Una de las historias de nuestro tiempo, a la espera todavía de la novela o película capaz de contarla, es el cambio experimentado por los estudiantes de las universidades anglosajonas —aunque no solamente anglosajonas— en su relación con la libertad de expresión. Aún recuerdo cómo tras llegar a Berkeley a comienzos de 2004, dispuesto a pasar allí un año de investigación postdoctoral, encontraba por todas partes el recuerdo del movimiento por la libertad de palabra que, bajo el liderazgo carismático del activista Mario Savio, sacudió el campus durante el año académico 1964-1965. Hace tiempo que no voy por allí, ya que los dos o tres congresos a los que he asistido desde entonces en San Francisco suelen celebrarse en grandes hoteles de la ciudad, pero es razonable pensar que si hoy buscase las huellas de aquella insubordinación me encontraría con un panorama bien distinto. Aunque la pasión del joven activista sea la misma, sus objetivos han cambiado.
Recapitulemos. A diferencia del conflicto sobre la pernoctación mixta en las residencias estudiantiles que encendió la mecha de la protesta estudiantil en el Mayo francés, los estudiantes de Berkeley tenían un objetivo más explícitamente político. Bajo el influjo de la denominada Nueva Izquierda, formando parte de la misma oleada de protesta que animó el Movimiento por los Derechos Civiles y el Movimiento Anti-Vietnam, los estudiantes reclamaban de las autoridades el derecho a expresarse libremente y a desarrollar actividades políticas en el campus, así como una ampliación de la libertad académica. Solo las asociaciones de demócratas y republicanos, por ejemplo, podían recaudar fondos en el recinto universitario; los activistas que trataban de hacer lo propio en favor del movimiento por los derechos civiles en el otoño de 1964 estaban así violando las normas vigentes y la Decana Katherine Towle les advirtió de que estas últimas serían aplicadas de manera estricta. Por su parte, los profesores prestaban un juramento de fidelidad a la institución —en vigor en todas las universidades californianas desde 1950, si bien su aprobación había sido controvertida y no se exigía con el rigor previsto— que podía acabar con el despido si se alineaban con los estudiantes. To make a long story short: hubo manifestaciones, sentadas, mítines, recitales de Joan Baez y dimisiones antes de que la universidad diera su brazo a torcer en enero de 1965. Se estableció un espacio de libre discusión en las escaleras del Sproul Hall y se liberalizó la actividad política de las asociaciones estudiantiles. Es sabido que el movimiento estudiantil floreció en Berkeley durante la segunda mitad de la década de los 60 y que una de las promesas del candidato Ronald Reagan, que se convertiría en gobernador del Golden State en 1966, fue la de «arreglar el caos de Berkeley». La historia la ha contado muy bien Ramón González Férriz en 1968, libro que uno podría llevarse al Free Speech Movement Cafe que celebra aquel hito del movimiento estudiantil.
Si damos un salto en el tiempo, comprobaremos que 56 años no pasan en balde. La mejor prueba de ello está en la historia de Kathleen Stock, profesora de la Universidad de Sussex que ha renunciado a su puesto hace apenas un par de semanas después de haber pasado un calvario por el solo motivo de haber publicado un libro. Del desenlace de la historia daba cuenta Financial Times, entre otros medios, señalando que esta mujer de 48 años ha tirado la toalla tras sufrir tres años de acoso por parte de los activistas que la denuncian como «transfóbica» y han exigido su despido de manera incansable. La periodista Jemima Kelly cuenta que Stock, lesbiana ella misma y casada con una mujer con la que tiene dos hijos, rompió a llorar durante una conversación que fue interrumpida por el repartidor que hacía entrega de una cámara de seguridad recomendada por la policía local. Su queja es elocuente: «No quieren discutir conmigo, sino arruinar mi reputación profesional». El motivo de la tensión debería ser irrelevante, pero en modo alguno resulta anecdótico: Stock ha publicado un libro donde defiende la importancia del sexo biológico y arguye en contra de la libre autodeterminación de género postulada por la teoría queer. Para sus críticos, no importa que Stock defienda los derechos de los trans: sus argumentos contribuyen implícitamente a difundir un sentimiento de recelo hacia ellos que refuerza su marginalidad.
Decíamos hace un momento que el contenido de lo expresado por Stock en su libro no debería tener ninguna relevancia, pero de hecho la tiene. Y es que no hablamos de una pensadora que niegue la mayor desde una posición conservadora o antifeminista, sino de alguien que, además de dedicarse a los estudios feministas, está casada con una mujer: el intento por «cancelarla», que es como acertadamente ha venido a designarse el deseo de silenciamiento que se expresa mediante este tipo de acoso concertado, se produce en el interior del progresismo. Recordemos que los estudiantes movilizados contra Stock reclamaban su despido de la universidad; no les bastaba con manifestar su desacuerdo a través de argumentos, sino que recurrían a la descalificación personal —acusándola de sentir fobia por un colectivo particular— sin atender a razones. Se trataba de marcarla con un estigma que la inhabilitase para el ejercicio de su profesión: identificada como una figura tóxica, el precio de apoyarla públicamente se hacía asimismo oneroso. Hablar en favor de alguien a quien se quiere neutralizar te convierte a su vez en sospechoso de connivencia: quien se arriesga puede acabar asimismo señalado y de ahí que la mayor parte de los apoyos recibidos por Stock fueran de naturaleza privada. Nadie quiere amargarse la existencia y no digamos perder su trabajo.
Por eso es llamativo que haya quienes sostengan que la «cultura de la cancelación» no existe y que quienes la denuncian solo están tratando de conservar sus privilegios en un espacio público donde ya no pueden opinar impunemente. ¡Que se fastidien! Es posible que el argumento tuviera cierta validez inicial, pero conviene revisar las propias creencias a la luz de los hechos y admitir que quizá haya algo podrido en estas campañas de acoso y derribo; no son pocos los casos en los que la presión del enjambre ha desembocado en despidos o vetos. Tampoco alcanza a entenderse qué hay de edificante en este tipo de reacciones agresivas; constatado que la digitalización del espacio público presenta más ventajas que inconvenientes y por lo demás tampoco tiene marcha atrás, idealizar su funcionamiento puede ser contraproducente. Recordemos que los episodios que jalonan la historia reciente de la cancelación trascienden las fronteras de la red y tienen consecuencias en el mundo analógico: retirada de libros recién publicados, fin de las contrataciones públicas, cartas de despido. Existe así el propósito de cancelar a quien resulta incómoda, consiga realizárselo o no; si los activistas pudieran borrar de la esfera pública al objeto de su aversión lo harían sin dudarlo. Afirmar que los críticos de esta «cultura» solo tratan de defender un supuesto privilegio es así negarse a reconocer una parte de la realidad: si el crítico de los críticos tuviera que aguantar manifestaciones diarias en su portal, quizá no sería tan condescendiente.
Ni que decir tiene que no se trata de un fenómeno del todo nuevo. El debate público siempre ha estado rodeado de controversia; quien expone sus opiniones en público no tiene más remedio que soportar las críticas suscitadas por ellas. ¡Estaría bueno! Más aún: Internet es una máquina de pluralización: al multiplicar el número de voces que participan en el debate público, aumentan por opinadores y comentaristas. El efecto desromantizador ha sido inmediato: la opinión pública realmente existente se parece poco a las quimeras de los habermasianos. De manera que en todo esto hay continuidades y rupturas: cosas viejas que regresan junto con algunas novedades.
La novedad principal es la digitalización del espacio público, que hace posible sostener la presión colectiva sobre el individuo a quien se quiere cancelar sin incurrir en costes de coordinación: la santa ira del iluminado es alimento suficiente. Pero si el activismo liberticida se ha podido cobrar ya más de una víctima, se debe a la reacción de aquellas instituciones y empresas que han olvidado el principio según el cual puede responderse al vicio de pedir con la virtud de no dar. Universidades que suspenden charlas programadas, editoriales que retiran ejemplares de sus libros, consejos de redacción que votan expulsar a sus editores, instituciones públicas que resuelven vetar a los estigmatizados, departamentos que se ponen del lado de los estudiantes y en contra de los profesores: aquí residen las razones del éxito parcial de esta «cultura» de rasgos iliberales. Cualquier estudioso de los movimientos sociales sabe que el empuje de estos últimos depende del contexto de oportunidad en que se desenvuelven; cuanto mayor sea la receptividad de las instituciones y las empresas a las quejas de los activistas, más fuerza cobrará el empeño por silenciar a los disonantes. A estos efectos, la obsesión por mantener una reputación intachable y el miedo a perder el favor de una parte del público permita explicar la actitud de no pocos decisores. Se trata de una reacción que comprensible cuando hablamos de empresas privadas; las instituciones públicas, por el contrario, están obligadas a respetar los principios constitucionales y no pueden ceder a esta clase de presiones. Pero la amarga verdad es que la presión agresiva funciona con más frecuencia de la deseable: por eso se ejerce.
En el caso de las universidades, particularmente las anglosajonas, la reacción defensiva de departamentos y decanatos puede explicarse a partir de un factor que a menudo se pasa por alto: la preferencia que se otorga a unos estudiantes que pagan elevadas cantidades por su educación superior y a los que se considera en consecuencia como clientes que siempre tienen la razón. Jemima Kelly lo señalaba en su artículo, llamando la atención sobre el crecimiento de una burocracia universitaria —aquí empezamos a tenerla— encargada de promover activamente la igualdad de oportunidades o la inclusión de las minorías:
«los principios que guían la acción de este tipo de administradores a menudo entran en contradicción con los propios de los académicos — no les interesa tanto potenciar la libertad de expresión y la exploración de ideas como la llamada experiencia del estudiante, que se centra en mantenerlos cómodos y felices».
Por eso se crean «espacios seguros» donde uno se encuentra libre de disgustos o se modifica el currículum para excluir obras artísticas o filosóficas que puedan dañar la sensibilidad de los estudiantes, que han desarrollado por el camino una especial capacidad para detectar posibles ataques a su integridad emocional. Si un profesor es visto como un peligro potencial, puede ser condenado —como contaba Manuel Toscano en relación con el caso Boghossian— a penas tan humillantes como sesiones de coaching en las que aprender a lidiar mejor con la vulnerabilidad de sus estudiantes. Y aunque en España no hemos llegado todavía a esos extremos, pese a puntuar alto en escraches violentos y patrimonializaciones ideológicas, basta recibir una advertencia del alumnado para que uno se pregunte si le compensa seguir hablando libremente desde la tarima o si no será mejor adoptar un lenguaje políticamente correcto con el fin de llevar una existencia sin sobresaltos: si nadie quiere ser ese Adorno perplejo al que le invadieron la clase en nombre de la revolución, menos ganas todavía tenemos de que nos regañen por presuntas indelicadezas. En su reciente trabajo sobre «la sociedad de la intolerancia», cuenta Fernando Vallespín su experiencia con unos estudiantes norteamericanos que protestaron por haber mencionado él durante una clase que Hannah Arendt había sido amante de Martin Heidegger, añadiendo que se trataba de una cosa natural siendo él un héroe para sus alumnos y ella una joven brillante y atractiva de la que todos se enamoraban. Al comienzo de la clase siguiente, uno de los alumnos afeó al profesor Vallespín su discurso poco ejemplarizante, a lo que él replicó que su observación permite entender por qué Arendt perdonaría a Heidegger su colaboración con el nazismo. Y escribe:
«¿No puede decirse en público lo que uno lee en privado? Estaba perplejo porque por primera vez en mi carrera se me sometía a un proceso de corte inquisitorial, pero al caer en ese tipo de explicaciones no hice más que someterme tácitamente a él».
Pero decíamos antes que el contenido de lo expresado no es indiferente, aunque debería serlo, cuando analizamos el problema que plantea la anulación moral del discrepante. Digo que debería serlo porque, fuera de los casos sancionados por la ley al incurrirse en una posible difamación o amenaza, lo que habríamos de defender es el derecho de todos a defender cualquier argumento en el espacio público. Sin embargo, lo que nos encontramos en la práctica es que algunos parecen defender su derecho a decir lo que piensan, negando que los demás puedan hacer lo propio. Es como si el libertario de Berkeley hubiera terminado por quitarse la máscara en nuestros días: resulta que él solo luchaba por su libertad de palabra y no por la libertad de palabra. De ahí que acierte Vallespín cuando rescata la tolerancia como herramienta conceptual que nos ayuda a entender este fenómeno: el problema está en el modo en que reaccionamos a la libre expresión del otro y en el condigno socavamiento de una cultura política liberal asentada en la defensa del pluralismo. Los activistas no se limitan a ignorar lo que dicen sus antagonistas, ni proceden simplemente a discutir sus argumentos racionalmente; lo que quieren es negarle el derecho a hablar, porque encuentran intolerable lo que dice. La solución, claro, es impedir que diga nada.
Si bien se mira, es como si viviésemos una repetición de los años 60, con la diferencia de que el papel que ocupaban entonces el marxismo y sus escisiones lo juega ahora ese social justice warrior que lucha contra el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación estructural. ¿Y por qué ahora? En uno de sus libros, Albert Hirschmann hablaba de los shifting involvements que conducen periódicamente al ciudadano del énfasis en lo privado al énfasis en lo público y viceversa; otros comentaristas han hablado de la frustración que experimentan los graduados en humanidades en un mundo que no reconoce su talento. Entre nosotros, el antecitado González Férriz ha identificado una vieja pulsión religiosa en el activista contemporáneo que se empeña en salvar a los demás. Por su parte, la filósofa alemana Svenja Flasspöhler se enfrenta en su último ensayo a la paradoja de que la sociedad más bienestarista de la historia haya generado una sensibilidad tan aguda para la ofensa. A su juicio, siguiendo al sociólogo Andreas Reckwitz, existe un vínculo entre singularización y sensibilización: una sociedad que atribuye un valor creciente a la singularidad desarrolla una sensibilidad hipertrofiada que tiene su expresión en una vulnerabilidad que a su vez es debidamente teatralizada con el fin de obtener rendimientos políticos de la misma. Como puede verse, diagnósticos no faltan.
Para terminar, volvamos al principio. Los activistas de izquierda de los años 60 luchaban por la libertad de palabra y algunos activistas contemporáneos de izquierda luchan por restringirla. En buena parte, es un conflicto generacional: woke contra boomers. De manera que quizá la agresividad de estos movimientos sea un simple efecto de la juventud de quienes los integran. Pero sigue siendo el caso que donde ayer había una defensa de la libertad hay hoy un ataque moralizante contra los usos «desviados» de la misma. Recuérdese que en Reencuentro, película de Lawrence Kasdan en la que un grupo de amigos de la universidad se reúnen para asistir al funeral de uno de ellos, los protagonistas sienten el big chill del que habla el título original cuando comprueban el paso demoledor del tiempo y se percatan de la sideral distancia que media entre sus ideales de juventud (los años 60) y sus muy burguesas formas de vida (principios de los 80). ¡Melancólica constatación! Si extendemos el arco temporal un poco más, nos encontramos a los hijos tardíos de esa generación dando la vuelta al célebre prohibido prohibir del mayo parisino: lo que está prohibido, parece, es disentir. Sin embargo, nadie escarmienta en cabeza ajena y menos aún en la cabeza de sus padres: tengamos un poco de paciencia y ya veremos qué aspecto tiene el más feroz de los censores dentro de diez o veinte años.
