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Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad de España (1833-2007).
Xavier Domènech
Ediciones Península, 2020.
384 págs.

Esta obra, escrita por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona Xavier Doménech, es un programa político, y no un libro de historia, a pesar de que el autor afirme que la ha elaborado desde el «ángulo» de un historiador, «hecho que marca profundamente la mirada de este libro» (p. 10). Y, como programa político, refleja la ideología de autor: Doménech es y se define a lo largo de la obra como un nacionalista catalán. Y esta adscripción se sitúa en un espacio superior a su formación marxista porque el sentimiento nacional es el eje fundamental sobre el que se construye un proyecto político (p. 209).

Sobre esta base ideológica, el autor desarrolla la idea fundamental que articula su obra: la negación de España —un «haz de naciones»— y de los españoles como sujetos políticos como condición sine qua non para defender su desaparición. No obstante, si algo debe ser destruido es porque existe previamente. En este sentido, defiende que España es una realidad artificial creada por una élite radicada en Madrid en el siglo XIX, convirtiéndola en la «nación dominante» frente al resto de naciones populares y verdaderas que existían en su territorio (p. 15). Nace, por tanto, del resultado de una dialéctica —aquí se observa la ideología marxista y populista del autor— entre la élite española y las clases populares, vascas catalanas, gallegas, etc. Para defender esta tesis, completamente ahistórica, realiza una interpretación original de la historia de España desde 1834 hasta nuestros días, estableciendo dos momentos claramente diferenciados con la Revolución de 1934 como punto de inflexión.

El «pasado» hasta esa fecha es presentado a partir de una tesis absurda, articulada en tres periodos históricos diferentes. En el primero (1834-1868) surgen los dos supuestos proyectos políticos que han definido la historia contemporánea de nuestro país: el monárquico liberal centralista y capitalista sostenido por la élite de Madrid y el republicano democrático «federal o confederal» socialista defendido por las clases populares, enfrentados entre sí. Esta dialéctica solo existe en la mente de Doménech porque el segundo —su proyecto «fantasma»— fue absolutamente marginal, siendo los dos modelos políticos que trataron de imponerse en este periodo los representados por el Partido Moderado y el Progresista —ambos liberales—, salvo que confunda «su proyecto» con el del último, como así parece ser (p. 53). El segundo, el Sexenio Revolucionario (1868-1974), y más concretamente la I República (1873), se inicia con la caída de Isabel II gracias a la «Gloriosa Revolución» dirigida por un monárquico liberal progresista: Juan Prim y Prats. A pesar de esta ideología dominante, plasmada en el resultado de las elecciones de 1868 —donde por primera vez en España votaban todos los hombres mayores de 25 años—, y en la Constitución de 1869, Domènech afirma que constituyó la última oportunidad para que pudiera triunfar su proyecto «fantasma» popular porque los republicanos federales eran mayoría en las Cortes de 1873: «Las Cortes Constituyentes se abrieron con una mayoría de diputados republicanos» (p. 61). Sin embargo, no explica la esencia de esas elecciones: todos los partidos, salvo el Republicano Federal, las boicotearon. El resultado fue que en Madrid votó el 26% del censo; en Cataluña, si en Cataluña, donde supuestamente ese proyecto político republicano federal, popular, democrático y socialista era dominante, el 28%, y en el País Vasco el ¡15%! Aunque los republicanos tuvieron 343 diputados frente a 31 del resto de fuerzas, fracasaron porque ni tenían apoyo popular ni fueron capaces de articular una propuesta política. El tercer periodo, aborda el sistema de la Restauración (1876 y 1931), durante el cual surge el nacionalismo catalán y los otros nacionalismos periféricos como consecuencia de la imposibilidad de transformar España en sentido federal. No obstante, en la explicación de la primera de estas ideologías «olvida» cualquier mención al racismo que constituye su base doctrinal, como ha demostrado Francisco Caja. También intenta subvalorar la versión conservadora del nacionalismo porque su base social claramente elitista choca con el supuesto carácter «popular» de esta ideología frente al nacionalismo español. Por eso, sus héroes son Francisco Pi y Margall y sobre todo Valentín Almirall, aunque ambos fuesen aliados de Alejandro Lerroux, un anticatalanista, en las elecciones de 1903. No importa, el autor «reinterpreta» este acontecimiento afirmando que en ese momento Lerroux «no había hecho del españolismo una de las señas de identidad de su discurso» (p. 73).

Tras la caída de Alfonso XIII (1931), según Doménech, se abre una nueva oportunidad para el triunfo del modelo republicano, federal/confederal, socialista y popular: la II República. Para sostener esta tesis, apunta que el régimen republicano se articuló sobre el derecho de autodeterminación reconocido por los dirigentes signatarios del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930). Pero este planteamiento, que el autor necesita para justificar la dialéctica sobre la que ha «construido» su original interpretación del siglo XIX, choca con tres dinámicas históricas. La primera, que la República no se definió como una federación, sino como un Estado integral, donde se reconocía la autonomía de regiones y municipios (p. 95). La culpa fue de los «juristas» que querían mantener el poder en Madrid (p. 99). A lo mejor también influyó que la inmensa mayoría de los diputados se sintiesen españoles y no federalistas. La segunda, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña o de Nuria fue modificado por las Cortes republicanas (p. 103) porque contenía artículos contrarios a la Constitución, demostrándose así que ese supuesto derecho fundante no estaba reconocido. La tercera, la Revolución de 1934 en Cataluña, desarrollada también en las primeras páginas del libro. Para explicar esta dinámica histórica, acepta una hipótesis totalmente desechada por la historiografía, al vincularla con la entrada en el Gobierno de cuatro ministros de la coalición derechista CEDA el 1 de octubre. Lluis Companys se subleva entonces para apoyar las demandas nacionales de las clases populares (p. 22), provocando la detención del Gobierno de la Generalidad que presidía. Este acontecimiento resultó simbólico en el devenir histórico de Cataluña porque entronca con el pasado —Companys era el continuador de Pi y Margall (p. 23)— y con el presente —su arresto constituyó un «precedente directo de la aplicación del 155» (p. 22)—.

Ese presente tiene su origen en la Transición, y más concretamente en el pacto político que dio origen a la Constitución de 1978. La interpretación que hace de este periodo parte de tres errores históricos. El primero, que en las elecciones del 15 de junio de 1977, la Unión de Centro Democrático (UCD) consiguió solo dos escaños en Cataluña. Esos resultados «inhabilitaban cualquier proyecto» para esta región «que se pudiera pilotar desde el Gobierno Central» (p. 135), es decir, niega la validez de la Constitución en esa región. Pero, más allá de que Domènech desconozca que cada diputado representa a la totalidad de la Nación y no a una región o provincia en particular, fue Unió del Cetre i la Democràcia Cristiana de Catalunya (UDC-IDCC), a la que votaron 172.791 personas, quien obtuvo 2 escaños. UCD recibió 515.293, que se tradujeron en la victoria en Tarragona y en 9 diputados. Ambas organizaciones se unirían posteriormente en la coalición Centristes de Catalunya-UCD. El principal partido nacionalista, el Pacte Democràtic per Catalunya —liderado por Jordi Pujol—, también obtuvo 11 escaños, aunque con un número muy inferior de votos: 514.647. En descargo del autor, este desliz podría explicarse por la gran similitud fonética entre las siglas UDC y UCD…

El segundo error se refiere a los tres modelos de organización territorial que se plantearon en debate constituyente: el plurinacional, defendido por el Partido Comunista de España (PCE) y los nacionalistas; el federal, por el PSOE, y el descentralizado, por la UCD (pp. 129-132). Según su interpretación, se impuso el último por el apoyo de las élites políticas, económicas y funcionariales. Puede que también influyera el hecho de que fuese apoyado —entre otros— por los 168 diputados de la UCD, 8 de AP, los 121 del PSOE, los 20 del PCE y los 6 del Partido Socialista Popular (PSP), que constituían una amplísima mayoría de la Cámara (350). El sostén de los socialistas y los comunistas, como ocurrió durante la II República con los republicanos con el derecho de autodeterminación, supuso —según el autor— renunciaran a sus posiciones anteriores (p. 147). En todo caso, resulta significativo que, para el autor, los españoles no opinan nunca, porque no existen. Solo existe una «élite española», pero no un pueblo español. Por tanto, al no existir, no tiene derechos políticos.

El tercer error está relacionado con el artículo 2 de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Según el autor, fue redactado por presiones del Ejército (p. 139). Esta afirmación demuestra que desconoce los debates constitucionales, porque los dos militares elegidos como senadores por designación real y presentes en la Comisión Constitucional (almirante Marcial Gamboa y teniente general Luis Díez-Alegría) se opusieron, como el resto de las Fuerzas Armadas, a la inclusión del término «nacionalidades», como quedó reflejado en publicaciones militares como la revista Reconquista. Además, defiende su carácter «ambiguo», tomando como referencia a Miquel Roca Junyent, quien afirmó que este artículo permitía definir España como un Estado plurinacional, teniendo las nacionalidades que lo integran soberanía originaria «y que en la cesión de parte de su soberanía se define la soberanía del Estado» (p. 140). A partir de esta «exégesis», podría justificarse la inclusión del derecho de autodeterminación en la Constitución.

La última parte de la obra analiza el devenir de España desde 2015, año en que se produce la irrupción de Podemos. En esta parte se combinan el «análisis histórico» y la egohistoria. Doménech empieza atribuyendo la supuesta quiebra del Estado autonómico a los representantes de los «malos»: los partidos españoles, que quieren nacionalizar y homogenizar España. La consecuencia, como en 1874, es que los «buenos», los nacionalistas, se ven obligados a defenderse. Sin embargo, se le «olvida» mencionar el proceso de «construcción nacional» desarrollado en las Provincias Vascas y Cataluña —combinado con el terrorismo de ETA en las primeras— que provocó la expulsión de esos territorios de decenas de miles de personas. Esta ofensiva españolista, combinada con la creación de la Unión Europea y la puesta en circulación del euro, llevó a los nacionalistas a plantear un nuevo modelo de Estado «confederal, plurinacional, pluricultural y plurilingüe». Este modelo de Estado fue defendido por José Rodríguez Zapatero con su proyecto de «España Plural». Pero resultó truncado por la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de 2010, que califica —siguiendo a Javier Pérez Royo— como «un golpe de Estado», aunque la emitiese el Alto Tribunal para defender la Carta Magna (pp. 190-193). Este acontecimiento histórico coincidió con el inicio del proceso independentista en Cataluña y la «Gran Recesión», que supuso una «recentralización». Pues los recortes sociales se hicieron con el objetivo de desprestigiar a los Gobiernos autonómicos desde el Estado Central, afectando a derechos sociales que eran competencia de las comunidades autónomas. En esta situación, surgió el Movimiento del 15-M y Podemos, abriéndose la necesidad de una reconstrucción y transformación social que debe vincularse con la reconstrucción y transformación de las naciones que pueblan el Estado, incluyendo la «España vacía» (p. 208-214). Así, se culminaría el proyecto «fantasma» surgido en el siglo XIX.

Para lograr este objetivo, plantea de tres vías. La primera, la aprobación de diferentes leyes orgánicas: financiación autonómica, reforma del poder judicial y del Tribunal Constitucional para dotarles de carácter plurinacional, etc. En este punto, vuelve a demostrar sus escasos conocimientos jurídicos al afirmar que la forma de elección de los miembros del segundo fue fijada por una ley orgánica, cuando aparece establecida en el art. 159 de la Constitución. No obstante, más allá de estos «detalles», rechaza esta vía porque puede revertirse (p. 266). La segunda, la reforma constitucional, donde plantea un fraude de ley: modificar el procedimiento agravado establecido en el artículo 168, utilizando el que aparece en el 167 (p. 270). El escaso respeto por la ley y más concretamente por la Carta Magna es una característica del autor, como refleja la descripción que hace de sus conversaciones con Miquel Iceta, líder del PSC, donde le pidió saltarse la Constitución para cambiar la forma de elección del Tribunal Constitucional, reconocer el derecho de autodeterminación y la soberanía compartida entre Estado central y las naciones que engloba (pp. 219-231). La tercera vía, la ruptura del orden legal mediante un referéndum donde se vote sobre una reforma constitucional (p. 273). Es decir, un nuevo fraude de ley porque la Constitución establece su propio mecanismo de reforma en su Título X, no incluyéndose el referéndum —aunque sea no vinculante— como instrumento para iniciar ese proceso. Esta dinámica iría acompañada de un pacto con Cataluña para que pudiese iniciar su propio proceso constituyente. El objetivo sería construir un Estado plurinacional confederal, donde el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas serían también «distribuidos». Es decir, el fin de España como nación y el enfrentamiento civil.

La interpretación del devenir histórico sobre la que se «sustenta» el proyecto político de Doménech no sólo es ahistórica, sino hilarante en algunos de sus pasajes, como por ejemplo cuando señala que Reino Unido fue derrotado por Francia en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) (p. 196). Pero, también produce preocupación porque nos hace recordar las tristes palabras que Stefan Zweig escribió en su obra póstuma El mundo de ayer:

Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea.

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