ARTÍCULO

Toda una vida

 

En las cuatro páginas de su «presentación», Santos Juliá explica claramente la diferencia entre su libro anterior, Manuel Azaña, una biografía política, publicado en 1990, y este que ahora se reseña. El primer libro dedicaba cuatrocientas cincuenta de sus quinientas páginas al período comprendido entre 1930, con el desplome de la monarquía, hasta mayo de 1936, un momento en el que el líder político izquierdista más ampliamente respetado de la Segunda República se permitió ser «promocionado» desde el puesto activo de jefe del Gobierno al más simbólico y «moderador» de presidente de la República. Dos eran los motivos principales para este tratamiento tan desequilibrado: 1) que nuevas e inmensas cantidades de información esencial sobre Azaña pasaron a estar disponibles a partir de 1990 (incluida la edición del propio Juliá de los diarios de Azaña), y 2) que el autor se había visto «inducido a error» por las numerosas observaciones de don Manuel durante su carrera política republicana, en el sentido de que no había tenido realmente «pasado político» antes de 1930.

La nueva biografía dedica alrededor de noventa páginas a su entorno familiar, su infancia y sus primeras ambiciones literarias y políticas; en torno a ciento setenta páginas a su papel muy activo en el Ateneo de Madrid y el Partido Reformista dirigido por Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate; al papel esencial del pensamiento y el ejemplo francés en el desarrollo de sus ideas personales; y a la evolución de sus convicciones republicanas y sus amistades con colegas de mayor edad y con sus contemporáneos.

Las influencias iniciales en la formación de su personalidad incluyeron un hogar con una excelente biblioteca, la memoria viva de cuatro generaciones de católicos practicantes y liberales, y un especialmente querido tío Félix, que podía escribir tanto en griego como en latín, se expresaba con fluidez en francés e inglés y había estudiado también algo de alemán y de vasco. A los dieciséis años el joven Manuel se sintió incapaz de seguir creyendo en la religión católica, y simplemente dejó de practicarla, sin convertirse en un anticlerical o un ateo militante. En los primeros años del siglo XX la biblioteca y las discusiones literario-políticas en el Ateneo de Madrid lo estimularon enormemente. «En permanente polémica, interior y pública, con la que será conocida como generación del 98, Azaña también lo estará con la otra corriente que viene a inundar el Ateneo de principios de siglo, la formada por quienes claman, dando grandes voces y propinándose fuertes golpes de pecho, por la regeneración de España» (p. 53). En otras palabras, Azaña no se sintió nunca seducido por los recuerdos idealizados de la Edad Media española, o de la gran época de las exploraciones y el imperio; ni tampoco compartió los sueños cuasimilitaristas y cuasiautoritarios de recrear una España disciplinada y poderosa en el siglo XX.

En las discusiones en el Ateneo durante el período 1914-1918 (los años de la Primera Guerra Mundial, en la que España fue militarmente neutral y comercialmente próspera), Azaña defendió que el concepto de «patria» no era la conquista de territorio, sino la igualdad democrática de todos los ciudadanos ante la ley. Esta teoría había sido expuesta por sus admirados filósofos franceses del siglo XVIII y de la época revolucionaria (pp. 99-100), y el énfasis que ponía en la igualdad legal democrática diferenciaba en la práctica su pensamiento del de la mayoría de las figuras literarias de la «Generación del 98» y los defensores intelectuales de la «regeneración».

Este ideal de democracia y de igualdad, y los ejemplos de la Ilustración francesa y la ideología y la constitución de la Tercera República, guiaron a Azaña en todas sus alianzas políticas personales de los años veinte y, hasta el límite políticamente practicable, en sus discursos y acciones como primer ministro durante las Cortes Constituyentes. Pero desde el momento en que se disolvió la coalición republicana-socialista a finales de 1933, y las primeras elecciones a Cortes con la nueva Constitución fueron ganadas por una coalición de centro-derecha, Azaña se opuso, en la práctica aunque no en apariencia, emocional e ideológicamente a los diversos y sucesivos gobiernos nacionales en la España republicana.
A partir de noviembre de 1933 adoptó la postura de que, aunque la CEDA fuera la minoría más amplia en las Cortes, no tenía derecho a reivindicar el poder para gobernar hasta que declarara su lealtad a la nueva República como tal. El accidentalismo de Gil Robles en relación con las formas de gobierno no era simplemente una doctrina que había que combatir, sino un impedimento directo para poder ocupar el poder en la República. Azaña no exigió, como se señala en las memorias de Martínez Barrio, que las elecciones de noviembre se anularan y se convocaran otras, sino que propuso que Alejandro Lerroux, con un gabinete de ministros centristas y derechistas, gobernara durante al menos seis meses, y constatara entonces cómo estaba reaccionando la opinión pública (p. 346). En otras manifestaciones de finales de 1933 y comienzos de 1934 declaró que la CEDA no debería tener permiso para gobernar hasta que hiciera ondear la bandera republicana en sus mítines; también que la alianza de los partidos de Lerroux y Gil Robles iba «contra la naturaleza» del régimen. La clara consecuencia de muchas de sus manifestaciones en el período comprendido entre noviembre de 1933 y octubre de 1934 fue que sólo los gobiernos izquierdistas podían ser gobiernos legítimos de la República.

A partir de esta exposición queda claro (y esto ha sido explicado convincentemente en los últimos años por Nigel Townson y Stanley Payne, entre otros) que los republicanos de izquierda y los socialistas parlamentarios liderados por Indalecio Prieto pensaban todos que la única República que merecía la pena era una República tal y como había sido definida por la mayoría de las Cortes Constituyentes: con separación de Iglesia y Estado (como en Francia) y prestando una atención primordial a las necesidades educativas, económicas y sociales tanto de los obreros industriales como de los campesinos. El presidente Alcalá-Zamora, aunque católico y políticamente conservador, compartía el temor republicano-socialista a que, una vez que llegara al poder, Gil Robles se propusiera establecer un Estado corporativo del tipo de los que admiraba públicamente en los casos de Austria, Portugal y la recientemente creada Alemania nazi. Pero también pensaba que el partido más representado en las Cortes debía tener el derecho de participar en el gobierno nacional. El 1 de octubre de 1934, cuando se mostró dispuesto a aceptar a ministros de la CEDA en el siguiente gobierno, Azaña y el resto de los principales dirigentes de los partidos republicanos de izquierdas y socialistas cumplieron su pacto previamente acordado de romper todas las relaciones políticas con la República existente, el hecho que precipitó realmente la sublevación de los revolucionarios asturianos y la declaración de Barcelona de un «Estado catalán dentro de la [inexistente] República Federal».

Dejando a un lado las múltiples interpretaciones de los fallidos levantamientos, los peligrosos efectos tanto de la severa represión gubernamental como de la rápida evolución hacia la izquierda revolucionaria de muchos socialistas y anarquistas, y manteniendo nuestra atención en Manuel Azaña, los acontecimientos de octubre de 1934 fortalecieron enormemente su convicción, ya existente, en que el futuro de la República, en la que él y su más cercano compañero socialista, Indalecio Prieto, creían, requería la restauración de la coalición republicana-socialista como la base electoral esencial para una República que renovaría la labor político-social de los años 1931-1933. Por este motivo he señalado más arriba que a partir de noviembre de 1933, Azaña estuvo, de hecho, insatisfecho con todos los sucesivos gobiernos de la República. Todos los gobiernos del Partido Radical-CEDA iban a desmantelar la labor de las Cortes Constituyentes exactamente en aquellos aspectos que para Azaña definían una República que merecía la pena. Pero incluso la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 no dio lugar a la coalición de la izquierda republicana y los socialistas, que constituía el gran sueño tanto de Azaña como de Prieto. La facción dominante, ahora revolucionaria, de Largo Caballero del Partido Socialista se mostraba convencida de que en cuestión de meses heredarían el poder y que entre tanto la función de un gabinete íntegramente republicano sería reanudar y hacer realidad los (inadecuados) programas de reformas de los primeros gobiernos de Azaña.

En los últimos días de febrero y en marzo, Azaña intentó valientemente reanudar los programas de reformas mientras los socialistas revolucionarios y los anarcosindicalistas se manifestaban en las calles, discutían programas y tácticas revolucionarios y auguraban alegremente el fracaso «inevitable» del Gobierno de Azaña y el ulterior triunfo de la revolución; también organizaron aparatosas huelgas y subestimaron por completo las ya evidentes conspiraciones de los militares para derrocar al Gobierno del Frente Popular. Quizás Azaña intentaba creer realmente que la remoción de Alcalá-Zamora le abriría a él el camino para ejercer como un jefe de Estado más afortunado y respetado, y a un gobierno encabezado por Prieto para calmar la agitación de cara a seguir avanzando con una reanudación y ampliación de las numerosas reformas iniciadas en los años 1931-1933.

Pero Prieto, sobre la base de una estricta lealtad a las tradiciones del PSOE, se negó a ser nombrado primer ministro cuando no pudo obtener el consentimiento de Largo Caballero y de la mayoría de UGT. Sorprendido pero impotente tras la decisión de Prieto, el ahora presidente Azaña pudo obtener únicamente los servicios como primer ministro de su amigo Santiago Casares Quiroga, que estaba gravemente enfermo con una tuberculosis crónica que afectaba tanto a su juicio como a su energía. Si no hubiera habido otra reacción al alzamiento del 18 de julio aparte de la total sorpresa y confusión del gobierno de Casares, el golpe habría triunfado de inmediato. Fue la rápida resistencia de los oficiales militares leales, los funcionarios civiles, las milicias socialistas y anarquistas tanto de los obreros de las fábricas como de los campesinos, la que transformó el fallido pronunciamiento en la guerra civil de julio de 1936 a marzo de 1939.

A lo largo de la Guerra Civil el presidente Azaña actuó guiado por su firme convicción de que una mediación anglo-francesa que incluyera la presión sobre el general Franco para no llevar a cabo una represión masiva de sus compatriotas derrotados era el único modo de evitar el tipo de dictadura cruel y vengativa que surgió finalmente de resultas del triunfo militar franquista. Azaña era muy consciente del hecho de que la Constitución le daba como presidente el derecho de expresar sus opiniones generales sobre cuestiones políticas y la expectativa de ser consultado con mucha frecuencia por el primer ministro y los miembros del gabinete, pero que la determinación de las políticas concretas era el ámbito del Consejo de Ministros que representaba a la mayoría parlamentaria.

En agosto de 1936 le decía a sus visitantes extranjeros que si la República era derrotada, Inglaterra y Francia habrían perdido la primera batalla de una inevitable guerra futura. En un discurso de mediados de enero de 1937 en Valencia, esbozó su plan para el papel de Inglaterra y Francia, los países que estaba seguro de que pronto se darían cuenta de que no podían permitir un triunfo de la Italia fascista y la Alemania nazi en España. «Esa activa intervención de las potencias democráticas, ¿se dirigirá a restablecer la República si algún día la paz volviera a instalarse en España? No es eso lo que dice o prevé. Su plan, que expondrá al gobierno y que llevará muy pronto ante el Foreign Office, consiste en que se negocie, bajo presión internacional, una suspensión de armas entre los combatientes. Suspensión de armas no es un mero eufemismo por armisticio, aunque algo de eso también haya en el cuidado para dar con las palabras adecuadas. Azaña no contempla en el invierno y primavera de 1937 una mediación internacional que conduzca a la firma de un acuerdo entre las dos partes en guerra, lo que implicaría un reconocimiento formal del enemigo; lo que propone es que cesen las hostilidades con objeto de facilitar la salida de combatientes extranjeros y que se aproveche esa especie de tregua, no declarada de modo solemne y oficial, para facilitar la reanudación de relaciones familiares y comerciales entre las dos zonas y preparar, para un futuro indeterminado y bajo supervisión internacional, la convocatoria de un plebiscito que permita al pueblo español pronunciarse por el régimen que desee» (pp. 403-404).

Un escritor tan cuidadoso como don Manuel para decir exactamente lo que quería decir merece un biógrafo igual de cuidadoso para describir todas las repercusiones de ese significado, y he citado la descripción del plan en cierto detalle para ofrecer al lector un ejemplo de la precisión del autor. De haber propuesto un plan específico, Azaña se habría excedido en sus funciones constitucionales. Lo que hizo, y lo que Juliá nos muestra claramente, es exponer un procedimiento adecuado para suspender los combates, sacar a las tropas extranjeras, restaurar la normalidad en ambas zonas y permitir que el pueblo español [no los «pueblos»] eligiera su futura forma de gobierno.

Hay otros dos aspectos que creo que son merecedores de mención en este tema del plan de Azaña a comienzos de 1937 para lograr la paz a través de una mediación. Uno es que mientras que a finales de 1933 y en 1934 Azaña podía hablar como si sólo una República gobernada por la izquierda democrática fuera merecedora de sus esfuerzos y su lealtad, tras seis meses de guerra, atrocidades criminales e intervención extranjera, el presidente de la República defiende un plebiscito democrático para decidir la forma institucional del futuro régimen. El otro es que Azaña fue acusado falsamente, en las memorias del embajador Azcárate, de excederse en sus funciones al no consultar a miembros del propio Gobierno antes de hablar. Lo cierto es que documentos diplomáticos franceses indican que Azcárate había discutido el plan con el Quai d’Orsay y había comentado cómo tanto su Gobierno como el presidente de la República se mostraban favorables a un plan de este tipo si pudiera ponerse en práctica, especialmente si se sacaban del país las tropas extranjeras (pp. 405-406 y p. 521, nota 4).

También en la primavera de 1937 Azaña desempeñó muy correctamente su función presidencial en el nombramiento de primeros ministros. En esta época era un secreto a voces que Largo Caballero había sido una gran decepción en sus funciones combinadas de primer ministro y ministro de la Guerra. Gracias a discretas conversaciones con altos cargos republicanos, socialistas y comunistas, Azaña sabía que la mayoría estaban dispuestos a aceptar a Largo como primer ministro, pero no como ministro de la Guerra. Cuando las irritaciones acumuladas, además de las reyertas callejeras en Barcelona durante la primera semana de mayo, precipitaron una crisis gubernamental, Azaña (no el Partido Comunista, ni Stalin, ni Togliatti) eligió a Juan Negrín y no a Indalecio Prieto, porque, según su juicio matizado, Prieto había de ser el líder indispensable de un departamento de Defensa combinado (ejército de tierra, armada y fuerza aérea) y Negrín había demostrado su capacidad y su «energía tranquila» (la frase es de Azaña) como ministro de Hacienda.

Más tarde, en el curso de la guerra, Azaña sí que se excedió en sus funciones constitucionales. En febrero de 1938, en la época de la desastrosa pérdida de la recientemente ocupada ciudad de Teruel, Azaña tomó la iniciativa para mantener una conversación de tres horas con el nuevo embajador francés, Eilrick Labonne. Le ofreció ceder a Francia e Inglaterra «las bases navales de Cartagena y Mahón con objeto de equilibrar las de Ceuta, Málaga y Palma, en manos de los rebeldes [...]. Se trata de una iniciativa personal del Presidente, que para convencer al embajador de que hablaba en serio, le recuerda que su autoridad ha aumentado durante los últimos meses y que estaría en condiciones de forzar a su propio gobierno en esa dirección» (pp. 426-427 y p. 524, nota 11).

Una cosa que Azaña parece haber olvidado es que Negrín, el conocido como «dictador» de una abundante literatura sobre la Guerra Civil, tuvo mucho cuidado de convocar las sesiones semianuales de las Cortes requeridas por la Constitución, y en esas sesiones, justo en el amargo final de la guerra, su legitimidad se vio afirmada por la hay que admitir que exigua proporción de diputados de las Cortes que permanecieron en la España republicana durante la guerra. Desde marzo de 1938 hasta su dimisión como presidente en febrero de 1939, Azaña se sintió cada vez más desmoralizado y políticamente indefenso. A mediados de abril de 1938 había enviado virtualmente todos los ahorros que le quedaban, un millón de francos franceses, a su cuñado Cipriano de Rivas Cherif, con instrucciones de comprar dólares para el inevitable exilio. Cuando, el 4 de febrero de 1939, un desesperado primer ministro Negrín insistió en que Azaña regresara de la frontera pirenaica francesa a Madrid, este último afirmó en términos nada ambiguos que dimitía irrevocablemente como presidente y que dedicaría el resto de su vida a la literatura.

En los constantes esfuerzos diplomáticos semisecretos realizados a mediados y finales de 1938 para lograr una paz negociada, Negrín fue en la práctica tan activo como lo fueron sus detractores. La gran diferencia fue que Azaña, Besteiro y los nacionalistas vascos y catalanes creían todos que la República debía literalmente arrojarse a merced de Francia e Inglaterra, en la esperanza de que contuvieran la venganza de Franco, mientras que Negrín creía que la República debía, y podía, continuar ofreciendo algún grado de resistencia militar de cara a obligar en última instancia al general Franco a acordar una paz sin represión en la posguerra. En realidad, las diferencias entre Azaña y Negrín no planteaban absolutamente ninguna divergencia en el resultado, al menos por cuatro razones evidentes: 1) la determinación italo-alemana de salir triunfadores después de su intervención de treinta meses; 2) la determinación del Gobierno conservador británico de que Franco había de triunfar; 3) el boicot general a la República por parte de las clases capitalistas de todo el mundo occidental; 4) la férrea y francamente expresada determinación de Franco de aceptar únicamente una rendición incondicional de sus enemigos domésticos, sin ningún tipo de mediación a cargo de extranjeros.

La defensa de la República española durante la guerra produjo tres líderes civiles particularmente dotados de la izquierda moderada: el republicano de izquierdas Manuel Azaña y los socialistas parlamentarios Indalecio Prieto y Juan Negrín. Los tres eran realistas cuyo juicio político no se vio nunca embriagado por utopías socialistas, comunistas o anarquistas. Prieto poseía quizás el mayor talento a la hora de emitir juicios rápidos y precisos de colegas y subordinados. Era un hombre hecho a sí mismo, un emprendedor capitalista que servía al ideal de un futuro igualitario y socialista. Tanto durante los años republicanos como durante la Guerra Civil supo probablemente más de las capacidades y debilidades de sus compañeros políticos que ninguna otra persona en España. Sobrevivió varias décadas a la guerra y sus numerosos artículos y discursos constituyen la interpretación individual más influyente de un participante de la historia cotidiana de la República española. Juan Negrín fue un fisiólogo sobresaliente y un administrador universitario que descubrió sus propios y enormes talentos políticos al mismo tiempo que seguía diciendo a todo el mundo que él no era un político. Su don para los idiomas, su experiencia educativa en Alemania y el gran éxito de su padre como hombre de negocios le dieron a Negrín un entendimiento de la economía, la política y la cultura científica europea mucho más pleno que el que poseían la mayor parte de sus colegas. Emociones poderosas, junto con un gran sentido de la privacidad y la cortesía, le impidieron producir los testimonios escritos personales que constituyen un rasgo tan poderoso de los legados tanto de Azaña como de Prieto.

Azaña fue el pensador más sutil y matizado de los tres. Aunque a menudo sarcástico y combativo en sus discursos políticos, sus diarios y cartas muestran una sensibilidad exquisita para con la personalidad, las intenciones y las idiosincrasias. Por supuesto, estar en la oposición en los años 1934-1935, y ser luego presidente durante la guerra, le dio más tiempo libre para organizar sus pensamientos que en los casos tanto de Prieto como de Negrín. Además, siempre pensó en la literatura como su auténtica vocación y sus diarios son en verdad obras literarias sobresalientes.

De los tres, Azaña fue el aquejado más trágicamente por la Guerra Civil. El famoso pesimismo de Prieto era, en parte, un modo de desahogarse y en parte un modo de evitar la parálisis psicológica. Todas las circunstancias podían ser desfavorables para la República, pero Prieto iba a dar sus mejores energías a la lucha en tanto que la situación no fuera absolutamente desesperada. Y tras la guerra, a pesar de constantes problemas de salud, siguió siendo durante dos décadas el principal dirigente del Partido Socialista en el exilio y escribió copiosamente casi hasta el día de su muerte. En lo que respecta a Negrín, no reanudó nunca sistemáticamente ni su carrera científica ni la política después de la guerra. Pero en los diecisiete años que le quedaban de vida mantuvo su actividad en la Fabian Society británica, en consultorías económicas para algunos amigos franceses importantes, en las vidas de sus tres hijos adultos y sus familias y, muy especialmente, en la adopción de dos de sus nietos cuya madre había quedado inválida, víctima de una esclerosis múltiple.

Azaña sobresale como la figura más profundamente trágica de los tres. Reconoció desde el principio que sólo un cambio de la política anglo-francesa podía salvar a España de una dictadura cruel y retrógada. Utilizó cuantas oportunidades tuvo a su alcance para recordar a las autoridades francesas y británicas cuán importante era para su propio futuro inmediato no permitir una dictadura apoyada por los fascistas en España. La biografía de Santos Juliá aborda todos los aspectos: la niñez entre libros de un niño enormemente sensible, la rica combinación de intereses políticos y literarios de su adolescencia y los primeros años de su juventud; la unión de ternura, respeto e intereses intelectuales compartidos con la familia de su mujer; el desarrollo de sus propios talentos políticos, importantes amistades y cargos en el Ateneo de Madrid; su aparición como el más capaz de los dirigentes republicanos de izquierdas a finales de los años veinte y en los cinco primeros años no beligerantes de la República. Todo ello se vio seguido de la Guerra Civil, que destruyó todas sus esperanzas para la propia España, y que lo destruyó a él física y emocionalmente.
 

Traducción de Luis Gago

Este texto ha sido escrito por Gabriel Jackson especialmente para Revista de Libros.

01/07/2009

 
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