ARTÍCULO

Economía campesina y sociedad rural

Junta de Castilla y León, Valladolid, 2 vols.+1 CD
441+532 pp. 50 €
 

La aparición casi simultánea de dos libros que tienen por protagonista la sociedad rural de la Corona de Castilla en los siglos XI a XIV apenas sería noticia al margen del ámbito académico si no fuera, al menos, por dos circunstancias. La primera, que uno de ellos, el de Julián Clemente Ramos, se presenta con vitola de novedad y otro, el de Carlos Estepa Díez, con voluntad de renovación, lemas que sus contenidos confirman con creces. La segunda, que ambas obras representan una puesta a punto de un positivismo de la mejor ley. Y lo hacen, sobre todo la primera, en el espíritu, en expresión del medievalista francés Robert Fossier en su obra de hace siete lustros sobre La Picardie, de que «en los campos de la economía o de la sociedad, la historia medieval será cuantitativa o quedará reducida a meros ejercicios de redacción». Julián Clemente, profesor en la universidad de Extremadura, que cumple ahora sus primeros veinte años de dedicación a la historia rural medieval, ha intentado ese tipo de tratamiento para el conjunto de las tierras que, hacia 1300, constituían el reino de Castilla. El nombre de Corona, que, a imitación de la de Aragón, adoptamos los historiadores castellanos, aunque impropio estrictamente, sugiere la idea de pluralidad de espacios y evita posibles confusiones con las tierras específicas de las dos Castillas. Del amplio ámbito de la Corona, Julián Clemente extrae sus datos fundamentalmente de esos dos territorios y de la actual Extremadura y, en menor medida, de la periferia norteña y de Andalucía. Por su parte, el escenario de la obra de Carlos Estepa, investigador en el Instituto de Historia del CSIC, con veinte años de preocupación por el tema de su actual libro, es el territorio castellano comprendido entre el mar Cantábrico y el río Duero.

Si los espacios son parcialmente diferentes, el tratamiento tiene un punto en común. Los autores han renunciado a la teorización previa para dar paso a una sistemática (y, en lo posible, cuantificadora), recogida de informaciones, que permita responder de forma ausente de retórica a cuestiones que cada uno de ellos ha planteado con claridad. Del lado de Julián Clemente, los niveles de vida del campesinado, cuyo conocimiento persigue a través del estudio de la diferencia entre lo que cada familia aldeana produce y lo que, tras el abono de la renta y la fiscalidad, puede consumir. Del lado de Carlos Estepa, los niveles de implantación de los señores, tanto en su dimensión de intensidad (cuota de participación en la percepción de rentas significativas) como en la de la extensión (regional, comarcal, local) de los tentáculos de su poder.

«El presente trabajo intenta responder a preguntas tan simples como importantes: ¿cuánto produce el campesino?, ¿cuánto consume?, ¿cuánto recibe el señor?»; así comienza Julián Clemente su libro, que se inspira de cerca en intentos equivalentes de Chistopher Dyer para Inglaterra y Massimo Montanari para Italia. Su hilo argumental es nítido y el autor lo reitera con frecuencia. Se trata de dotar de encarnadura estadística las expresiones cualitativas con que nuestros libros de historia medieval resumen la relación entre señores y campesinos. De dar contenido mensurable a valoraciones retóricas (lo que no es sinónimo de erróneas) en que, siempre por dificultades inherentes a las fuentes y muchas veces por planteamientos ideológicos, los estudiosos sintetizan su opinión sobre la presión que los señores ejercieron sobre los campesinos en la sociedad castellana medieval tachándola, según los casos, de: «leve», «relativa», «moderada», «gravosa», «pesada», «insoportable», «asfixiante» o «letal». El método escogido por el autor ha sido transformar en números los datos que, con frecuencia de carácter cualitativo y siempre de metrología insegura, ofrecen los documentos administrativos y especialmente los fueros y los contratos agrarios. La muestra, la base de datos generada tras la búsqueda documental, parece bastante exhaustiva y, desde luego, con sus dos mil referencias, es totalmente significativa.

¿Significativa de qué? Significativa de muchas cosas que el autor desgrana con abundantes ejemplos y continuos datos numéricos. El tamaño de las explotaciones medias campesinas, con sus componentes (las tierras cerealícolas, las más extensas; las vinícolas; las hortícolas; los recursos ganaderos); la producción (desde la simiente del cereal y su productividad hasta el número y peso de las cabezas de ganado) y el consumo (de cereales, vino, carne, productos lácteos); los conceptos (solariega, jurisdiccional), los componentes (especie, dinero, trabajo) y la carga de la renta señorial. En el cómputo final de ésta, el capítulo territorial resulta mucho más importante que el jurisdiccional (que fue más elevado hasta 1200 para disminuir en el siglo XIII ) y, en resumen, el campesino medio aparece aportando una renta «que podría oscilar entre el diez y el veinte por 100 de la producción bruta». Si a ello añadimos el diezmo eclesiástico y la primicia, otro 10%, nos encontraríamos con una detracción señorial entre el 20 y el 30% de la producción campesina, datos que para el autor suponen un «nivel de exigencia señorial moderado».

El adjetivo encierra un comparativo cuyo término de referencia es el «contexto occidental europeo». Pero, a la vez, el adjetivo y, sobre todo, las numerosas ocasiones en que el autor recurre a lo cualitativo para resumir sus estimaciones, sugieren que para su empresa lo cuantitativo tiene unos límites. Y nada más expresivo de ello que un párrafo (en la pág. 243, con subrayados míos) de la conclusión del libro: «Una parte importante , pero en ningún caso desmesurada , de la producción campesina es detraída por los señores. Sin duda, es significativo el contraste entre los contratos colectivos e individuales, manifestación de la capacidad de las comunidades campesinas para limitar las punciones señoriales e incluso para definir o condicionar su perfil. Los campesinos que acceden a la tierra por un acuerdo privado e individual están sujetos a una renta importante que limitaría sus posibilidades de consumo y que les situaría en un nivel inferior al de aquéllos con explotaciones similares sujetos a obligaciones de carácter colectivo».

En resumen, Julián Clemente Ramos ha producido un libro que está en las antípodas de un ejercicio de redacción. La obra marca un peldaño significativo en la historiografía medieval española que trata de las sociedades anteriores a 1300. Que el autor haya primado una imagen general por encima de las necesarias matizaciones regionales en relación con posibilidades agronómicas pero también con tradiciones señoriales de los distintos espacios; o que, al final de la lectura del libro, no hayamos podido saber cuántos son los campesinos castellanos que producen, consumen y pagan (el autor ha conseguido averiguar lo que un campesino medio produce, consume y paga y cuántos son los que lo hacen en mayores o menores proporciones) se debe, sin duda, a los propios límites de lo cuantitativo en edad preestadística. Probablemente, la escasez de fuentes no permitirá hacer a escala espacial más reducida que la escogida por el autor una investigación semejante. Ello dificultará nuestro conocimiento de la distribución geográfica de la presión señorial sobre el campesinado. Pero si por ese escrúpulo renunciamos a los datos que el autor ha reunido y sobre los que ha reflexionado, de un lado, acabaríamos prescindiendo de innumerables referencias que, a su vez, suministrarán certidumbre y convicción a las de tipo cualitativo. Y, de otro, nos privaríamos del único instrumento que permitirá realizar comparaciones con los resultados obtenidos en otros espacios europeos, con los que Julián Clemente Ramos contrasta con frecuencia los recogidos en su obra. Gracias a ello, empezamos a estar en situación de poder elegir con rigor el adjetivo correspondiente dentro del tradicional gradiente calificativo que aplicamos a la presión de la renta señorial. Con ello, además, podremos abrir las puertas del conocimiento del ahorro campesino y, por tanto, de los posibles estímulos y capacidades para la participación aldeana en intercambios de carácter mercantil. Más complicado, por las puras limitaciones de las fuentes anteriores a 1300, seguirá siendo, sin duda, que esa medición pueda hacerse en la escala regional, comarcal o local y en las coyunturas económicas precisas en que los distintos grupos de campesinos se vieron implicados.

Si el libro de Julián Clemente se asienta en lo cuantitativo sin renunciar a algunos excursos sintetizadores a lo cualitativo, los dos volúmenes de la obra que Carlos Estepa dedica a las behetrías castellanas se fundamentan en lo cualitativo, aunque refuerza sus argumentos con incursiones analíticas en lo cuantitativo. También en este caso el autor ha renunciado deliberadamente a una teorización previa. Su objetivo es indagar en la institución de las behetrías como elemento –¿que ya no estima tan específico como antaño?– de la expresión histórica del feudalismo del espacio castellano entre el Cantábrico y el Duero. El quicio del estudio lo proporciona el contenido del Libro de las merindades de Castilla, más conocido como Libro Becerro de Behetrías . Se trata de la recopilación de los datos de una encuesta realizada en los primeros tiempos del reinado de Pedro I, en los años 1351 y 1352, para averiguar los derechos que correspondían a distintos señores en las aldeas de aquel territorio. La omisión de los resultados de la encuesta en algunas circunscripciones de la extensa zona no obsta para que el Libro registre que, de un total de 2.109 núcleos de población, existían 676 lugares con behetría. La explotación sistemática de la fuente sirve de excusa a Carlos Estepa para proponer un cuadro general de la sociedad castellana de los siglos XIII a XV en que el argumento más atendido es la dimensión espacial y social del poder de los componentes de la pirámide nobiliaria, desde los ricoshombres a los hidalgos.

Aunque el sustantivo suene a arcaico, la behetría constituye todavía hoy una parte significativa del discurso histórico regionalista en tierras de Cantabria. Aquí, la atractiva idea de la combinación de igualdad originaria y resistencia al poder, presente en todo imaginario nacionalista, hunde sus raíces en la behetría. Se trata de una institución que, primero, a través de una encomendación personal (la benefactoria) y, más tarde, de otra de carácter territorial (la behetría propiamente dicha), relacionó a los habitantes de las aldeas castellanas con sus señores de tal modo que pudieron escogerlos bien entre los miembros de un linaje, bien entre cualquier componente de la nobleza asentada «de mar a mar». Con una particularidad añadida. La de que, a tenor de la frase del canciller López de Ayala, el cronista de la segunda mitad del siglo XIV , los vecinos encomendados podían llegar a cambiar de señor siete veces al día.

La monumental obra de Carlos Estepa nos alerta de que las cosas no fueron tan bellas ni antes ni después de que el canciller escribiera los párrafos que suministran algunas de las pistas más seguras para la interpretación de la encuesta contenida en el Libro Becerro de Behetrías . Y no fueron tan bellas por el hecho de que, ya antes de mediados del siglo XIV , pero sobre todo después, la behetría acabó siendo una modalidad más dentro del proceso de señorialización del norte del reino de Castilla. De hecho, buena parte de las behetrías quedaron convertidas en solariegos, esto es, en territorios de señorío laico. Pero con una diferencia. En el imaginario del campesinado eficazmente apoyado por oportunas reivindicaciones con traducción jurídica, las behetrías conservaron el aura de una encomendación, en principio, libremente escogida, lo que parecía implicar la existencia de unos orígenes distintos a los de la generalidad de los señoríos de solariego. Desde comienzos del siglo XVI y reavivada su convicción de libertad en el contexto de prolongados pleitos, como el pleito de los nueve valles de la actual Cantabria contra sus señores, la población de las aldeas consiguió que las behetrías fueran consideradas como realengo y, hacia 1530, alcanzaron su virtual desaparición en cuanto categoría señorial.

Hasta la década de 1980 el tema de la behetría había suscitado mayor número de estudios desde la perspectiva institucional que desde la social. Los trabajos de Sánchez Albornoz o los de Bartolomé Clavero, en una estela que tomó ya consistencia a finales del siglo XVIII con el montañés Rafael de Floranes, son ejemplos señeros de ese tratamiento. Desde aquella fecha, y gracias precisamente al aliento a largo plazo de Carlos Estepa, a través de sus estudios o de los de discípulos como Ignacio Álvarez Borge o Cristina Jular, ha interesado menos la behetría que las aldeas de behetría, en una primera hipótesis ahora debilitada, en cuanto presunta modalidad específica del desarrollo del feudalismo en Castilla. La obra que comento va más allá. Pretende utilizar las relaciones fiscales generadas en el interior de las aldeas de behetría como el fósil director para una exploración de la nobleza castellana. Y esa exploración desemboca en una taxonomía de los niveles de ejercicio espacial de los poderes por parte de la nobleza: los ricoshombres, que actúan a escala del reino; los caballeros que, según casos y circunstancias, se mueven en la región, la comarca o la localidad; y los hidalgos, de vecindad local y situación ambigua, gentes sin nombre y sin historia, que tan pronto parecen próximos a los caballeros como se confunden con los campesinos, según corrobora, para el ámbito vascongado y cronología semejante, el libro de José Ramón Díaz de Durana a punto de aparecer.
Las continuas y cautelosas matizaciones de Carlos Estepa sobre las circunstancias jurídicas, fiscales y, en general, sociales de los individuos de los grupos que sistematiza son producto, en buena parte, de los límites del material informativo con que ha construido su trabajo. Dicho material lo conforma, de un lado, el resultado de la encuesta de los años 1351 y 1352, que plasma en cuadros y mapas y, de otro, las referencias documentales que han legado y las bibliográficas que han suscitado las personas y las familias que los pesquisidores del rey Pedro I registraron en su libro. En este sentido, una abundante prosopografía construida por el autor y deudora de otros estudiosos concede nombre e historia a aquellos nobles castellanos y a algunos de sus encomendados. Es entonces cuando la taxonomía cobra encarnadura real. De otro modo, no habría novedad alguna; ya sabíamos que los ámbitos de ejercicio por parte de los poderosos eran de dimensiones espaciales muy variadas. También sabíamos que la tendencia general de la nobleza fue hacerse con el título de divisero, esto es, de partícipe en la titularidad de encomendero como protector y, a la vez, coaccionador del campesinado de cada aldea, y, más tarde, del de natural con derechos , con el que garantizaba para él y sus descendientes una condición hegemónica. Por esa vía, y por su fuerza, amparada en coyunturas concretas, los señores fueron transformando la condición de las aldeas haciéndolas pasar de la behetría al solariego.

Al cabo de las ochocientas páginas del estudio, resulta clara la evolución social de las aldeas de behetría desde las primeras menciones del bene facere en el siglo X hasta la Guerra de las Comunidades. Subsiste, en cambio, una incertidumbre sobre lo que podríamos llamar su origen político . Para el autor, «no es desacertado señalar que hasta cierto punto el realengo es previo a la behetría» (I, 217). La cautela de la expresión no desautoriza a deducir que, para él, las aldeas de behetría nacieron en espacios pertenecientes inicialmente a la jurisdicción (por tanto, según los presupuestos del autor, previamente a la propiedad) del rey. Si ello es así, cabe pensar que en otros territorios de un reino que estuvo bajo un único monarca entre 1037 y 1157 se produjera el mismo fenómeno de la behetría. Así parece que fue. Como sabemos, constan menciones a benefactoria en territorios de Galicia y León y testimonios de bienfectria, algunos muy expresivos en el mismo sentido que los analizados por Estepa, y se refieren a aldeas que tienen que ver con campesinos dependientes del monasterio de Sahagún. Tal vez el fenómeno se produjo pero no generó en su momento una fuente tan directa y rica como el Libro Becerro de Behetrías de Castilla. Por si acaso, en sus conclusiones, el autor parece alzarse contra cualquier opinión que le atribuya sostener que los orígenes del feudalismo en Castilla se identifican con la génesis de las behetrías: «En ningún momento hemos planteado una tal identificación entre las behetrías y el feudalismo castellano» (II, 388). Pero en el último suspiro del libro el autor acaba confesando que aunque «no podemos identificar las behetrías con el feudalismo castellano, al final debemos afirmar que el feudalismo castellano en su plenitud, al menos en las zonas nucleares del reino de Castilla, se entiende con las behetrías y se debe a las behetrías» (II, 402). Por supuesto, el feudalismo entendido, como el autor lo hace, como modo de producción feudal, cuya manifestación a efectos prácticos es un proceso de intensificación del dominio señorial sobre las tierras y los hombres de la zona estudiada.

En cualquier caso, y dada la propuesta del autor de que «la behetría procede del realengo», cabría preguntar en qué circunstancias se operó la toma inicial de poder por parte de la nobleza que puebla la obra. En lo que se refiere a las aldeas de behetría, queda claro que el hecho se debió a la particular traducción que los señores hicieron de sus exigencias dominicales. Éstas aprovecharon la diferenciación entre el solar del campesino, cuya libertad inicialmente se respetó, y la heredad, que los nobles sujetaron a distintas imposiciones. En definitiva, los nobles empezaron primero con demandas dominicales ligadas a la propiedad y, más tarde, a partir de ellas, se hicieron con la autoridad, con la jurisdicción de un número creciente de aldeas. Como se ve, seguimos desenvolviendo aspectos de la evolución social . Lo que no acabamos de percibir es el punto de partida de la misma. En otras palabras, ¿cuál era la traducción espacial de la estructura de poder en el punto de arranque del proceso en el siglo X ? En ese sentido, el espacio constituido por lo que acabarán siendo aldeas de behetría, ¿fue inicialmente un territorio de realengo asaltado sistemáticamente por las aristocracias en proceso de conversión en noblezas con reconocimiento de linajes, o fue un territorio en que las distintas comunidades aldeanas eran sus respectivos titulares antes de caer en manos de esas mismas noblezas?

Como sabemos, la discusión sobre el origen de los poderes en la Alta Edad Media constituye un viejo debate entre autores que ponen el acento en la existencia previa y general de una potestas regia que, por debilidad o conveniencia, dispensa territorios o delega competencias en favor de las aristocracias rampantes, y autores que subrayan la idea de que, desde su origen, el poder estuvo compartido entre el rey, las aristocracias y las comunidades aldeanas que se fueron constituyendo entre el Cantábrico y el Duero o en otros muchos territorios europeos. Si aceptamos esta segunda perspectiva, es posible que, ya desde finales del siglo X , muchas o algunas de las comunidades aldeanas hubieran podido empezar a tener al frente de ellas a familias poderosas cuando éstas, por aquellas fechas, comenzaron a trasladar a la esfera local, caracterizada por el arraigo campesino exigido por la dedicación agrícola, la hegemonía comarcal o regional de que gozaban en su condición de ganaderos. Es evidente que, como la fuente fundamental de información se limita a radiografiar la situación en una fecha muy precisa, la de mediados del siglo XIV , es difícil saber hacia atrás más de lo que Carlos Estepa ha averiguado. Lo otro forma parte ya de una teoría y, en ese punto, en su elaborada construcción, el autor ha renunciado a casi todo lo que suene a coartada conceptual preconcebida, lo que no quiere decir que haya renunciado a sembrar de hipótesis, cosa que hace de continuo, las páginas de sus dos volúmenes.

 

01/12/2004

 
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