¿Alguien tiene idea de cómo debería repartirse la renta nacional en «Una Buena Sociedad»?
No es fácil saberlo ni, de saberse, tampoco es fácil practicarlo. Una regla no escrita y, en realidad, absurda, es que la renta nacional debería estar repartida aproximadamente al 50/50 entre el trabajo y el capital. Mejor dicho, entre los asalariados y los accionistas de las empresas. Los primeros se apropian de la parte denominada «remuneración de los asalariados», que comprende los salarios (brutos) propiamente dichos y las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, y los segundos se apropian de lo que queda del PIB, es decir, del denominado «excedente bruto de explotación».
Antes de continuar, conviene decir un par de cosas muy importantes. Los salarios y las cotizaciones son contractuales y hay que pagarlos si se quiere cumplir la ley. Mientras que, siendo el PIB algo que va surgiendo sin que ningún contrato lo determine, los excedentes de los accionistas de las empresas son residuales, es decir, se llevan lo que queda. No hay ningún contrato al que acogerse cuando los excedentes bajan por el ciclo o por errores de los gestores de las empresas, no hay forma alguna de asegurarse un nivel de excedentes, el que sea.
Se puede abusar de los consumidores, de los trabajadores o de los proveedores, lo cual es ilegal. Pero la competencia, cuando funciona, castiga a las empresas que hacen esto, porque ni los consumidores, ni los trabajadores ni los proveedores son esclavos.
Los problemas técnicos comienzan cuando hablando del trabajo y el capital, se identifica trabajo con asalariados, ya que también están los trabajadores autónomos, cuyos ingresos netos son, en realidad parte del EBE, y no de la RA. Un desplazamiento del trabajo desde los autónomos a los asalariados, o viceversa, alteraría considerablemente la virtualidad práctica de la regla de distribución anteriormente comentada. Pero veamos algunos datos ilustrativos (redondeados para facilitar que fluya el argumento).
No hace falta ir a la página del Instituto Nacional de Estadística para recordar que en España, en 2022, hubo un PIB de 1,33 billones de euros, de los cuales 0,63 billones se destinaron a remuneración de los asalariados. Recuérdese que en esta magnitud se engloban las cotizaciones sociales abonadas por los empleadores. Es decir, que esta partida representó el 47,37% del PIB. En 2000, esta ratio fue del 48,76. Hubo una época en la que ese descenso de 1,4 puntos porcentuales del PIB habría conmovido los cimientos del sindicalismo.
Pero, te preguntarás incomparable gemelo, ¿y los trabajadores autónomos? ¿No son trabajadores? ¿Por qué su parte del PIB debe entenderse como excedente bruto y no como algún tipo de remuneración del trabajo? Además, los autónomos, como los conocemos popularmente, son empresarios minúsculos, sin asalariados a su cargo o con muy pocos asalariados. Sus ingresos forman parte del excedente bruto de explotación, porque no son salarios, obviamente. Los ingresos de los autónomos, salvo excepciones, no son contractuales, sino residuales, como todos los excedentes, pero son rentas laborales, en esencia.
Nadie sabe cuánto aportan los trabajadores autónomos al PIB. Pero se puede hacer una imputación, bastante habitual, por otra parte. Supongamos que el autónomo representativo obtiene en España unos ingresos (netos de gastos) equivalentes a la remuneración media de los asalariados, por asalariado. En 2022, esta magnitud fue de 38.332 euros por asalariado (equivalente a tiempo completo, 16,34 millones), lo que multiplicado por los 2,7 millones de autónomos ocupados (también equivalentes a tiempo completo) da un importe de 0,104 billones de euros.
Si sumamos estos 0,104 billones de euros (supuestamente) aportados al PIB por los autónomos a los 0,63 billones aportados al PIB por los asalariados nos encontramos con un 56,66% del PIB. En otras palabras, todos los trabajadores, asalariados y autónomos, podrían haber aportado al PIB, en 2022 unos 730 millardos de euros, casi un 57%, mientras que el resto hasta los 1,3 billones del PIB sería el 43% restante. Ese resto incluye impuestos (sobre la producción y las importaciones) netos de subvenciones que ascendieron a 0,13 billones. Así, el excedente bruto de explotación, depurado de las rentas laborales imputadas a los autónomos, representaría un 35,32% del PIB, es decir, 469 millardos de euros.
No es tan descabellado llevar a cabo la imputación anterior para dilucidar la aportación de los trabajadores autónomos al PIB, se trata de un ajuste habitual cuando se quiere establecer la aportación efectiva del trabajo (asalariado y autónomo) al PIB, para distinguirla nítidamente de la aportación del capital. Ahora nos encontramos con un importe, nada despreciable, no obstante, de 469 millardos de euros de rentas que no obtienen ni los asalariados ni los autónomos como parte de su remuneración laboral efectiva o imputada, pero que son beneficios brutos de las empresas. ¿Quién se los queda? ¿Los empresarios?
Pensemos, hermano. ¿Dónde están los empresarios en esta historia? Las grandes compañías tienen a asalariados en sus cúpulas directivas, a los que solemos denominar empresarios. Estos altos directivos suelen ser accionistas de las empresas que dirigen, como también puede serlo el resto de los asalariados. Accionistas tanto de la empresa en la que trabajan como de otras empresas.
¿Cuántos accionistas tienen las empresas españolas? Hay 3,4 millones de empresas en España, por lo que el número de accionistas puede ser muy numeroso y abarcar a todas las capas sociales. Las grandes empresas cotizadas, por sí solas tienen millones de pequeños accionistas que son dueños a prorrata de esas mismas compañías. Un verdadero embrión de ese capitalismo de ciudadanos (o capitalismo popular, como se le denomina frecuentemente) en el que tanto pensamos al evocar Una Buena Sociedad.
De las empresas registradas, 1,94 millones carecen de asalariados y, por lo tanto, están encabezadas por trabajadores autónomos (o asalariados) que actúan como administradores de aquellas. Ello equivale al 56,62% de las mismas. Adicionalmente, nos encontramos con otras 1,34 millones de empresas con entre 1 y menos de 10 asalariados, otro 39,08% del total de empresas registradas. De entre 10 y 249 asalariados hay un 4,16% de empresas, y sólo un 0,14% de las empresas registradas tiene 250 o más asalariados, de las que, por fin, 179 tienen 5.000 o más asalariados.
No cabe duda de que las rentas de la propiedad y la empresa son muy importantes (469 millardos de euros frente a los 730 millardos de las rentas laborales ajustadas), pero la visión convencional está un tanto distorsionada por el prejuicio de que los accionistas son todos unos sujetos con chistera y puro. Ya hemos dicho que entre los asalariados figuran los altos directivos de las grandes empresas con 250 o más asalariados, de las que hay 4.720, repetimos, un 0,14% de todas las existentes en nuestro país.
Pues con el mismo énfasis hemos de decir que entre los millones de accionistas de las empresas españolas se encuentran millones de trabajadores, pensionistas y jóvenes con ingresos medios o bajos cuyas rentas por dividendos o intereses de fondos invertidos en esas empresas son parte de sus ingresos anuales.
La visión de la sociedad, dividida interesadamente por algunos ideólogos en trabajo y capital es reduccionista y no responde a la realidad, incluso en un país tan alejado de la libre empresa como España. Las estadísticas tampoco ayudan por sus limitaciones a la hora de diseccionar los variados roles económicos que confluyen en cada uno de los que, de manera simplista y manifiestamente impropia, caracterizamos como, dicotómicamente, trabajadores o empresarios. Aunque esos mismos datos son claros en sus implicaciones a nada que se opera una disección elemental de aquellos sin necesidad de entrar en investigaciones en profundidad.
Estos datos no revelan, porque no es su misión, la cruda realidad de la pobreza y la desigualdad, que son hoy, en España, problemas acuciantes. Entre otras cosas porque se ha parado el ascensor social. Pero apuntan a una solución de ambas lacras: la inclusión de los trabajadores (asalariados y autónomos) en un mejor acceso a los frutos del trabajo y, también, del capital. El poco trabajo de calidad que hay está concentrado, tanto o más, que el capital. La desconcentración del trabajo de calidad no se producirá por Real Decreto Ley, sino mejorando la calidad de la educación, especialmente la pública. Tampoco se desconcentrará la riqueza repartiéndola per cápita, sino facilitando el acceso a las finanzas y a la educación financiera de la población. Si, en vez de ahorrar en vivienda, los trabajadores hubiesen ahorrado en participaciones de sociedades de inversión inmobiliaria y en empresas avanzadas globales, hoy los alquileres de la vivienda serían más reducidos y el crecimiento económico mayor y más equilibrado.
