ARTÍCULO

Frentes domésticos

 

Terror and Consent, de Philip Bobbitt, es un gran libro, enorme en su concepto y su alcance, plagado de augurios relativos a la política transnacional en el siglo XXI. Los augurios en un libro pueden ser una buena cosa, siempre que se cumplan según lo prometido, y éste transmite una mayor pujanza intelectual sobre las tensas relaciones entre Estado y sociedad, terrorismo y terroristas, que cualquier otro libro que yo conozca. No todo el mundo tiene esta sensación; un indicador del interés intrínseco del libro es la volubilidad de las críticas. The Economist se mostró abiertamente frío; la descomunal ambición de Bobbitt, decía, «es confusa, difícil de asimilar y quizás equivocada». Niall Ferguson, por otro lado, lo tildó del «libro más profundo sobre el tema de la política exterior estadounidense desde los ataques del 11 de septiembre y, en realidad, desde el final de la Guerra Fría».
Un problema de buena parte de los análisis actuales de esta naturaleza es que piensan a pequeña escala. Los esfuerzos más serios tienden hoy en día a evitar cualquier cosa que se parezca a una gran estrategia para ganar una batalla a largo plazo contra los terroristas y las organizaciones terroristas, y contra los Estados que los subvencionan y los protegen. Se favorece, en cambio, el método restrictivo del análisis de coste-beneficio y (adoptando una versión de éste) un refrendo de las medidas defensivas, inmediatas, que resultan más obviamente rentables. Hablar de «victoria» o de «ganar», entre tanto, podría recordar a hablar de «guerra», pero en estos tiempos son pocos los que osan llamarlo guerra, al menos si se quiere seguir siendo respetable entre las élites académicas y políticas occidentales. Los gobiernos reculan, temerosos precisamente de la reacción violenta musulmana a que invita su timidez. Terror and Consent, por su parte, es heterodoxo en una larga lista de cosas. Bobbitt cree que la guerra contra el terrorismo es lisa y llanamente una guerra, que ha de llamarse una guerra y combatirse como una guerra, contra ideólogos islamistas impulsados por motivos religiosos que buscan establecer, dice, su visión del califato. Estas figuras operan en lo que llama rotundamente «Estados de terror» que deben ser derrotados. No obstante, las condiciones cambiantes de la guerra del siglo XXI, de resultas de las condiciones cambiantes del Estado del siglo XXI, significan que la guerra no es como ha venido siendo desde hace mucho tiempo.
Las recientes aproximaciones al terrorismo se hallan impelidas no sólo por un limitado análisis coste-beneficio, sino por una atención aún más restrictiva hacia algo que podríamos llamar «catastrofismo del evento concreto»: impedir el próximo ataque. El problema de esta forma de análisis coste-beneficio es que no está dispuesta a ver el bosque, al tiempo que insiste en que sólo hay árboles. Es un enfoque deliberadamente reduccionista, como si la política se hubiera puesto adrede unas anteojeras.
Esto resultaba comprensible para la administración Bush, teniendo en cuenta lo que sus funcionarios veían todos los días en informes secretos sobre amenazas. El que fuera fiscal general de Estados Unidos hasta el pasado mes de enero, Michael Mukasey, reflexionó públicamente en más de una ocasión sobre cuán constantes y serias son las amenazas contra Estados Unidos; a pesar de que desde el 11 de septiembre no han vuelto a repetirse ataques con éxito en el país, se mostraba «sorprendido por lo sorprendido que estoy». Es posible que se tratara de retórica interesada propia de la administración. Sin embargo, la administración Obama ha continuado en una medida muy considerable la política contraterrorista de la administración Bush; sus funcionarios confiesan libremente que los riesgos adoptan una apariencia bastante distinta una vez que se asume la responsabilidad de la seguridad pública.
A pesar de esta constatación de que el poder comporta también responsabilidad, una gran parte de la política estadounidense se basa menos en la «guerra» que en los últimos perímetros defensivos: seguridad en los aeropuertos, comprobación diaria del tráfico de teléfonos móviles, análisis de Internet, listas de sospechosos y muchas, muchas barreras de cemento. Se trata de contraterrorismo en un sentido trascendental pero opresivamente limitado. El análisis coste-beneficio que subyace en este tipo de planificación apenas guarda parecido alguno con cualquier respuesta conceptual a la yihad que vaya más allá de impedir hechos concretos de probabilidad y magnitud inciertas.
Lo cierto es que, desde el 11 de septiembre, la administración Bush acometió (sólo) una única táctica genuinamente estratégica: tirar los dados en Irak e invitar a Al-Qaeda y a otros yihadistas a defender allí sus posiciones. Pero este es un razonamiento a posteriori: la administración Bush emprendió obviamente la guerra en Irak a partir de consideraciones estratégicas muy diferentes. La única innovación contraterrorista que va en aumento en los últimos años (alentada con entusiasmo en su día por el candidato Obama y que su administración ha apoyado y dotado de crecientes recursos económicos) ha sido el despliegue de misiles lanzados por aviones Predator sin tripulación contra Al-Qaeda y los talibanes en Pakistán, porque no ponen en riesgo vidas estadounidenses. El resto es una estrategia defensiva en todos los frentes. La administración Obama participa con desgana en las guerras de Irak y Afganistán, buscando salidas que permitan una retirada, progresiva y sin hacer ruido, del ejército estadounidense: comprende bien que plantear una salida como la de Vietnam es una invitación a la muerte electoral, pero tampoco cree que exista un final exento de inestabilidad política en ninguno de los dos países. Lo que más convendría a la administración Obama en este momento sería la muerte pública e incontrovertida de Osama Bin Laden por medio de misiles lanzados por un Predator, seguida de una declaración de victoria y logro de los objetivos de la guerra, y coronada con la retirada de las tropas con honor. Aunque la estabilidad de Afganistán, Pakistán e Irak es un tema diferente, la administración Obama podría así centrar toda su atención en la política nacional. Se equivocan quienes, en el mundo exterior, crean que la actual administración estadounidense tiene interés en cualesquiera otros países más allá del intermitente discurso presidencial.
En otras palabras, no sólo el contraterrorismo, sino toda la política exterior se lleva a cabo en esta administración a modo de reacción defensiva, y siguiendo los acontecimientos en vez de iniciarlos: la principal señal de unos Estados Unidos que han perdido interés en el mundo exterior es, como siempre, la invocación de foros multilaterales y una actitud del tipo de: «Somos como cualquier otro país del mundo, no tenemos nada especial, porque estamos siempre a favor del consenso, estamos encantados de secundar el consenso entre los Estados, pero no nos pidan nada fuera de lo normal, porque no somos especiales. Les daremos palabras bonitas sí, en abundancia, pero mucho menos en términos de dinero y recursos. Estamos cansados de ser el líder mundial y tenemos nuestros propios problemas. ¿Multilaterales? Sí, claro que somos multilaterales, muy multilaterales, pero lo que significa eso en la política estadounidense es... váyanse y dejen de fastidiar».
Los misiles lanzados por los Predator son la pantalla que asegura la retirada estratégica de Estados Unidos de su misión post-11 de septiembre de llevar adonde sea la lucha contra el enemigo. En la época de Bush se criticaba su insistencia en que el campo de batalla debía ser siempre todo el mundo si fuese necesario; en la época de Obama, la mera idea de un campo de batalla se ve como algo un poco ridículo, con el resultado, irónicamente, de que el único asunto que tiene verdadera importancia son las fronteras electorales de Estados Unidos. Es decir, un centrarse en Estados Unidos de forma tan intensa que lo demás prácticamente no existe, salvo de dientes afuera: cuanto surja en el exterior es puro ruido. La ironía es que la administracián Obama resulta ser entonces más unilateral, ya que piensa únicamente en el interior de Estados Unidos y actúa, ya sea en los ámbitos del contraterrorismo, la salud, la política fiscal o el déficit, como America Alone. De la administración Bush, que insistía una y otra vez en situar el interés personal y egoísta estadounidense por encima de cualquier otra cosa al narcisismo profundo de la administración Obama: ¿es verdaderamente la mejora de las relaciones que el mundo esperaba, o no son las dos más que variedades del mismo unilateralismo?
Los numerosos críticos de la administración Bush ridiculizaban la política antiterrorista de Estados Unidos en un marco de conceptos que recordaba en gran medida al usado por la propia administración. En ocasiones el análisis coste-beneficio difícilmente colaría en una clase de economía a estudiantes universitarios: pensemos en casos como el del científico político John Mueller, en su superventas Overblown (2006), o el periodista James Fallows, anunciando ambos alegremente que las posibilidades de morir en un ataque terrorista son menores que las de ser fulminado por un rayo, o que el 11 de septiembre mató a tres mil personas, mientras que cuarenta mil estadounidenses mueren cada año en accidentes automovilísticos. ¿Y qué? La comparación coste-beneficio de los costes de oportunidad tiene sentido únicamente si se comparan oportunidades realmente pertinentes. Ha habido algunos análisis serios coste-beneficio en las críticas a la política estadounidense. Cass R. Sunstein, por ejemplo –amigo muy cercano del presidente Obama y un alto funcionario en su gobierno en la actualidad–, en su impresionante y reflexivo Worst-Case Scenarios (2007), echó por tierra tranquilamente la conocida como «doctrina del uno por ciento», que toma su nombre de la afirmación del ex vicepresidente Cheney de que incluso una posibilidad de ataque terrorista catastrófico del uno por ciento requiere la respuesta que exigiría una certidumbre absoluta, del cien por cien. Ni siquiera todos los instrumentos de la voluntad nacional (que el ex presidente Bush comprometió con la lucha contra el terrorismo tras el 11 de septiembre) son ilimitados. Aún hay que tomar decisiones y establecer prioridades y, como observaba Sunstein, las acciones preventivas comportan sus propios riesgos.
Sin embargo, incluso el análisis sofisticado toma como el objetivo analítico fundamental la prevención de hechos concretos. Existe una importante razón política para esto. El público estadounidense ha ido restando gradualmente importancia al terrorismo como una prioridad política, a pesar de seguir diciendo que apoya medidas serias contra él. Las élites estadounidenses, por su parte, han ido deslizándose hacia una visión desdeñosamente despectiva que cuestiona la idea de contraterrorismo en su totalidad como una necesidad seria y a gran escala. Se reduce a la amenaza de categoría, haciendo uso de argumentos del estilo del coste-beneficio para desautorizar los programas de contraterrorismo de la administración tildándolos de inventos y exageraciones, y para sugerir que la amenaza terrorista puede ser perfectamente gestionada sin especiales medidas militares o incluso sin medidas de inteligencia extraordinarias.
Dejando a un lado la frecuente suposición de partida de que la administración Bush se apropió ilegítimamente del poder ejecutivo, y que esto, más que el terrorismo, es lo fundamental contra lo que hay que protegerse, la afirmación fáctica fundamental es que la probabilidad de un ataque con éxito se ha exagerado seriamente. ¿Cómo interpretar, en otras palabras, el hecho de que Estados Unidos no se haya visto golpeado en su territorio desde el 11 de septiembre: como prueba de la eficacia de los esfuerzos antiterroristas, o como prueba de que la amenaza fue siempre más quimérica que real? Así, en opinión de Barack Obama cuando era aún candidato, el terrorismo islamista no es más que una amenaza entre otras muchas: el cambio climático y la pobreza, el genocidio y las enfermedades. La tarea es aprender a actuar como hacen los países europeos occidentales, y gestionar el terror y el terrorismo preferiblemente dentro de los límites existentes del sistema de justicia criminal. Una cierta cantidad de terrorismo es normal. Por supuesto, las circunstancias estratégicas de Europa occidental son diferentes de las de Estados Unidos (la amenaza, para Gran Bretaña, por ejemplo, se encuentra en su mayor parte dentro, no fuera), y son pocos en Estados Unidos los que se detienen a considerar que el enfoque europeo es tanto una cuestión de necesidad como una preferencia estratégica.
Es posible que tenga sentido desarrollar políticas que puedan al menos suscitar un amplio apoyo, aunque sea superficial. El tipo de acuerdo fundamental que unió al «Centro Vital» de la Guerra Fría en Estados Unidos durante décadas no parece encontrarse próximo. No existía durante los años de Bush y parece igualmente escasear en el período de Obama. Aun así, pocos se opondrán a medidas que se ajusten estrictamente, por medio del recurso al análisis coste-beneficio, a la prevención del próximo ataque. Pero la dificultad con este minimalismo político, como ha observado Bobbitt, es que el análisis coste-beneficio aplicado a un hecho concreto es «implacablemente táctico». Incluso cuando no se refiere a un hecho concreto –incluso cuando toma el «terrorismo islamista» en su conjunto– es, por su propia naturaleza, reactivo. El análisis coste-beneficio no propone soluciones; evalúa soluciones propuestas ofrecidas por otros procesos. No es una forma de pensamiento estratégico.
Terror and Consent, por contraste, ofrece pensamiento estratégico a gran escala, pero no de un modo apologético. Es sintético en tres grandes campos: historia, derecho y política estratégica internacional. Bobbitt es capaz de combinar la experiencia académica y la del mundo real: demócrata por filiación política, ha ocupado puestos importantes tanto en el ámbito jurídico como en el de la inteligencia en las administraciones de Clinton y Bush padre. Su tesis básica es que el terrorismo yihadista transnacional debe entenderse a la mayor escala histórica, y que requiere comprender la naturaleza cambiante del Estado y la sociedad tanto en el Occidente democrático liberal como en el resto del mundo. Para Bobbitt, el terrorismo yihadista transnacional avanza mientras es capaz de explotar los intersticios del sistema estatal, no sólo sobre una base geográfica –el Estado fallido de Afganistán, por ejemplo–, sino sobre una base histórica, ya que la naturaleza del Estado se desplaza desde su encarnación en el siglo XX hacia algo muy diferente en el XXI. El argumento principal de Bobbitt es que el terrorismo de Al-Qaeda, y lo que podría eventualmente sustituirlo y transformarlo, no puede entenderse sin referencia al sistema estatal y a su evolución durante un largo período de tiempo. Esto encamina a Terror and Consent hacia un extenso recorrido por la historia del Estado en Occidente.
Los especialistas de corto alcance pondrán muchas objeciones concretas, y si se rechaza en principio la idea de gran historia sintética, entonces la reacción será decididamente alérgica. Bobbitt bosqueja, como una caricatura deliberada, una suerte de esbozo histórico en bruto (retomando el hilo de su anterior obra maestra, The Shield of Achilles), en el que el sistema de «Estado principesco» de Europa acabaría dando paso al sistema de Estado-nación que surgió gradualmente en el siglo XIX y dominó más tarde el XX. Las guerras del siglo XX fueron guerras entre Estados-nación westfalianos; incluso las guerras de descolonización fueron libradas fundamentalmente por bandos que aspiraban al estatus de Estados-nación. Desde el final de la Guerra Fría, sin embargo, los Estados-nación democráticos liberales –lo que Bobbitt llama «Estados de consentimiento»– han estado avanzando hacia algo diferente del Estado-nación, lo que Bobbitt llama el «Estado de mercado». En el Estado de mercado, el consentimiento lo es menos del ciudadano que del consumidor, para quien el Estado es un proveedor de servicios. El Estado de mercado guarda un cierto parecido con una empresa, externalizando y privatizando actividades importantes; se muestra más relajado sobre su soberanía territorial aunque, al mismo tiempo, se encuentra dispuesto a extender su alcance regulatorio más allá de sus fronteras. La mayor riqueza fruto de la globalización es un impulsor del Estado-mercado, pero también lo es la tendencia secular (en ambos sentidos del término) de los individuos hacia una mayor libertad individual. «Estados de consentimiento» contrasta con «Estados de terror»: la creación de estos últimos es, como reitera Bobbitt una y otra vez a lo largo del libro, el objetivo final de los grupos terroristas transnacionales, no gubernamentales y, en la actualidad, islamistas que pueden también crecer en el ecosistema de la globalización económica y las condiciones relajadas de, y entre, los Estados de mercado. Los Estados de terror son el malvado hermano gemelo de los Estados de consentimiento: parásitos de, y permitidos por, los Estados de consentimiento, a un tiempo premodernos y posmodernos, pero nunca realmente modernos, y hostiles hacia los Estados de consentimiento.
Los Estados de mercado de Bobbitt conservan crucialmente los rasgos distintivos fundamentales de los Estados. No estamos ante la disolución del Estado. Por el contrario, es precisamente porque los Estados de mercado siguen siendo significativamente, para Bobbitt, Estados, por lo que pueden tener intereses nacionales, reunir recursos contra los Estados de terror y proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Como Bobbitt insiste en los Estados de mercado como Estados, insiste asimismo en que la respuesta al terrorismo es una guerra al terror. Son criminales, sí, pero también enemigos, y los Estados declaran la guerra a sus enemigos. La guerra facilita formas de pensamiento estratégico sobre las organizaciones terroristas yihadistas que, como marco conceptual, escapan al alcance tanto del análisis coste-beneficio como de la concepción legal de los terroristas como puramente criminales. La concepción dualista del Estado de mercado de Bobbitt conduce a Terror and Consent a una concepción estratégica extraordinariamente rica de cómo llevar a cabo en concreto la guerra contra el terror, los terroristas y la yihad violenta: una concepción que dejará, sin embargo, a todos, al margen de dónde se sitúen dentro del debate estratégico, descontentos en alguna medida.
El derecho, incluido el derecho internacional –las convenciones de Ginebra, por ejemplo–, es crucial. Las apelaciones de la administración Bush a argumentos de emergencia nacional, desplazando así el imperio de la ley, que recuerdan a las teorías políticas de Carl Schmitt, han sido tan desastrosas como equivocadas. Por otro lado, aunque profundamente respetuoso con el derecho internacional, Bobbitt no cree que éste –su significado, interpretación y evolución– se halle en las manos de los profesores de derecho internacional y los burócratas internacionales. Es un multilateralista comprometido, no un proveedor de supranacionalismo utópico. El suyo es un régimen de derecho internacional matizado y práctico, moldeado gradualmente por las prácticas de los Estados según van cambiando las condiciones; algo muy parecido, de hecho, a la visión pragmática que ha tenido el Departamento de Estado de Estados Unidos del derecho internacional durante muchas generaciones, y que sigue tal cual en la administración Obama con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Por lo que respecta a la legislación nacional y el terrorismo, Terror and Consent se muestra, por ejemplo, decididamente contrario a los argumentos de «circunstancia especial» favorables a la tortura, de Alan Dershowitz. Pero la constitución no es para Bobbitt ningún «pacto de suicidio»: aprueba la detención preventiva para sospechosos de terrorismo, aumentos significativos en la vigilancia electrónica y de otro tipo, y técnicas coercitivas cercanas a la tortura en algunas circunstancias.
El autor critica duramente a la administración Bush por la incompetencia de su política en Irak tras la invasión. Señala que surgieron numerosos errores de la creencia profundamente equivocada de que se trataba de una guerra de Estados-nación en la que la caída del régimen completaba las cosas, mientras que, en las guerras de los Estados de mercado y los grupos terroristas e insurgentes, la guerra seguiría librándose. Pese a ello, Bobbitt no sólo apoyó la guerra de Irak, sino que cree firmemente en la guerra preventiva, y cree que a largo plazo serán necesarias otras.
Todo esto dejará a más de uno desconcertado. Pero el éxito de Terror and Consent como argumento depende en gran medida de si «mercado» y «Estado» pueden meterse en el mismo saco, como propone Bobbitt, o si, por el contrario, las categorías se mueven en direcciones diferentes. Desde mi punto de vista, el argumento resulta enormemente persuasivo; su éxito como política en el mundo real, sin embargo, depende de algo diferente: de si el Estado-mercado comparte algo más que simplemente la ética del mercado. La lógica del mercado es, al fin y al cabo, despachar el pasado como pasado, reducir pérdidas y salir tan pronto como establezca el análisis coste-beneficio que las cosas no pintan nada bien. ¿Basta realmente con eso? Si estos son realmente los valores de mercado, ¿está suficientemente alimentado el Estado-mercado por otros valores para tener la voluntad de defenderse a sí mismo? Y esta defensa es no sólo contra los enemigos terroristas externos, sino contra aquellos, por ejemplo, que querrían ver la democracia liberal convertida, en nombre del multiculturalismo, en una forma de tribalismo religioso. A George W. Bush y Tony Blair les resultó más fácil, al fin y al cabo, enviar grandes ejércitos a combatir en lugares lejanos que decir alguna vez «no» a las demandas de los grupos musulmanes comunitaristas, y en última instancia intolerantes, de sus propios países.
Como creyente en la libertad y el consentimiento, me encantaría compartir las esperanzas de Philipp Bobbitt para el Estado de mercado. No hace falta ser un conservador para preguntarse, con cierta preocupación, si las esperanzas que Bobbitt deposita en el Estado de mercado, con su carácter decididamente libertario y de libre consentimiento, progresista y contractual, con su celebración de las libertades del consumidor sobre las obligaciones del ciudadano, están suficientemente justificadas. ¿Podrá la democracia liberal, con sólo estos recursos, enfrentarse con garantías a la amenazas espirituales de nuestra nueva época? Una larga tradición de lo que Lawrence Solum ha llamado los «burkeanos de izquierda» –Christopher Lasch, por ejemplo, o Zygmunt Bauman– ha defendido que el mercado es tan corrosivo, socialmente, de los valores de la democracia liberal, como materialmente protector. El mercado y la democracia se sustentan ambos por medio de reservas de capital social que la prosperidad material estable contribuye a reforzar, pero que no derivan de la lógica material del propio mercado. ¿Es realmente suficiente tener un orden social basado en torno a relaciones de mercado que miran únicamente hacia delante, nunca hacia atrás, y que dan por sentadas las tradiciones del liberalismo y la democracia, sin reconocer cuánto depende el propio mercado de esas tradiciones, sin mirar con gratitud hacia las tradiciones del pasado que sirven de sostén al presente? ¿Basta un orden que se limita, en cambio, a preguntar al pasado a cada momento, con una miopía casi infinita, y con las palabras del antiguo chiste judío: «Sí pero, ¿qué has hecho tú por mí últimamente?». Si esa es la base del Estado de mercado, ¿es realmente suficiente? Y repárese en que esta angustia no es la del venerable reaccionario europeo del Trono y el Altar, no surge del heredero de Joseph de Maistre, sino que es sentida por el orgulloso descendiente –contemporáneo, laico y demócrata liberal– de Voltaire.
El mercado del Estado de mercado no se mantiene por sí solo. Requiere, por el contrario, una forma de vida social que sale al exterior con objeto de funcionar a largo plazo. Honor, lealtad, sacrificio, gratitud para con aquellos que estuvieron antes: no son estas las virtudes evidentes del capitalismo, pero son virtudes necesarias en una forma de vida liberal-democrática-capitalista. Sin ellas, la sociedad se come su alimento, el capital social legado por el pasado para disfrutar del futuro. Incluso tras la maravillosa argumentación de este maravilloso libro, por tanto, queda margen para preguntarse si el Estado de mercado presta suficiente atención a los hábitos espirituales del corazón que hacen que el Estado de mercado –y la defensa voluntaria de los Estados de consentimiento frente a los Estados de terror– resulte siquiera posible durante la larga lucha de años en este siglo XXI.

Traducción de Luis Gago

© The Times Literary Supplement
www.the-tls.co.uk

Este artículo ha sido ampliado y actualizado expresa y sustancialmente por el autor para Revista de Libros

01/11/2009

 
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