ARTÍCULO

Lo que no tiene nombre

 

De calificar como rebelión los hechos ocurridos en Cataluña entre el 6-7 de septiembre y el 26-27 de octubre de 2017, a definirlos como un brindis al sol o un farol en una partida de póquer, media un gran trecho, que una considerable cantidad de políticos, politólogos, filósofos, periodistas y tertulianos han ido colmatando durante el tiempo transcurrido desde aquellos días hasta hoy mismo con una muy nutrida variedad de nombres o conceptos. El propósito de las páginas que siguen es, ante todo, intentar la reconstrucción de lo realmente ocurrido, comenzando por la declaración de independencia del 10 de octubre, para dar paso, después, a una muestra de la serie de nombres que ha recibido el conjunto de acontecimientos acaecidos en Cataluña durante esos dos meses. Es algo engorroso el recorrido, pero no queda más remedio que acometerlo si pretendemos comprender los hechos, dar cuenta del intento de sus protagonistas y de no pocos analistas por trivializarlos y, en fin, echar una mirada hacia lo que podría ser un camino de futuro.

De cómo el Parlament de Catalunya llegó a votar una declaración de independencia

El día 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, compareció en el salón de plenos del Parlamento de Cataluña «para informar sobre la situación política actual», según reza el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya. Tras recordar a las señoras y señores diputados allí reunidos que la Ley de Referéndum promulgada el 7 de septiembre establecía que, dos días después de la proclamación oficial de los resultados del referéndum de 1 de octubre, y en el caso de que el número de votos del sí hubiera sido superior al número de votos del no, se «celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de independencia de Cataluña, de sus efectos, y acordar el inicio del proceso constituyente», el presidente «[asumió] el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república”. Y añadió: «eso es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad, y por respeto», aunque a renglón seguido, y con idéntica solemnidad, afirmó que el Gobierno y él mismo proponían que el Parlament «suspengui els efectes de la declaració d’independència» con objeto de llegar en las próximas semanas a un diálogo sin el cual no era posible alcanzar una solución acordadaDiari de Sessions del Parlament de Catalunya, Ple del Parlament, Session 43, dimarts 10 d’octubre de 2017, pp. 3-8..

Esto fue parte de lo ocurrido en Cataluña: un Parlamento convocado para escuchar de boca de un presidente de Gobierno un informe sobre la situación política actual, después de que el Tribunal Constitucional anulara una petición de comparecencia para «valorar los resultados del referéndum de 1 de octubre y sus efectos»Como recuerda Joan Coscubiela, Empantanados. Una alternativa federal al soviet carlista, Barcelona, Península, 2018, p. 115.; un presidente que, en lugar de informar, anuncia que asume el mandato del pueblo de convertir Cataluña en un Estado independiente por el resultado de un referéndum convocado bajo la condición de que bastaría una mayoría de síes para declarar la independencia en forma de república; y, para rematar el estado de confusión que esta asunción de mandato pudiera provocar en el ánimo de sus oyentes, el mismo presidente propone que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia que manifiestamente él no ha pronunciado, aunque la da por realizada en el acto de suspender sus efectos. El Parlamento, por su parte, ni aprobó la declaración ni suspendió sus efectos por la muy simple razón de que nadie abrió un debate sobre lo manifestado por el presidente ni se dirigió a los diputados para que emitieran su voto sobre la supuesta declaración o la manifiesta asunción de los resultados del referéndum y su propuesta de suspensión.

En lugar de esto, lo que hicieron los diputados y las diputadas favorables a la declaración de independencia fue levantarse de sus escaños y trasladarse al salón de actos del mismo Parlamento para firmar uno tras otro un documento, con el logotipo de la Generalitat estampado en el margen superior, titulado «Declaració dels representants de Catalunya» y dirigido «Al poble de Catalunya y a tots els pobles del món». En sus cuatro folios, tras una larga exposición de motivos, los y las firmantes, actuando como «representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandado recibido de la ciudadanía de Cataluña», declaraban:

CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.
DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.

A este CONSTITUIMOS, DISPONEMOS, INICIAMOS, seguían varios puntos más, aunque, para lo que aquí interesa, lo ya dicho es suficiente: el presidente de la Generalitat en el salón de plenos y los diputados y diputadas desde el salón de actos del Parlamento afirmaron: el uno, que asumía los resultados del referéndum de 1 de octubre que convertía a Cataluña en Estado independiente en forma de República y suspendía sus efectos; los otros, que constituían la República catalana como Estado independiente y soberano, que disponían la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad promulgada el 7 de septiembre y que iniciaban el proceso constituyente. Que esta declaración se firmara para dar satisfacción a la minoría de diputados de la CUP-Crida Constituent, es decir, que fuera una manifestación más de la pugna entre secesionistas por determinar quién dirigía el proceso y hacia dónde, no modifica en nada la naturaleza del acto ni el contenido de la declaración.

Lo actuado de semejante forma en el Parlamento catalán, además de la evidente frustración de quienes esperaban una nítida e inequívoca declaración de independencia a todos los efectos, produjo una considerable confusión sobre el alcance de las declaraciones del presidente y de lo firmado por estos diputados que se presentaban como los representantes de Cataluña. Mientras el primero, con su Gobierno, suspendía los efectos de su propia e inexistente declaración, los segundos disponían la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad e iniciaban el proceso constituyente, que eran los dos efectos primeros y principales de la constitución de la República catalana como Estado independiente, dos efectos que el presidente había declarado minutos antes suspendidos. Como, además, los firmantes de la declaración se ratificaban como «els legítims representants del poble de Catalunya», como si en aquel parlamento no hubiera más legítimos representantes del pueblo de Cataluña que ellos, podría temerse que mientras presidente y Govern suspendían efectos, esos representantes del pueblo los iniciaban, tomándose el cuidado de abandonar previamente el salón de sesiones con objeto de asegurar que su declaración no pasara al Butlletí Oficial y careciera, por tanto, de efectos jurídicos.

Para rematar el estado de confusión, Puigdemont propone que
el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia que manifiestamente él no ha pronunciado

Dejando de lado lo que esta forma de proceder pueda indicar sobre la catadura moral y política de estos diputados, de su ausencia de escrúpulos en la vulneración de los procedimientos parlamentarios por ellos mismos establecidos, y de su desprecio hacia los sentimientos del sector, ligeramente mayoritario, del pueblo de Cataluña al que decían representar en su totalidad, lo cierto es que consiguieron por enésima vez que el Gobierno del Estado no actuara de inmediato procediendo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y disolviendo el Parlamento que de tal modo vulneraba la Constitución y el Estatuto de Autonomía de los que ese Parlamento derivaba su poder. Aunque con el añadido de pedir explicaciones sobre lo realmente aprobado, el presidente del Gobierno optó por mantener la misma política de esperar y ver inaugurada desde que el Parlament de Cataluña aprobara la resolución 742/IX de 27 de septiembre de 2012, sobre la posibilidad de que Cataluña se convirtiera en un nuevo Estado de Europa; repetida luego cuando el mismo Parlament aprobó la resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, que declaraba la soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña; y reafirmada con la resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, que en su punto segundo optaba por la vía unilateral a la independencia cuando declaraba «solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república»Todas estas resoluciones son accesibles en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.. Ni siquiera el debate y la aprobación, vulnerando el derecho al uso de la palabra por las minorías, de las Leyes de Referéndum y de Transitoriedad en la sesiones del Parlament de Cataluña de 6 y 7 de septiembre de 2017, habían inmutado al presidente del Gobierno, que sólo ahora, a raíz de lo declarado o no en la sesión de 10 de octubre, pidió al presidente de la Generalitat que aclarase lo que él, su Gobierno y la mayoría parlamentaria de setenta y dos diputados que representaban al 47,61% de votantes, equivalente al 35,68% de electores, acababan el uno de asumir y los otros de firmar.

La primera respuesta del presidente Puigdemont, acordada entre recados y negociaciones, amenazas y lágrimas, acusaciones y presiones, en una larga reunión mantenida en la tarde-noche del 25 de octubre con responsables políticos y líderes sociales secesionistas, consistió en disolver el Parlament y convocar elecciones. Al final, no pudo ser, pues a pesar de que en aquella reunión Puigdemont se refirió a la república de Freedonia de Groucho Marx, negándose a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente, a la mañana siguiente, las acusaciones de traición difundidas por la red, presentándolo por sus aliados de Esquerra Republicana como un Judas vendido por ciento cincuenta y cinco monedas de plata, acabaron con su resistencia a proclamar la República catalana y con su decisión de convocar elecciones, a la que había llegado por mediación del presidente del Gobierno vasco, Íñigo UrkulluPara esta reunión y la evocación de Freedonia, véase Santi Vila, De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés, Barcelona, Península, 2018. Puede verse también el reportaje colectivo «Siete días de octubre: las 140 horas que cambiaron Cataluña»..

Y así, el Parlament volvió a reunirse en sesión plenaria en la tarde del día 26, oficialmente convocado esta vez para celebrar un «debat general sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes», forma muy original de presentar el verdadero motivo de la sesión, que no era otro que responder a la pregunta formulada por el Gobierno del Estado. Tan era así que, momentos antes de que se iniciara el pleno, «se intentó convencer a los miembros de la Mesa para que dieran su visto bueno a la resolución de independencia», argumentando que la redacción permitía su defensa jurídica. Hasta tal punto llegó el autoengaño que la secretaria primera de la Mesa hizo constar en acta «que la resolución que se iba a votar no tenía efectos jurídicos»Según testimonio de Joan Coscubiela, op. cit., pp. 150-151..

Manifestación del 1 de octubre de 2018 en Barcelona.

Los tuviera o no, lo que quedó claro en las intervenciones de los diputados fue su absoluta convicción de protagonizar el día histórico en que Cataluña declaraba su independencia. Marta Ribas, de Catalunya Sí que es Pot, advirtió a los diputados de la mayoría que no tenían legitimidad «para aprobar una declaración unilateral de independencia» y que consideraba un grave error que plantearan la declaración como «una respuesta al 155». Carles Riera, de la CUP, adoptó el tono de las grandes ocasiones: «Hoy el Parlamento se dispone a dar un paso histórico [...]. Hoy nos autodeterminamos ante el Estado español [...]. Y por todo eso pedimos, hoy, que el Parlamento de Cataluña, asumiendo los resultados del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y en cumplimiento de la Ley de Referéndum [...] declare que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república». Marta Rovira, de Esquerra Republicana, que un día antes había llorado de emoción ante lo que consideraba una traición de Puigdemont, afirmó: «los independentistas hemos sometido nuestra opción a las urnas y hemos ganado. Y tenemos un acuerdo político mayoritario, mayoritario en la cámara, para ser implementado [...] hoy fundamos un nuevo país». Miquel Iceta, del Partit dels Socialistes de Catalunya, solicitó que «el día que se declara la independencia en el Parlamento de Cataluña, los presidentes [de los grupos parlamentarios] por un tiempo muy breve puedan tomar la palabra». En fin, Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, adujo, como gran motivo para pedir el voto secreto de los diputados, que «estamos discutiendo el tema de la independencia de Cataluña». Ningún portavoz de ningún grupo pensó ni dijo que todo aquello de lo que estaban debatiendo no era una declaración de independencia, que todo era un acto simbólico, una performance, un brindis al sol, y que mejor para todos si por fin se quitaban las caretasDiari de Sessions del Parlament de Catalunya. XI legislatura · cinquè període · sèrie P · nº 85. Ple del Parlament, Sessió 44, segona i darrera reunió, divendres 27 d’octubre de 2017, passim..

Después de que las diferentes propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista, Popular y Catalunya Sí que es Pot fueran desechadas unas tras otra de viva voz, el portavoz de Junts pel Sí, Roger Torrent, solicitó que al menos la propuesta número 1 de las dos presentadas por su grupo y por CUP-Crida Constituent, fuera votada «per crida y en urna» ante la previsión de las consecuencias penales que pudieran derivarse de la aprobación de lo que iba a someterse a votación: si votaban en secreto y dos se abstenían, la Fiscalía no podría imputar a ninguno de ellos. Anna Gabriel se sumó a la demanda de Torrent para añadir que, ante la amenaza de querellas penales de más de treinta años para personas dignas y honestas, su grupo no podía hacer otra cosa que «sostener una vía de votación que queda lejos de nuestra cultura política», una muestra más de lo que valen las culturas políticas frente a los tacticismos de la práctica. La iniciativa de votar en secreto la «Proposta de resolució 1» fue sometida por la presidenta, Carme Forcadell, a votación y aprobada por setenta y tres votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, ya que los parlamentarios de los grupos Socialista, Ciutadans y Popular habían abandonado el salón de plenosDiari de Sessions, cit., pp. 23-24..

Mientras las señorías restantes esperaban la colocación de la urna en el lugar adecuado, la presidenta propuso que, antes de la «Proposta de resolució 1», se votara la número 2, titulada Procés Constituent, que acordaba en su primera línea «Declarar l’inici i l’0bertura del procés constituent» e instaba a renglón seguido al Gobierno de la Generalitat a activar de manera inmediata todos los recursos humanos, públicos y sociales, así como los medios materiales necesarios, para hacer efectivo el proceso constituyente democrático. Esta «Proposta de resolució 2», que instaba también al Gobierno de la Generalitat a «convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases del proceso constituyente», obtuvo el voto favorable de setenta y un diputados, por ocho en contra y tres abstenciones. Y como los servicios del Parlament se tomaban su tiempo para colocar la urna en su sitio, el portavoz Torrent aprovechó para solicitar a la presidencia que se procediera a la lectura de la parte declarativa incluida en la parte expositiva de la «Proposta de resolució 1«, titulada «Declaració dels representants de Catalunya», desde las palabras «en virtut de tot el que s’acaba de exposar»Parlament de Catalunya, A la Mesa del Parlament. Propostes de Resolució, Ref.: 255LCD27101700003. Este documento contiene dos propuestas. La primera, Proposta de resolució 1. titulada Declaració dels representantes de Catalunya, y dividida en dos partes: Declaració dels representants de Catalunya y Proposta de resolució. La segunda, Proposta de resolució 2, titulada Procés constituent. El documento está fechado en el Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2017. Y aparece firmado por: Lluís Corominas i Díaz, president del grupo parlaentario JS; Marta Rovira i Vergés, portaveu del grupo parlamentario JS; Mireia Boya e Busquet, presidenta del grupo parlamentario CUP-CC; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del grupo parlamentario CUP-CC. Aunque en los diez folios de que consta este documento hay un sello que dice: Parlament de Catalunya – Secretaria General. Registre General 27 OCT. 2007. Entrada Núm 72032, y a pesar de que fuera parcialmente leído, sometido a votación y aprobado en la sesión parlamentaria del 27 de octubre de 2017, es inútil buscarlo en los registros del Parlament..

Lo que venía después de lo que acababa de exponerse, y lo que, en efecto, leyó la presidenta en voz alta mientras se colocaba la urna y antes de que se iniciara la ronda de llamadas a depositar el voto, era de sobra conocido, porque repetía literalmente la «Declaració dels representants de Catalunya» firmada diecisiete días antes en el salón de actos del Parlamento, a saber: «En virtut de tot el que s’acaba de exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya: Constituïm la república catalana, com a estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social. Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. Iniciem el procés constituent...» Y así hasta el final de una declaración en la que se manifestaba la voluntad de abrir negociaciones con el Estado y de poner en conocimiento de la comunidad internacional y de las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociación con el Estado españolTodo esto en Diari de Sessions, cit. pp. 24-26..

La «Proposta de resolució 1» fue sometida a votación
y aprobada por setenta y tres votos a favor, ocho en contra
y ninguna abstención

Terminada la lectura de esta declaración, la presidenta dijo: «Y a continuación votaremos la parte resolutiva de esta propuesta de resolución», es decir, lo que en ese mismo documento aparecía bajo el redundante epígrafe de «Proposta de resolución», que no se leyó. Tras algunas vacilaciones en torno al dilema de si la votación de la propuesta de resolución número 1 comenzaría por sorteo o por orden alfabético, la secretaria primera procedió a llamar a «tots els diputats, els qui hi són i els que no» para que depositaran su voto en la urna. Terminada la votación, la presidenta Forcadell dio cuenta de su resultado con estas palabras: «la resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc». De manera que, si se cree a su presidenta, lo que los y las representantes del Parlament de Cataluña aprobaron el 27 de octubre fue –hay que repetirlo para creerlo– la resolución de la «declaració dels i les representants del Parlament» contenida en la «Proposta de resolució 1», que era exactamente, con idéntico título y en todos sus términos, la misma declaración firmada por los diputados el 10 de octubre en el salón de actos del Parlament, es decir, la declaración unilateral de independencia, más famosa por sus siglas DUIDiari de Sessions, cit, pp. 28-29..

La declaración de independencia se convierte en un autoengaño que a todos engaña

¿Fue un acto fallido de la presidenta decir que se había aprobado la resolución de la declaración? Motivos tenía para fallar, porque toda la escena recién terminada, que habría hecho las delicias de los hermanos Marx en Freedonia, había sido pactada por los diputados de Junts pel Sí y CUP-Crida Constituent con objeto de que, primero, las autoridades del Estado no pudieran identificar quién había votado a favor y quien se había abstenido en la votación definitiva de la resolución: de ahí las dos abstenciones; y segundo, que se mantuviera la duda sobre qué se había votado efectivamente: si la propuesta entera, si la subparte declarativa de la parte expositiva minutos antes leída, o si únicamente la parte resolutiva de la propuesta de resolución que se había anunciado al llamar a votación. Los diputados y las diputadas, que con tanto derroche emocional y tanta convicción de ser protagonistas de un acontecimiento histórico habían debatido lo que iban a hacer, nunca llegaron a saber lo que hicieron aquel día.

No importa: una vez celebrada la sesión parlamentaria y aprobadas estas dos resoluciones, las radios, televisiones y prensas digitales, aparte de los partidos a que pertenecían los diputados que habían ejercido su derecho al voto, recibieron la noticias procedentes del Parlament anunciando que, en efecto, se había proclamado la República catalana o, lo que venía a ser lo mismo, que el Parlamento de Cataluña acababa de aprobar la Declaración Unilateral de Independencia. «¡El Parlament proclama la República Catalana! Nos constituimos como un Estado independiente y soberano, democrático y social», decía un tuit de Esquerra Republicana de Catalunya. «Hoy es el día que desde hace tantos años queríamos recordar. ¡Bienvenida, República Catalana!», afirmaba en otro Òmnium Cultural. «La ANC y Òmnium Cultural piden al Gobierno de la República negociar la libertad de Sánchez y Cuixart», anunciaba el diario Ara en otro tuitReacciones recogidas por José Luis Gordillo, «Sobre el juicio al procés (maldita hemeroteca)», que pudo haber añadido el saludo dirigido a sus oyentes por Mónica Terribas aquella misma tarde, llamándoles ciudadanos y ciudadanas de la República catalana.. Y exactamente lo mismo ocurrió con la prensa escrita: «El Parlament declara la independencia, pero no consigue el aval de Europa», tituló el día 28 La Vanguardia; «El Parlament de Cataluña aprueba la resolución para declarar la independencia», fue el titular de ese mismo día de El País. Nadie dudó tampoco a la hora de definir como celebración de la declaración de independencia las fotos de los alcaldes secesionistas enarbolando su bastón de mando en la escalinata del Parlament,  flanqueando a los diputados y al Govern de la Generalitat con su presidente en primera línea y cantando todos con una sola voz Els segadors.

No fueron únicamente las redes sociales y los medios de comunicación los que dieron por cumplido el mandato de declarar la independencia. Desde la delegación del Govern en Girona, Carles Puigdemont, destituido por aplicación de artículo 155 de la Constitución aprobado por el Senado el mismo día 27 de octubre, dirigió el día siguiente a los catalanes un mensaje institucional, en el que, después de celebrar lo ocurrido como «un día histórico, un día cargado de sentido democrático y de sentido cívico», afirmó que el Parlament había cumplido «con lo que los ciudadanos votaron el día 27 de septiembre, donde la mayoría surgida de las urnas encomendó al Parlamento la proclamación de la independencia». Pidió, además, a los catalanes que para «defender las conquistas alcanzadas hasta hoy» ejercieran la «oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes». Aun con el cuidado siempre derrochado por Puigdemont para evitar cualquier expresión, cualquier vocablo, que pudiera llevarlo ante los tribunales, su definición de lo ocurrido en el Parlamento catalán, que es lo que nos interesa en este momento, no ofrece dudas: cumplimiento de lo que la mayoría surgida de las urnas en las elecciones plebiscitarias de 2015 le había encomendado, esto es, la proclamación de la independencia. Cierto, Puigdemont no proclama la independencia; Puigdemont, lo que afirma solemnemente es que el Parlament ha cumplido la misión recibida de proclamarla: el delito, si lo hay, lo habrán cometido quienes la proclamaron, no quien se limita a reconocer que, efectivamente, la proclamó el Parlament,  una astucia algo miserable –culpar a otros de lo que uno mismo ha encabezado– que habría acabado con la carrera de cualquier político si no hubiera sido por la secuela judicial de lo acontecido aquellos días.

La trascendencia histórica de la que los diputados en el Parlamento y el presidente recién destituido con su mensaje quisieron rodear los acontecimientos sucedidos desde los días 6 y 7 de septiembre hasta estos de octubre, muestran bien que sus protagonistas, como las multitudes llamadas a manifestarse por la Assemblea Nacional Catalana y por Òmnium Cultural, tenían clara conciencia de que con ellos culminaba un proceso iniciado bajo la reivindicación de un Estado nuevo en Europa (2010) y de un derecho a decidir (2012), seguidos muy pronto por una declaración de soberanía (2013), en uso de la cual se convocó lo que acabó por denominarse referéndum consultivo (2014), para inmediatamente convocar unas elecciones cargadas por los mismos convocantes con el peso de un plebiscito (2015), que abriría el paso al segundo y definitivo referéndum cuyos resultados se aducirían como razón democrática para la declaración de la independencia en forma de república (2017). Habían transcurrido cinco años desde que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, informara en el XVI Congreso de su partido de que se habían botado a la mar todas las barcas que habrían de llevar a Ítaca al pueblo de Cataluña.

Protestas por el comienzo del juicio del 'procès', febrero de 2019.

En fuerte contraste con esta convicción extendida en medios independentistas, la interpretación de lo sucedido que más ha llamado la atención, por lo que dice y por quién lo dice, es la de que todo fue un brindis al sol, una partida de póquer en la que los independentistas iban de farol, de manera que su culminación en la DUI no pasaba de ser un acto simbólico. Esto es lo que ha pregonado a los cuatro vientos Clara Ponsatí«La declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 fue un poco un brindis al sol» y «Todos los que tenían que hacer alguna cosa sabían que no harían nada»«El Gobierno [de la Generalitat] no estaba preparado para aplicar la independencia»; en fin, «Jugamos al póquer [con el gobierno de Madrid] y fuimos de farol»., consejera de Educación, una de las que con más ardor presionó a Puigdemont en la mañana del 26 de octubre para que procediera a la declaración de independencia, renunciando a la convocatoria de elecciones acordada días antes y ratificada aquella misma mañana. Jugar al póquer e ir de farol, afición compartida por distinguidos protagonistas del procés, cuadra bien con la personalidad política de Artur Mas, según Antoni Puigverd, quien ya lo presentaba en diciembre de 2014, un mes después del primer referéndum, «como jugador de póquer, que acelera cada vez que una jugada le sale torcida», como fue, en efecto, el caso en las elecciones convocadas en 2012 en la seguridad de que obtendría una mayoría absoluta para su partido, o en las plebiscitarias de 2015, en las que se daba por descontado un formidable triunfo del sí a la independencia. Ahora, en septiembre y octubre de 2017, quienes juegan al póquer son Puigdemont y Ponsatí, convencidos ambos, como había sido el caso de Mas, de que el Estado español era Madrid y Madrid era Rajoy, un tipo incapaz, no ya de tomar ninguna iniciativa, sino de responder a cualquier iniciativa tomada por otros.

El tono lúdico de esta interpretación de lo ocurrido como una partida de cartas desaparece en otras interpretaciones que sólo pueden compararse con esta en que tratan de trivializar los hechos negando que hayan tenido consecuencias jurídico-políticas, o culpando directamente al Gobierno, o al Estado, de las decisiones libremente tomadas por los dirigentes del procés. La declaración de independencia fue un «puro acto expresivo, una especie de performance, sin consecuencias», afirma Ignacio Sánchez-Cuenca en una reseña de La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat, quien había presentado a Puigdemont como un cautivo de la atracción del procés por el abismoJordi Amat, La conjura de los irresponsables, Barcelona, Anagrama, 2017, p. 103.. Ahora, en el comentario de Sánchez-Cuenca, será «la realidad desnuda del nacionalismo español», jaleado por Felipe VI, el gran culpable de haber «empujado cuanto pudo a los dirigentes del procés para que acabaran tirándose por el precipicio». De modo que las huellas que estos dirigentes del procés fueron dejando en su camino hacia el abismo o el precipicio con las resoluciones y leyes publicadas en el Diari de Sessions del Parlament, tomadas todas ellas en el ejercicio de un poder del Estado, se reducen a «un proyecto basado en ficciones» y no sirven para definir unos hechos a los que esos dirigentes se vieron condenados por su propia atracción por el abismo o por el empujón del Leviatán español. Paul Preston, por su parte, ve al autoritarismo anticatalán del Gobierno de Madrid atizando «el sentimiento nacionalista de la región»: Mariano Rajoy sería el último de una serie que comienza con el general Primo de Rivera: es su negativa a negociar el referéndum lo que conduce a un «desastre» que podría haber sido fácilmente evitado. Habría bastado, según Preston, que Rajoy hubiera propuesto una consulta que «si recogía, digamos, el 60% con una participación de al menos el 70%, habría podido abrir la vía a discusiones sobre el estatuto de autonomía de 2005». En fin, y por no hacer esta serie interminable, Daniel Innerarity, que confiesa su «simpatía por la causa nacional catalana», aunque atribuye a los estrategas del procés equivocaciones tácticas y errores de diagnóstico, no duda en afirmar que «la mayor responsabilidad de todo lo ocurrido le corresponde al Estado, que se ha cerrado al diálogo, ha empujado a la mayoría soberanista del Parlament a una carrera desesperada y ha actuado finalmente con una arbitrariedad injustificada». Filosófica manera de presentar a un Estado –en realidad, a un Gobierno, y más allá a su presidente–empujando al abismo, al desastre, a la carrera desesperada, a unos políticos tan inocentones o tan irresponsables que se equivocaron en su diagnóstico y erraron en sus tácticas.

En este punto, no será ocioso echar una mirada a la siempre brillante imaginación de Enric Ucelay-da Cal, que acomete en esta ocasión la tarea de explicar la validez y la utilidad de la palabra nulificación para definir lo ocurrido en Cataluña desde que, sin ellos saberlo, los primeros separatistas siguieron las huellas de John Calhoun cuando reclamó para el Estado de Carolina del Sur, a propósito de las tarifas sobre grano impuestas en 1828 y 1832, la capacidad de nulificar o anular leyes federales, basándose en el principio de que la Constitución de los Estados Unidos se formó gracias a la soberana sanción de los Estados, esto es, que «los Estados son, en su condición soberana, partes del pacto constitucional»«Exposición y protesta», 19 de diciembre de 1828, recogido en John Calhoun, Libertad y unión. La teoría de la Confederación, trad. de Ascensión Elvira, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, p. 307.. Es ciertamente hercúlea la tarea, pero es la que reclama como suya –es mi tarea, escribe–, sobre todo si se tiene en cuenta que ni la palabra ni el significado que le dio Calhoun pertenecen al léxico catalán, ni al español, y que tiene bien poco que ver con lo intentado por Francesc Macià o el Estat Català en 1931, menos aún con lo intentado por Lluís Companys, sea en 1934 o, más adelante, desde julio de 1936 a mayo de 1937, y todavía menos con una supuesta memoria de la capacidad de nulificación que habría transmitido legitimidad republicana a la confusa situación posfranquista.

Los procesados por el Supremo ejercían desde instituciones públicas un poder del Estado cuando decidieron declarar
la independencia de Cataluña

Ni que decir tiene que, en el procés, nulificación no aparece para nada, a no ser en el inconsciente, como afirma Ucelay, que finalmente construye una explicación algo más convencional de todo el proceso: son las capas medias de la sociedad, deslumbradas, las que, al confluir con el funcionariado autonómico, producen una mezcla explosiva de la que salió una ola de quiliasmo, cara bonita del milenarismo. Creyentes en un sueño milenarista: he ahí la clave de la cuestión, a la que se añade, claro está, la negación por el Tribunal Constitucional de cualquier capacidad de nulificación por parte de Cataluña frente al Estado. Y, tras este descubrimiento, el viaje concluye con Ucelay preguntando al lector: «¿Quieres que te lo cuente otra vez?»Enric Ucelay-da Cal, Breve historia del separatismo catalán. Del apego a lo catalán al anhelo de la secesión, Barcelona, Penguin Random House, 2018, p. 300.,  al modo en que el Bisa, en Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, preguntaba a su bisnieto Pacífico, cuando terminaba de contarle una de sus tremebundas historias de la última guerra carlista: «y mi abuela tenía un gato con las orejas de trapo y el culito de papel, ¿quieres que te lo cuente otra vez?»

Es evidente que en la proliferación de esta serie de interpretaciones ha tenido una decisiva influencia el auto de procesamiento, de 21 de marzo de 2018, de varios miembros del Gobierno catalán y dirigentes de asociaciones cívicas, dictado por el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que califica los hechos como «presuntos delitos de rebelión, del artículo 472 y concordantes del Código Penal«; de «desobediencia, del artículo 410», y de «malversación de caudales públicos» en los términos expresados en los fundamentos jurídicosTribunal Supremo, Sala de lo Penal, Causa especial 20907/2017, Auto de 21 de marzo de 2018, folio 68.. Tres nombres, pues, para tres delitos que la Fiscalía general del Estado reiteró en las conclusiones provisionales elevadas a la Sala con fecha de 2 de noviembre de 2018. Y tres nombres que dieron lugar a la publicación por un grupo profesores de Derecho de un manifiesto al que se han adherido decenas de firmas y en el que juzgan un error considerar que lo acaecido los días 20 de septiembre y 1 de octubre pueda integrarse en el concepto de violencia exigido para el delito de rebelión definido como alzamiento público y violento en el Código Penal. Ni tampoco de sedición, porque en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley. Lamentan, además, los firmantes, que la Fiscalía convierta en delito el ejercicio de derechos fundamentales cuando denuncia el peligro que supone «incitar a las movilizaciones». De manera que calificar lo realizado como delito de rebelión y sedición, aparte de conculcar muy gravemente el principio de legalidad penal, abre la puerta, según el manifiesto, a «la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo»«La banalización de los delitos de rebelión y sedición», manifiesto firmado el 21 de noviembre de 2018 por Guillermo Portilla Contreras, Nicolás García Rivas, María Luisa Maqueda Abreu, José Ángel Brandariz García y Javier Mira Benavent. Para un argumento jurídico que considera los actos como sedición, Enrique Gimbernat, «¿Rebelión, sedición o ninguna de las dos?», después corregido para calificarlos de rebelión: «Sobre los delitos de sedición y rebelión» y complementado en «De nuevo sobre el delito de rebelión».. Es llamativo, para un profano en Derecho, que el manifiesto no proponga ningún concepto, sea de tipo delictivo o no, para nombrar los hechos ni mencione en ningún momento que la mayor parte de los procesados por el Tribunal Supremo ejercían desde instituciones públicas un poder del Estado cuando decidieron firmar un papel en el que declaraban la independencia de Cataluña en forma de república.

Más entidad tiene, y más larga y amplia influencia, la opinión que desde el día siguiente a los hechos ha sostenido quien firma Oriol Güell i Puig, quien, a diferencia de los firmantes del manifiesto recién mencionado, reconoce que los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado recuerdan la gravedad de lo acontecido en el proceso que culminó con los hechos de octubre de 2017 y que, en su opinión, inhabilitan políticamente a quienes los propiciaron desde los puestos de la mayor responsabilidad. Güell i Puig argumenta, sin embargo, que nunca existió una declaración de independencia, sino una «fake DUI», esto es, una propuesta de resolución equivalente a lo que en otros parlamentos se llama proposición no de ley, un acuerdo para instar una acción del gobierno, instrumento perfectamente legal con una parte expositiva y otra dispositiva. Lo original fue, en opinión de Güell, que esta proposición no de ley incluía en su parte expositiva «un texto informal y privado firmado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP el 10 de octubre en desagravio al público indepe ante la también frustrada DUI». Pero, añade, «tampoco en esta parte expositiva se declaraba nada. Se decía simplemente que el 10 de octubre esos diputados habían firmado el documento que se transcribía», un truco similar al utilizado en el Estatut de 2006 para decir que Cataluña es una nación sin decirlo. Lo mismo habría ocurrido aquí: los diputados situaron el punto crucial en la parte expositiva, y no como una declaración, sino como la constatación de un hecho anterior no vinculanteOriol Güell i Puig, «Hilando una “fake” DUI» y «La hora de la verdad». La dirección de la revista Contexto avisa a los lectores que esta firma es un seudónimo adoptado por alguien que quiere mantener el anonimato.. Lo hicieron con tal arte, habría que añadir, que lograron engañar a los mismos que lo habían firmado –no precisamente en un acto informal y privado– y que votaron la resolución creyendo a pies juntillas y manifestando con derroche de emoción que eran protagonistas de la histórica jornada en que Cataluña declaraba, por fin, su independencia.

Es un argumento que comparte José Luis Gordillo, en su estupenda serie «Sobre el juicio del procés», cuando afirma que Güell i Puig ha desmontado con eficacia la afirmación de que se hubiera hecho algo que mereciera el nombre de declaración de independencia. Para Gordillo, lo único que revela el «tacticismo de baja estofa» desplegado por los responsables del procés es «cinismo profundo, hipocresía superlativa, estupidez supina, frivolidad extrema y mucha mala fe, pero también lo contrario a una firme voluntad de hacer realidad lo que se proclamaba». Se habría tratado, pues, de «una payasada política de proporciones épicas, una payasada, además, peligrosa y antidemocrática». Consciente de que su argumento puede ser utilizado por la defensa para eludir la acusación de rebelión o incluso la de conspiración para la rebelión en el juicio ante el Tribunal Supremo, Gordillo asegura que lo único que habría que decirles es que ojalá fuera así porque eso revelaría a sus bases la inmensa tomadura de pelo de que han sido víctimas y quizá calmaría a los catalanes no independentistas de las angustias vividas durante aquellos días. Lo cual indica quizás una ingenua esperanza en que la razón pueda en algún momento prevalecer sobre las emociones compartidas y los relatos construidos por quienes pretenden evitar que las «bases» caigan en la cuenta de que han sido víctimas de una farsa, un engaño o una tomadura de pelo y no dudan en emplear, para lograrlo, todos los poderes y los medios de titularidad pública que el Estado pone a su alcance.

'Castellers' frente a la cárcel de Tarragona pidiendo la liberación de los políticos presos.

También en la estela de Oriol Püell, Antoni Bayona, que fue letrado mayor del Parlament durante el procés, niega reiteradamente que el 27 de octubre se haya declarado ninguna República, aduciendo como razón que un gobierno no se va de fin de semana cuando acaba de declarar la independencia, y que en lo proclamado ese día no entraba la parte declarativa de la resolución, que ni se aprobó ni se publicó. Lo ocurrido no tiene, pues, según Bayona, ninguna posible tipificación jurídica y, aun si reconoce que los dirigentes independentistas desobedecieron reiteradamente autos y sentencias del Tribunal Constitucional, las propuestas de resolución aprobadas en octubre se definen mejor como el «final de una huida hacia delante»: tantas promesas formuladas, tantas expectativas creadas, tantas presiones sufridas, que nadie se atrevió a echar el freno en un «acto de inmolación» que tal vez ha creado un problema de responsabilidad política, pero en ningún caso de responsabilidad penal. Nadie quería quedar como un traidor en un día en el que todo transcurrió en un clima de irrealidad. En resumen, «una aventura que merece un juicio, pero no ante tribunales, sino social y político», como repitió en una entrevista para El País. Ya, pero huida hacia adelante, aventura, inmolación, traición son conceptos que valen para la construcción de las escenas de un drama; cuando se trata de una tipificación jurídica de hechos producidos en un parlamento, tirar de literatura no es lo que puede esperarse de un letrado mayorAntoni Bayona, No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés, Barcelona, Península, 2109. Y entrevistas con Cristian SeguraJúlia Ragué y Pep Martí..

Y ahora, ¿qué?

Si los dirigentes del procés tuvieran lo que en lenguaje común llamamos dos dedos de frente, quizás harían caso a la recomendación de Antoni Bayona, declarado independentista, cuando recuerda que veía el proceso como un largo recorrido en el que no había que romper la baraja ni «caer en la unilateralidad desde el principio». Si el punto fuerte del procés era, según lo ve Bayona, el principio democrático, sin importar que ese principio actuara fuera o al margen de la ley, ni que contara con las mayorías necesarias, lo correcto hubiera sido esgrimirlo mientras se mantenía una política de desgaste, pues, si el Estado se encerraba en una negativa sistemática, cabía el recurso de conectar con el artículo II del Tratado de la Unión Europea, que intenta un equilibrio entre democracia, legalidad y derechos fundamentales de las personas. Así que, al final, toda la argumentación del letrado sirve para recomendar a los políticos que se comporten de modo que obliguen a la Unión Europea a mediar para acordar un referéndum, lo cual requiere una estrategia de perseverancia, alternativa a la unilateralidad, que dejaría en evidencia al Estado. Lo mejor que los políticos pueden hacer, concluye Bayona, es proceder a un reset e incrementar la mayoría social, aunque al final siempre habrá que proceder por la vía del hecho cuando cuente con el reconocimiento internacional. Mientras tanto, lo que toca es que los dirigentes independentistas, sin renunciar a nada, se apliquen a incrementar la mayoría social.

¿Sin renunciar a nada? No parece la recomendación más pertinente cuando se trata de «encontrar una solución política que permita al menos conllevarse en armonía», como escribe Lola García en una excelente crónica que da cuenta de las reuniones mantenidas entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, de todos los intentos de mediación llevados a cabo por nacionalistas vascos y por socialistas catalanes y españoles, y de la contingencia de todo lo ocurrido, con decisiones que siempre pudieron haber sido distintas a las tomadas finalmente por unos y otros. Al cabo, la política de no caer en la unilateralidad desde el principio había guiado al catalanismo político a lo largo de más de un siglo de existencia y pudo haberles guiado también durante todo el procés. Nadie les obligaba a renunciar a ese principio, y cuando renunciaron, por escapar a la presión de los indignados, por la puja al alza desatada entre ellos desde las elecciones de 2012, por la creencia de que era ahora o nunca, por sacudirse de encima la herencia corrupta de Jordi Pujol, de su partido y de sus veintitrés años de gobierno, o porque de pronto les entró la prisa –tenim pressa, decían–, los responsables del procés dieron por muerta la tradición del catalanismo político, convencidos de que, después de cuarenta años construyendo un sol poble, desde el poder había llegado la hora de pasar a otra cosa. Pero mantener, después de los estragos en la convivencia ciudadana producidos por la aplicación de la unilateralidad y por la construcción del otro, que es su vecino, como bestia inmunda o como cerdo a exportar, la presunción de que en algún momento será necesario proceder por la vía de los hechos equivaldrá a abrir las puertas a una política fatalmente destinada al enfrentamiento civil.

«No hay solución desde la victoria de un bloque sobre otro», afirma Joan Coscubiela tras reflexionar sobre el resquebrajamiento del mito de Cataluña: un sol poble. Mejor será, escribe Lola García, leer de nuevo a Gaziel cuando propugnaba, después de los hechos de octubre de 1934, calificados por él mismo como una rebelión que abría en Cataluña un estado de guerra civil, que los catalanes se entiendan entre ellos mismos con objeto de que les entendieran y acompañasen los restantes españolesDe Gaziel, «La clara lección», citado por Lola García, El naufragio, p. 242, es de lectura obligada para quienes se ocupan de la «cuestión catalana» dentro y fuera de Cataluña.. Y este sigue siendo, tantas décadas después, el posible fundamento de una solución política, como ya lo fue en el período que va desde 1971, primera reivindicación por la Assemblea de Catalunya del Estatuto de Autonomía aprobado en 1932, hasta 1979, año del referéndum del primer Estatut de esta democracia nuestra. Fueron unos años en los que, sobre la base de un entendimiento entre catalanes, que abarcó desde el PSUC hasta Convergència, Cataluña se convirtió en punta de lanza de las movilizaciones contra la dictadura, por una democracia que reconociera la autonomía a sus nacionalidades y regiones. Sin duda, cuarenta años después, y con un poder catalán consolidado gracias a la Constitución de 1978, las cosas serán de otra manera y la solución habrá de ser diferente. Pero el fundamento de esa diferencia acordada habrá de ser el mismo: un acuerdo entre catalanes que los restantes españoles habrán de entender y acompañar. Es posible: sólo es cuestión de política en democracia, política de negociación y pacto, sin vulnerar las leyes ni destruir la Constitución que entre todos nos hemos dado, como ha sido el caso de este largo procés, culminado en una declaración unilateral de independencia que, verdaderamente, no tiene nombre.

Santos Juliá es historiador. Sus últimos libros son Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940 (Madrid, Taurus, 2008), Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX  (Barcelona, RBA, 2010), Elogio de Historia en tiempo de Memoria (Madrid, Marcial Pons, 2011), Camarada Javier Pradera (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012), Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas, 1896-2013 (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014) y Transición. Historia de una política española (1937-2017)  (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017), que recibió el año pasado el premio Francisco Umbral al Libro del Año.

05/06/2019

 
COMENTARIOS

Rodrigo Díaz 10/06/19 09:38
Tantas vueltas para al final decir que la solución es “un acuerdo entre catalanes que los restantes españoles habrán de entender y acompañar”.

La frase es una colosal inversión de los términos. ¿Por qué el acuerdo debe producirse primero solamente dentro de un subconjunto de los titulares de la soberanía española?

Lo lógico parece proceder al revés porque ¿qué pasa si los demás españoles no acompañamos el acuerdo entre catalanes? ¿O si otros acuerdos como, por ejemplo, entre vascos, entre riojanos o entre extremeños difieren del acuerdo entre catalanes?

La respuesta, naturalmente, es aplicar la Constitución.

Alberto Sanjuán Hernández-Franch 12/06/19 09:50
Suscribo la idea de chapuza con que se califica la DUI. Sorprende que algunos digan que el Estado tiene culpa "por no dialogar". ¿A que clase o tipo de dialógo se refieren los que lo invocan como panacea milagrosa?. Sinceramente no puedo imaginarlo. Entiendo que "el problema catalán", tema trascendente para todos los españoles y que afecta a la unidad y a la soberanía nacional, solo cabe abordarlo dentro de los límites marcados por la Constitución.¿Es posible que el resto de españoles no tengamos nada que decir?. Recuerdo que por el hecho de ser español yo también soy catalán (y extremeño y andaluz etc). La DUI ha hecho un enorme daño cívico y económico a Cataluña y España y confío que la justicia establezca debidamente la responsabilidad de sus (chapuceros) instigadores.

thierry precioso 15/06/19 14:22
Interesante columna.
La conexión "Siete días de octubre: las 140 horas que cambiaron Cataluña" en el punto 4 me ha interesado mucho.
Observando que Ciudadanos ha "matado" virtualmente a Ciutadans, me pregunto si Manuel Valls va organizar un partido catalanista anti-independentista...

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