El asunto de los desahucios ha revelado un malestar social que no dejará de crecer mientras persevere el paro y vayan en aumento los que están a la quinta pregunta, o a la séptima o la novena, y no sigo con los numerales por no aburrirles. Esto cae de por sí, o, como se decía antes, son habas contadas. Pero existe un segundo aspecto, un poco más secreto, y muy importante también. Muchas de las especies que se han oído con motivo de los desahucios revelan importantes diferencias sobre lo que significa la democracia. A esta vacilación objetiva se puede contestar de dos maneras: o afirmando que muchos andan legos en materia democrática, o reconociendo que la propia idea de democracia está afectada de una indeterminación objetiva. La tesis que voy a defender aquí es, más bien, la segunda: es más sencillo proclamarse demócrata que comprender con precisión a qué se ha apuntado uno después de haber hecho esa proclamación. La dificultad no estriba en que los ciudadanos de a pie, por falta de conocimiento o de luces, no hayan conseguido apresar bien el concepto. El asunto es más grave: ni los teóricos de la cosa, ni los que gobiernan en nombre de la cosa, terminan de tener las cuentas claras. Esta oscuridad, además, es irremediable. Expresado lo mismo en términos estrictamente políticos: no sería posible decantarse por un modelo ideal sin que saltaran por los aires los equilibrios que nos permiten ser confusamente democráticos. No queda otra que ir tirando, a la procura de que el tinglado se mantenga en pie el mayor tiempo posible. Pero no quiero apartarme todavía del contencioso concreto de los desahucios, que todos conservamos fresco en la memoria y que suscita emociones identificables y vivas.
Hace unas semanas, una señora en Baracaldo se tiró por la ventana en el momento en que las autoridades judiciales iban a proceder al desahucio de su casa. Se trataba de alguien que, sin ser opulento, tampoco podía pasar por pobre. Pero esto, a nuestros efectos, da lo mismo. Se habían producido antes otros suicidios, y se levantó un clamor popular con anuncios de boicot a la ley, o casi, por parte de organizaciones judiciales y sindicatos de policía. El sentimiento de indignación reposaba sobre una ecuación simple: los bancos son ricos/poderosos/culpables, y no hay derecho a que a una persona la dejen al raso porque no ha podido pagar la hipoteca a fin de mes. Hubo peticiones de una amnistía general para los deudores; se exigió una reforma exprés de la Ley Hipotecaria, y así sucesivamente. Los partidos se reunieron para adoptar medidas, con desmarque y reservas finales del PSOE, el cual, de todas maneras, prefirió adoptar un perfil bajo y no hacer sangre. Los medios de comunicación resumieron todo esto bajo un lema simple: los políticos habían tenido que moverse empujados por la presión social. El Gobierno anunció finalmente algunas providencias modestas. Se concedía una moratoria a quienes quedaran por debajo de ciertos niveles de renta, y se creaba un fondo social para facilitar, en tal o cual caso, vivienda alternativa al desahuciado. El episodio catalán vino a monopolizar a continuación las cabeceras de los diarios, y en estos momentos estamos hablando de otras cosas. Pero la turbulencia volverá en algún instante a ocupar el centro de la atención pública. Independientemente de esto, la ocasión es buena para formularse cuestiones de carácter, por así llamarlo, general. La más obvia es la siguiente: «¿Debe el Gobierno, o está obligado el parlamento, a poner en práctica, de modo fulminante, los consejos que promueve un estado de opinión abrumador, o, por lo menos, predominante?».
Tras la tragedia de Baracaldo, circularon cifras desorientadoras. Se habló, por ejemplo, de cuatrocientos mil desahucios por año. Todo el mundo se puso a pensar en cuatrocientas mil familias durmiendo, de pronto, bajo las estrellas, y traspasadas por el frío de noviembre. Al parecer, si se quitan los desahucios de comercios tronados, de terrenos rústicos, y de segundas viviendas, resulta una cifra más modesta: dos mil. Dos mil desahucios de primeras viviendas, esto es, de familias que se tienen que ir, literalmente, a la calle. Mil tragedias multiplicadas por dos, son muchas, aunque menos de las que se han alegado. Señalo esto porque la indignación, incluso la santa indignación, multiplica las especies hasta hacerlas innumerables, como las lenguas de fuego en Pentecostés. Se queda el siniestro, en fin, en menos de lo que se pensaba, y en mucho más de lo deseable. Aparte de esto, que no es una fruslería, el Gobierno encogió la mano por razones de índole, pongamos, prudencial, que es una manera como cualquier otra de decir que, antes de darle un gusto al cuerpo, conviene prever lo que le ocurrirá al cuerpo después de que se le haya dado el gusto. Varias consideraciones atemperaron la energía justiciera del gobierno:
1) Una amnistía general habría dado al traste con los balances de los bancos, que se habrían quedado sin las garantías que les permiten adquirir deuda en los circuitos internacionales –hablando en plata: se habría interrumpido el gota a gota del Banco Central Europeo, fuente nutricia de nuestra banca en estos tiempos de plomo–.
2) El hundimiento del sistema financiero habría causado una catástrofe en toda la economía. Fatalmente, el país habría entrado en quiebra.
3) La amnistía habría destruido durante generaciones el mercado inmobiliario. En efecto, nadie vendería un piso, si no existiese la seguridad de que el adquiriente esté obligado a devolvérselo en caso de impago.
Hay que añadir algunas reflexiones de naturaleza moral, en absoluto desdeñables. Detrás de los bancos existe mucha gente modesta que tiene en ellos sus depósitos, o que ha destinado sus ahorros a comprar acciones. Esta gente habría experimentado el equivalente de una expropiación, y con frecuencia, de una ruina. Además, no habría resultado fácil impedir que la amnistía se extendiera a los alquileres. Nueva paralización del mercado, y nuevo quebranto para muchos particulares, en absoluto ricos, que han preferido invertir en pisos antes que en fondos de pensiones y otros inventos por el estilo.
Estos hechos evidentes eludieron la atención de los españoles partidarios de la amnistía. No de la clase política, que está deteriorada, pero que, a pesar de todo, mantiene una visión un poco más panorámica de las cosas que afectan a todos. Los buenos sentimientos, no contenidos ni ponderados por la reflexión, nos habrían llevado, en una palabra, al desastre. Éste, como veremos dentro de un rato, es el principal argumento en favor de la democracia indirecta –de la que hablaré, igualmente, dentro de un rato–. Sucede, sin embargo, que las castas políticas están expuestas a pervertirse. En ocasiones, desempeñan mal su trabajo; a veces, roban; y no infrecuentemente, y según de qué país se trate, prevarican, holgazanean y roban al mismo tiempo. ¿Qué hacer entonces? La ciencia política, y la experiencia, suministran respuestas parciales. El voto democrático expulsa del poder al mal gobernante –en rigor, al partido que lo sostiene–; los mecanismos constitucionales –división de poderes, etc.– impiden que los desafueros rebasen determinados límites; la prensa está al acecho y denuncia los abusos graves, e così di seguito, que dirían los italianos. Es común a estas observaciones suponer que la democracia posee la virtud de autorregularse, o, si se prefiere, dispone de termostatos institucionales que generan una reversión al equilibrio cuando los negocios colectivos comienzan a salirse de madre. Por supuesto, esto no ha ocurrido siempre, es más, existen muchos casos en que, desgraciadamente, no ha ocurrido en absoluto. Entonces se desploma el poder, y pasa cualquier cosa. Lo que no ha ocurrido nunca es que esa cosa alternativa venga a coincidir, de modo duradero, con la democracia directa. Los entusiastas de Internet alegan en ocasiones que ahora es distinto, porque existe una tecnología que facilita la participación directa del ciudadano en el gobierno de un país. Esto, y sepan excusarme la franqueza, marra por entero la diana. Por muchas teclas que se pulsen en el ordenador –o el teléfono móvil, o el iPad– subsiste un problema lógico inmune al desarrollo de las tecnologías: y es cómo proceder cuando mucha gente discrepante y con frecuencia poco informada debe sujetarse a una decisión que compromete a todos. Sólo existe una vía –si es que hemos apostado por la democracia directa–: dejar que en cada caso se lleven el gato al agua los que forman mayoría, esto es, los que concurren en adoptar la solución más votada entre las diversas que un caso propone a la atención general. Esto no ha salido nunca bien, por razones harto conocidas que sólo de paso mencionaré aquí. Una es que los casos cambian y, por tanto, también las mayorías, de donde resultaría un demos indefinidamente fragmentado en facciones contrapuestas. Sería la casa de tócame Roque y, al cabo, la violencia civil. Otra, que no tiene gracia que a uno le caiga en suerte cada vez que es minoría, apechugar con lo que determine la mayoría. Quedan más razones, de las que sólo mentaré una obvia e importante: en torno a la mayor parte de los hechos, sabemos poco, puesto que no nos tocan de cerca. De ahí que la suma de votos ofrezca saldos por lo común erráticos. Todos estos extremos son tan viejos como el propio pensamiento político. E Internet no ayuda en absoluto a salir de miserias.
En resumen: la democracia directa sólo puede invocarse de forma útil en momentos excepcionales –un reférendum determinó la caída de los Saboya en Italia, poco después de concluida la Segunda Guerra; un referéndum sirvió para consagrar nuestra Constitución en el 78; otro para permanecer en la OTAN–. ¿Entonces? ¿Hemos de proscribir la democracia directa, enviándola al lazareto de los trastos inservibles? No vayamos… tan deprisa. Basta hacer un poco de arqueología política, es decir, basta estudiar de dónde proceden nuestras ideas e instituciones, para caer en la cuenta de que la democracia directa interviene como un ingrediente moral, a veces no detectado, en todas las democracias, incluidas las indirectas de ahora. Reconocerlo es importante, porque siempre es bueno saber dónde está uno realmente, aunque sea propenso a olvidarlo. Así que voy a ser, a un tiempo, ingenuo y radical. Voy a hacerme… la siguiente pregunta: ¿qué es la democracia?
¿Qué es la democracia?
Me aproximaré a la cuestión haciendo lo mismo que el aparato visual humano cuando percibe los objetos en profundidad. El ojo izquierdo obtiene una imagen plana de A, el derecho otra distinta, y de la composición de las dos imágenes resulta la visión de A en tres dimensiones. En el experimento que viene a continuación, propondré dos ideas de la democracia. Pero comprobaremos que, aun difiriendo mucho entre sí, estas ideas están animadas, cada una, de una dinámica interna que las fuerza a converger. Al hacerlo, dibujan una idea compleja, nuestra idea de la democracia.
Imagen uno: es característico de las naciones democráticas el que todos los ciudadanos puedan considerarse moralmente iguales. Por descontado, la igualdad moral lleva aparejada la igualdad frente a la ley. Es incluso lícito argumentar a la conversa: no tendría sentido reconocer como iguales frente a la ley a los que no se ha reconocido de modo previo como moralmente iguales. Las dos cosas, pese a todo, no son la misma cosa, al menos, en términos psicológicos y vivenciales. No puedo resistir la comezón de hablarles de un caso que sucedió a Mme Roland, unos años antes de que estallase la Revolución Francesa. Estaba aún vigente, por aquellas calendas, el Antiguo Régimen, en que los franceses no eran iguales ante la ley –los nobles estaban exentos de impuestos; un plebeyo, o roturier, no podía ser oficial del ejército– ni, por supuesto, eran moralmente iguales. Mme Roland, a la sazón Manon Philipon –se encontraba aún en edad de merecer–, era una lionesa brillante, que había establecido relaciones con la nobleza local. Uno de estos nobles la invitó a cenar a su château, pero Mme Roland descubrió, para su consternación, que no le franqueaban el paso al comedor. Le echaron de comer en un anejo de la cocina, en lo que ahora llamamos un office. Un noble podía entretenerse oyendo las conversaciones de un plebeyo inteligente, pero las clases son las clases, y una cosa era entretenerse un rato con un pelón sin ejecutorias ni escudo de armas, y otra, sentarlo a su mesa. Mme Roland no olvidó nunca la afrenta. Con el correr de los años, se hizo importante. Se casó con un señor, plebeyo también, que llegaría a ser ministro en la fase inicial de la Revolución, fundó un salón, y acabaría por ser la Juana de Arco de los girondinos, lo que le costó después, como era habitual en esa época revuelta y sangrienta, la cabeza. Su marido murió también de forma violenta: después de decidir que no valía la pena seguir vivo tras la ejecución de su esposa, ni conducía a nada ocultarse de sus enemigos, garabateó en un papelito que era un hombre de honor, se apoyó en un roble, desenvainó la espada que llevaba embutida en su bastón, se puso la punta de la espada en el pecho, y empujó con fuerza, hasta quedar clavado en el tronco del roble. Se lo encontraron al día siguiente, cadáver y en posición enhiesta. Gozaba entonces de mucho predicamento la literatura sobre las gestas de los romanos mártires, desde Atilio Régulo a Catón, y el número de revolucionarios que se despacharon a sí mismos por las bravas, con cuchillos, lanzas, picas, rejones, o incluso clavos roñosos, desafía a la imaginación.
Pero estaba hablando de Mme Roland –o Manon Philipon–. El mensaje que recibió en el château fue, digámoslo así, contundente: usted disfrutará de toda suerte de encantos y virtudes, pero su origen la coloca en un plano inferior: y a eso tiene que atenerse, ya luzca el sol, ya caiga el agua a manta. Mme de Staël, la deslumbradora hija de Necker, ministro de Finanzas con Luis XVI y hombre muy rico, también lo pasó mal –no tan mal– en la corte de María Antonieta. Era, como digo, deslumbrante y rica. Pero era también una burguesa, amén de calvinista de confesión. Así que la trataron como a una parvenue, una advenediza. No importaba un ardite que su interlocutora fuera tonta, fea y, quizá, no muy rica. Bastaba con que fuera noble, para que entre las dos se abriese un abismo y se hiciera imposible el tipo de relación horizontal que rige entre dos amigos y, a fuer de amigos, iguales. La democracia es, justamente, la negación de esta diferencia. La desigualdad se percibe, sobre todo, en los modales y actitudes, o en lo que la gente de la Francia antañona llamaba mœurs. Los mœurs cambian más despacio que las leyes. La proclamación de la igualdad ante la ley no altera de modo automático las costumbres. A fin de que la igualdad legal encuentre un traslado, no digo total, sino significativo, en las costumbres, es preciso que ocurran otras muchas cosas. Por ejemplo, que la desigualdad de las fortunas no sea muy grande o, si continúa habiendo ricos y pobres, que los ricos no sean siempre ricos, ni los pobres, pobres. Es necesario, también, que las formas de ocio no difieran excesivamente según la clase, que los cargos públicos o muy apreciados estén abiertos a la carrera de los talentos, que cualquiera pueda casarse con cualquiera, y así de corrido. La economía de mercado ha contribuido poderosamente a la democratización de la sociedad, por mucho que, abandonada a sí misma, genere ricos y, de modo automático, deje a los que han tenido menos suerte, o menos talento para los negocios, o menos voluntad, en situación –relativa– de pobres. Repito: el mercado impulsa enormemente la movilidad social, a la vez que, y no se trata en modo alguno de una cuestión menor, orienta los recursos hacia formas de consumo masivas y, por lo mismo, populares. Es posible compendiar lo último observando que, en Europa o los Estados Unidos, casi todo el mundo ve los mismos programas de televisión. Suelen ser abominables, pero éste es otro punto. Además, en las sociedades europeas, y también, aunque menos, en la norteamericana, los recursos que produce la economía están sujetos a redistribución, con la consiguiente aproximación entras las rentas, aparte de importantes ayudas públicas en materia de sanidad, educación, et alia. El resultado es que nuestras sociedades han logrado recorrer una parte importante de la distancia que media entre el concepto abstracto de igualdad ante la ley y la igualdad de hecho. Muchos estiman que la democracia no ha avanzado lo bastante todavía. Quizá tengan razón. Lo que no se puede discutir es que vivimos, con diferencia, la mayor situación de igualdad que hasta ahora ha registrado la Historia, si se exceptúa a las microsociedades muy remotas, y en promedio anteriores al Neolítico, en que regía aún el comunismo primitivo. Advierto que no he dicho todavía una palabra sobre el pueblo soberano, las elecciones por medio de las cuales éste manifiesta su soberanía, y cosas similares. Pronto descubrirán por qué.
Acudo a una segunda concepción de «democracia». Conforme a esta concepción bis, una democracia es un artificio constitucional en virtud del cual sube al poder la instancia política que ha votado la mayoría. La democracia, en este sentido, comparte con las monarquías hereditarias una ventaja no baladí: se determina quién va a mandar sin necesidad de librar antes una guerra civil. En una democracia, el gobernante goza, sobre el papel, de la confianza de la mayor parte de los ciudadanos, una confianza que ha de renovarse transcurrido un número corto de años. Y deben existir, faltaba más, mecanismos eficaces de control del poder, mecanismos cuya ausencia permitiría al que está arriba mantenerse en su posición eminente contra la voluntad de quienes originalmente le apoyaron. Sobre el papel, una democracia, una democracia en tanto que puro mecanismo constitucional, no tiene por qué impulsar necesariamente la igualdad material entre los ciudadanos. Estos serán iguales, en la medida en que un hombre vale un voto, sea quien fuere el hombre. Y no más. Lo que no sea esto se deja al albur de las circunstancias. Reparen, invirtiendo ahora las perspectivas, en que no he hablado de la igualdad de costumbres, y todo eso.
Tanto la democracia 1 como la democracia 2 han encontrado exponentes y defensores que no reivindicaban por fuerza la otra versión de democracia. Esto se observa muy bien en el tipo de entusiasmo que, hasta hace no tanto, provocó en muchos el experimento soviético. No me refiero a éste como preámbulo de un segundo experimento cuya expresión sería el paraíso marxista, la sociedad sin clases en la que cada cual produce según sus capacidades, y consume con arreglo a sus necesidades. No, esto pertenece a una escatología metafísica que interesa quizás a los revolucionarios y, sobre todo, a los marxistas profesionales. Aquí tengo presente algo más prosaico, más congruente con los sentimientos de los ciudadanos corrientes. Lo que hizo atractivo, para cierta gente, el modelo soviético, era la idea de que en la URSS se disfrutaba un nivel de vida alto en promedio –no era verdad–, la igualdad era grande –existía una casta, la nomenclatura, pero sería injusto negar que eran más iguales entre sí los soviéticos, de nuevo en promedio, que los estadounidenses o los franceses–, y el personal se entregaba a una vida virtuosa y edificante. Se entendía que mientras nosotros, en Occidente, nos dedicábamos a gastar a tontilocas u oír música rock, los de allá consagraban su ocio al ajedrez, la música sinfónica y el estudio de la física y las matemáticas. Pura ilusión, hay que añadir. Pero bueno, da lo mismo. En la URSS eran más o menos iguales, y eran iguales, presuntamente, en términos de gran dignidad, y eso era la democracia. Lo era a despecho de que no se celebrasen elecciones, ni se cultivase la libertad política, y así sucesivamente. ¿De qué tipo de democracia se trataba? Cae de suyo: de la democracia 1.
Sucede, a la conversa, que se puede querer la democracia 2 sin desear la democracia 1. El modelo que más se aproxima a eso es el liberal puro, con algunas reservas o caveats. El entusiasmo por el gobierno popular no es una de las características sobresalientes entre los liberales clásicos. Hume, uno de los grandes entre los escoceses, habría preferido probablemente, puesto en el brete, una monarquía absoluta a un gobierno popular. Con el discurrir del tiempo, sin embargo, la posición más frecuente entre los liberales vino a ser que la democracia 2 integra un régimen mejor que los demás para preservar la ley. Un exponente claro de esta composición de lugar es Hayek. Lo que defiende Hayek es la libertad dentro de la ley. Solo en segundo lugar y subordinadamente, aboga por la democracia política. Pero no defiende la igualdad. Opina, por el contrario, que una aproximación asintótica a la igualdad, promovida por medios democráticos o no democráticos, concluiría por destruir la libertad. Sea como fuere, dice que «sí» a la democracia 2, y rechaza la democracia 1.
Ahora bien, ¿resulta posible sustentar, como no sea en el campo de la teoría pura, uno de los modelos, sin aproximarse al otro? Se me antoja muy difícil en la práctica. La noción de igualdad moral en sentido fuerte –democracia 1– conduce, de modo natural, a exigir que también los ciudadanos, en tanto que iguales entre sí y, por extensión, iguales a los gobernantes, terminen por tener participación en la gestión, directa o indirecta, de los asuntos generales. No rematar la jugada implicaría quedarse en el umbral en el que se detuvieron, allá a en tiempos de Luis XV, Quesnay, Mirabeau padre o Lemercier de la Rivière. Es decir, los fisiócratas. Los fisiócratas estimaban que una república –en el sentido laxo de la palabra– podía ser tutelada por una criatura excepcional: el legislador ilustrado, el que entendía mejor que los demás cuáles eran las buenas leyes y cómo debían aplicarse. De hecho, inventaron una expresión –«despotismo legal»– que designaba exactamente esta noción. Según una metáfora divulgada por Lemercier, poner coto al margen de maniobra del déspota legal habría sido tan estúpido como someter a censura a Euclides en materia de geometría. Euclides era un déspota de la geometría. ¿Por qué negar el derecho al despotismo a un tipo impuesto en los principios del gobierno perfecto? Las elites comunistas representaron para muchos, como he dicho, el equivalente al legislador fisiocrático. Pero subsiste una diferencia crucial: la igualdad no formaba parte del ideario fisiocrático. Sí lo hace del sistema de valores en que se sustenta la democracia 1. Es complicado declarar la igualdad de todos, y reservar el mando a un grupo de privilegiados de la inteligencia o la sabiduría. La democracia 1 está condenada a aceptar, a la larga, conceptos propios de la democracia 2. Hablando en plata, no es posible declararse demócrata en la acepción moral de la palabra, sin proponer mecanismos de participación popular en el gobierno.
También la democracia 2 está condenada, siguiendo un movimiento inverso, a abrirse a la democracia 1. La consigna de que un hombre vale un voto, ya se trate de Fulano, ya de Mengano, implica que, en algún sentido esencial, los hombres son iguales. Pero si son esencialmente iguales, resultará mezquino, o maniático, tratarlos sólo como iguales a pie de urna. Es más: muchos hombres no logran ser de verdad iguales porque la pobreza, o el prejuicio social, o accidentes de nacimiento independientes de sus méritos reales, les impiden ponerse a la altura de los demás hombres. Dicho con mayor rotundidad: una sociedad que no logra levantar al hombre por encima de las circunstancias fortuitas que lo debilitan o menoscaban injustamente es una sociedad intolerable desde el punto de vista moral. Resulta debatible en qué ha de consistir la paridad. Los sans-culottes, durante la Revolución Francesa, hablaban de égalité des jouissances: igualdad material absoluta. Otro tanto, más adelante, los comunistas. Esta es una posición extrema, radical. Pero son contemplables posiciones intermedias: desde las que auspicia un Estado Benefactor de dimensiones modestas, hasta las que propone la socialdemocracia avanzada. En cualquier caso, nos encontramos ante una aproximación y fusión parcial entre la democracia 1 y la democracia 2. En ese punto de encuentro están los europeos y norteamericanos contemporáneos. Esto plantea una cuestión obvia: ¿cómo conseguir que, en una sociedad inspirada por principios igualitarios, gobierne el pueblo? El interrogante estalló, con fuerza inaudita, y de modo descarnado, en 1789, en la Asamblea Constituyente francesa. Los términos en que se planteó el interrogante están afectados por el ambiente y los prejuicios de la época, y no pueden trasladarse, de modo literal, al debate contemporáneo. Conviene, sin embargo examinar el caso con detenimiento, porque de ahí arrancan casi todas las democracias europeas, con alguna excepción como la inglesa.
¿Cómo conseguir que gobierne el pueblo?
El pueblo, entendido como cuerpo soberano, o cuerpo de electores, integra una especie políticamente elástica. Les pondré un ejemplo sobre el que acumulo algunas precisiones. En 1882, Italia era un Estado que disfrutaba de una monarquía constitucional y que se encaminaba inequívocamente, como muchas otras naciones europeas, hacia la democracia. Por supuesto, existía un Parlamento, y los diputados lo eran por sufragio popular. Pero no podía votar todo el mundo. Era necesario ser varón, haber cumplido los veinticinco años, poseer un nivel mínimo de renta, y acreditar ciertos títulos académicos. Resultado: sólo podían emitir el voto seiscientos mil italianos, sobre un total de más de veintiocho millones. Una reforma electoral, decretada justo ese año, debilitó los requisitos, de resultas de lo cual el número de ciudadanos con derecho a colocar la papeleta en la urna se amplió… a dos millones. A eso se le ha llamado «democracia censitaria». Habrá que esperar al período de entreguerras para que el censo electoral se dilate en Europa hasta comprender al conjunto de la población adulta (y ni siquiera: Francia e Italia no dan ingreso a la mujer en el sufragio hasta 1945, punto arriba, punto abajo).
Se han adelantado en esencia tres argumentos para restringir el voto. Los tres fueron expuestos con especial perspicuidad por el diputado Barnave (otro que terminaría perdiendo la cabeza en la guillotina) en un discurso pronunciado en la Asamblea Constituyente el 11 de agosto de 1791. El primero de ellos, es que sólo pueden ser políticamente independientes los que son económicamente independientes. El segundo argumento, no arbitrario en sociedades en que los braceros, los campesinos en régimen de aparcería, los sirvientes y pequeños artesanos solían ser analfabetos, asevera que el derecho al voto exige luces, y las luces suelen ir aparejadas a la propiedad. El último argumento es que el propietario está más conectado con los intereses de la nación que el que no lo es, razón por la cual tenderá a desempeñarse como elector con mayor sentido de la responsabilidad que aquél que vive de un salario.
El argumento basado en la propiedad, establece una ecuación entre riqueza y responsabilidad claramente interesada, según insistieron en subrayar, no sin razón, los socialistas a lo largo del siglo XIX. En los tiempos candentes de la revolución, el debate sobre la representación giró, desde luego, en torno al censo, pero también se inspiró en la contraposición entre la democracia directa y la indirecta. El autor intelectual de tesis que aún perduran fue el abate Sieyès, uno de los grandes protagonistas de la Asamblea Constituyente.
Al escribir «democracia indirecta», estoy incurriendo en un anacronismo que no carece de interés. En efecto, nadie decía en la Francia revolucionaria «democracia indirecta», una contradictio in terminis en el lenguaje de la época. Se hablaba, bien de «democracia», la cual se interpretaba automáticamente como democracia directa, bien de «gobierno representativo», que es lo que entendemos hoy como «democracia indirecta» o «parlamentaria». Casi todos los parciales de la democracia directa eran seguidores de Rousseau. Se salió de la regla Sieyès, rousseauniano y, a la vez, enemigo de la democracia directa. En línea con su difunto maestro, Sieyés manejó, por escrito y en los debates de la Asamblea, el concepto de «voluntad general». Pero imprimió a la idea un cambio radical. En sus libros políticos, sobremanera en el Contrato, Rousseau había combinado la mística con una devoción anacrónica hacia las repúblicas antiguas. La visión rousseauniana del proceso de deliberación democrático remitía al ágora y al foro, donde los ciudadanos congregados se pronunciaban tumultuariamente en favor de esta medida o la de más allá. Este modelo planteaba dos cuestiones. La primera es cómo interpretar la victoria de la mayoría sobre la minoría. ¿Como el resultado de contar votos, y conceder la palma al grupo más numeroso? Esto no sonaba bien, puesto que el grupo más numeroso puede equivocarse. E, incluso en el caso de que no se equivoque, su predominio sobre el menos numeroso tuerce la voluntad de éste, que puede llamarse a partido y afirmar que está siendo oprimido por la mayoría. La contestación de Rousseau, como he dicho, adquiere, en algunos pasajes del Contrato, coloraciones místicas. La decisión de la mayoría no sólo debe ser aceptada por la minoría, sino que el ciudadano al que le ha tocado bailar con la más fea descubre que su voluntad, en realidad, había sido siempre afín a la de la mayoría. No acierta a determinar lo que realmente ha querido siempre hasta que la asamblea elige un camino, momento en el cual ve, contempla, percibe, que su disidencia abrigaba carácter ilusorio o, más valdría decir, alucinatorio. En la democracia rousseauniana no existen discrepancias, puesto que, entonces, también existirían facciones, y lo que resulta al final es que todos concluyen por ser uno, prodigiosamente y sin que se comprenda muy bien cómo. Naturalmente, la mística no sirve para la práctica política, y en los debates de la Constituyente la “voluntad general” se equiparó desde el principio a la voluntad de la mayoría, en la acepción vulgar de la palabra.
La segunda dificultad se refiere al tamaño de la asamblea. En Atenas, o en la Roma de las Décadas de Tito Livio, todo el cuerpo electoral se las arreglaba para encontrar cabida en un recinto. El entusiasmo ciudadano era, dicho sea de paso, manifiestamente mejorable: en Atenas se pagaba a un ateniense un canon por asistir a la ecclesia o asamblea democrática, al principio de un óbolo, y finalmente, de tres –Aristófanes, un hombre políticamente reaccionario, suelta chuscadas sobre el caso en La asamblea de las mujeres–. Pero Francia alojaba veintinueve millones de almas –los franceses se contaban a sí mismos mal e invocaban cifras por debajo de la población real: por ejemplo, veinticuatro millones (Lally-Tollendal) o veintiséis millones (Sieyès)–. La democracia directa, en una palabra, no es practicable en un país populoso, y por lo tanto, no lo era en la Francia de finales del XVIII. Unos años antes, Rousseau había enfilado esta dificultad apelando al mandato imperativo, un arbitrio típico del Antiguo Régimen. Los parlamentos que convocaban los Capetos, continuación histórica de los parlamentos medievales, servían, en esencia, a los propósitos fiscales de la corona. El rey necesitaba dinero, o, lo que es lo mismo, estaba precisado a negociar los impuestos con sus contribuyentes –nobles, magnates de la Iglesia, ciudades y burgos–. Los parlamentos reunían a los representantes de los sujetos imponibles, los cuales chalaneaban con el monarca cantidades y plazos. Existía el peligro de que la curia real intentase engrosar el cobro sobornando a los parlamentarios. Y se determinó salir al paso de esta contingencia fijando en términos estrictos qué estaban autorizados a pagar quienes hablaban en nombre de los pagadores.
De aquí viene el mandato imperativo. En Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, Rousseau aplicó este expediente añejo con el propósito teórico de someter a control las iniciativas de los representantes del pueblo, los cuales no debían, so pena de exceder o traicionar la voluntad de los votantes, ir más allá de las instrucciones que hubieran recibido de éstos. No había otro modo de conciliar la democracia directa con la representación, y éste fue el artificio propuesto por Rousseau para que la voluntad general se hiciera presente en una nación impedida, por su tamaño, para concentrar a todos los electores en un solo lugar. De nuevo, Sieyès se las ingenió para ser antirousseauniano a partir de principios rousseaunianos. La idea de Sieyès es que cada diputado representa a toda la nación, o expuesto lo mismo alternativamente, que cada diputado habla en nombre de la voluntad general. ¿Cómo se configura ésta? Aquí entra de nuevo Rousseau, aunque de forma, digamos, secularizada. Los representantes, que son gente ilustrada, discuten las cuestiones, penetran en su esencia, y terminan por abrazar acuerdos que, a fuer de racionales, persuaden a todos. Como era de prever, Sieyès aboga también por un sufragio severamente restringido. De hecho, defiende que sólo los ricos, los que pagan impuestos directos altos, sean elegibles como diputados. Los ricos son, por lo común, más ilustrados que los pobres y, por las razones que se han explicado antes, se hallan más íntimamente vinculados a los intereses de la nación. El sufragio censitario habría dejado fuera de juego al propio Rousseau, ilustrado y, al mismo tiempo, pobre –como bien señaló el futuro guillotinado (¡otro!) Desmoulins–. Pero no se puede hacer una tortilla sin romper antes los huevos. Lo curioso del caso es que Sieyès, que había separado a la aristocracia de la nación en Essai sur les privilèges, habilita una nueva aristocracia, formada, por así decirlo, gracias a dos procesos de destilación. Primero, tenemos a los electores (ciudadanos activos). Después, a los que han sido elegidos por los electores. Los primeros de modo mediato, los segundos de modo inmediato, son los encargados de definir los intereses del pueblo. Esta nueva aristocracia, al revés que la nobiliaria, no mira por sí, sino por todos. Pero se trata, de todas formas, de una aristocracia, en la acepción más exigente de la palabra: deben mandar… los mejores. A los demás franceses se les reconocen los derechos civiles, aunque no los políticos. Entran en la categoría, acudiendo de nuevo a la terminología de Sieyès, de ciudadanos pasivos.
Nuestro sistema democrático deriva del ideado por Sieyès, o, siendo más exactos, resulta de aplicar a aquél una serie de cambios que preservan, parcialmente, la estructura original. Permanece el principio de la democracia representativa o indirecta; y asimismo, por compensación o a modo de reparación, la prohibición del mandato imperativo. Lo veda expresamente el artículo 68 de nuestra Carta Magna, en su apartado segundo: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Es decir, se entiende, como en tiempos de Sieyès, que un diputado no obtiene su acta para actuar como procurador de quienes le han votado. Del diputado se espera, ni más ni menos, que encarne a la nación entera. A semejanza también de Sieyès, creemos, o fingimos creer, que los representantes del pueblo son sujetos esclarecidos, animados por la voluntad de determinar lo que es mejor para los españoles en su conjunto.
Ambos supuestos presentan, a día de hoy, los signos propios de lo que se conoce en la teoría de la evolución como un «atavismo». Al tiempo que iba ampliándose el censo, la democracia derivó progresivamente hacia fórmulas parlamentarias, las cuales admiten la existencia de partidos, es decir, de agrupaciones que se mantienen juntas en pos de objetivos difícilmente asumibles por los ciudadanos en su totalidad. Los contemporáneos de Sieyès no habrían dudado en calificar a los partidos como «sectas». La agrupación que cuenta por lo menos con la mitad más uno de los escaños o, en su defecto, una coalición de agrupaciones, se constituye en mayoría parlamentaria, mayoría sobre la que se sostiene el gobierno. Con frecuencia, la mayoría ha conseguido serlo con el concurso de un puñado de apoyos dimanante de un partido cuya base electoral es menguada. Cuando sucede esto, la pequeña fuerza de retén suele influir desproporcionadamente en la acción legislativa. Y no sólo promueve leyes orientadas a fines muy concretos, por lo común ajenos al programa del partido más votado, sino que, a través del gobierno, se instala en la Administración y provee de cargos y prebendas a sus parciales y amigos.
El comportamiento e idiosincrasia de los diputados difiere asimismo, aparatosamente, de lo que está establecido en los manuales revolucionarios de buen comportamiento democrático. De ello hemos llegado a estar harto instruidos los españoles contemporáneos. En nuestro país se votan listas cerradas, encabezadas por las siglas de un partido. La consecuencia inevitable es que es este último, y no el candidato individual, el que recibe el sufragio. En realidad, los diputados son el material de relleno de una estructura partidaria que pende a su vez del presidente del partido o de su secretario general. Son éstos los que se presentan a las elecciones; son éstos los que alcanzarán el poder si les acompaña la fortuna. Y el poder no se resume sólo en el honor y la alta responsabilidad anejos a ser el jefe del Ejecutivo o impulsar, a través del parlamento, las leyes que conformarán la vida colectiva. Además, el vencedor de las elecciones accede a enormes recursos públicos, recursos que, por una u otra vía, generan empleo entre los políticos y, asimismo, medios materiales para seguir haciendo política. Todo esto es más importante, en la praxis democrática contemporánea, que los despliegues ideológicos o el canto de tenor de un diputado cuando se sube al ambón y expone e intima el punto de vista de su grupo ante el pleno. De hecho, el parlamentarismo como forma retórica, o dialéctica, o lo que sea, el parlamentarismo como efusión de ideas, sugestivas o moralmente convincentes, ha desaparecido sin dejar rastro. As a matter of fact, los diputados no piensan, porque para eso, para pensar, están los apparatchik que rodean al jefe del partido. El diputado sirve, en el mejor de los casos, para echar su cuarto a espadas en el sordo laboreo que ayuda a su organización a adquirir tamaño y peso en la circunscripción por la que se presenta. Pero esto exige ante todo paciencia, tenacidad, conocimiento de la red de conexiones locales. Las ideas cuentan poco, al extremo de que el diputado, cuando es inteligente, se divide en dos. Por su mitad externa, se comporta como un autómata al servicio del partido. Por su mitad interna, cultiva nociones o posiciones personales que no se comunican a la otra mitad. Un diputado que hiciera valer todo lo que va envuelto en la prohibición constitucional del mandato imperativo, un diputado que se permitiera ser un servidor de la nación, de la Nación con mayúsculas, no duraría en sus funciones más allá de una legislatura.
Es verdad que unas democracias están animadas de mayor vitalidad que otras. Es verdad que el sistema electoral puede extremar determinadas patologías. Pero cuando se juzga el parlamentarismo de todos los países, y de todas las épocas, al trasluz de los principios fundacionales de la democracia, de lo que ésta, intermitentemente, pretende ser, lo que se aprecia no es la idea original sino un sistema de asalto organizado a los recursos públicos. Exagero, claro, aunque no del todo. Sea como fuere, estas realidades estimulan al desconsuelo, aunque también autorizan el consuelo: las democracias, comparadas con otras formas de gobierno, han funcionado bastante bien, y, lo que es más importante, han esquivado monstruosidades a las que son propicias las dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas. Más urgente, por ende, que preguntarse qué tendría que ocurrir para que la democracia estuviese a la altura de sus aspiraciones teóricas –nunca lo estará–, es examinar por qué se mantiene en pie –cuando logra hacerlo–, y, de modo complementario, cómo se cuartea en aquellas coyunturas históricas en que entra en crisis franca. El fenómeno de una crisis democrática es apasionante, máxime si se estudia desde los tropos que confieren su acento, su prestigio, a la democracia ideal. Lo hemos comprobado en España, recientemente, con motivo de los indignados. En esencia, éstos han revertido a las consignas –recusación del gobierno representativo, invocación del pueblo, apelación a la unanimidad– que caracterizan a la democracia rousseauniana o directa. Esta nostalgia es ingenua, aunque no baladí, ya que la democracia real, real en el sentido de existente, integra un desmentido constante de la democracia ideal e inexistente. Les sugiero una analogía. Nadie, nadie en absoluto, está a la altura de los principios morales que teórica, y muchas veces sinceramente, profesa. Y vamos trampeando, es decir, vamos mancillando la estampa en que está puesto lo que querríamos ser. Hasta que llega la crisis. Psicológicamente, estar en crisis es ser incompatible con lo que se es. O mejor, estar en crisis es no soportar la incongruencia entre lo que se es y lo que refleja la estampa ideal que hasta la fecha habíamos colgado enfrente de nuestra mesa de despacho –o de nuestro lecho matrimonial–, y que contemplábamos como un dechado piadoso, un recordatorio, un himno a virtudes innegables… pero de ninguna manera urgentes. Entonces se desata la protesta, lo que los fascistas denominaban insofferenza. Con el detalle de que aquellos a quienes no sufrimos ya somos nosotros mismos. Insisto en este extremo, porque afecta al flanco más débil, moralmente hablando, de los indignados. La degradación de los partidos, y todo eso, alimenta, pero recibe también sustancia nutricia, de los ciudadanos. La corrupción es mancomunada. Formulado de otra manera: la política, de acuerdo, está en crisis, pero la política, si bien se mira, comprende a los políticos profesionales… y sus clientelas. Los indignados hasta el fondo deberían estarlo también consigo mismos. La reflexión invita a la modestia. No existe un culpable foráneo, un tipo que opera ultrapuertos de nuestras vidas. Nos hemos degradado de consuno. Y nos hemos degradado porque somos degradables y porque, ¡qué diablos!, el tinglado no ha funcionado tampoco terriblemente mal. Ha funcionado hasta el momento lo suficiente, con tendencia progresiva a ir hacia abajo, y, desde luego, ha funcionado mejor de lo que no habría podido llegar a funcionar jamás: la estampa inmaculada en el testero de nuestra oficina o nuestra habitación. Conviene, en fin, no dormirse en los laureles, aunque tampoco perder la cabeza. Enumero a continuación qué es necesario que se cumpla para que las democracias, con su corrupción intrínseca, se mantengan en pie, y termino con un apunte histórico.
Conservando la horizontal (o quizá no)
Comprimo en un palmo de terreno (o de escritura) lo esencial. Las democracias actuales proclaman soberano al pueblo, pero confían el poder a una elite política. Se asevera, también, que la ley ha de perseguir el bien de todos, y responder a las exigencias e inspiraciones de la voluntad general. Sin embargo, no es la voluntad general la que hace la ley. La ley la hace el grupo que sostiene al Ejecutivo en el parlamento, es decir, una mayoría negociada por las sectas políticas que llamamos «partidos». El carácter esquizofrénico de la democracia, su ocupación de un plano real que apenas se roza con otro postulado e ideal, encuentra expresión en la supervivencia formal de determinadas cláusulas, por ejemplo, la prohibición del mandato imperativo. Los revolucionarios del 89 recusaron el mandato imperativo porque no estimaban compatible con la idea democrática que la representación popular consistiese en una agregación o batiburrillo de representaciones particulares. Resultaría lunático, no obstante, pretender que un diputado del PP, o del PSOE, o de CiU, o del PNV, es un órgano humano a través del cual se expresa el sentir de toda la nación. ¿Qué ha de ocurrir para que la democracia aguante, pese a encontrarse en contradicción permanente consigo misma? Ahí van algunas observaciones, pergeñadas a vuelapluma:
1) Todas las constituciones democráticas alojan providencias cuyo objeto es impedir que los intereses particulares predominen en exceso sobre el interés general. Por ejemplo: ciertas leyes, especialmente formidables por sus consecuencias, han de ser aprobadas por una mayoría cualificada (superior a la mitad más uno: no entro en detalles).
2) El tamaño de los partidos cumple asimismo una función esencial. Cuando todos los partidos son pequeños, y la mayoría parlamentaria surge de una combinación casi azarosa de grupos menguados, con pocos diputados por barba, la democracia es un caos. No tal, o no por fuerza, cuando dos partidos hombrean abrumadoramente sobre los demás. Entonces suele gobernar uno de los dos partidos, con el concurso ocasional de un tercero, gracias al cual el partido más votado puede formar mayoría. Interviene aquí, por supuesto, el sistema electoral. Ciertos sistemas propician la aparición de partidos grandes, en perjuicio de los más pequeños.
3) Aun con todo, se registran, de tarde en tarde, situaciones difíciles o enojosas. Las hemos vivido en España. Lo mismo el PSOE tras perder sus históricas mayorías absolutas, que el PP durante la primera legislatura de Aznar, tuvieron que apoyarse en CiU, la cual forzó políticas territoriales seguramente contrarias al parecer de las bases electorales socialistas o populares. En países como Alemania procura evitarse que un partido pequeño, con fuerte raigambre local, influya desproporcionadamente en la gobernación, introduciendo una cláusula constitucional que deja al partido sin representación parlamentaria en aquellos casos en que no haya conseguido reunir, en el conjunto del territorio, más allá de tal y cual porcentaje sobre el total de votos emitidos. Creo que el porcentaje, en Alemania, es del 5%. Ni CiU ni el PNV habrían obtenido escaños en el Congreso de haber estado vigente en España un sistema como el alemán.
4) Estas cautelas constitucionales, orientadas a evitar el abuso de las minorías, eliminan o reducen la representación de masas ciudadanas numéricamente considerables. Se registra aquí una nueva paradoja del sistema parlamentario. El principio «un hombre/un voto» parece exigir un segundo principio, de nivel superior: tanta representación como votos se han recibido. Pero, entonces, la democracia naufraga. Para que ésta no naufrague es preciso que unos votos terminen valiendo mucho más que otros.
5) La ingeniería constitucional es importante, aunque en absoluto suficiente. Por inteligente que sea el diseño constitucional, la democracia no funcionará si los partidos no son sensatos o no aciertan a contener dentro de límites su tendencia a valerse de las ventajas que proporciona el poder. En particular, resulta de primerísima importancia que se tengan presentes, aunque sea de modo imperfecto, desleído, los intereses generales.
6) Lo último nos devuelve a la prohibición del mandato imperativo. En rigor, integra, como he dicho, un atavismo. Pero se trata de un atavismo pertinente. Olvidémonos de los diputados, los cuales han renunciado su independencia de juicio y operan como cojinetes o cadenas de transmisión de las estructuras partidarias. Es exigible que los cabezas de partido conserven un mínimo de patriotismo, es decir, sepan a partir de qué momento los intereses de las agrupaciones que gobiernan son seriamente contrarios al interés general.
7) En el caso de España, cabe medir el deterioro democrático comprobando el que han experimentado los propios partidos. Éstos pueden dividirse, con alguna excepción, en dos categorías: los que han entrado en fase de disolución y los que operan como formaciones cerradas, casi militares. Cuando ocurre lo último, las ideas no se discuten, se bloquea la comunicación con los ciudadanos, y toda corriente o desviación es interpretada como indicio de una apostasía, y combatida como tal.
8) Es absolutamente perentorio que la instituciones (justicia, organismos de supervisión, etc.) funcionen con un mínimum de independencia. Y también es necesario que sean independientes los medios de comunicación. Resultaría absurdo, añado en passant, pretender que los medios fueran integralmente independientes. En tanto que mediadores entre el poder y los ciudadanos, los medios se hallan en conexión con los partidos, y participan, indirectamente, en la pugna política diaria. Pero unos medios oficiosos y obedientes, unos medios porosos a las consignas que vienen de arriba, son letales para la democracia. En este momento, los medios en España dejan harto que desear.
9) Es peligroso, a la larga, que el Estado entienda en más asuntos de los que puede razonablemente resolver. En este sentido, la dilatación extraordinaria del Estado Benefactor representa un peligro para la democracia. No quiero sumarme, ¡cuidado!, a la tesis neoliberal de que basta el mercado para que una sociedad se organice, y que lo deseable es que los parlamentos no legislen apenas y el Ejecutivo se limite a garantizar el cumplimiento de las pocas leyes a las que se da curso. Esto es una fantasía, y, por lo mismo, una recomendación estéril. Recuerdo sólo que una desaforada intervención de la clase política en la vida civil genera fatalmente corrupción: conduce a la creación metódica de redes clientelares y a la perversión recíproca del ciudadano y del político. De lo último también tenemos constancia en España. Ni han mejorado las castas políticas a lo largo de la democracia (más bien, al revés), ni la participación de los españoles en la cosa pública es más intensa o generosa que al principio. Esto es como es, y hay que reconocerlo con valentía… y sin resignación.
He sentado nueve puntos. Podrían haber sido más, o menos, o podría haber agrupado los asuntos esenciales introduciendo divisiones distintas y matices de indudable porte. Da igual. He querido sólo transmitir una sensación. Cierro este blog interminable remitiéndome a un libro que ya no lee nadie, o no se lee fuera de tal cual universidad italiana: Storia d’Italia. Dal 1871 al 1915, de Benedetto Croce. Es importante recordar cuándo se publicó: en 1927, al poco de haberse asentado sólidamente Mussolini en el poder. El caso es que Croce, liberal a machamartillo, había cometido, no mucho antes, un error serio de juicio, lo que los ingleses denominan un misjudgment. El Estado liberal italiano que Mussolini derribó estaba profundamente corrompido. Los diputados eran notables locales, hipotecados hasta los ojos por los compromisos adquiridos con sus electores. En el parlamento se conjugaban intereses, se pasteleaba, se alcanzaban acuerdos a cencerros tapados. La vida democrática, en fin, estaba obstruida. Con la guerra, se soltó el coágulo: millones de excombatientes, casi siempre de clase media, bajaron a la arena nacional pidiendo un lugar bajo el sol. El que mejor comprendió la oportunidad que se le abría fue Mussolini, un periodista déclassé de origen campesino (había nacido en el Forlivese, una comarca de la Romagna) con pasado socialista y sus picos y repulgos de sindicalista revolucionario. Croce, que era senador vitalicio, pensó (con razón) que era preciso abrir el Estado liberal, más trasañejo que añejo, a las nuevas fuerzas, y estimó (equivocándose) que Mussolini era asimilable a la libertad, la democracia y la civilización. De resultas, apoyó a Mussolini tras la marcha sobre Roma, e incluso lo apoyó, votando favorablemente la moción de confianza, cuando se produjo el asesinato de Matteotti, jefe de los socialistas italianos. En 1925 comenzó la liquidación por Mussolini de las estructuras democráticas, y a partir de entonces Croce se las tuvo tiesas (uno de los pocos que no cejó en tenérselas tiesas) con el sátrapa romagnolo.
El libro de Croce es un homenaje conmovedor y realista al viejo, decaído, sistema liberal, con más agujeros que un colador, aunque infinitamente superior al orden totalitario que se dibujaba en el horizonte. Este homenaje era lo más que Croce podía hacer por desquitarse del breve pero grave estado de ceguera por el que había atravesado recientemente. Es obligatorio, en una palabra, rectificar muchas cosas, pero de aquí a enamorarse de la isla de san Borondón, y de sus riberas y fantásticos accidentes naturales, media un trecho grande. Atiendan bien: hay que aguantar. «Aguantar», por descontado, no es lo mismo que aguantarse.
