DISCUSIÓN

El escudo de la libertad

Barcelona, Ariel, 2017
96 pp. 9,95 €
 

Desde el principio, los lectores de este libro «quedan advertidos». Sus páginas ‒dice el autor‒ están escritas con descaro y sin miramiento, en un combate moral y político «a vida o muerte» entre la democracia y uno de sus enemigos: el separatismo. Éste pretende romper España al precio de acabar con la democracia. Es «una flecha envenenada que ha hecho diana en el centro mismo de nuestra convivencia nacional».

El último desafuero de la aventura separatista en Cataluña ha significado la mayor agresión en cuarenta años al régimen de derechos y libertades que nos dimos los españoles. El intento de amputar «por las bravas» una parte del territorio de la comunidad política española, el secuestro de la voluntad de todos, el desprecio y la burla de la ley común, han sido perpetrados desde instituciones públicas cuya legitimidad, autoridad y poder dimanan del «Estado social y democrático de Derecho» que es España. La fechoría se ejecuta «sin dejar de dar vivas a la democracia» (p. 73) y de ahí que la maniobra resulte más ofensiva e hiriente. Escandaliza la desvergüenza moral e intelectual, la frivolidad, indulgencia y equidistancia con la que personas solventes en su campo, instituciones respetables y tantas «almas bellas» han abordado este asunto (p. 66). Se comprende la contundencia y claridad con que Savater expresa sus razones e indignación. Se agradece como ciudadano que se nos alerte de esta manera sobre una amenaza tan cercana y apremiante para la libertad e igualdad de los españoles.

1. Democracia: no hay otra

Hay democracia allí donde una comunidad política constituida se sustenta en una ley común cuyo principio moral es el repertorio de los derechos humanos y cuyas instituciones jurídico-políticas se configuran como Estado de Derecho. De acuerdo con este marco institucional se establecen las atribuciones del Estado y los ciudadanos; se instituye la representación política como cauce principal y garantía de la participación política. Ningún otro experimento participativo, ningún sentido de pertenencia o rasgo identitario pueden anteponerse a los deberes y derechos que dimanan de esta forma de contrato social. Estos distintivos hacen moralmente valiosa a una comunidad política y permiten reconocerla como una democracia. Sólo hay progreso moral allí donde las sociedades disponen de instituciones jurídico-políticas capaces de lograr el cese de los enfrentamientos interminables, la sangrienta rueda de las venganzas, como dice José Luis Pardo, que sólo deja de girar cuando ese círculo vicioso es sustituido por la aceptación por parte de los contendientes de una ley común a cuya justicia se someten de manera incondicional. De un supuesto similar parte Savater.

Permítanme los lectores un recordatorio. Tras la amarga experiencia de entreguerras y el remate de una segunda guerra, los europeos recuperaron la democracia. Tres décadas más tarde, los españoles enfilaban con tiento el camino hacia ella tras una larga posguerra en dictadura. Unos y otros demostraron determinación para no repetir «nunca más» los errores del pasado. Parecían haber aprendido la lección: que los males del siglo XX provenían del triunfo de los extremismos que fomentaban una concepción de la política como un campo de antagonismos y enfrentamientos insuperables. Adoptaron como criterio irrebasable para la convivencia que la conexión entre Estado de Derecho y democracia es inescindible. Sólo en el marco de una comunidad política constituida en Estado de Derecho, los principios de justicia inherentes a la democracia gozan de la protección más valiosa; y los derechos y libertades obtienen la garantía más fiable de su cumplimiento. Libres gracias a las leyes y no contra ellas. Cualquier iniciativa política que en una democracia pretenda trascender los márgenes de los procedimientos constitucionales sólo es fuente de arbitrariedad, incompatible con el pluralismo y fuente de violencia. Esa disposición a la lealtad institucional ha originado paz civil, derechos y libertades, concertación y justicia social. La vuelta reciente del populismo en toda Europa y las aventuras separatistas indican que algunos han olvidado esas lecciones; o bien no las aprendieron nunca. Dice Savater que podría hacerse una competición entre los mayores disparates que se han dicho sobre la intentona golpista en Cataluña. En ese «derby de sandeces» hay una muy bien posicionada: «el desafío separatista no se resuelve con la ley, sino con la política» (p. 83). Al contraponer legalidad y política está obviándose una evidencia: que, si aquélla no rige, la pugna política se convierte en un campo de Marte, en otra cosa muy distinta a la democracia. Apelar a la democracia y prescindir de alguno de sus elementos constitutivos resulta un contrasentido, una ensoñación que casi siempre acaba en pesadilla o en un régimen autoritario de poder.

2. Una mala idea y peores procedimientos

Lo es, porque los separatistas atentan contra los principios de la democracia, emplean medios «inmundos» y producen injusticia (p. 13). Y pueden conseguir sus objetivos si los demócratas, por ignorancia, inconsciencia, apocamiento o irresponsabilidad, se doblegan ante la sinrazón de aquellos y no activan el «escudo de la libertad». Tal es la convicción que transmite este libro con pasión y, sobre todo, con argumentos casi imbatibles desde la racionalidad y la concepción de la justicia que justifica el crédito de la democracia.

Desde hace años la lógica de las identidades domina el mundo político en detrimento de la mejor tradición liberal, el individualismo moral y el universalismo democrático. Agotados los idearios ilustrados más potentes, su vacío ha sido ocupado por adscripciones identitarias, viejo recurso que encapsula a los ciudadanos en grupos compactos. En nombre de uno u otro sentido de pertenencia se levantan bloques monolíticos que ahogan el pluralismo de los individuos, los cuales tienen intereses diversos y se reconocen en múltiples identidades. Gracias al uso de conocidas trampas lógicas, se extrapola a entidades colectivas propiedades privativas de las personas: por ejemplo, la figura de los derechos y libertades, la idea de autogobierno moral. Se pretende con ello otorgar fuste normativo a reivindicaciones de grupos, a reclamaciones territoriales con intenciones expansionistas (irredentismo) o separatistas. Se realza algo que diferencie a los miembros del grupo del resto: un rasgo étnico, cultural, lingüístico; la adhesión a un credo; la pertenencia a un territorio, la recreación mítica de sus orígenes; o la conciencia de ser acreedores de una reclamación histórica desatendida o víctimas de un maltrato secular. Sea cual sea ese factor, se instituye en signo primordial de distinción que permite a los miembros del grupo reconocerse como más auténticos, mejores y merecedores de un trato diferencial o privilegiado. Esta conciencia de superioridad se erige en fuente de un derecho que asigna a sus portadores atribuciones especiales que no corresponden al resto de ciudadanos.

Savater califica el separatismo como forma extrema del sueño narcisista del nacionalismo y de su proyecto subversivo

El separatismo es una de las expresiones de esa supremacía de la identidad. Savater lo califica como forma extrema del sueño narcisista del nacionalismo y de su proyecto subversivo. Desde sus comienzos, el separatismo español, tanto en el País Vasco como en Cataluña, ha fomentado en sus partidarios una autoestima exagerada, un sentimiento de superioridad que les hizo creer que podían desarrollar mejor su potencial sin España. Cuando se consolidan, funcionan como instrumento de chantaje ante el conjunto de la comunidad política. Al chantaje se ha respondido en España con la estrategia del apaciguamiento. Tras la restauración de la democracia en 1977, el chantaje en Euskadi se consignaba como «paz por territorio». Entre los separatistas catalanes, la enseña de esa amenaza era independencia o algo a cambio. Consiguieron mucho a cambio; y, además, como dice Félix Ovejero, han terminado rompiendo. No es la primera vez que perpetran una intentona golpista poniendo en grave riesgo a nuestra democracia. Lo hicieron durante la Segunda República y lo han hecho ahora.

En los últimos años, los separatistas catalanes han tenido la astucia de convertir en oportunidad política el brutal impacto en nuestro país de la gran crisis global. Gracias al follón que han montado con el procés, los herederos políticos del «clan Pujol» y sus aliados han logrado eludir sus graves responsabilidades como gobernantes ineficientes, sectarios y corruptos. Se han puesto al frente de la manifestación; han imputado a los gobiernos centrales los malos rendimientos de sus propias políticas. Y han hecho creer a sus seguidores que los otros, el resto de España, son los causantes de los infortunios y carencias que padecen los ciudadanos de un territorio cuyas instituciones han regentado los separatistas durante décadas.

Pertrechados con este victimismo y una ilusoria legitimidad de origen que les aporta sentirse diferentes y estupendos, han recurrido a un derecho inexistente, el «derecho a decidir», para romper con España; para imponer su plan a los demás ciudadanos que viven en su territorio y a los de toda España, acabando con la ley común y el Estado de Derecho. La almendra del asunto se reduce a un proceso continuado de autoconfirmación, que alienta en sus seguidores la seguridad de que la travesía separatista es una aventura a gastos pagados y que el asalto a la democracia constitucional perpetrado por los instigadores del procés es un inocente ejercicio de participación. Cualquier mente no contagiada de sectarismo, ni intoxicada por tanta manipulación, bulos e infundios, ni descompuesta por el miedo, concluiría lo siguiente: que la gran mayoría de ciudadanos son víctimas de una sinrazón y una estrategia oportunista, irresponsable, legalmente improcedente e inmoral. Es la firme convicción que irradia este alegato de Savater y que cualquier lector libre de tópicos y ligero de prejuicios terminaría compartiendo tras la lectura de sus páginas.

3. En nombre de la democracia, pero contra la democracia

En un Estado de Derecho como el nuestro, sólo hay un tipo de ciudadanos: ciudadanos españoles que viven en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía o en cualquier otra parte del territorio nacional. La pertenencia a la comunidad estatal ‒y no otro rasgo étnico, cultural, lingüístico o territorial‒ habilita como ciudadanos iguales y produce la adscripción legal de derecho. Esta vinculación entre ciudadanía y pertenencia a la comunidad estatal, expresión de una vida en común, se conoce en Francia como el «primer principio republicano». «La ciudadanía se comparte, no se parcela», recuerda Savater. La pretensión de fragmentar un Estado democrático contra la voluntad del conjunto de los ciudadanos conculca el principio de igualdad democrática: anula lo acordado por todos; crea prerrogativas para unos y merma los derechos de otros, la inmensa mayoría.

Por el contrario, la política de la identidad funciona como un juego de suma cero; las ventajas de un grupo tratan de conseguirse perjudicando a otros. La secesión separa a los que vivían juntos, otorga a una parte derechos distintos a los del conjunto de los ciudadanos. La participación política no puede convertirse en una herramienta de poder en manos de una fracción territorial, impidiendo a los demás ciudadanos intervenir en temas que les afectan, restándoles prerrogativas que pertenecen a todos (p. 48). Que una parte de los ciudadanos se atribuya la facultad de modificar las fronteras de todo el Estado y determinar quiénes son ciudadanos españoles y quiénes dejan de serlo (es decir, quiénes se convierten en extranjeros en su propio Estado), contradice la concepción de la justicia que distingue a la democracia desde la Antigua Grecia hasta nuestros días (pp. 26-27). Que unos pocos, en una farsa de referéndum, pretendan decidir asuntos de este calibre sobre los que no tienen, ni pueden tener, competencia alguna, es votar contra la democracia. Esta involución particularista que pretende acabar con la ley común a cuya justicia se someten todos los miembros de la comunidad representa una palmaria regresión civilizatoria: «volver al feudalismo» (p. 75).

Al discriminar y excluir, el separatismo obliga a detestarse unos a otros, alimenta un antagonismo irracional, el odio feroz al no nacionalista. Considera a la mitad de los catalanes un cuerpo extraño a extirpar. A estos otros catalanes se les identifica con el rito intimidatorio de señalarlos como los «enemigos del pueblo», los que, junto con España, el régimen de 1978 o la democracia constitucional, perpetúan el franquismo. Con esta disposición mental no extraña que una expresident del Parlament haya apremiado a Inés Arrimadas (por cierto, la persona más votada en las elecciones catalanas de diciembre de 2017) a que «se vuelva a Cádiz». Quienes durante años no se han doblegado en el País Vasco ni en Cataluña a la imposición separatista conocen el bien ese aviso a navegantes. Saben mejor que nadie que, para sentirse cómodos en la aldea independista, hay tres opciones: comulgar con el credo separatista, pastelear con sus ocurrencias o permanecer callado. Y a quienes les hacen frente se les conmina a «¡largarse, que aún están a tiempo!»

Supremacismo, imposición y chantaje están en las antípodas del pluralismo de esa democracia que acomoda las diferencias sin merma de los derechos iguales de todos los ciudadanos. La proclamada «republica catalana», si entrara en vigor, convertiría al ámbito de su dominio en un islote de tiranía en medio de una democracia moderna; y a sus ciudadanos, en rehenes de los mandamases independentistas. Lo logrado hasta ahora por el separatismo está a la vista: una sociedad rota, una democracia más deteriorada que nunca y una deriva totalitaria de la política.

4. El sesgo totalitario de la hegemonía separatista

¿Cómo se explica el «éxito» de este delirio separatista? «En nuestros días ‒escribe Russell Hardin, gran estudioso de la acción colectiva recientemente fallecido‒, el nacionalismo y la movilización étnica provocan más degradación y ruina que emancipación y progreso. Sin embargo, dominan la política en muchas partes del mundo». Si la lógica identitaria, las normas grupales y las estrategias de exclusión tienden a imponerse, es porque segregan más emoción, exhiben más fuerza que las universalistas. Inducen prácticas que reducen a los individuos a peones en un juego estratégico que desemboca en una cierta servidumbre «voluntaria»Martín Alonso, El catalanismo, del éxito al éxtasis. II. La intelectualidad del «proceso», Barcelona, El Viejo Topo, 2015, edición Kindle, posición 675-683. .

Una idea excluyente y supremacista de la identidad como la que funda el nacionalismo separatista se convierte en un ideario obligatorio que alienta medios indeseables. En nuestros nacionalismos periféricos, la hegemonía ha operado como gran fábrica de separatistas y «palanqueta para forzar la soberanía». Se trata de una labor de larga duración, alentada y financiada desde un principio por oligarquías y elites locales, que ha resultado de una lamentable eficacia para los demócratas. Ha contado con el concienzudo empeño de los misioneros del credo nacionalista, la anuencia ruin de unos cuantos poderosos, el apocamiento de biempensantes puestos de perfil, la omisión irresponsable de los más y una negligencia estratégica de los dos partidos de gobierno en España desde hace décadas. Para el separatismo, el rendimiento de estas asistencias ha sido incuestionable. Savater insiste en ello.

Si los separatistas han afianzado el consentimiento de muchos de sus paisanos, se debe a la ocupación sectaria y explotación de gran parte de instituciones y recursos de un Estado que se ha abstenido de intervenir en el territorio del que aquéllos se consideran sus dueños. Sobre esta base han desarrollado una política lingüística que arrincona a la lengua común. Han ejercido un control inflexible de todos los resortes públicos y privados del sistema educativo, y otro control no menos férreo de los medios públicos de comunicación. A la vez, han consolidado una influencia dominante sobre los medios privados. Con todo este arsenal han sustentado una apabullante red clientelar en el seno de la sociedad, en organizaciones gremiales, religiosas, culturales, deportivas y de todo tipo.

Si el separatismo se ha impuesto en las nuevas generaciones, es por el uso de la escuela como herramienta de adoctrinamiento escolar. Perpetuar la hegemonía nacionalista requiere que «los ciudadanos sean eternamente niños». Desde la guardería se inculca a miles de niños el imaginario que conforma la identidad nacionalista: maman sus fábulas y mitos originarios, un pasado inventado, sus himnos, sus símbolos. Siendo la escuela pieza clave de la formación del «espíritu nacional» y la motivación militante, las aulas se convierten en púlpito y vivero de la manipulación separatista.

No menos determinante que lo anterior para el logro de los objetivos separatistas ha sido la política lingüística desplegada con el cuento de la «inmersión», uno más de los que se ha tragado una «izquierda lerda». Desde que asoma la democracia en España, esa política se convirtió en un formidable refuerzo para consolidar la hegemonía nacionalista en cada uno de los territorios y ámbitos sociales donde mandan o influyen los nacionalistas periféricos. Las estructuras educativas controladas por éstos han hecho que la escuela sea un ámbito que divide y separa. Se ha usado para adoctrinar y no ha facilitado la adquisición correcta y el uso equilibrado de las dos lenguas. El objetivo ha sido transformar progresivamente a un colectivo espontáneamente bilingüe en monolingüe. Se niega o se dificulta mucho a los alumnos elegir libremente estudiar en la lengua de España, su país. Al imponer el uso exclusivo de la lengua particular y la marginación forzosa del castellano, los estudiantes no pueden aprender y desarrollarse intelectualmente en la lengua de la mayoría de los hablantes: «Hace años ‒recuerda Savater‒ la inmersión lingüistica hizo una purga de cientos de maestros de lengua castellana que fueron sustituidos por otros que enseñaban en catalán, pero con la ideología puesta» (p. 37).

De otro lado, se exige por ley el conocimiento de la lengua autóctona para el ejercicio de profesiones y acceso a trabajos en los que, técnicamente, no es imprescindible. Al primar el conocimiento y el uso de una lengua sobre otra, la «inmersión lingüística», lejos de favorecer la igualdad de oportunidades, la rompe; discrimina a los ciudadanos que hablan habitualmente la lengua española y conculca así los derechos constitucionales. Una sinrazón, una injusticia que, además de arrinconar a la lengua común, cercenan su función natural de «vínculo institucional de nuestra diversidad que permite la unidad de lo plural» (p. 30). Esta política lingüística, lejos de resolver un problema social que, de hecho, no existía, ha originado otro morrocotudo: crear una fractura social.

Tampoco podía pasar inadvertido en el libro de Savater otra de las perversiones consentidas al separatismo: el conglomerado de medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat «pagados (por todos) para engañarnos». La televisión y radio pública catalanas llevan años ignorando cualquier criterio que pudiera justificar su existencia, incumplen las normas de la ética profesional y hacen una feroz propaganda contra el orden constitucional. Han operado como agentes principales de la difusión y exaltación del movimiento golpista contra la Constitución. Desacatando las instrucciones del Tribunal Constitucional, siguieron emitiendo anuncios llamando a la participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Han obviado las recomendaciones y advertencias de la Junta Electoral en el proceso de las elecciones del pasado 21 de diciembre. No transmitieron el discurso del jefe del Estado, pero sí el del prófugo de la justicia y principal encausado por un delito de rebelión. Ofician con maestría la selección, distorsión e invención de falsas noticias («feroz represión violenta del 1-O»; la «resurrección de Franco») como parte crucial del atropello separatista. Abusando de la credulidad de la gente y como «estafadores compulsivos», ejecutan con impunidad una manipulación masiva y airean los gestos de intimidación, propios de matones: «Una satánica desvergüenza», exclama Savater (p. 8).

Y es que sostener la hegemonía separatista exige una displicencia absoluta hacia cualquier constricción epistémica, prescindir del vínculo con lo racional. Todo vale, menos que la verdad pueda tumbarte el chiringuito. Se silencian hechos diarios que puedan rebatir sus deducciones, sólo interesa lo que pueda explotarse como autoconfirmatorio. De esta manera se consigue que muchos interioricen unos cuantos sofismas, fraudes argumentales que, si cuelan, se convierten en premisas imbatibles de un pensamiento único. Como sabemos, el más peliagudo problema de España se ha sustentado en un embuste tan simplón como el de «el derecho a decidir», aireado como quintaesencia de la democracia. Este y otros cuentos de enjundia similar se han convertido en bandera de conveniencia del separatismo para engañar a incautos, progres e intelectuales desorientados e interesados. De esta manera los separatistas han conseguido que lo legítimo, el funcionamiento del Estado de Derecho, parezca antidemocrático; y que lo ilegítimo, atropellar los derechos de los ciudadanos y silenciar a la oposición política en el Parlament, se presente como modelo de buena democracia.

5. El golpe contra las instituciones

Hasta hoy las mentiras no les han hecho independientes, pero sí cada vez más fanáticos. Instalados en ellas, se han sentido seguros, han seguido adelante con sus fechorías y durante años han venido dando pasos deliberados contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Al final se han lanzado a consumar su delirio y han acabado fuera de la única legalidad vigente y legítima. Han declarado su República arremetiendo contra los dos pilares de toda democracia, el Estado de Derecho y la voluntad general, pero sin dejar de dar vivas a la democracia (p. 73). En coordinación con los dirigentes de su agitprop, autoridades y empleados de instituciones públicas de adscripción separatista se han revuelto contra el propio Estado que los instituye como poder con la pretensión de destrozarlo, valiéndose de recursos públicos destinados al desarrollo de funciones institucionales tasadas e incompatibles con sus objetivos. Han emprendido de forma reiterada acciones y han hecho gala de conductas que son a todas luces ilegales. Han perpetrado un atropello brutal a los procedimientos junto con un rosario de desobediencias a las leyes y desacatos a los tribunales.

Además de injusta, la estrategia separatista ha sido y sigue siendo todo un contrasentido jurídico y lógico. Cualquier competencia jurídica funciona dentro de un orden normativo: es criatura de éste. Negar el orden normativo y pretender la competencia resulta un imposible. Lo ha recordado el iusfilósofo Francisco Laporta a propósito de este asunto. Desconectados del orden normativo que les confiere las competencias, los separatistas que ostentan cargos carecen de la facultad de producir normas jurídicas y de imponerlas obligatoriamente. Se convierten en un gobierno de facto, arbitrario, presidido por la improvisación y el fanatismo. Por eso, en todo este proceso, las acciones de los separatistas han carecido de acreditación moral y legitimidad para exigir a los demás que respeten su autoridad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en más de una resolución que promover un cambio de las estructuras constitucionales del Estado sólo es legalmente posible sobre estas dos condiciones: en primer lugar, que los medios utilizados para ello sean legales y democráticos; y, en segundo lugar, que sean compatibles con los principios fundamentales democráticos. Los promotores de este golpe a las instituciones incumplen de manera patente ambos requisitos.

El procedimiento muestra muchas analogías con el que se utilizó en el período de entreguerras, también en España, para acabar con el Estado de Derecho y la democracia representativa: desbordar el marco de la legalidad valiéndose de las instituciones y la presión en las calles. Es la pauta que ha seguido todo movimiento populista. Se explotan las posiciones de poder que ofrece un amplio régimen de autogobierno a los gobiernos regionales con la intención de romper la comunidad política de la que emana ese poder. Una vez más, las malas ideas inspiran procedimientos infames. Fines y medios muestran idéntica condición y promueven las mismas mañas. Un proyecto separatista, excluyente y supremacista, se vale de medios para prosperar que son incompatibles con los principios democráticos. De esa asistencia mutua y continuada entre fines y medios «inmundos» ha resultado una intentona golpista cuya estación término no podía ser otra que el Derecho Penal y los tribunales.

Si se ha llegado a este extremo, es también porque la democracia española se ha mostrado inerme durante muchos años. Han desfallecido o han estado ausentes disposiciones epistémicas y político-morales que se requieren a demócratas consecuentes para haber reaccionado a tiempo y hecho frente al separatismo con claridad y determinación. Los enemigos de la democracia han contado con esta dejación continuada y han incrementado su osadía. Saben que, en el negocio partidario, enfeudado en sus correspondientes redes clientelares, casi nadie piensa en el medio plazo; y que la mayoría lleva años chapoteando en la desidia, falta de coraje y altura de miras. Sólo importa si la maniobra sale a cuenta a unos u otros mandamases y a su clientela. Todo ello ha dado lugar a improvisaciones, extralimitaciones y a muchas omisiones de los gobiernos centrales de distinto signo. «No hay que engañarse: el problema territorial ‒escribe Félix Ovejero‒ es el resultado de aplicar las políticas que se presentan como solución al problema territorial».

Al descaro de los separatistas, «grandes estafadores» y maestros de la manipulación, se les contrapone, dice Savater, «gente ignara con pocas luces», «una izquierda lerda» e intoxicada por la monserga nacionalista y un nutrido número de «culturetas» dispuestos a sentar cátedra sobre un asunto en el que nunca han pensado seriamente: sólo en quedar bien ante su público. Los enemigos de la democracia han administrado a su antojo estas ventajas, aplicando la lógica de sus chantajes y deslealtades. Confiaron en ganar la batalla de opinión y casi lo logran; supusieron que el asalto a las instituciones les resultaría gratis y, afortunadamente, se ha impedido. Por ahora al menos. Pero que las irresponsabilidades estén repartidas no significa que sean equiparables. Hay algunas que sublevan especialmente a Savater, de las que a continuación damos cuenta.

6. La democracia de omisión y el oprobio de las «almas bellas»

En el caso del separatismo, la intención de apaciguar conduce a muchos a la equidistancia, «ni con unos ni con otros», a «dialogar manque pierda». Implica el desistimiento, el abandono de la democracia y de los demócratas a su suerte en manos de sus enemigos. Así ha ocurrido y están pagándose las consecuencias. La obstinación de los «apaciguadores de guardia» y predicadores de «soluciones imaginativas» conlleva dejarse embaucar y rendirse a la intimidación separatista y no reconocer su naturaleza antidemocrática y excluyente. Además de dejar patente la nula calidad de los argumentos separatistas, a Savater le interesa analizar el drama de España desde este ángulo. El capítulo «Los abstemios» es muy expresivo de su juicio sobre los biempensantes y buenistas, las «almas bellas» en palabras que toma de Hegel.

Sólo si se recupera el sentido de responsabilidad y la lealtad federal se frenaría una escalada de modos políticos que crean inestabilidad

La figura del intelectual está muy presente en todo el libro. Se examina con toda crudeza el papelón desempeñado en este asunto por una nutrida tropa de figuras de distintos gremios: literatos, artistas, científicos, profesores, gente importante o acreditada en lo suyo. «Tienen inteligencia, claro, pero una inteligencia rasante, gallinácea, que basta para escribir una novela de éxito o dirigir una película pasable, pero no va más allá» (p. 64). Algunos pueden incluso haber producido un tratado de Derecho, Política, Sociología, Economía, Filosofía; y, no obstante, son ignorantes, porque «no entienden lo que pasa fuera de los clichés, no saben qué decir y, cuando hay que elegir, prácticamente se pierden en la absoluta inconsistencia». Es «la ignorancia de los catedráticos». La vanidad, cursilería, falta de coraje moral para defender cosas que comprometen el estatus les hace a muchos de ellos «adoptar el disfraz festivo de la insensatez ante los medios de comunicación», decir cualquier cosa con tal de que guste a su público, «al que imaginan mayoritariamente de izquierdas, pobres» (p. 63). Les va el postureo estético, «quedar como héroes de la intemperie y vivir bajo techado, ese es su ideal», sentirse equidistantes entre la defensa de las convenciones que consagran nuestros derechos y los extremismos que pretenden desmontarlas.

Por estulticia, complicidad o cobardía, a esta gente les gusta propagar un diagnóstico aparentemente evidente sobre el asunto que nos ocupa: la imagen de dos frentes equiparables, casi idénticos, con un espacio simbólico, ritual análogo y las mismas triquiñuelas jurídicas para cargar contra los demás. Es algo absolutamente injusto. Unos han perpetrado un atraco a las instituciones; otros quieren recuperar la democracia constitucional, con los recursos del Estado de Derecho. Unos han ejercido durante decenios una hegemonía con trazas totalitarias y otros la han padecido y hacen lo que pueden para recuperar el pluralismo y el clima de una sociedad abierta. Resulta una enorme falta de respeto que gente de apariencia solvente equipare a los vendedores de utopías reaccionarias, sólo aptas para dogmáticos y fanáticos, con quienes en Cataluña vienen jugándosela en defensa del liberalismo político, la democracia representativa y España, la nación política que lo ha hecho posible durante estos cuarenta años. No cabe mediar entre razón y sinrazón: «Todo pura pastelería». Son abstemios, concluye Savater: «Pero, ¿qué quieren los abstemios, además de agua, mucha agua para lavarse las manos de lo que pasa?» (p. 68). Claro que, hacerse abstemio en esta historia, obliga a ir diluyendo los propios puntos de vista y readaptar las propias estrategias para que encajen en el nuevo marco forzoso. Al final, esos abstemios han dejado de pensar como pensaban para acomodarse al «ser» nacionalista.

Queda referirse al diálogo, ese conjuro de las «almas bellas» para resolver este y otros problemas: «Invocar la necesidad de diálogo es la panacea de quienes no saben qué decir a los separatistas» (p. 69). Tras el último y mayor estropicio que éstos han causado, y por los que sus jerarcas están siendo procesados, se intensifica la cantinela del diálogo como solución. Eso sí, previo compromiso de indultar a los ejecutores del golpe; esto es, garantía de impunidad sobre la mesa, un buen incentivo para que sigan en lo suyo y lo intenten de nuevo. Frente a ese mantra del diálogo, Savater advierte que hay cosas que empeoran cuando se pretende dialogar mal sobre ellas (p. 71). Todos los diálogos y todas las políticas tienen eso que ahora se llaman líneas rojas; no son simples obcecaciones ideológicas, sino requisitos básicos y necesarios para que ese diálogo fructifique. En España no se han tenido en cuenta estas y otras cautelas a la hora de abordar la cuestión territorial. En este libro se insiste en algunas, pero la confusión y el despiste vienen de atrás. Conviene recordarlo.

Históricamente, y a propósito de la organización territorial, los españoles nos hemos enzarzado en una de esas cuestiones equivocadas o mal planteadas que han producido resultados negativos para el entendimiento, la cohesión social y territorial, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la estabilidad de la democracia. En concreto, los constituyentes de 1978 no nos percatamos de los problemas que acarreaba la generalización del principio dispositivo. El principio dispositivo, ha escrito Santiago Muñoz Machado, fue la clave de bóveda de la organización territorial del Estado en la Segunda República y la llave maestra del sistema autonómico actual: «Se concibió como un derecho permanentemente activo, jamás satisfecho, siempre ejercitable para reclamar el cambio». Dicho principio fue manejado a su arbitrio por los políticos nacionalistas y los barones territoriales de los partidos estatales, sin que nadie hubiera fijado un patrón y sin caer en la cuenta de que podría hacer ingobernable el EstadoHistóricamente, «el régimen jurídico y la organización de las Comunidades Autónomas fueron un hijo menor y heredero del derecho de autodeterminación que, en el ámbito constitucional de 1978, bautizamos con el nombre de “principio dispositivo”». Santiago Muñoz Machado, Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Barcelona, Crítica, 2012, pp. 38-39.. Y así fue. La construcción del Estado de las Autonomías se convirtió en una espiral de emulación y extensión del privilegio, un filón para improvisaciones, extralimitaciones y omisiones de los gobiernos centrales. Todo ello dio lugar a un permanente tejer y destejer, un trasiego incontrolable de competencias territoriales sin más fundamento que palabras vagas e intereses espurios. De ahí resultó algo incoherente y financieramente inviable. Frente a esta realidad, Savater pide fortaleza para desandar el camino en algunas materias y no posponer lo necesario. Está en juego la convivencia en paz y la libertad entre iguales. Sólo si se recupera el sentido de responsabilidad y la lealtad federal se frenaría una escalada de modos políticos que crean inestabilidad, debilitan la superioridad moral del Estado de Derecho, la cooperación entre unidades políticas de distinto nivel y la cohesión de la sociedad española.

Poco antes de morir, Maquiavelo resumía a un amigo su labor entre los ciudadanos de Florencia, sus compatriotas: «He intentado enseñarles el camino al infierno para que se mantuviesen alejados de él». Semejante disposición ayuda a tener muy presentes el sentido del límite, calibrar el alcance de los riesgos y evitar la insensatez. Un comportamiento en las antípodas del que han tenido esos intelectuales a los que Savater se refiere en el libro, así como el de no pocos líderes políticos y creadores de opinión. Instalados en la irresponsabilidad, más que enseñarles a los ciudadanos el camino del infierno, los han acercado a sus puertas; y sin saberlo, lo que es aún peor. En estos casos, la ignorancia, inconsistencia o frivolidad son más imperdonables que la cobardía.

7. Una democracia que reacciona

El libro se cierra con el discurso leído por Fernando Savater en San Fernando (Cádiz) con motivo del 207º aniversario de la Constitución de las primeras Cortes Generales que, el 24 de septiembre de 1810, desafiando al dueño de Europa, se habían reunido allí, único reducto del territorio nacional no tomado por el ejército de Napoleón. La intervención de Savater transformó el ritual protocolario en un acto cívico, una defensa «sin complejos ni miramientos» de la «sede histórica de nuestros derechos: lo que aún se llama España». El escudo de la libertad es el título de este texto final que resume de manera muy expresiva la intención del autor en el libro: alertar a los ciudadanos de que «nuestra democracia sufre uno de los peores y más reaccionarios ataques de toda nuestra posguerra». La amenaza de exclusión y quiebra de la democracia que supone el separatismo ‒advierte el autor‒ no afecta solamente a España; impugna también el principio básico de los Estados europeos y desafía el futuro de la Unión, frágil y tambaleante, que se propone reunirlos en instituciones democráticas: «Como en los años treinta del siglo pasado, en España se libra un combate que mañana puede ser el de Europa entera. Conviene ‒advierte Savater‒ no olvidarlo ahora que tantos sectarismos se oponen a la razón común» (p.54).

No es la primera vez que se intenta quebrar la democracia desde dentro, aprovechando momentos de gran crisis y debilidad; es decir, cuando sus enemigos están convencidos que no se les hará frente con claridad, convicción y firmeza. Los avatares de la democracia recuerdan hoy aquel momento. Han vuelto viejos fantasmas, como la coyunda de nacionalismos y populismos en sus versiones más intransigentes, y con análoga efectividad a la hora de seducir a las multitudes y debilitar la democracia con la intención de destruirla. El separatismo es uno de ellos.

Ante el riesgo inminente de quiebra de la República de Weimar en Alemania dominada por el poder nazi, el filósofo y jurista Karl Loewenstein publicaba en 1937, desde su exilio en Estados Unidos, un escrito titulado Democracia militante y derechos fundamentales. Era un dramático llamamiento para alertar las conciencias de sus compatriotas, para que reaccionaran y lucharan contra la destrucción de unas democracias ingenuas, incapaces de advertir que sus reglas estaban siendo el «caballo de Troya a cuyos lomos el enemigo invade la ciudad». Este trabajo contiene un arsenal de razones moralmente valiosas y recursos legales legítimos para que las democracias se autodefiendan de las amenazas que tratan de destruirlas. A esta iniciativa se sumaron entonces autores como Karl Mannheim, impulsor de la sociología del conocimiento, liberal, reformista y demócrata sensible a las exigencias de la justicia socialMiguel Revenga, «El tránsito hacia (y la lucha por) la democracia militante en España», Revista de derecho político, núm. 62 (2005), pp.11-31. Markus Thiel (ed.), The ‘Militant Democracy’ Principle in Modern Democracies, Burlington, Ashgate, 2009..

El libro de Savater camina en esa dirección. Intención y principios son idénticos a los de aquellos ilustres promotores de una «democracia militante» en aquel contexto tan terrible. Las democracias deben protegerse frente a la «devastación populista» (p. 67); y la española, además, del separatismo, enemigo interno más inmediato; en todos los casos deben «plantar cara» a quienes aprovechan las posibilidades abiertas por un sistema de libertades para intentar destruirlo. Hoy, la mayoría de los regímenes democráticos cuentan con instrumentos de defensa de sus propios valores y dimensiones esenciales. Proteger el núcleo inviolable e inalienable de la democracia no es señal de intolerancia, sino determinación para hacer difícil la reversión de los bienes político-morales civilizatorios que representa la democracia y para impedir que mute en unos de esos engendros políticos que usan su nombre para acabar con ella y encubrir su condición autoritaria.

Frente a un conjunto de acciones a todas luces ilegales y con indicios de ser delictivas, sólo cabe reaccionar con la fuerza legítima del Estado. Pocas dudas hay de la cantidad de dinero público gastado en una imponente maquinaria de propaganda con el fin de preparar el golpe, justificarlo y tratar a sus ejecutores como héroes. Es innegable que se ha pretendido convertir a las fuerzas de seguridad a su cargo, policía integral y judicial, en policía política. Los dirigentes separatistas han rebasado múltiples límites legales, han ninguneado todas las advertencias y el único recurso al que se muestran sensibles es el Derecho Penal, la ultima ratio de un Estado de Derecho. Aplicarlo es señal de que la democracia se defiende y no está inerme.

Pero no basta. Los ciudadanos somos también el escudo de la libertad, la lección final de este alegato Contra el separatismo. Libertad y democracia, seguridad jurídica y justicia son una planta frágil que hay que cuidar, proteger y nutrir con la razón y el calor de los demócratas. Muchos de éstos han estado indolentes, despistados, incapaces de reaccionar frente a los graves riesgos de quiebra que trae consigo el separatismo. Y una democracia que no reacciona, una democracia sin demócratas, desfallece y termina por sucumbir. Se comprende que fuera noticia que una profesora danesa defendiera ante Carles Puigdemont la causa de la democracia española con más vigor y convicción de lo que hemos escuchado nunca en boca de un ministro del Gobierno o de su presidente. Savater emplea un estilo igual de directo. Carga las tintas contra quienes, por oficio, no deberían comportarse de manera tan irresponsable, frívola e ignorante, emplea argumentos nítidos y concluyentes, y se vale del arsenal de sus recursos como escritor. Y lo hace con el afán de alertar a perezosos y reencauzar a los lerdos.

Este libro no se dirige a quienes, interesados en reafirmar sus prejuicios, detestan todo razonamiento que pueda debilitar su intransigente convicción. Ni está destinado a populistas, «curanderos de la política» les llama, que, ante problemas reales, plantean soluciones ilusorias que anidan en la ignorancia. Ni tampoco a separatistas irredentos que han demostrado tener muy malas intenciones y gran determinación para el logro de sus injustos objetivos: tratan de colar como verdades sus propios prejuicios. Estas páginas pueden ser provechosas para esa buena gente, bienintencionada pero incauta, que ha ido detrás del reclamo del flautista nacionalista o populista sin la más remota idea de lo que en verdad propone. En este escrito de Savater encontrarán unas cuantas buenas ideas que les ayudarán a desmontar los tópicos simplones a que recurren embaucadores y equidistantes quebradizos.

Las personas libres, ha dicho Savater, no tienen que preguntarse «¿Qué va a pasar?», sino «¿Qué vamos a hacer?»: «Porque pasará lo que dejaremos que pase. Nadie vendrá a salvarnos de ninguna parte». Él se considera un ciudadano político, y ejerce como tal. Tiene una idea activa de la filosofía y, como buen maestro de ciudadanía, acerca las ideas de los grandes a la gente corriente. A diferencia de los dogmáticos o biempensantes agradadores de su público, Savater se ha esforzado en que los buenos principios no se conviertan en un impedimento para su aplicación concreta: ha convertido su ingenio en quitamanchas contra los bulos. Se agradece su indignación no exenta de ironía y humor a la hora de desvelar los motivos subyacentes de esa adicción a la droga de la mentira y el odio, menesteroso recurso de los separatistas para engrandecer la identidad propia y denigrar la de los otros. Este alegato a favor de la razón práctica no sólo dice cosas que uno cree saber, y que Savater sabe decir con más ingenio o con más descaro. Todavía hay algo más en este panfleto que marca la diferencia: dice cosas importantes sin darse importancia, rebosa profundidad y claridad, hay casta de buen filósofo y hay también sentimiento.

En una obra de teatro representada este invierno en Madrid, Voltaire / Rousseau. La disputa, de Jean-François Prévand, se pone en boca del primero la siguiente afirmación: «La política no es más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos de oprimir a gente sin memoria». Impacta la rotundidad del juicio. Pero el separatismo es un ejemplo que lo confirma. Savater considera hacerle frente un combate moral y político a vida o muerte; en su caso, algo más que una metáfora. Le subleva que, en el ámbito político e intelectual, y a pesar de la evidencia, tantos hayan permanecido ciegos, dubitativos o confusos sobre lo que una aspiración tan funesta como el separatismo supone para España. Así que no se me ocurre mejor manera de cerrar este comentario que sumarme a la recomendación de Andrés Trapiello al titular y concluir su reseña de este libro con una sola palabra: «Pásalo».

Ramón Vargas-Machuca Ortega es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Cádiz. Es autor de El poder moral de la razón. La filosofía de Gramsci (Madrid, Tecnos, 1982) y, con Miguel Ángel Quintanilla, La utopía racional (Madrid, Espasa, 1989).

16/05/2018

 
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