ARTÍCULO

De las transiciones... a la Transición

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017
656 pp. 24,50 €
 
Niños saludando con el brazo en alto durante las obras de desescombro de la Cibeles en 1939 (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero)
Niños saludando con el brazo en alto durante las obras de desescombro de la Cibeles en 1939 (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero)

¿Transición o transiciones? Aunque no hay unanimidad a la hora de acotar la Transición, muchos entendemos que es la etapa en que se hace realidad el paso de la dictadura franquista a la democracia, dentro de un tiempo histórico concreto: desde que Juan Carlos I es proclamado rey de España hasta la promulgación de la Constitución. Este reciente libro de Santos Juliá estudia dicha transición y otras transiciones planteadas desde 1937, que son como sus antecedentes. Y a cuantos pensamos que es una historia no in fieri, sino cerrada, nos recuerda que hablar hoy de la Transición es «hablar de política tanto como o más que de historia», pues «cuando se aparenta hablar de historia, lo que se hace cada vez con mayor frecuencia es un uso del pasado al servicio de intereses o proyectos políticos o culturales del presente» (p. 13). Nos enfrentamos, por tanto, a una «investigación en las huellas que el proceso político de la transición a la democracia ha ido dejando a lo largo de ochenta años», fruto de una rica documentación. Se trata de una obra de historia política, escrita por un reconocido historiador. Un libro denso, con fuerte carga de erudición, riguroso e importante, que se convertirá en referente para los historiadores.

Santos Juliá comienza su búsqueda de transiciones en la Guerra Civil, cuyo resultado final de victoria y derrota no dejó espacio para ningún tipo de conciliación o arbitraje. El primer proyecto para romper con aquella situación bélica es de Azaña (1937), para quien la española era el primer acto de la nueva guerra mundial y a la que debía ponerse fin mediante la mediación de las potencias extranjeras por vía diplomática. Un segundo proyecto se debió a un grupo de católicos españoles exiliados en París en torno a la revista Esprit. Este grupo creó un Comité pour la paix civile et religieuse en Espagne, presidido por Jacques Maritain, el cual afirmó que «la guerra que se libra en España es una guerra de exterminio». El autor documenta otros muchos proyectos, entre otros, el del arzobispo Giuseppe Pizzardo para que el Vaticano hiciera de mediador, pero que el cardenal Gomá rechazó, porque la guerra no podía terminar más que «con el triunfo del Movimiento Nacional». Hay que decir que tampoco Juan Negrín, presidente del Gobierno, aceptaba la mediación con los insurgentes (21 de mayo de 1937), fiado en «nuestra victoria segura». A todas estas iniciativas ‒no se olvidan las de Indalecio Prieto y Salvador de Madariaga‒, la respuesta franquista es «¡Guerra a la mediación en la guerra!» (ABC de Sevilla, octubre de 1938). Y es que, como reconocían el obispo de Madrid, Eijo Garay, y José de Yanguas Messía, «existe una imposibilidad intrínseca de mediación».

Dos son los proyectos de transición como salida del régimen de Franco: la monarquía y la república. El primero, con Don Juan como protagonista, va tomando cada vez más fuerza, y el segundo, defendido por el Gobierno de la República en el exilio, dependerá siempre de la ayuda que se espera de las potencias democráticas y va perdiendo viabilidad cuando la política internacional «acepta» al dictador.

Dos son los proyectos de transición: la monarquía y la república. El primero, con Don Juan como protagonista, va tomando cada vez más fuerza

Don Juan ‒variable y adaptable a las circunstancias‒ bosqueja una restauración monárquica como culminación del Movimiento Nacional; se trata de una monarquía católica-tradicional (1943), continuación de la «obra revolucionaria de Franco». Encuentra respaldo en grupos de generales. Pero las posibilidades del pretendiente se esfuman tras la carta que escribe al conde de Rodezno, llamando usurpador a Franco. En su respuesta, Franco (6 de enero de 1944) lamenta la «absurda ruptura» que Don Juan había provocado al hablar de «la supuesta ilegitimidad de mis poderes». A partir de entonces, Don Juan proyecta la restauración por derecho y sin rodeos. En un manifiesto de 19 de marzo de 1945, le pide a Franco que reconozca su fracaso y abandone el poder; una vez instalado en Estoril, la Confederación de Fuerzas Monárquicas redactó las Bases institucionales de la Monarquía española (28 de febrero de 1946), diseñando una monarquía representativa que tenía que ver poco con la democracia.

Para entonces, el régimen empieza a autodefinirse como una democracia orgánica, según explicó Franco al periodista estadounidense A. L. Bradford en La Vanguardia española, y lava su imagen retirando el saludo fascista y conceptos como revolución, totalitarismo e imperio. Desde el Instituto de Estudios Políticos se desarrolla un «sentido español de la democracia» que define al régimen como político-cristiano. No en vano, Franco cuenta con el entusiasta apoyo de la jerarquía eclesiástica, que interpreta la Guerra Civil como «una Cruzada por Dios y por España» y que pedirá a Naciones Unidas que respeten a España «el derecho innegable a organizar su régimen».

El Gobierno de la República desde el exilio presenta la Guerra Civil como primera etapa de la guerra de Europa mientras espera la ayuda de las potencias democráticas y de las Naciones Unidas. En un primer llamamiento a los españoles, de abril de 1940, da por inexistente el Frente Popular y reivindica el derecho de España a decidir su régimen definitivo. A través de Acción Republicana Española y de la Asamblea de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (octubre de 1943) se exige el derecho de España a recobrar un poder soberano, escoger su gobierno, etc. Una Junta Española de Liberación propondría hacer realidad la Constitución de 1931 y reunir las Cortes para sustituir a Franco, de manera que la República volviera a España. Incluso hablarán, en abril de 1944, de una Tercera República: confundieron lo posible con lo real.

Amplia y detalladamente se estudia la acción de los comunistas. Su primer objetivo es la desaparición de Franco y su régimen, y así lo anuncia Radio España Independiente, en octubre de 1945, planteando la historia, por primera vez, afirma Santos Juliá, como «transición pacífica». Resalta el papel histórico desempeñado por el partido y sus líderes, sus acciones guerrilleras, los consejos de Stalin para que cambiaran de estrategia, las propuestas de Santiago Carrillo de un gobierno republicano de Unión Nacional y de un gobierno de transición que organizara un plebiscito.

En este contexto, debemos retener dos hechos. El primero es una nota tripartita de Estados Unidos, Francia y Reino Unido aclarando que el futuro de España dependerá únicamente de los españoles. Y el segundo es la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado que otorga a Franco, el 9 de junio de 1947, el derecho a nombrar su sucesor. Lo que significa que el franquismo va enraizándose. Y, si bien se apuntan fórmulas como un gobierno provisional con monárquicos y republicanos presidido por un general, la solución monárquica se impone. No se podía prescindir de Franco, aunque algunos lo «justifiquen» recordando a Juan Valera cuando decía que España no podía gobernarse más que a palos. En su nuevo relato, el régimen afirmaba que evolucionaría hacia su constitucionalización, que caminaría hacia una forma de democracia española, como decía Alberto Martín-Artajo. Con el año 1950 llega la decisión norteamericana de admitir a España en la ONU. Era la peor noticia que los republicanos exiliados y esperanzados podían recibir. A partir de esa década, Santos Juliá habla de una transición ordenada de la dictadura a la democracia. Entre los planes, destaca el «Anteproyecto de Estatuto para restablecer la normalidad jurídica en España y preparar elecciones libres». Elaborado por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, es «el primer plan de transición acordado por elementos representativos de todas las fuerzas políticas españolas del exilio, con excepción de falangistas y comunistas» (p.194). Su impulsor es Salvador de Madariaga, quien defiende que a Franco debía sucederle la monarquía de Don Juan. Esta propuesta, más viable, se impone frente a la del Gobierno de la República; aceptarlo fue «un doloroso holocausto» para los republicanos.

Desde Las Españas. Revista literaria se clama por una «España nueva» y plural, por una reconstrucción nacional. Indagar el ser auténtico de España, o de las Españas, o de España como o sin problema, incluyendo la metáfora de las Tres Españas, abriría un nuevo espacio de debate. Se verifica una toma de conciencia colectiva, que diría Josep Maria Castellet, a raíz de la rebelión estudiantil de 1956. Entre los proyectos que buscan la concordia nacional, Santos Juliá destaca: el Frente Universitario Español; Carrillo y el Partido Comunista de España, con su programa de reconciliación nacional para un cambio pacífico (1956); Acción Democrática, en torno a Dionisio Ridruejo, quien promueve «establecer en España una democracia viable, ajustada a las posibilidades de la nación» a través de la monarquía como hecho consumado, y el de Enrique Tierno Galván y el grupo de Salamanca, que defienden que el futuro del país sea la monarquía y aconsejan pactar con ella.

El dictador, en su decisión de perpetuarse en el poder, define el carácter monárquico del régimen y desarrolla la democracia orgánica. Torcuato Fernández-Miranda, cuya «logomaquia» se halla, para Santos Juliá, «muy cercana al trabalenguas», pero cuya agudeza e inteligencia política están fuera de toda duda, defiende la naturaleza evolutiva del régimen. A medida que pasan los años, va confirmándose que la monarquía sucedería a Franco y que sólo llegaría de su mano. El propio Don Juan escribe al dictador, en 1957, que la monarquía debía llegar como evolución del Movimiento: «un lenguaje en la frontera de lo servil», apostilla con razón Santos Juliá. Todo ello sintonizaba con un Franco que, al inaugurar el Valle de los Caídos, reafirma el carácter sagrado de la guerra de liberación, verdadera cruzada en la que legitima su origen. A medida que pasan los años, la monarquía recibe apoyos tanto de monárquicos como de republicanos. Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas piden al pretendiente: «Romped con Franco. Ganaos ante el país la legitimación de ejercicio». Izquierda Demócrata Cristiana habla de establecer una nueva bandera. Manuel Giménez Fernández sugiere una transición a través de una regencia en la persona de su amigo Alfonso de Orleáns. Otros proyectos de transición son: el increíble de la Unión Española, de 1961, y, sobre todo, el importante Coloquio de Múnich, de junio de 1962, donde se habló de restauración monárquica. Salvador de Madariaga, que fue su impulsor, pensó que allí se ponía punto final a la Guerra Civil.

Finalmente, el dictador, convertido en un «hacedor de reyes», nombra como su sucesor mediante una instauración –no restauración‒ a Juan Carlos. Varios estudios, como los de Jorge de Esteban y Manuel Herrero y Rodríguez de Miñón, adelantan cómo podría realizarse la transición. Y desde ámbitos diversos, especialmente desde la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que se convertirán en la Platajunta, se planifica hacerla realidad.

Muere Franco y comienza la verdadera Transición. Juan Carlos I, Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez y los partidos políticos son sus protagonistas. Y el pueblo español, que no cesa de pedir libertad, amnistía y autonomía. Aquel «Libertad sin ira» del grupo Jarcha se convertiría en el himno de toda una generación. Los españoles escriben en 1976, 1977 y 1978 una historia apasionante: recuperar la democracia. Historia de muchos capítulos, de los que apuntaremos algunos. El papel del rey y de Torcuato Fernández-Miranda; la apertura –o no‒ de Carlos Arias Navarro, con la incertidumbre que genera; las expectativas de José María de Areilza y Manuel Fraga; el papel de los reformistas, porque «lo importante fue que mientras los tecnócratas permanecían lejos de la primera fila, la crema del reformismo ocupó, por impulso regio, los ministerios de más relieve en el nuevo Gobierno formado el 11 de diciembre de 1975» (p. 351); Fraga y su Llamamiento para una reforma democrática (25 de febrero de 1976), adelanto del Libro blanco para la reforma democrática. Y otros muchos temas, como el de reforma o ruptura ‒Santiago Carrillo publicaría ¿Qué es la ruptura democrática?‒ o el importante viaje a Estados Unidos, donde el Rey adelantó el guion de la Transición. Todo va tan deprisa que «En la primavera de 1976, veinte años después de que el PCE lo codificara, el proceso de transición era ya de uso común» (p. 364). Insiste Santos Juliá en que la derecha procedente de la dictadura se había apropiado del concepto «proceso de transición», que por su historia pertenecía a la izquierda y, muy decisivamente, al Partido Comunista, su gran muñidor.

En este proceso, que se realizará pasando de la ley a la ley, es pieza fundamental la Ley para la Reforma Política, obra de Torcuato Fernández-Miranda. Y el personaje llamado a desempeñar el papel de conductor fue Adolfo Suárez. Se trataba, es bien sabido, de elevar a la categoría política de normal lo que, a nivel de calle, era, simplemente «normal», de devolver al pueblo las libertades políticas. Pero, apuntilla Juliá, «más que de la ley a la ley, Suárez trataba de transitar de la legitimidad del pasado del que venía a la del futuro al que aspiraba: en eso consistía la transición política» (p. 375). Y considera que la primera fase de su plan de transición política se cumple cuando, el 11 de enero de 1977, se reunía por primera vez el Gobierno con la Plataforma de Organismos Democráticos para hablar de legalización de partidos, estatutos de autonomía y normas electorales.

Un hecho trágico, el asesinato de los abogados en la calle Atocha, provocará una oleada de solidaridad con el Partido Comunista. Carrillo recuperó entonces el discurso de la reconciliación nacional «que tanto había contribuido a construir dos décadas antes, para recordar una vez más que la guerra era “un hecho histórico”» (p. 383). Claro que no faltaron obstáculos. Santos Juliá se ocupa expresamente de las Fuerzas Armadas («los militares no participaron en el núcleo de elite que tomó las decisiones esenciales de la transición»), de la Iglesia católica y del Movimiento Nacional, que se hizo el harakiri. Mención especial dedica a la legalización del Partido Comunista ‒«celebrada una noche de Sábado Santo como la reconquista de la libertad durante tantas décadas machacada» (p. 385)‒ que el ejército vivió como un engaño y como una traición de Suárez.

La amnistía era fundamental para lograr una reconciliación y la plena convivencia nacional. Tras una amnistía en 1976 –insuficiente, diría José Luis López Aranguren‒ serían los representantes del pueblo los que lograrían una amnistía total. Explicaba Xabier Arzalluz que fue «necesario el olvido, el cese del diálogo de sordos, de las imputaciones mutuas, y no hay otra manera de que termine sino a partir de una amnistía total». Un dato más: una ETA que no se cansa de matar altera aquel equilibro inestable.

Las autonomías son la tercera gran reivindicación. Se trata de un complejo proceso, empezando por el lenguaje, como «nación» y «nacionalidad», que tanta confusión crearon. Recuerda el autor las quejas de Julián Marías y de Manuel García-Pelayo porque no aparecían en el Título Preliminar de la Constitución el concepto nación española y se hablara sólo de España o de Estado español. Y confirma que no existió un plan de organización final del Estado, optándose por soluciones pragmáticas y dejando pendientes muchos problemas que «acabarían por empañar el éxito obtenido por el Gobierno en sus tratos con los nacionalismos históricos» (p. 496).

Los tres últimos capítulos, «El desencanto», «Después de la Transición» y «La Transición cumplida y desechada» son de enorme interés, porque nos trasladan a la actualidad. De la euforia inicial por haber recuperado las libertades se pasó pronto al desencanto que Suárez sintió ya a mediados de 1977. Por las cosas que se hicieron mal, porque las expectativas creadas no pudieron hacerse realidad y también, tal vez, por esa tendencia a cierta autodestrucción de muchos españoles. Sí, se respiraba cierta frustración, una especie de cansancio histórico que llevaría a Manuel Vázquez Montalbán a hacerse aquella pregunta capciosa: «¿Con Franco estábamos mejor?» Al consenso también le llegaría su final, tras la aprobación de la Constitución que, para Alfonso Guerra, suponía la ruptura. Pero, desde otra perspectiva, Raymond Carr aconsejaba no caer en el desencanto, porque España era ya una auténtica democracia.

Llegó el 23-F, que, si algo demostraba, era que la democracia no estaba aún consolidada. Fue tras esa fecha cuando el juancarlismo se convierte en uno de los mitos fundacionales de la Transición. Para Santos Juliá, con el resultado final del intento de golpe de Estado el desencanto se esfumó al tiempo que la Transición. «Del final de desencanto sólo pudo resultar beneficiado el Partido Socialista, que previamente había renunciado a cualquier utopía» (p. 541). Y llegó el triunfo del PSOE, que «tuvo un decisivo efecto en la mirada que desde ese momento se proyectó sobre la Transición, ratificando [...] la decisión de no utilizar el pasado como arma en el debate político» (p. 542). Y añade –conviene tomar nota‒: «no evocar la Guerra Civil o la dictadura en el debate entre partidos poco tuvo que ver con el miedo, ni con un sentimiento de culpa compartida, ni con un pacto de silencio o con una amnesia colectiva sufrida de pronto por toda la sociedad, tal vez la más grande de las fantasías propagadas en los relatos sobre la Transición» (p. 542). El ingreso en las Comunidades Europeas, la Expo de 1992 o los Juegos Olímpicos de Barcelona en ese mismo año crean un sentimiento positivo hacia lo hecho en la Transición, que se define como un éxito. Historiadores, politólogos y sociólogos explican que España es un caso ejemplar de transición lograda, que es un modelo teórico.

Pero en la tercera legislatura socialista se destaparían los casos de corrupción, guerra sucia, etc. y la erosión del PSOE y su líder. Al mismo tiempo, el Partido Popular lograba rearmarse y desplazarse hacia el centro político con José María Aznar, quien, proclamando no identificarse con la derecha, se apoyaba en un Azaña español, patriota, desengañado. Había terminado la Transición y comenzaba una etapa en la que la historia podría utilizarse como arma política. Así lo decide Felipe González para ganar votos, acusando a Aznar, como había hecho con Suárez, de heredero del franquismo. Algo se había roto y parecía que llegaban nuevos tiempos. En este contexto empezó a hablarse de segunda transición (Manuel Fraga), lo que permitiría hacer nueva lectura de la Constitución. Los nacionalistas lo aprovecharían para avanzar hacia la plena soberanía (nueva lectura del Estatut, según Jordi Pujol). En la siguiente campaña electoral todo se radicalizó: «con el dóberman afloró una nueva versión del relato secular de las dos Españas» (p. 550). Lamentablemente, resucitaban las dos Españas, dadas por muertas en el Congreso de los Diputados un 14 de octubre de 1977, como también el viejo y peligroso lenguaje de la Guerra Civil.

Aznar recupera y pone en valor los logros de la Transición y de la Constitución. Pero los nacionalistas deciden interpretar de otra manera la norma suprema

Aznar recupera y pone en valor los logros de la Transición y de la Constitución. Pero los nacionalistas deciden interpretar de otra manera la norma suprema: «rechazamos, diría Pujol, la teoría del café para todos y estamos en contra del federalismo [...] queremos más de lo que tenemos: un reconocimiento del hecho diferencial catalán respecto al resto de las autonomías». Piden un Estado plurinacional. Indudablemente, algo había cambiado para siempre, como el futuro se ha encargado de demostrarnos.

Otro tema, vivo hasta hoy, es la condena del 18 de julio y del franquismo. Se estudia detenidamente en este libro. Respecto a la Transición, unos hablan de pasar página y otros de ahondar en lo mal hecho, configurándose dos memorias enfrentadas. El pasado se instala en el discurso de los políticos como arma arrojadiza. Empieza a pedirse la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil. Desde la izquierda se denuncia el silencio, el olvido y la amnesia, culpándose de ello a «una transición democráticamente deficitaria». Se extenderá la idea de la transición culpable (p. 565) frente a la versión del PP de una transición ejemplar que había cerrado las luchas fratricidas en la historia de España, aun aceptando que el franquismo había conculcado las libertades. La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero reanima el debate. Escribe Santos Juliá que «el punto de partida en sus políticas hacia el pasado (que es lo mismo que decir: en su uso del pasado para las políticas del presente) consistió en la propuesta de una ley de solidaridad con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura» (p. 575). El ministerio puso en marcha ayudas destinadas prioritariamente a exhumaciones de fosas comunes y «convirtió lo que tendría que haber sido una política de Estado en una política privada subvencionada, y destinada, por la cuantía de las subvenciones, a mantenerse viva durante muchos años» (p. 580). Para dar forma definitiva a todo esto se promulgaría la Ley de la Memoria Histórica.

El último capítulo de este libro se titula «La Transición cumplida y desechada». Una serie de hechos construyen el camino que nos conduce al momento actual. Primero, la Declaración de Barcelona, firmada por los nacionalistas en pro de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Implicaba la «ruptura» del pacto constitucional. En esta deriva, el «Manifiesto socialista para la España autonómica del siglo XXI» afirma que la sociedad española no era ya la de la transición de 1978 ni la de 1982 y, por tanto, el Estado y los poderes públicos del nuevo siglo tampoco podían ser los mismos de antaño. Con José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas defenderán que había llegado el momento de hablar de una España plural en un Estado federal. Los resultados electorales ligaban al PSOE a los partidos catalanes: con el tripartito en Cataluña y con Esquerra Republicana de Catalunya en el Gobierno central. Aquí está el núcleo del problema: el compromiso de Rodríguez Zapatero –antes de las elecciones‒ de apoyar la reforma del nuevo Estatut que saliera del Parlamento catalán. El presidente defendería la reforma como algo consustancial a los Estatutos, anunciando un tiempo nuevo en el que se reconocería la pluralidad como valor constitucional. La Transición se había convertido en historia.

El siguiente paso consiste en ir contra lo que significaba la Transición. Santos Juliá hace un lúcido análisis de aquellos «insatisfechos» del 15-M que adornaron la fachada del Congreso con un «¡Abajo el Régimen!» Se pasó después a hablar de «régimen del 78» y «ruptura del pacto constitucional de 1978», así como a proclamar que «nuestra Constitución es papel mojado», con la consiguiente apuesta republicana y federal como «objetivo estratégico para la etapa presente» (Partido Comunista). El consenso –repiten una y mil veces‒ se había roto por las políticas neoliberales y las oligarquías financieras, y era preciso un nuevo modelo de país. Desde una perspectiva estratégica, era el momento, dice una parte de Izquierda Unida, de «transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en poder». Para lograrlo, había que acabar con el bipartidismo y provocar un proceso constituyente. Y justo en ese momento, un nuevo elemento aparece en escena dispuesto a rentabilizar la situación. Se trata de Izquierda Anticapitalista, con José Antonio Errejón a la cabeza, que en 2013 había desarrollado toda una teoría de la crisis del «régimen del 78». «Régimen del 78» que engloba a los partidos del bipartidismo y al Estado, al que niegan su carácter democrático, llevando a cabo una deslegitimación global para después construir el populismo. Nacía Podemos. El mal, vendría a decir Errejón, se encuentra en el «régimen del 78»; la Transición se identifica con la casta, los de arriba, bipartidismo, corrupción y crisis. Sólo faltaba construir al líder carismático que será Pablo Iglesias –el profesor de la coleta‒. Su objetivo es lograr que las víctimas de la crisis se identifiquen con el nuevo «nosotros» frente al «ellos», los adversarios, las viejas elites. Se crearán nuevos mitos y se inventará un nuevo pasado para la izquierda, de manera que la historia, una vez más, es una referencia política crucial para crear identidad. En fin, lograrán que la palabra «régimen» se identifique como no democracia. Pero no existe el «régimen del 78». Lo que se ha hecho es contaminar la palabra «régimen», que nuestra memoria histórica identifica con el franquismo, para ejercer efectos negativos sin necesidad de calificativos.

Este importante libro explica y ayuda a entender la Transición. Su legado, con sus luces y sombras, se sustancia en la Constitución, en la que, como escribió Julián Marías, «del régimen anterior no queda nada, pero de España, queda todo». Y esto, guste o no, hay que proclamarlo. El recién desaparecido Forges nos ha dejado una lectura de la Transición a través del humor. En su libro Los Veintenta ilustra este diálogo: «Azarosos años», dice un amigo a otro; «...pero han merecido la», replica el segundo, «alegría», completa la frase el primero. Y aquel ratifica: «Eso».

Luis Palacios Bañuelos es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus últimos libros son El franquismo ordinario (Astorga, Akrón, 2012) y ¿Por qué llega la Segunda República y hacia dónde va? (Madrid, Dilex, 2015).

25/04/2018

 
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