A finales de abril de 2008, Gianni Alemanno, un antiguo neofascista, fue elegido alcalde de Roma, dos semanas después de que Silvio Berlusconi y una coalición de derechas regresaran al poder con una mayoría considerable en las elecciones nacionales italianas. Tras la contienda municipal la prensa internacional se hizo mucho eco de las multitudes de jóvenes neofascistas saludando a la romana en las escaleras del Campidoglio. Pero más significativo fue, quizás, el desfile cercano de taxistas romanos haciendo sonar triunfalmente sus cláxones. Estaban exultantes no tanto por la elección de un antiguo bravucón de derechas como por la derrota de una administración de centro-izquierda que había intentado aumentar el número de licencias de taxi. Es bien sabido lo difícil que resulta encontrar un taxi en Roma; pero el intento de mejorar el transporte urbano se topó con el lobby de los propietarios de las placas, para quienes las licencias constituyen una valiosa salvaguarda económica en un mundo incierto.
La celebración de los taxistas transmite la idea de un país profundamente enfrentado consigo mismo, paralizado y disfuncional, enojado, temeroso, intensamente insatisfecho, pero que no está dispuesto a adoptar ningún cambio que amenace los frágiles privilegios de este o aquel grupo protegido. Es un país que está harto de los elevados impuestos, pero que se cruza de brazos cuando Berlusconi bloquea la venta de la compañía aérea nacional, Alitalia, a pesar de que supone una hemorragia para el dinero de los contribuyentes; un país que odia al Gobierno, pero que espera recibir educación gratuita y sanidad gratuita y se aprovecha de las oportunidades de un vasto sistema de prebendas gubernamentales; un país que se aferra a su alta calidad de vida y a su generoso Estado de bienestar, pero sueña con poner de patitas en la calle a millones de trabajadores extranjeros que producen en la actualidad cerca del 10% del producto interior bruto y cuya presencia en la población activa constituye la única esperanza realista para mantener un sistema de pensiones nacional para la envejecida población italiana.
Que los italianos pudieran reelegir a Silvio Berlusconi, el antiguo primer ministro al que rechazaron como titular del cargo hace sólo dos años, no es tan sorprendente como pudiera parecer. Cuando fue elegido en 2006 el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, Italia había padecido cinco años de un crecimiento cercano al cero. El interminable autoengrandecimiento de Berlusconi y sus múltiples conflictos de intereses en sus diversos papeles como el hombre más rico de Italia, el mayor propietario de medios de comunicación, el más famoso acusado ante los tribunales y el primer ministro habían paralizado el país y muchos suponían que, con Berlusconi apartado, la economía volvería a animarse. En cambio, el Gobierno de Prodi, con una exigua mayoría de un voto en el Senado italiano y una coalición problemática y heterodoxa, apenas fue capaz de ofrecer mejoras. Cuando Prodi intentó introducir reformas de mercado en la economía italiana, los miembros comunistas de su coalición amenazaron con rebelarse. En respuesta a su intento de aprobar una ley que permitiera las uniones civiles de parejas homosexuales (y no homosexuales), el partido católico de su flanco derecho se amotinó.
Una de las pocas cosas que consiguió aprobar Prodi fue una amnistía para criminales que había sido exigida con fuerza por Berlusconi y que estaba concebida claramente para sacar de la cárcel al principal abogado de las empresas de Berlusconi, Cesare Previti, que había sido acusado de sobornar a jueces. Y así fue como, en los comienzos del mandato de Prodi, los ciudadanos italianos asistieron al poco edificante espectáculo de ver en la calle a veintiséis mil criminales, muchos de los cuales volvieron rápidamente a robar, violar y matar, mientras que se permitió que montones de criminales de guante blanco, como Previti, disfrutaran de su dinero ganado de forma fraudulenta.
El Gobierno de Prodi aprobó asimismo otra ley, de nuevo con el apoyo entusiasta de Berlusconi y la derecha, para ilegalizar que los fiscales utilizaran pruebas criminales reunidas contra miembros del Parlamento resultantes de escuchas telefónicas realizadas por la policía. En otras palabras, si la policía estaba persiguiendo a un criminal y se daba el caso de que éste llamara a su buen amigo en el Parlamento, los investigadores no podían hacer nada para perseguir las posibles componendas criminales del político y ni siquiera podían valerse de la grabación telefónica como una prueba contra él.
Una administración que había prometido un gobierno limpio como alternativa a Berlusconi no parecía mucho más dispuesta que su antecesora a enfrentarse a la corrupción o al sistema de prebendas o a la infiltración de la Mafia en el Estado. Las montañas de basura apiladas en y alrededor de Nápoles siguieron apilándose bajo el mandato de Prodi tal y como había sucedido con Berlusconi. Pero lo más importante para los votantes italianos era que la economía seguía estancada, sólo que con una mayor inestabilidad política.
Desilusionados, muchos votantes italianos concluyeron que eran pocas las diferencias entre los políticos de la izquierda y de la derecha, y que, tomados conjuntamente, no eran más que una «casta» corrupta que se autoperpetuaba; no sólo disfrutaban sus miembros de unos privilegios extraordinarios y de unos salarios absurdamente altos, sino que parecían ser no simplemente inútiles sino también una importante sangría para los recursos públicos. El libro La casta, que encabezó la lista de superventas de no ficción durante gran parte del pasado año, recogía este estado de cosasSergio Rizzo y Gian Antonio Stella, La casta: così i politici italiani sono diventati intoccabili, Milán, Rizzoli, 2007.. ¿Por qué –pregunta el libro– ha de tener Italia, con una quinta parte de la población de Estados Unidos, el doble de miembros del Parlamento que diputados en el Congreso al otro lado del Atlántico? ¿Y por qué han de ganar el doble, ser llevados de acá para allá en coches con chófer, tener teléfonos móviles gratuitos, viajar en tren y en avión sin coste alguno para ellos y recibir una pensión vitalicia después de sólo dos legislaturas, especialmente cuando muchos de ellos mantienen trabajos externos y no comparecen a la hora de la verdad para cumplir con su cometido público?
La rabia del electorado italiano va mucho más allá de la desilusión por el Gobierno de Prodi, que no merecía del todo una condena pública tan dura. Los problemas de Italia, desgraciadamente, son mucho más profundos, más estructurales, y nada fáciles de resolver.
Desde el final de la Segunda Guera Mundial hasta 1990 aproximadamente, la economía de Italia fue una de las más productivas del mundo, a no mucha distancia de las de Japón y Alemania Occidental. Creció a una media de en torno al 5% durante los años cincuenta y sesenta, y a un saludable 3% en los años setenta y ochenta, extendiendo prosperidad, alfabetización y generosos servicios y beneficios estatales a lo largo de un país acostumbrado a una larga historia de privaciones y miseria. Para los estudiantes de la política contemporánea ofrecía una fascinante paradoja. Italia parecía tener un terrible sistema político: gobiernos de ida y vuelta, constantes escándalos y crisis gubernamentales, altos niveles de corrupción, una burocracia derrochadora e ineficaz. Y, no obstante, año tras año, la economía seguía creciendo. Hacia 1989, el PIB de Italia era más o menos equiparable al de Gran Bretaña.
Pero en los últimos quince años esta precaria combinación –corrupción, mal gobierno y un alto crecimiento económico– se vino abajo. El PIB de Italia creció una media de un 1,1% anual entre 1996 y 2006, en comparación con el 2,3% para Gran Bretaña, un 2,8% para España y un 1,7% para toda la zona euro. De resultas de ello, la economía de Italia es ahora un 20% menor que la de Gran Bretaña y, según unos cálculos recientes, se ha visto superada por la de España. La renta disponible se ha mantenido esencialmente idéntica durante quince años, y la desigualdad entre las rentas en Italia ha pasado a ser la más alta de Europa occidental, lo que quiere decir que el nivel de vida de muchos ha descendido en la práctica.
Dos libros recientes ofrecen diagnósticos radicalmente diferentes de qué es lo que va mal. El primero, La deriva: perché l’Italia rischia il naufragio (La deriva: por qué Italia se arriesga a naufragar), de los periodistas Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo, es una secuela de su superventas La casta. Está concebido como una feroz acusación del sistema político italiano y sus devastadores efectos en el país. El segundo, La paura e la speranza (El miedo y la esperanza), es del ministro de Economía de Berlusconi, Giulio Tremonti.
Más que cualquier otro país de Europa, defienden muy persuasivamente Stella y Rizzo, Italia tiene una élite envejecida, dominada por los hombres, que reprime la iniciativa y el cambio con objeto de perpetuar su propio poder. Alrededor del 60% de los políticos y dirigentes sindicales italianos superan la edad de setenta años. En Francia, por contraste, la proporción es del 20%; en los países escandinavos, alrededor del 38%. Italia presenta también los niveles más bajos de participación femenina tanto en la política como en la población activa entre los grandes países europeos. Cuando los políticos ya consolidados no consiguen ganar una elección, se reciclan en puestos ofrecidos como prebendas en las administraciones locales o en el sistema nacional de salud o en el Parlamento europeo. El resultado es una deprimente carencia de renovación en las instituciones públicas italianas.
Esto no puede predicarse únicamente de la política. Las universidades, por ejemplo, que deberían ser una parte fundamental de una economía de la información como centros de innovación, investigación y meritocracia, son en cambio un bastión de privilegios y prebendas en el que las decisiones relativas a la contratación no son transparentes y justas, sino que se amañan sistemáticamente a favor de amigos, parientes o aduladores de los conocidos como baroni (barones).
Stella y Rizzo cuentan la historia de un sistema de contratación amañado en la facultad de medicina de la Universidad de Nápoles en el que se descubrió que los baroni reinantes habían falsificado los documentos con objeto de garantizar que sus candidatos favorecidos, incluido el hijo del principal barone, ganaran el concurso supuestamente abierto. Pero después de ser declarados culpables una y otra vez, durante los dieciocho años que han durado las disputas legales los demandados siguieron ocupando las plazas de profesor que habían ganado ilegalmente.
Aun después de que los profesores que habían delinquido perdieran su último recurso, el Ministerio de Educación decidió mantenerlos en sus puestos con un decreto escrito en una perfecta jerga burocrática: «Anular un acto ministerial no puede fundarse únicamente en la necesidad de restaurar la legalidad». Traducido al lenguaje llano: sólo porque alguien carezca de la cualificación necesaria y sea un criminal convicto no ha de seguirse que no deba ocupar una plaza de profesor universitario. La decisión, tomada por Antonello Masia, el director general del ministerio, era una respuesta altamente previsible de un miembro de la casta para proteger la suya. Masia ha trabajado en el ministerio durante treinta y siete años y le gusta repetir la frase «Los ministros van y vienen, pero los directores generales permanecen», el mantra de una burocracia permanente que se considera inmune al control político o a la opinión pública.
En este sistema, los alumnos más brillantes y ambiciosos, que obtienen becas en las principales universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña u otros países, suelen ser tratados como si los años pasados en el extranjero fueran en balde, ya que no se habían quedado en Italia haciendo cola y tratando de ganarse el favor de los baroni. El resultado ha sido una enorme fuga de cerebros que han salido de Italia. Las universidades estadounidenses, británicas y francesas están llenas de jóvenes profesionales italianos de talento que se hartaron de Italia y se fueron.
Una y otra vez se comprueba que las burocracias egoístas mantienen su poder por medio de una jungla de reglas y disposiciones ultracomplicadas, lo que se traduce en que conseguir que se hagan la cosas resulte algo inmensamente difícil y caro en términos económicos y de horas perdidas. Abrir un negocio en Italia cuesta, por término medio, 5.012 euros para obtener los necesarios permisos oficiales, y supone sesenta y dos días de sortear hasta dieciséis vallas burocráticas. En Gran Bretaña son 381 euros, cuatro días y cinco procedimientos. En Estados Unidos, son 167 euros, cuatro días y cuatro procedimientos.
Completar en Italia un gran proyecto de obras públicas (las que cuestan 50 millones de euros o más) consume una media de 2.137 días, algo menos de seis años. En España hicieron falta sólo tres años para ampliar el metro de Madrid cincuenta y seis kilómetros con la construcción de ocho estaciones con transbordos y veintiocho estaciones normales. Construir líneas de tren de alta velocidad en Italia cuesta más de cuatro veces de lo que cuesta en Francia o España, y las que existen son lentas. Un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona invierte sólo dos horas y veinte minutos en el trayecto, mientras que viajar entre Milán y Roma requiere el doble de tiempo, a pesar de que la distancia es ligeramente más corta.
Stella y Rizzo están en lo cierto al pensar que estos constantes fracasos acaban por crear una poderosa sinergia negativa en casi todos los ámbitos de la vida italiana. La parálisis del sistema judicial pone en peligro el imperio básico de la ley, uno de los pilares para el funcionamiento de un sistema económico. La duración media de un proceso para resolver una demanda sobre un contrato incumplido es de 1.210 días (casi cuatro años), mientras que en España (el segundo peor) es de sólo 515 días; en Francia son 331 días, y en Gran Bretaña son 217 días. En Italia se requiere la cifra astronómica de noventa meses, casi ocho años, para proceder a la ejecución en el caso de alguien que haya dejado de realizar los pagos de una hipoteca. En España son necesarios once meses; en Dinamarca, seis meses.
Un sistema tan lento y engorroso podría parecer una locura absoluta, pero hay en él una buena dosis de método. La multiplicación de procedimientos, permisos, reglas y cuellos de botella burocráticos crea un número extraordinario de puntos de presión en los que el Gobierno puede controlar, retrasar, impulsar un proyecto o acabar con él. Cada uno de ellos supone una oportunidad para que un burócrata o un político ejerzan su poder y su influencia, concediendo y demandando favores. Una autopista que cuesta el doble tiene sus ventajas evidentes, no sólo para los políticos que se embolsan los sobornos, sino para todos aquellos que trabajan en ella. No es nada bueno para el resto del país, que debe lidiar con infraestructuras mediocres –desde puertos, autopistas y líneas ferroviarias deficientemente mantenidos hasta teléfonos móviles y electricidad a precios excesivos–, además de altos impuestos, servicios de mala calidad y un sistema de promoción que ha pasado a ser prácticamente lo contrario de una meritocracia. No es sorprendente que Italia haya pasado del puesto 24.º al 46.º entre los países incluidos en el Índice de Competitividad Global.
No se trata simplemente de una cuestión de corrupción institucionalizada. Desgraciadamente, el problema va más allá. En un capítulo, Stella y Rizzo hablan de la tendencia de todos los grupos de la sociedad italiana a formar un «orden» o gremio; la lealtad al grupo suele acabar con toda percepción del bien común. De ahí que el director general del Ministerio de Educación que se niega a cesar a profesores que hicieron trampas para obtener sus plazas en la universidad puede que actúe así no por corrupción personal, sino por una especie de lealtad gremial: está negándose a permitir que otro gremio, en este caso el de los jueces, interfiera en el funcionamiento de su propio grupo.
A lo largo del espectro ideológico hay grupos de presión de todo tipo que conspiran para imposibilitar que se lleven a cabo acciones contundentes. Al igual que la mayor parte de los países europeos, Italia posee muy pocos recursos energéticos naturales y debe importar la práctica totalidad de su petróleo y su gas, lo que supone una sangría creciente para su economía. Otros países europeos han invertido seriamente en energías alternativas. España obtiene el 7,5% de su energía de fuentes eólicas, mientras que Italia obtiene menos del 1%. Alemania utiliza cincuenta y siete veces más energía solar que Italia, a pesar de que Italia tiene, evidentemente, mayor abundancia de horas de sol. Francia genera el 78% de su electricidad a partir de la energía nuclear e Italia apenas nada. Italia carece simplemente de una política energética alternativa.
Aunque Stella y Rizzo nos brindan una descripción devastadora y convincente del problema, no explican por qué las cosas se han deteriorado. El sistema político de Italia estuvo lejos de ser un dechado de eficacia y virtud entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años ochenta, un período durante el cual el país se situó entre los de crecimiento más rápido del mundo. ¿Qué cambio provocó que el sistema italiano pasara a ser el peso muerto en que parece haberse convertido?
El declive económico de Italia pasó a ser visible durante los años noventa, un período que dio la casualidad de coincidir con la unificación económica de Europa, la adopción del euro y el desmantelamiento de un régimen arancelario que protegía a muchos productos italianos de la competencia exterior, especialmente de Asia. Italia se vio afectada más adversamente que otros países europeos por estos cambios. En un mercado viejo, fuertemente protegido, la conexión con la clase política italiana confería unas claras ventajas: el Gobierno italiano compraba coches Fiat u ordenadores Olivetti, subvencionaba la construcción de nuevas plantas y no permitía la entrada de los competidores japoneses. Durante los períodos de ralentización económica solía devaluarse la lira para hacer que los productos italianos resultaran más baratos y más competitivos en el extranjero. Pero a partir de 1992 los italianos se vieron compitiendo de repente con todo el mundo, y el Gobierno italiano, al unirse a la unión monetaria europea, había perdido ya su poder para utilizar la devaluación de su moneda cuando las cosas se pusieran feas.
Más que otros países europeos, Italia resultó ser también vulnerable a la competencia de las economías de sueldos bajos de Asia. La economía italiana está formada en un grado extraordinario por pequeños negocios de propiedad familiar que fabrican cosas como productos textiles, ropa, zapatos y muebles, que no requieren por regla general de grandes cantidades de inversión de capital y de tecnología y que son, por tanto, vulnerables a los competidores que pagan salarios bajos. Italia se halla enormemente infrarrepresentada en las industrias basadas en el conocimiento –biotecnología, finanzas, fabricación de aviones y de trenes de alta velocidad, desarrollo de software y hardware informático–, que están menos expuestas a las economías extranjeras con salarios bajos. Aquí la falta de visión de futuro de los dirigentes políticos italianos carga con parte de la responsabilidad. El país invierte sistemáticamente mucho menos que la mayor parte de los países europeos en investigación y tecnología; cuenta con una de las peores cifras de Europa en número de investigadores científicos, porcentaje de licenciados universitarios y patentes registradas por año.
La corrupción y la ineficacia parecen haber ido a peor. En los años cincuenta, escriben Stella y Rizzo, el país consiguió construir su principal autopista nacional, la conocida como Autostrada del Sole (Autopista del Sol), de Milán a Nápoles en ocho años. Pero simplemente reparar la autopista mucho más corta entre Salerno y Reggio Calabria, un proyecto que sigue inconcluso, ha llevado ya más de veinte años y su coste es cinco veces mayor por kilómetro que la construcción original de la Autostrada del Sole.
Otro problema durante el período de la posguerra ha sido el de los efectos cumulativos de la regla del prácticamente partido único. El dominio ininterrumpido de los democristianos y una serie de partidos satélites desde 1946 hasta 1993 sirvió como caldo de cultivo para la corrupción, y aquellos gobiernos asumieron obligaciones cuyos verdaderos costes no han aflorado realmente hasta ahora. A pesar de su primacía, los democristianos fueron muy receptivos durante todos aquellos años a la oposición política, especialmente al Partido Comunista Italiano. Cuando cobraron fuerza los movimientos de protesta de finales de los años sesenta y los años setenta, los democristianos ampliaron enormemente el Estado de bienestar italiano con objeto de suavizar la tensión social, creando muchos de los sistemas que ahora están fuera de control. Otros países europeos crearon programas sociales similares, pero la deuda de Italia es más del doble de la media europea. Representa más del 100% del PIB de Italia, lo que deja al Gobierno muy poco margen de maniobra, bien para reducir los impuestos, bien para gastar con criterios de utilidad en cosas como educación, investigación y desarrollo.
Algunas industrias crearon lo que llamaron «pensiones bebé», permitiendo que cientos de miles de italianos se jubilaran casi con su salario íntegro a pesar de estar aún en la treintena o la cuarentena. Italia tiene casi medio millón de personas que llevan jubiladas más de cuarenta años. El coste de pagar gran parte de esto se postergó, creando la enorme deuda de Italia. Simplemente pagar los intereses de los pagos supone aproximadamente el 10% del PIB.
Especialmente perjudicial para Italia fue la influencia del dirigente del Partido Socialista, Bettino Craxi, que se mostró decidido a utilizar el acceso al dinero y al control político de los recursos públicos para ampliar el poder de su pequeño partido. «Traed votos y dinero», le dijo Craxi a uno de sus hombres al nombrarlo en 1980 miembro del consejo de la compañía nacional de electricidad. Deseoso de lograr un partido importante capaz de competir en iguales condiciones con los democristianos y los comunistas, Craxi y sus hombres codificaron la corrupción e hicieron de ella un sistema de unas dimensiones y una rapacidad que resultaban novedosas.
El resultado fue una especie de carrera armamentística de corrupción que pasó a estar cada vez más fuera de control: la judicatura era lenta e ineficaz, los parlamentarios disfrutaban de inmunidad ante eventuales procesamientos, y los políticos no iban a la cárcel prácticamente nunca. Los políticos que robaban eran los que, por regla general, ascendían más rápidamente. El propio Craxi se convirtió en el primer ministro que se mantuvo más tiempo en el cargo (1983-1987) hasta la llegada de Berlusconi, aunque huyó a Túnez en 1994, cuando los cargos por corrupción hicieron pensar que era cada vez más probable que acabara siendo condenado a penas de prisión.
La larga permanencia en el poder del mismo grupo de partidos en Italia se tradujo, más que en otros países, en que el sistema político no llegó nunca a limpiarse del todo, y en que los partidos gubernamentales pudieron urdir un sistema en el que los políticos controlaban los puntos nodales clave de la economía. Cualquier proyecto, desde la construcción de un puente hasta la apertura de una tienda o añadir un cuarto de baño, depende de un amigo en el poder.
Además, el poder del crimen organizado en Italia es mucho mayor que en el resto de los grandes países europeos, y representa alrededor del 7% del PIB, lo que hace de él, según algunos indicadores, uno de los más importantes sectores comerciales individuales del país. En el sur de Italia, donde está enraizado más profundamente, el crimen organizado se queda con dinero de los contratos de obras públicas, ralentizando proyectos con objeto de sacarles todo el jugo posible y ahuyentar a las empresas legítimas –y a los inversores extranjeros– que no quieren ser objeto de ext
