ARTÍCULO

ETA S.A.: economía 
de la empresa terrorista

 

Cómo es posible que ETA haya durado tanto –va para más de cincuenta años– y haya podido hacer tanto daño? La respuesta puede ser muy detallada y compleja, o breve y sencilla, pero pasa necesariamente por tres cuestiones: las ideas de los terroristas y de su entorno; los medios económicos que han permitido sostener la empresa terrorista; y la calidad de la respuesta –política, policíaca, judicial, penal, cultural– dada por el sistema político y por toda la sociedad española a los crímenes de la banda y a los apoyos que ha recibido de su entorno y de parte del nacionalismo vasco nominalmente democrático.
Si empezamos por esta última cuestión, aunque está presente, sin duda, de una forma o de otra, en gran parte de la extensa bibliografía que ha ido acumulándose sobre ETA, hay que decir que no tenemos ningún libro dedicado específicamente a contar y analizar la respuesta dada, a lo largo de esos cincuenta años, por el sistema político español y la sociedad española al terrorismo etarra, sus colaboradores, sus amigos y sus «beneficiarios» (los que «recogen las nueces», según la famosa distinción del líder del PNV, Xabier Arzalluz).
Sin embargo, sí disponemos de estudios sobre las ideas de los militantes y simpatizantes de ETA. Entre ellos, destaca Patriotas de la muerte: por qué han militado en ETA y cuándo abandonan de Fernando Reinares, publicado recientementeBarcelona, Planeta, 2011., reedición, corregida y complementada, de Patriotas de la muerte. Quienes han militado en ETA y por qué, que apareció en 2001. Ahora, ETA S.A., de Mikel Buesa, cubre el hueco que teníamos en cuanto a la primera cuestión: es, en efecto, el primer libro que se ocupa, con detalle y una visión de conjunto, de lo que podemos llamar «la economía de la empresa terrorista» y del impacto del terrorismo en la economía del País Vasco y de toda España.

LAS FINANZAS DE ETA
El libro de Buesa responde a tres preguntas: ¿Cómo se ha sostenido económicamente la empresa ETA? ¿Cuál ha sido el impacto de la actividad de ETA en la economía del País Vasco y en el conjunto de la economía española, es decir, cuánto ha costado ETA tanto en sentido directo como en sentido indirecto: menor crecimiento económico y menor empleo? Y, en tercer lugar, ¿cómo ha afectado la actividad de ETA y sus crímenes –de toda intensidad– a la vida política, social y moral de los vascos y de todos los españoles?
La empresa terrorista produce terror: ese es el objeto de su existencia. Los productos de esa empresa son asesinatos, secuestros, bombas, extorsión, violencia callejera, amenazas, aunque también puede manifestarse de forma menos brutal, si bien no menos amenazante, en el mundo de la información y la cultura. Por ello, Buesa empieza haciendo un resumen de lo que ha sido la «producción terrorista» de ETA.
ETA nace en 1959 como escisión de un grupo juvenil del PNV. Su primer atentado fue la colocación de una bomba en San Sebastián, en 1960, con una víctima mortal, una niña que aún no había cumplido los dos años. No cometió ningún otro atentado hasta 1968; en junio de ese año, en un control de carretera, en una acción improvisada, asesinó a un guardia civil de Tráfico, José Pardines. El asesino -–-su nombre era Javier Echevarrieta y su alias, «Txabi»– fue localizado a las pocas horas por la Guardia Civil y en el tiroteo resultó muy gravemente herido, muriendo poco después en el hospital. Unas semanas más tarde, en agosto, fue asesinado al comisario de policía de Irún, Melitón Manzanas; ETA presentó este asesinato como una represalia o respuesta por la muerte de Echevarrieta, pero, en realidad, lo había preparado y planeado con antelación.
Los asesinatos de Pardines y Manzanas fueron las primeras acciones criminales en una historia que ha costado, hasta el momento en que esto se escribe, unas ochocientas cincuenta personas asesinadas, alrededor de mil personas mutiladas o afectadas por diferentes secuelas o minusvalías, ochenta y cuatro secuestros (de ellos, nueve terminados en asesinato y otros doce con el secuestrado «castigado» con disparos en rodillas o piernas), unos tres mil atentados diversos y cerca de diez mil acciones de terrorismo callejero. En total, se estima que unas treinta y una mil personas han sido víctimas directas o han resultado damnificadas por las acciones de ETASe manejan diferentes cifras para los diversos tipos de crímenes y atentados llevados a cabo por ETA en estos cuarenta y dos años debido, principalmente, a que hay dudas sobre la autoría de cierto número de ellos (algunos que, a veces, se atribuyen a ETA, fueron cometidos realmente, al parecer, por los denominados «Comandos Autónomos Anti-Capitalistas» u otros grupos, incluso, se afirma, de extrema derecha o parapoliciales)..
La actividad criminal de ETA, señala Buesa, ha pasado por diferentes fases. En los primeros diez años, 1968-1977, llevó a cabo setenta y cinco asesinatos, sesenta y cinco de ellos en 1974-1977: fue la etapa, podríamos decir, de preparación y tanteo en los años finales del régimen de Franco y de los cambios políticos en la transición a la democracia.
En 1978 se inicia una segunda fase, en la que, al parecer, la banda cree que puede «vencer» al Estado y obligarle a aceptar sus reivindicaciones fundamentales, que pasan por la autodeterminación y la incorporación de Navarra al País Vasco. Es la etapa más terrible y sanguinaria de la historia de ETA y se prolonga hasta 1992: costó 649 asesinatos, de ellos, 179 en sólo dos años, 1979-1980. Según la interpretación de Buesa, esta etapa termina con el fracaso de las negociaciones de Argel (1986 y 1989) –la banda tenía expectativas más bien delirantes y lo consideró un grave fracaso en su estrategia–, la detención en Francia (Bidart) de la cúpula dirigente (1992) y una amplia reorganización del entramado económico de ETA a través del llamado «Proyecto -Udalbetxe», que intentaba coordinar y mejorar el rendimiento económico de una serie de instituciones y empresas controladas por la banda.
La tercera fase, 1993-1999, termina con el secuestro y asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco (1997), el acuerdo firmado por PNV, EA y HB (1998) en respuesta a la gran movilización popular, en el País Vasco y en toda España, ante este asesinato, y la tregua declarada por ETA en 1998, rota a finales de 1999, primer año desde 1971 sin víctimas mortales del terrorismo etarra. En esos años decae la actividad criminal de la banda, pero, aun así, entre 1993 y 1998, ETA comete sesenta y seis asesinatos.
La cuarta etapa se inicia en 1999, y podemos considerar que llega hasta el presente, 2011. Como también indica Buesa, el hecho decisivo de esta etapa fue la ilegalización en 2002 del brazo político de ETA, Herri Batasuna, que debilitó de forma significativa a la banda terrorista, sin olvidar la aprobación, en 2003, de una serie de reformas penales que endurecieron las condenas por actos terroristas y aseguraron mejor el cumplimiento de las penas. Entre 2000 y 2010, ETA cometió cincuenta y ocho asesinatos, el último de ellos, en Francia, contra un miembro de la Gendarmería, en marzo de 2010.
Para mantener su actividad a lo largo de estas cuatro décadas, ETA ha dispuesto de una base económica apoyada en un complejo y flexible entramado de actividades e instituciones legales, alegales e ilegalesMikel Buesa, ETA S.A., Tabla 2.1, pp. 75-76. , que ha ido cambiando al compás de las necesidades y de la presión policial y judicial, recurriendo a todos los medios, desde los secuestros y la extorsión (el llamado «impuesto revolucionario») a las rifas y sorteos, pasando por –como veremos, lo más importante– el dinero público.
 Los secuestros, que entre 1978 y 2004 dejaron a ETA un rendimiento acumulado de más de ochenta millones de euros, con máximos en 1988 (14,5 millones), 1983 (12,5 millones) y 1997 (10,5 millones), y las cartas de extorsión, con un rendimiento entre 1980 y 2008 de casi treinta y cinco millonesÍdem, Tabla 2.2, p. 82. Todos los importes mencionados por Buesa son euros constantes del año 2000; de este modo, son posibles las comparaciones reales a lo largo de un período tan largo. , han sido importantes en la financiación de ETA, sobre todo algunos años. Además del secuestro y la extorsión, ETA ha desarrollado otras actividades lucrativas ilegales –como el tráfico de drogas, contrabando de tabaco, armas, explosivosÍdem, pp. 95-99 y 122. – o el entrenamiento de terroristas en Colombia y otros países de Centroamérica, a cambio, probablemente, de droga o de alguna participación en ese negocio. Pero en el total de su historia, y esta es una de las más interesantes precisiones que hace Buesa, la fuente más importante –naturalmente, indirecta– de financiación de ETA han sido las subvenciones y ayudas públicas ajustadas a la legalidad o, al menos, no abiertamente ilegales.
El dinero público –las subvenciones y subsidios de toda clase– le ha llegado a ETA y a sus entidades colaboradoras y simpatizantes desde todas las Administraciones, en primer lugar, desde la comunidad autónoma del País Vasco, controlada por el PNV, EA o por la misma HB, pero también desde la Administración Central y ¡desde la Unión Europea!
Entre 1992 y 2008, el total de subvenciones recibidas por los partidos políticos vinculados a ETA, tanto para el funcionamiento ordinario de tales partidos, como subvenciones electorales, sumaron cerca de cuarenta y cinco millones de eurosÍdem, Tabla 2.4, p. 104.; a esto hay que sumar una serie de partidas que es difícil conocer bien en su totalidad, entre ellas: 1) los fondos desviados a ETA por la Asamblea de Municipios y Electos Municipales Vascos/Udalbiltza-Kursaal (la escisión proetarra de la Udalbiltza nacionalista constituida en 1999), unos veintiséis millones de euros entre 2001 y 2002, en parte muy importante fondos procedentes de la Unión Europea y de varias instituciones oficiales francesasÍdem, pp. 106-108.; 2) la financiación pública de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK), una terminal proetarra dedicada al adoctrinamiento nacionalista radical y violento, unos veinte millones de euros entre 1991 y 1998, la mayor parte procedente del Gobierno vascoÍdem, pp. 108-110. ; 3) las subvenciones al grupo Egunkaria, que empezó a constituirse en 1990, unos veintisiete millones de euros entre 1994 y 2002, también procedentes en su mayor parte del Gobierno vasco; 4) las subvenciones recibidas del Gobierno vasco y de diferentes ayuntamientos por las llamadas «gestoras pro-Amnistía» y por las asociaciones de familiares de presos etarras, en torno a un millón y medio de euros entre 2001 y 2008. Ni que decir tiene que todas las cifras que se indican son parciales, incompletas y que, de pecar de algo, pecan, con seguridad, de quedarse cortas.
Finalmente, estarían las actividades mercantiles legales de empresas o personas controladas por ETA, las más conocidas de las cuales son las herriko tabernas (141 locales distribuidos por el País Vasco en 2002, cuando se ilegalizó Herri Batasuna) que, además de hacer negocio, han cumplido una importante función en la organización terrorista, en especial, en la organización de la violencia callejera. Además, ETA ha creado una red de empresas orientada a establecer terminales o filiales en diferentes países de Iberoamérica: México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Argentina, principalmente. Esta red ha llevado a cabo la doble función de proporcionar ingresos a la banda y refugio a sus militantes huidos (es posible que varios centenares de antiguos terroristas o colaboradores de ETA hayan encontrado acomodo económico y hayan rehecho sus vidas mediante esa red empresarial y de negocios iberoamericana).
Según el resumenÍdem, Tabla 2.10, p. 131. que presenta Buesa, entre 1993 y 2002 (fecha de la ilegalización de HB) el entramado ETA recibió, por todos los conceptos –incluidos la extorsión y el robo– unos veintiocho millones de euros en media anual, mientras que en 2003-2008 los ingresos bajaron a siete millones y medio; en esta segunda etapa los conceptos más importantes han sido las cuotas de afiliación, la extorsión y los ingresos por actividades mercantiles (legales, alegales o ilegales). Estas estimaciones dejan fuera –Buesa no lo especifica, pero es obvio– los rendimientos de las inversiones que ETA ha debido de hacer a lo largo de los años a través de diferentes intermediarios, hombres de paja y empresas-pantalla, en activos financieros –depósitos bancarios, títulos de renta fija, acciones–, cuestión sobre la que, parece, no sabemos nada.
La escandalosa realidad que hacen ver los datos recopilados en ETA S.A. es que la fortaleza y la resistencia de la banda terrorista en los años ochenta y noventa estuvo ligada, sin la menor duda, a la financiación pública, fundamentalmente, a la financiación recibida de los sucesivos gobiernos del PNV, con la ayuda o la comprensión de Eusko Alkartasuna y, en realidad, de los dirigentes de todos los grupos del nacionalismo vasco considerado «democrático».

LOS COSTES DE ETA
Cuando se intenta calcular «lo que ha costado ETA», lo primero que hay que decir es que en ese cálculo dejamos a un lado lo más importante, porque podemos nombrarlo, pero no calcularlo. Por un lado, la degradación y corrupción moral y política de la sociedad vasca y, hasta cierto punto, de toda la sociedad española; por otro, el enorme sufrimiento impuesto por el terrorismo a miles de personas y a miles de familias.
Estos dos «costes» son, evidentemente, incalculables. Lo único que podemos precisar son los costes económicos que ha impuesto el terror de ETA a la sociedad, tanto los directos y, digamos, microeconómicos –que se han materializado en indemnizaciones de todas clases, pensiones, seguros, coste de la seguridad pública o privada utilizada por los amenazados, etc.– como los indirectos y, digamos, macroeconómicos: impacto del terrorismo en las inversiones, el empleo, el crecimiento económico en el País Vasco y en toda España.
Según el recuento de BuesaÍdem, Tabla 3.9, p. 162., el total de costes directos ocasionados por el terrorismo etarra (incluyendo los costes en seguridad, escoltas y la amortización del coste del abandono de la central nuclear de LemónizEste coste se estima, a precios de 2002, en 5.600 millones de euros., que quedó a medio construir, tras el secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan) fue, en el período 1993-2002, de 697 millones de euros anuales, bajando a 682 millones anuales en el período 2003-2008.
Bastante más difícil es, claro está, calcular los costes indirectos o implícitos del terrorismo para la economía del País Vasco. Hay que tener en cuenta los flujos de emigración hacia otras zonas de EspañaSe calcula que, entre 1975 y 2001, abandonaron el País Vasco unas trescientas setenta y cuatro mil personas, de ellas, unas ciento veinticinco mil (entre veinticinco mil y treinta mil familias) por motivos políticos o relacionados con las amenazas de ETA: Mikel Buesa, ETA S.A., p. 167: «La “diáspora democrática” vasca». Estas cifras significan el casi estancamiento durante los últimos treinta años de la población vasca, y que el 10-12% de los nacidos en el País Vasco lo han abandonado para vivir en otras regiones de España o en el -extranjero. y el impacto en las inversiones, el turismo, el crecimiento económico y el empleo. La estimación de Buesa es que, entre 1993 y 2008, el terrorismo hizo disminuir el PIB del País Vasco en, aproximadamente, el 20% de su valor potencial Ídem, Tabla 3.10, p. 170. . Esta pérdida se refleja también, como es lógico, en la pérdida de peso de la economía del País Vasco en el conjunto de la economía española, que puede estimarse en 1,4 puntos del PIB español: es decir, en la actualidad el PIB vasco representa el 6,2% del PIB español, mientras que era el 7,6% a comienzo de los años ochenta.

LA «ESPIRAL DEL SILENCIO»
Los costes económicos directos e indi-rectos que podemos identificar y evaluar son, sin duda, importantes, han afectado al bienestar y a los niveles de renta en el País Vasco y, aunque sea en medida poco significativa –porque la economía española sin el País Vasco equivale a unas dieciséis veces la economía del País Vasco– a la economía española en su conjunto.
Pero con ser estos costes y estas pérdidas importantes, no son la consecuencia más grave, profunda o más difícilmente superable del terror impuesto para ETA: lo más grave, menos fácilmente remediable y, finalmente, de peores consecuencias para los vascos, todos los españoles y su futuro es el triunfo del miedo, el debilitamiento del Estado democrático y de sus instituciones, la puesta en sordina de las libertades: «El ejercicio continuado de la violencia por parte de ETA y de las organizaciones que forman parte del entramado terrorista, unido al debilitamiento de las estructuras políticas y, muy especialmente, de los aparatos del Estado cuya función es preservar la seguridad de los ciudadanos, ha conducido en el País Vasco a una generalización del miedo entre sus habitantes y, a partir de este último, a una espiral del silencio»Idem, p. 210. Buesa explica esta expresión de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann. «En las sociedades amenazadas por el terrorismo en las que, como en el País Vasco, la anomia, la carencia de reglas jurídicas y, sobre todo, del poder para defenderlas e imponerlas, deja a los ciudadanos inermes frente a quienes ejercen la violencia, el sigilo se impone como una estrategia para sobrevivir y, de esta manera, la espiral del silencio oculta las verdaderas opiniones y sentimientos de gran parte de ellos» (p. 212). .
El libro de Mikel Buesa sugiere varias conclusiones. La primera, que en el período 1978-2002, es decir, en el cuarto de siglo en que se desarrollaron las etapas más duras y sanguinarias de la banda, hasta la ilegalización de Herri Batasuna, el principal alimento económico de ETA –mucho más importante en el conjunto del período que los secuestros, las extorsiones y otras actividades delictivas– fue el dinero público, las subvenciones públicas, que procedían, fundamentalmente, de fondos bajo el control de gobiernos autonómicos o autoridades municipales del nacionalismo vasco nominalmente democrático.
La segunda, que el impacto negativo del terrorismo en la evolución de la economía y la población del País Vasco ha sido apreciable: es posible que el PIB vasco sea en la actualidad el 20% inferior al que correspondería a una evolución sin terrorismo; también en ausencia de terrorismo, la población del País Vasco podría ser, hoy, en torno al 15% superior a la actual.
En tercer lugar, que, siendo importante ese impacto económico negativo, aún más importante para el futuro es la «espiral del silencio» que ha generado el terror y la colaboración, por activa o por pasiva, con el terror por parte de nacionalistas –personas e instituciones– nominalmente demócratas. Aquí, sin duda, el gran responsable es el Estado, que no ha sabido defender su presencia en el territorio vasco y, con su presencia, la de las instituciones del Estado de derecho que son la garantía de las libertades. La historia de esta claudicación, de esta incompetencia del Estado y, con él, de toda la sociedad española, está por hacer, como señalábamos al principio.
Mikel Buesa termina su libro (quinto capítulo) con una penetrante y conmovedora reflexión sobre aquello que ningún cálculo puede darnos: el sufrimiento de las víctimas de ETA. Sin grave pérdida de legitimidad por parte del Estado democrático, las víctimas no pueden dejar de ser referencia moral fundamental en cualquier política que trate de enfrentarse y vencer a ETA. Esto quiere decir que el Estado debe asumir y tener en cuenta la posición de las víctimas tanto en el juicio sobre si hay, o no, arrepentimiento de los criminales, como, en su caso, en la administración del perdón.

01/06/2011

 
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