabilidad del 2,03%, de manera que no alcanzó siquiera la mitad de las dos rentabilidades alternativas (Ibex y bonos públicos).
Para mayor precisión conviene acudir a los trabajos del IESE Business School, que dirige Pablo Fernández, respecto a ese mercado de los fondos de pensiones, que cuenta en España con más de siete millones de ahorradores-inversores y mueve casi setenta mil millones de euros. Según asegura Fernández, «pocos gestores se merecen las comisiones que cobran». Porque si sólo mimetizando al Ibex una cartera duplica de largo la rentabilidad media de los fondos, es que la baja rentabilidad de estos obedece a que: a) las gestoras y bancos que los mantienen son ineficientes o ignorantes; b) imponen al cliente minorista comisiones abusivas (de hasta el 2%); c) les colocan acciones-basura a cambio de lograr de las empresas jugosos contratos de emisión de deuda, dirección de créditos sindicados u otros negocios mayoristas. O por una desleal unión de los tres motivos.
Por otro lado, cualquier cambio que implique sustitución (o complementación) del actual sistema público de «reparto» por un sistema privado de «capitalización» no puede pretender resolver los problemas demográficos que sufre y sufrirá la población española. Pues bien, en estas condiciones, en España siguen campando por sus fueros los «jubiladores», personajes dedicados ?en la empresa privada y en el área pública? a forzar la jubilación de muchos empleados «maduros», descargando así sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas de pensiones destinadas a personas que están en perfectas condiciones físicas y mentales y que, además, no quieren jubilarse. Valga un ejemplo sangrante: el de los médicos de los hospitales públicos, arrojados por la fuerza a la jubilación. En efecto, gestores sanitarios de muchas Comunidades Autónomas se han dedicado durante los últimos años a prejubilar forzosamente a médicos veteranos para sustituirlos por otros más jóvenes, a quienes se les hacen contratos efímeros. Resultado: el servicio se deteriora, privando a los enfermos de los cuidados que les suministraban profesionales muy competentes, y las finanzas de la Seguridad Social se cargan con un innecesario coste en pensiones.
Estos «imaginativos» gestores creen haber hecho, además, un gran favor a las arcas de la Comunidad Autónoma para la que trabajan, sin enterarse de que el Estado es uno y de que sus decisiones no son otra cosa que echar costes propios sobre la espalda de otra parte del Estado, como es la Seguridad Social. En este sentido, urge una norma legal que impida semejantes dislates y consiga reducir drásticamente, asimismo, el número de prejubilaciones.
Desde el punto de vista económico y jurídico, la jubilación en España es prácticamente igual al retiro definitivo, a la inactividad contemplativa. En efecto, sólo ciento diecisiete mil personas de sesenta y cinco a sesenta y nueve años estaban ocupadas en 2016 y por encima de los sesenta y nueve años sólo había treinta y cuatro mil personas activas, y no es de extrañar dadas las restricciones existentes. Veamos.
Desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado, pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, y pagar también una cotización llamada de «solidaridad» del 8%. Para una pensión máxima estas «penalizaciones», suponen unos veintidós mil euros anuales. Un coste disuasorio.
Lo han mostrado Tomás Arrieta y José A. Herce:
Esta situación sería cómica si no fuese lamentable. Resulta que con esta cuasi incompatibilidad la Seguridad Social apenas logra resultados perceptibles en ninguno de los objetivos que persigue y lo que sí logra es estimular el incumplimiento fiscal de los trabajadores encubiertos. Es más, al estar basada esta política en la falsa creencia de que los trabajadores «viejos» ocupan puestos de trabajo que podrían ocupar los trabajadores jóvenes, lo que la Seguridad Social logra es reducir el empleo en la economía.
Todo ese afán «jubilador» se basa en una falacia amplia y repetidamente refutada, según la cual «jubilar a los viejos crea empleo para los jóvenes», una afirmación más falsa que la existencia del éter o del flogisto, como muestra la multitud de artículos publicados, basados todos ellos en estudios empíricos realizados en Estados Unidos y en otras economías occidentales.
Mas, sea como sea, si queremos llegar a soluciones racionales, las preguntas que es preciso hacerse son otras. Por ejemplo: ¿podrá una población en edad de trabajar más reducida que la actual producir igual o más que ahora? La respuesta es sí, pues, en primer lugar, la tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre la población en edad de trabajar) es actualmente del 61% en España y podría fácilmente alcanzar el 73% o el 75%. Además, todo nos induce a pensar que la productividad por persona ocupada en condiciones normales crecerá notablemente.
En verdad, hoy nos encontramos ante la siguiente contradicción: faltan jóvenes (demografía) y sobran jóvenes (robotización). En otras palabras: tanto el problema de las pensiones como el estrictamente demográfico son abordables desde otra óptica, que no es demográfica: la de una mayor productividad, acompañada por más y más cualificado trabajo y una mejor distribución de éste y de la renta.
Joaquín Leguina es Expert Demographe por L’Institut de Demographie de l’Université de Paris y Doctor en Demografía por La Sorbona. Sus últimos libros son El duelo y la revancha. Los itinerarios del antifranquismo sobrevenido (Madrid, La Esfera de los Libros, 2010), Impostores y otros artistas (Palencia, Cálamo, 2013), Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas (Barcelona, Temas de Hoy, 2014), Los diez mitos del nacionalismo catalán (Barcelona, Temas de Hoy, 2014) y Amor, desamor y otros divertimentos (Palencia, Cálamo, 2016).
