Hong Kong es un enclave democrático. China, un país totalitario. Es evidente que ambas fórmulas no pueden convivir en un mismo espacio político. Hasta ahora, esa realidad se había obviado con el apaño de Un país, Dos sistemas. Era el arreglo de un dirigente archipragmático como Deng Xiaoping para facilitar con los menores traumas posibles la integración de la antigua colonia británica en la República Popular y así se incluyó en la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984 ratificada en 1985. La región administrativa especial de Hong Kong pasó a la soberanía china el 1 de julio de 1997.
El traspaso se hizo bajo una serie de condiciones. Ante todo, Hong Kong gozaría de una mini-constitución propia, la llamada Ley Básica. En ella se disponía que el enclave mantendría su sistema económico capitalista y su propia moneda (dólar de Hong Kong), gozaría de su propio sistema legal y judicial, de sus propias instituciones políticas y de un amplio elenco de libertades públicas. La fase transitoria hasta la completa subsunción del régimen de Hong Kong en el de la China popular duraría cincuenta años, hasta 2047. Los ciudadanos de Hong Kong tienen sus propios pasaportes y es preciso pasar controles policiales al desplazarse al territorio de la República Popular y a la inversa.
Las relaciones con Pekín se mantienen por medio de una Oficina de Enlace que responde ante el Consejo de Estado (nombre oficial del gobierno de la República Popular). No es un organismo sin importancia: coordina con la representación local del Ministerio de Exteriores de la República Popular y con la guarnición en Hong Kong del ejército chino (entre diez y doce mil efectivos); favorece intercambios culturales y políticos con la República Popular; sigue la evolución de la opinión local respecto a China.
La interpretación del tratado de traspaso y su relación con la Ley Básica ha creado a lo largo del tiempo una serie de desacuerdos y enfrentamientos. El primero apareció en 2003 con motivo del proyecto de ley de Seguridad Nacional que definía en términos excesivamente vagos los delitos de traición, sedición y subversión contra el gobierno central y las interferencias extranjeras en los asuntos de la excolonia. Tras una gran manifestación de protesta el 1 de julio de 2003, el proyecto de ley no consiguió ser aprobado por la cámara legislativa de Hong Kong.
Otras promesas chinas para Hong Kong quedaron yermas y la frustración siguió su avance. En 2014 Pekín se negó a aceptar candidaturas independientes en las elecciones de 2017, lo que desencadenó la ocupación de Central, el distrito administrativo del territorio, durante 79 días. Una vez restablecido el orden, en las elecciones demediadas de 2017, Carrie Lam, la candidata de Pekín, obtuvo la jefatura del gobierno local. Tras aquel desafío, Pekín exigió a sus leales apretar las clavijas y Lam se convirtió en el instrumento idóneo para conseguir ese fin. La restricción de derechos se haría desde dentro del territorio y el protagonismo correspondería a sus representantes.
En 2019 su gobierno introdujo un proyecto de ley de extradición para permitir la entrega de sospechosos, presuntos delincuentes y eventuales fugitivos a territorios con los que Hong Kong no tenía un tratado de extradición, entre ellos Taiwán y la República Popular. Es decir, se abría una vía para extraditar sin mayores garantías a residentes de Hong Kong y a otras personas buscadas por las autoridades de Pekín para ser juzgadas en China y de acuerdo con las leyes de la República Popular.
A la presentación del proyecto le siguió un largo ciclo de movilizaciones que exigían su retirada. Las protestas fueron masivas y se mantuvieron firmes y mayoritariamente pacíficas pese a la creciente brutalidad policial y a los desmanes de algunos grupos radicales. Cada nueva muestra de represión ampliaba el movimiento de protesta. La investigación de la violencia policial, la liberación de los detenidos, la renuncia del gobierno a caracterizar las protestas como disturbios —lo que entrañaba mayores condenas judiciales para los participantes—y la dimisión de Carrie Lam se convirtieron en la causa de nuevas protestas. El proyecto de ley fue retirado en septiembre 14, 2019, pero ninguna de las otras reivindicaciones fue atendida. Las manifestaciones y los encuentros con la policía continuaron, pero descendieron en intensidad a principios de 2020 tras la aparición del virus de Wuhan y las medidas de confinamiento de la población.
Pese a las esperanzas de Pekín, Lam se mostraba manifiestamente incapaz de atajar las protestas. ¿Por qué Xi se mantenía en la mansedumbre en vez de imponer directamente un castigo ejemplar al movimiento democrático?
Hong Kong puede ser insufriblemente revoltoso, pero es un nudo financiero irremplazable. Aunque su contribución al conjunto de la economía china es menor que en 1997, su papel como puerta financiera de entrada —y salida—de la República Popular sigue siendo sustancial. Ante todo, desempeña un papel fundamental en la captación de inversiones exteriores. Desde 1997, las compañías chinas han obtenido allí fondos por valor de USD335 millardos, captando inversores extranjeros en mucha mayor medida que las bolsas de Shanghái o Shenzhen. Hong Kong es también, de lejos, el mayor mercado para la venta de bonos de compañías chinas que, como ha puesto de relieve Alicia García Herrero, pueden obtener sus préstamos en monedas fuertes y por plazos mayores que en la República Popular. Pekín necesita también de Hong Kong para sus deseos de convertir al yuan chino en una moneda global. Durante los últimos cinco años, Singapur ha procesado un 3,5% de transacciones denominadas en yuanes mientras que Hong Kong alcanzaba un 75,5%.
Hay pocas dudas de que el éxito económico de Hong Kong se debe precisamente a la superioridad de su sistema de gobernación democrática sobre el régimen totalitario de la China Popular. De no existir allí el imperio de la ley, la independencia judicial y el respeto a la propiedad privada, China vería mucho más limitada su presencia en la economía global. Hay también otras razones menos confesables. ¿Dónde podrían los capitalistas rojos colocar sus fortunas, ocultar su corrupción y apañar sus enjuagues con mayor seguridad que allí?
En los meses de pugna democrática y respuesta represiva la situación económica se deterioró rápidamente. La bolsa experimentó serias caídas, llegando a perder un 26% en sus peores momentos (marzo 2020); el comercio y el turismo entraron en barrena. Y las élites económicas locales se enfrentaban, horrorizadas, con un dilema cornudo: las protestas democráticas podían alarmar y retraer a los inversores extranjeros al tiempo que contemporizar con las peticiones de los manifestantes desencadenaría la condena de Pekín. Pero, si no lo hacían, ponían en su contra a una mayoría de sus trabajadores y de sus consumidores, muchos de los cuales participaban en los enfrentamientos con la policía.
Y Hong Kong reverberaba en otros ámbitos. En Taiwan, donde Xi planeaba una rápida reunificación con el mismo embeleco de los dos sistemas, las expectativas electorales de sus partidarios se tornaron baldías y la presidenta Tsai Ing-wen fue reelegida por una amplia mayoría en las elecciones de enero 11, 2020. En Hong Kong las elecciones de distrito el pasado noviembre 24 dieron una resonante victoria a las candidaturas democráticas.
Precisamente por eso, Hong Kong se ha convertido en un problema en busca de una solución urgente. Tras un largo tiempo de dudas, Xi Jinping ha decidido finalmente tomar por la calle de en medio.
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Desde un punto de vista formal, China tiene una estructura política similar a la mayoría de los países modernos, con órganos especializados en la propuesta y ejecución de actividades legislativas, administrativas y judiciales. Esa estructura ha sido aceptada y sancionada por la Constitución actualmente vigente, que es la cuarta en la historia de la República Popular. Fue aprobada en 1982 y ha sido objeto de diversas revisiones, la última de ellas en 2018.
La Constitución de 1982 dio estabilidad institucional al proceso de reformas económicas y políticas iniciado en 1979, la fecha convencionalmente aceptada para marcar el nuevo rumbo del país tras el período de dictadura personal de Mao Zedong. Tiene una parte dogmática donde se enuncian los derechos fundamentales de los ciudadanos de forma similar a como lo hacen las Constituciones de los países democráticos, pero no despliega mecanismos jurídicos para protegerlos.
A la cabeza de la República Popular se encuentra su presidente, un cargo desempeñado por el secretario general del Partido. La presidencia, empero, tiene un papel fundamentalmente ceremonial. El órgano supremo en la vida política del país es el Congreso Nacional del Pueblo, un parlamento unicameral responsable de elaborar y aprobar las leyes; proponer y nombrar a los más altos representantes del Estado; y supervisar las actividades del gobierno. Sus funciones son también ceremoniales, pues tanto por su composición como por sus mecanismos de funcionamiento, el Congreso no da un solo paso sin el impulso del PCC y bajo su estricto control. En definitiva, su función no es otra que estampar un sello de aparente legitimidad popular a decisiones previamente tomadas extramuros por los verdaderos protagonistas de la vida política china.
Con cerca de tres mil miembros, el Congreso Nacional del Pueblo es el parlamento más numeroso del mundo. Sus sesiones plenarias, que se celebran anualmente en el mes de marzo, responden a una coreografía muy elaborada. Junto a los trajes grises y las cabelleras perfectamente peinadas y teñidas de un negro juvenil que ostentan sus miembros, mayoritariamente hombres, las notas coloristas corren a cargo de unos pocos delegados, generalmente mujeres, que representan a las cincuenta y cinco minorías étnicas reconocidas en el país y se atavían con sus arreos típicos. Los parlamentarios se sientan en un amplio semicírculo, presidido desde un estrado más elevado por los órganos de dirección; llegan puntualmente a las sesiones; aplauden a rabiar cuando lo exige el guion; votan todo lo que haya que votar; no hacen preguntas inconvenientes porque sus intervenciones necesitan ser previamente autorizadas; y nunca protagonizan actos ajenos al protocolo. Son una eficaz metáfora de los súbditos obedientes y satisfechos que anhelan los dirigentes y que tantos analistas no chinos celebran como prueba de gobernación eficaz.
Tan pulida conducta pública es lo menos que puede exigirse a unos representantes que no son sino una excrecencia burocrática. Salvo por algunos empresarios y representantes de la sociedad civil designados ad hoc, los mecanismos de selección de los miembros del Congreso garantizan que la mayoría ostente una condición funcionarial y, por supuesto, sean miembros del Partido. Habitualmente el Congreso Nacional del Pueblo celebra una sesión plenaria anual en el mes de marzo. Durante el resto del año sus funciones quedan en manos de una Comisión Permanente que se reúne cada dos meses y es el verdadero ejecutor de las políticas previamente decididas por el Partido Comunista. Ritualmente, los medios de comunicación celebran las titánicas tareas desarrolladas durante sus sesiones y la importancia capital de las decisiones adoptadas.
En los mismos días de marzo sesiona también la Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, una coincidencia de actividades conocida como Lianghui, o Las Dos Sesiones, que crea la impresión de una intensa actividad política. En la realidad no sucede en ninguna de ellas nada que no haya sido previamente decidido por el Partido. La Conferencia, que carece de competencias legislativas, desempeña, sin embargo, un papel crucial en la dramaturgia política china.
Al igual que la Unión Soviética y sus antiguos satélites, el régimen chino niega ser unipartidista y la Conferencia le sirve de coartada en su diplomacia pública. El Partido la define como el Frente Unido y Patriótico del Pueblo Chino y agrupa en su seno a otros partidos, nominalmente independientes, pero firmemente controlados por el PCC. También forman parte de la Conferencia algunos individuos que el régimen define como demócratas independientes y personalidades nacionalmente relevantes, así como organizaciones de masas dependientes del Partido, por ejemplo, la Liga de la Juventud Comunista o la Federación China de Mujeres. La Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino actúa, pues, como un senado consultivo de partidos, asociaciones y notables que apoyan y dan consejo a los dirigentes comunistas. En cualquier caso, las Dos Sesiones aportan poco más que ruido a un proceso político que se mueve en los corredores secretos del poder.
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En este 2020 las Dos Sesiones se han retrasado y han sido más cortas -sólo siete días (mayo 21-28)- debido a la crisis sanitaria provocada por el virus de Wuhan. Se han abordado, sin duda, asuntos importantes. Por primera vez, no se ha marcado un objetivo definido para el crecimiento de la economía. Se ha anunciado un proyecto de código civil que regulará de forma más ordenada que hasta el presente cuestiones como la propiedad privada, contratos, matrimonio y familia, divorcios, herencias; en suma, los grandes asuntos que afectan a la esfera de derechos y deberes que regulan la vida privada. Y, a pesar del previsible empeoramiento de la economía, se notificó un aumento del 6,6% sobre el año anterior en gastos militares hasta alcanzar 178 millardos de dólares.
El orden del día también se ha recortado notablemente; en realidad, sólo ha contado con un elemento central: la respuesta al desafío del movimiento democrático en Hong Kong.
Algo inquietante se barruntaba en la ciudad desde la celebración del Cuarto Pleno del Comité Central en octubre 2019. El comunicado oficial señalaba, primero, la determinación de que el gobierno central controlara y gobernase Hong Kong usando todos sus poderes y, segundo, su intención de «imponer y mejorar un sistema legal para reforzar los mecanismos de defensa de la seguridad nacional».
En enero 4, 2020 Pekín decidió cambiar al antiguo responsable de su Oficina de Enlace en Hong Kong y poner a su frente a Luo Huining. Entre 2003 y 2016, Luo se había curtido con una fuerte represión de la minoría tibetana en la provincia occidental de Qinghai y luego pasó a limpiar de corrupción la provincia de Shanxi, donde purgó a altos funcionarios del Partido. Parece ser que es precisamente ese bagaje de determinación, fidelidad y adhesión al mando lo que le valió su nombramiento en Hong Kong, una sociedad que no conocía en detalle.
Luego del compás de espera impuesto por la respuesta al COVID-19, la reunión del Congreso Nacional del Pueblo ha hecho pasar la política de seguridad nacional de las musas al teatro. Nada más comenzar sus sesiones se anunció que estudiaría la imposición de una ley de seguridad nacional especial para Hong Kong y el 27 de mayo decidió poner su elaboración en manos de su Comité Permanente. Será, pues, esa instancia la que determine la nueva legislación para «prevenir, detener y castigar» eventuales amenazas a la seguridad nacional.
Tras esa terminante enunciación habrá que atender a los detalles para saber hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Xi. Según una fuente legal autorizada citada por South China Morning Post se espera que la nueva ley se despache en dos de las sesiones bimensuales del Comité Permanente, estando lista para entrar en vigor el próximo mes de agosto. La misma fuente trataba de tranquilizar a la opinión pública de Hong Kong señalando que «los encausados bajo la nueva ley serán juzgados en audiencia pública en la ciudad y sus juicios no se harán en la República Popular», donde esas causas se ven a puertas cerradas.
Tras muchas dudas, pues, Zhongnanhai ha resuelto apostar por un país y olvidarse de los dos sistemas.
Las campanas doblan por la autonomía de Hong Kong, que parece apisonada, pero queda por saber cuán enérgico será su sonido.
