Insurrección independentista; insurrección civil, pacífica pero agresiva; insurrección ciudadana; abierta rebelión; revolución nacionalista de masas; revolución ciudadana y tecnológica; golpe parlamentario que ha conducido a una revolución, literalmente; revolución que será legalista; revolución popular en las calles: no, no se trata de definiciones extraídas del auto de procesamiento de varios dirigentes del procés dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena; se trata, por el contrario, de conceptos que repiten una y otra vez Enric Ucelay-Da Cal y Arnau Gonzàlez i Vilalta, el primero destacado historiador del catalanismo político e historiador nacionalista el segundo, no menos destacado por su activismo en pro de la independencia catalana, para definir, según las impresiones que les llegan de la calle y de las instituciones de la Generalitat, lo que ha ocurrido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.
No hay más salida que la derrota con honor o el éxito: cualquier otra sería tomada como una rendición, sostiene el ciudadano Gonzàlez i Vilalta, añadiendo que, aunque parezca al revés, la Generalitat posee una gran fortaleza para que esta insurrección ciudadana o esta rebelión abierta triunfen, como muestra el hecho de que Carles Puigdemont y su gobierno se hayan «saltado decenas de sentencias, avisos, interlocuciones, la Constitución, el Estatuto, las fiscalías, las audiencias y… siguen en sus cargos». Se lo han saltado todo y siguen en sus cargos, ¿no es maravilloso? Lo es, sin duda, y la única conclusión posible para este activista que contempla los hechos desde la perspectiva del típico historiador que, como escribía hace más de un siglo Enric Prat de la Riba, «interesado en modificar la conciencia de un país se esfuerza por darle una historia más o menos falsificada», es que «el Estado es débil aunque zurre a los ciudadanos». Débil y, para colmo, fuera de la ley, comenta Gonzàlez i Vilalta al cónsul de una de las cinco mayores potencias europeas, para animarle a que la Unión Europea intervenga por fin en España con una mediación que consistiría en obligar al Estado español a negociar la independencia de Cataluña. «Europa no intervendrá en Cataluña si no se llega al extremo de traer al ejército y provocar algún muerto», le dice el cónsul, y Gonzàlez i Vilalta lo repite una y otra vez, plenamente de acuerdo con él: en Cataluña no intervendrá Europa si no se provoca un muerto en el curso de una intervención militar.
A este par de historiadores no les cabe la menor duda de que en Cataluña se ha consumado una ruptura que ha dado origen a dos Estados: Cataluña y España
Insurrección, rebelión, revolución: a este par de historiadores no les cabe la menor duda de que en Cataluña se ha consumado, desde lo que ellos mismos llaman «golpe parlamentario de septiembre» hasta la declaración unilateral de independencia de octubre, una ruptura que ha dado origen a dos Estados: Cataluña y España. Lo que en Ferran Mascarell, cuando iba mediado el año 2016, era una perspectiva de inmediato futuro, la formación de dos Estados, es ya una realidad en octubre de 2017 para Ucelay-Da Cal y Gonzàlez i Vilalta. No saben aún cómo acabará todo, pero la fuerza de la Generalitat catalana y la debilidad del Estado español permiten esperar con la mayor confianza que esta vez sí, por fin, Cataluña se declarará república independiente y Europa y el Estado español no tendrán más alternativa que reconocer esta nueva realidad de la que sólo podrá derivarse una lluvia de bienes para los dos Estados. Para el español, porque dejará de ser ineficiente y corrompido; para el catalán, porque al fin, y como repite el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, con una escritura rebosante hasta el hartazgo de esas anáforas tan propias del mitin político, tras la revuelta catalana ?que es una revuelta de corte regeneracionista, que es una revuelta sosegada y madura, que es una revuelta moderna «con un formato que marca tendencia»?, Cataluña habrá alcanzado la plenitud de su ser nacional en un Estado catalán libre, independiente y soberano, aspiración secular, o así lo cree Mascarell, del catalanismo político. De hecho, afirma Gonzàlez i Vilalta, esta dicotomía la ha aceptado ya la prensa mundial como una verdad establecida: Cataluña y España, dos sujetos separados. Era, cuando escribía estas líneas, el 12 de octubre de 2017, dos días después de que el presidente de la Generalitat compareciera ante el Parlament para asumir «el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República», y afirmar con la misma solemnidad que «el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independencia»Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sesión 43, 10 de octubre de 2017, p. 8..
Estos historiadores catalanes, que han sentido la necesidad de dejar para la posteridad sus impresiones sobre los acontecimientos vividos en los «gloriosos días» de septiembre y octubre, no fueron los únicos ni los primeros en el uso de los términos insurrección, rebelión o revolución para definir los tumultos que uno de ellos, Ucelay-Da Cal, contemplaba asomado a la ventana, y que el otro, Gonzàlez i Vilalta, proclamaba a todos los confines del mundo, en entrevistas con periodistas, intervenciones en televisión o alentando a los cónsules. El sociólogo Manuel Castells detectaba ya desde septiembre de 2012 todos los «ingredientes del brebaje inductor de revoluciones presentes en la Catalunya de hoy», expresados con fuerza creciente en las últimas tres décadas y con mayor intensidad en los últimos tres años; y la activista antidesahucios Ada Colau afirmaba, en su brega por la alcaldía de Barcelona, que Guanyem Barcelona iniciaba un «proceso de revolución y radicalidad democrática». Rebelión era también para Antonio Baños y, en general, para los miembros de Candidatura d’Unitat Popular, que saludaban la catalana como comienzo de las sucesivas rebeliones de todos los pueblos de España en su lucha por romper el candado que los aherrojaba desde los días ya lejanos de la transición a la democracia, recusada por todos ellos como una traición.
Cómo ha sido posible
Si diéramos por acertadas estas impresiones de testigos cualificados del procés, y si, en efecto, los acontecimientos de septiembre y de octubre pudieran calificarse de insurrección, rebelión o revolución, todo ello sin que se produjera ningún muerto, a pesar de la barbarie y el salvajismo que Gonzàlez i Vilalta atribuye reiteradamente a la policía y a la Guardia Civil españolas, la pregunta inmediata sería: cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido posible, en una democracia de Europa occidental, el caso nunca visto de una revolución encabezada desde un gobierno y un parlamento que son poderes del mismo Estado contra el que se desencadena la revolución. Eduardo Mendoza, en sus reflexiones sobre lo que está pasando en Cataluña, entiende que un hecho adicional, pero decisivo, fue que ni los unos ni los otros creían que se avanzaría tanto y que el impulso separatista se haría tan extenso y tan dinámico. Y en este punto, añade, la responsabilidad del Gobierno español es considerable. Señalado así por Mendoza, el reparto de responsabilidades entre nacionalistas y Gobierno es también el marco de la ágil crónica de acontecimientos que va trenzando Jordi Amat en su conjura o conspiración de irresponsables. Todos irresponsables: los unos, por las decisiones que adoptan; los otros, por las que no toman o porque abandonan la toma de decisiones al aparato judicial. El procès, cuyos orígenes remonta Amat, con buen criterio, a la llamada a la construcción de una Casa Gran del Catalanisme, dirigida a la buena sociedad catalana por Artur Mas en el discurso pronunciado con toda pompa y circunstancia en noviembre de 2007, se habría retroalimentado por medio de irresponsabilidades, multiplicadas por ambas partes tras la gran manifestación de la Diada de 2012 y la inmediata visita del presidente de la Generalitat a La Moncloa para llevar al presidente del Gobierno un mensaje lapidario: o aceptas el pacto fiscal o atente a las consecuencias. Aunque fuera por la puerta de atrás, a lo que Mas aspiraba era, según comentario de La Vanguardia, a que España dispensara a Cataluña «el mismo trato que Canadá a Quebec en el ámbito fiscal y a la hora de decidir libremente». El portazo de Rajoy –es decir, de España? tuvo como inmediata consecuencia que Mas –es decir, Cataluña? pudiera aparecer a la puerta del Palau de la Generalitat nimbado con la aureola de un Moisés dispuesto a conducir al pueblo elegido a la tierra de la que mana leche y miel.
Esta es la escena que Jordi Amat había elegido como pórtico a su Llarg procès (en su reciente y ampliada traducción, Largo proceso, amargo sueño), un amplio y hondo recorrido, de lectura obligada, para entender cómo pudieron reconstruirse las culturas políticas del catalanismo desde los tiempos de devastación que siguieron a la Guerra Civil y cómo se enriquecieron y diversificaron hasta lo que el mismo Amat ha simbolizado como muerte del Cobi. El cierre de esta larga historia nos lleva de nuevo a la plaza de Sant Jaume, cuando Artur Mas, tras el fiasco de La Moncloa, es recibido entre los aplausos y las risas de Quim Torra, director del Born Centre Cultural y vicepresidente de Omnium Cultural; Salvador Giner, presidente del Institut d’Estudis Catalans; Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural; Salvador Cardús, sociólogo; Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra; Vicent Sanchis, que será director de TV3, y Jaume Sobrequés, director del Centre d’Historia Contemporània de Catalunya, con Xavier Rubert de Ventós, filósofo, esto es, la crema de la intelectualidad catalana. Sonrisas y aplausos, no se trataba de una claudicación de intelectuales ante el poder, matiza ahora Jordi Amat, después de una charla con Jordi Gracia, sino de la consagración de una hegemonía intergeneracional que no tenía como prioridad la crítica del poder, tarea propia del intelectual desde el momento de su aparición con el alegato de Émile Zola, sino «la construcción de un nuevo poder en alianza con un poder ya establecido»Jordi Amat, Largo proceso, amargo sueño. Cultura y política en la Cataluña contemporánea, Barcelona, Tusquets, 2018, pp. 411-421..
¿Construcción de un poder o manifestación pública de un poder ya construido y a pleno rendimiento? Más bien lo que aquella escena mostraba era la consagración pública de la otra función del intelectual, la que Julien Benda definió en un panfleto célebre como «glorificación del particularismo nacional» con su típica exaltación de lo diferente frente a lo universal, formando en conjunto lo que Rogers Brubaker ha definido como una «nationalizing elite», entregada a la tarea de «promover el idioma, la cultura, la preponderancia demográfica, el florecimiento económico o la hegemonía política de la nación etnocultural»Rogers Brubaker, Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 9. Julien Benda, La Trahison des clers [1ª ed. 1927], París, Grasset, 1975, p. 157.. Lo que aparece con toda claridad a partir de 2012 es que, en Cataluña, el sector nacionalista de la intelligentsia, que acabará por definirse sucesivamente como soberanista, secesionista, independentista, formada por intelectuales, pero también por un amplísimo elenco de funcionarios de la cultura, es decir, en conjunto, la clerecía, ha consolidado en los años de catalanismo político, y con sus diferentes variantes, una potente red de asociaciones, fundaciones, institutos, museos, bibliotecas, archivos, memoriales, emisoras de radio y televisión, editoriales, prensa en papel o digital, convocatorias de congresos, firmas de manifiestos, que han puesto en sus manos lo que Karl Mannheim definió como «control monopolístico sobre los factores determinantes de la concepción del mundo de su sociedad»Karl Mannheim, Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, trad. de Eloy Terrón, Madrid, Aguilar, 1966, pp. 122-123..
Podría discutirse acerca de la amplitud y profundidad de ese monopolio, o de si habría que hablar de hegemonía al modo gramsciano, que vendría a ser lo mismo; pero es indudable que, en Cataluña, el mundo de la cultura y del asociacionismo cultural ciudadano, vinculado de una u otra forma, por titularidad pública o por generosas subvenciones, al poder político, ha dejado de situarse en el eje izquierda/derecha para reforzar, con el crecimiento exponencial del campo de poder simbólico en estrecha simbiosis con los partidos nacionalistas, el nacionalismo como vía al independentismo. En eso han venido a desembocar los proyectos de refundación del catalanismo tras lo que Martín Alonso califica como desbandada socialista después del tripartitoMartín Alonso, El catalanismo. II La intelectualidad del «proceso», Barcelona, El Viejo Topo, 2015, edición Kindle, pos. 2665. y la ocupación de todo el terreno por Convèrgencia (luego PDeCAT) y Esquerra: una concepción parcial de la ideología, en este caso el nacionalismo, convertida en una concepción total, aquella que niega al adversario la capacidad de pensar correctamente, por decirlo con los términos del propio Karl Mannheim.
La magnitud de esa migración desde el catalanismo, entendido a la manera de Manuel Vázquez Montalbán como «el factor dominante de la convivencia civil de la nación»Manuel Vázquez Montalbán, «Sobre la nació real dels ciutadans», en Norbert Bilbeny y Àngel Pes (eds.), El nou catalanisme, Barcelona, Ariel, 2001, p. 70., al independentismo, pasando por la exaltación de lo nacional como diferencia y de la construcción de España como zángana y expoliadoraEntre otras muchas denuncias de este presunto expolio, la Fundació Catdem, de Convergència Democràtica de Catalunya, publicó en septiembre de 2012 un vídeo, StopEspoli, encabezado por Andreu Mas-Colell, como «Minister of Economy and Knowledge, Government of Catalonia. Former Professor of Economics at Harvard University (1981-1996)», con intervenciones de Clara Ponsatí, Montserrat Gimbernau, Heribert Padrol y Carles Boix, según los cuales como consecuencia de ese expolio se habría acumulado en Cataluña un déficit de doscientos mil millones de euros desde 1986. Cataluña, decía Mas-Colell, sin esa presión fiscal sería la locomotora de Europa del Sur. Tres años después, las cuentas del expolio fueron calificadas de cuentos por Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2015. Para los «senyors d’Andalusia» que se aprovechan de unas políticas de subsidios que mueven a la gente a quedarse «en casa trabajando poco o sin trabajar» gracias a «la aportación de los catalanes», Borja de Riquer entrevistado por Andreu Barnils el 9 de abril de 2016., como el Otro del que es preciso abominar, no puede reducirse a una culminación fatal del pujolismo, como si se tratara de un fenómeno determinado por la misma configuración del poder simbólico del campo intelectual bajo la presidencia de Jordi Pujol. Fue, más bien, un cierre de filas entre intelectuales y políticos ante el doble proceso de disolución del pujolismo en lo que tenía de presencia del catalanismo en la política española y del inmediato fracaso del tripartito, anunciado ya en el período presidido por Pasqual Maragall y consumado en el de José Montilla. Los efectos bien conocidos de la crisis económica desatada desde 2008, que en Barcelona se manifestaron en los movimientos de junio de 2011 como cerco físico a la clase política en su intento de acceder al Parlament, y que se agravaron por la salida a primer plano de los casos de corrupción sistémica del poder político y empresarial catalán que venían de antes (caso Pallerols por financiación de Unió, caso Estivill/Piqué Vidal, con su perversa serie de extorsiones, y con los casos Pretoria y Palau ahora en trámite judicial), acabaron por liquidar los restos todavía humeantes del catalanismo político en el sentido que este sintagma adquirió desde los primeros años del siglo XX: Cataluña autónoma como cabeza de la regeneración y modernización de España.
Este fue el marco en que germinó la Casa Gran del Catalanisme con el derecho a decidir incorporado a su corpus ideológico. Pero ni el desgraciado fin de un tripartito que hundió al Partit dels Socialistas de Catalunya y abrió una crisis de liderazgo en Esquerra, resuelta en 2011 con el ascenso de Oriol Junqueras y Marta Rovira a la cúpula del partido; ni la desafortunada –en su largo trámite y en su resultado final? sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, de la que muy pocos se acordaron en las Diadas de 2010 y 2011, cuando la salida a la calle apenas rozó los diez mil participantes, y que sólo a partir de 2012 ocupó un lugar central en el nuevo discurso independentista; ni la serie de casos de corrupción amontonados ante los tribunales; ni, en fin, la oleada de indignación con el cerco al Parlament y la espectacular llegada del President en helicóptero, pueden considerarse, juntas o por separado, causas determinantes, y ni siquiera condiciones necesarias de probabilidad, del lanzamiento del proceso que culminaría con la declaración unilateral de independencia. Por supuesto, la masiva deserción de la forma específica de catalanismo político que conocemos como pujolismo, fer poble, construir Catalunya, no podrá entenderse sin prestar atención a las políticas de nacionalización emprendidas desde 1980 por un poder de Estado, la Generalitat, con el objetivo de construir un sol pobleAlgunas indicaciones en Fernando Molina y Alejandro Quiroga, «¿Una fábrica de independentistas? Procesos de nacionalización en Cataluña (2008-2015)», en Steven Forti, Arnau Gonzàlez i Vilalta y Enric Ucelay-Da Cal, eds., El proceso separatista en Cataluña. Análisis de un pasado reciente (2006-2017), Granada, Comares, 2017, pp. 51-70.. Pero, aparte de las irresponsabilidades o los delirios de cada cual, aquí hubo algo más, algo de lo que no puede prescindirse por muy banal que parezca: la competición por el poder, si no absoluto, sostenido al menos por una mayoría absoluta, entre los dos partidos nacionalistas en el marco político que iba configurándose a medida que se acentuaba la crisis económica, crecía la indignación ciudadana y entraba en crisis terminal el modelo de reparto de poder entre Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes de Catalunya, vigente durante treinta años en Cataluña, pasando a primer plano de la lucha entre partidos la competencia entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya por ocupar la primera fila en el nuevo escenario.
Rumbo a Ítaca
Habría de transcurrir todo el año 2011, con Convergència i Unió y el Partido Popular prestándose todavía ayuda mutua con ocasión de las elecciones municipales, Xavier Trias en Barcelona, Xavier García Albiol en Badalona, hasta que, ante el 16º Congreso de Convèrgencia, reunido en marzo de 2012, Artur Mas, en una iniciativa que tiene todos los ingredientes de una huida hacia delante, llamó a «tot el poble de Catalunya» a embarcar rumbo a Ítaca, o mejor: hizo saber a todo el mundo que ya habían subido a las barcas y habían puesto rumbo a Ítaca«Hem pujat a les barques y hem posat rumb a Ítaca», dijo Artur Mas en su discurso. . De la Casa Gran del Catalanisme de 2007 hasta el viaje a Ítaca en 2012 también habrá cambiado el referente exterior del catalanismo refundado: «No sé si veremos los Estados Unidos de Europa», dijo un Artur Mas que hizo saber a su auditorio que se sentía más joven que nunca, «pero si los vemos, Cataluña será como Massachusetts». De Cataluña como la Hungría del Imperio Austro-Húngaro a esta Cataluña como la Massachusetts de los Estados Unidos de Europa había transcurrido un siglo de historia con varias paradas intermedias: Irlanda, Lituania, Escocia…
No fue casualidad que, días antes de esta llamada a emprender la navegación a Ítaca, se celebrara en el Palau Sant Jordi de Barcelona la asamblea constituyente de la Assemblea Nacional Catalana, encargada de organizar la gran Diada de septiembre de 2012 bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa», recogido días después en la resolución 742/IX del Parlament de Catalunya como certificado de que todos los intentos de encaje de Cataluña en España son «una vía sin recorrido» y que, por tanto, Cataluña ha de iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidirButlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 390, 2 de octubre de 2012, p. 3.. Impulsada por la euforia que no dejó de crecer desde el anuncio de la nueva navegación, la cúpula de Convergència i Unió decidió que había sonado el momento de recuperar la mayoría absoluta disolviendo aquel Parlament y convocando nuevas elecciones, que tendrían el carácter de un referéndum sobre el derecho de autodeterminación. Dicho y hecho: Artur Mas dejó de pensar en las próximas generaciones para dedicar todo su pensamiento a las próximas elecciones, que convocó de inmediato para el 25 de noviembre, con la legislatura a mitad de recorrido y con la absoluta certeza de que la mayoría absoluta caería en sus manos como fruta madura.
El resultado fue, sin embargo, descorazonador para el intrépido navegante: su partido sólo pudo acopiar el 30,7% de los votos que, traducidos a escaños, dieron cincuenta diputados, doce menos que en las elecciones de 2010, convocadas cuando todavía estaban frescos en la memoria los ecos del lema «Som una nació. Nosaltres decidim». Más lejos de la mayoría absoluta que dos años antes, a la frustración se añadió la engorrosa novedad de que Esquerra, que en 2010 pasaba por horas bajas como consecuencia del fracaso final del tripartito, había levantado el vuelo y doblaba ahora su número de votos hasta alcanzar el 13,7%, obteniendo un total de veintiún escaños, uno más del doble de las elecciones anteriores. Para gobernar, Convergència i Unió necesitaba de una Esquerra muy crecida y, por tanto, capaz de imponer condiciones no precisamente en el terreno propio de la izquierda –impuestos, servicios públicos, salarios y demás?, sino en el mismo terreno en el que CiU creía disponer de mayor capital desde que Artur Mas decidió refundar el catalanismo: la puja al alza por el derecho a decidir, la soberanía, la independencia, constituyó una absoluta novedad en la reciente historia del catalanismo político, llamada a liquidar los restos que aún quedaban del proyecto de Cataluña como vanguardia de España, que Ferrán Mascarell creía todavía vigente cuatro años atrás.
La rebelión catalana se vivía entre sus militantes como la voladura del candado con que el régimen de 1978 tenía aherrojados a todos los pueblos de España
La consecuencia inmediata de esta alianza entre CiU y Esquerra fue, por tanto, que el eje izquierda/derecha, uno de los dos sobre los que había girado la política catalana desde 1980, dejó de contar para que todo el espacio político catalanista lo ocupara la competición, larvada o pública, entre nacionalistas conservadores de centro y nacionalistas de izquierda: quien liderara o tomara la delantera en la reivindicación del todo sería premiado con la ansiada mayoría. Y así, antes de que Artur Mas recibiera, con el apoyo de Esquerra, su segunda investidura, el Parlament de Catalunya acordó un día de enero de 2013 «iniciar el procés per fer efectiu el dret a decidir» y declaró que «el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat demòcratica, caracter de subjecte polític y jurídic sobirà»Diari de sessions del Parlament de Catalunya, Sèrie P, núm. 2, 23 de enero de 2013, pp. 61 y 62.. No podía expresarse de manera más neta: el procés, en el sentido de camino a la independencia, se puso política y explícitamente en marcha en enero de 2013 como condición necesaria para que Artur Mas y Convergència i Unió pudieran sellar un pacto no ya de investidura, sino de legislatura con Oriol Junqueras y Esquerra. Reunían entre los dos partidos el 44,4% de los votos, equivalentes al 30,6% de electores, y sumaban un total de setenta y un escaños (cincuenta más veintiuno), una mayoría absoluta de diputados sostenida en una minoría mayoritaria de votos, suficiente para sentirse autorizados a hablar en nombre del pueblo de Cataluña –la derecha, por fin, fundida con la izquierda? y comprometer una fecha para proceder a una consulta referendaria para saber si, en efecto, el pueblo de Cataluña se inclinaba por la formación de un Estado propio que sería, además, independiente: ¿quiere usted un Estado propio para Cataluña?; y, si lo quiere, ¿quiere usted además que ese Estado sea independiente? La respuesta, como en todo referéndum que se precie, estaba cantada en las dos preguntas.
Desembarco en la DUI
Si la Diada de 2012 y su visita al Palacio de la Moncloa habían impulsado a Artur Mas a adelantar dos años la disolución del Parlament y la consiguiente convocatoria electoral, la Diada de 2014, culminada con el mandato imperativo de Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana («Gobierno, Parlamento, presidente: pongan las urnas»Citada por Jordi Canal, Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña, Barcelona, Península, 2018, p. 195.), precederá a la consulta referendaria de noviembre de 2014. Mientras tanto, proseguía su curso la transformación en el sistema de partidos, calificada de tsunami por un especialista en la materia, Joan B. CullaJoan B. Culla, El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha esdevingut irreconeixible, Barcelona, Portic, 2017., a pesar de que el único partido obligado a desaparecer, o cambiar de nombre, fue Convèrgencia, arrastrada no tanto por el tsunami como por el huracán desencadenado en el verano de ese año por las revelaciones de su anterior líder sobre su fraude continuado a la Hacienda pública, peccata minuta, en realidad, si se compara con el cúmulo de corrupciones que gravitaban sobre su partido y sobre la gente bien de Barcelona, pero pronto convertido en peccata mortales al aparecer como punta de un iceberg llamado Pujol-Ferrusola: la familia.
Tsunami o no, lo cierto es que la prometedora «movilización» de algo más de dos millones de ciudadanos en noviembre de 2014, añadida a la creciente debilidad del Gobierno del Estado, atrapado entre la política eufemísticamente llamada de austeridad y los inacabables casos de corrupción que afectaban a las entrañas mismas del Partido Popular en Madrid, Valencia y Baleares, estimuló a los líderes del nacionalismo a borrar los restos, si alguno quedaba, de su histórica competición en el eje derecha/izquierda y presentarse a sus electores como Junts pel Sí, anunciando nuevas elecciones que volverían a ser, ahora en serio, plebiscitarias. Mientras tanto, un Consell Assessor per a la Transició Nacional, donde volvieron a encontrarse no pocos de los intelectuales que habían aplaudido a Artur Mas en la plaza de Sant Jaume, se encargaba de preparar y publicar una serie de informes en los que anunciaba cada paso del camino que sería necesario recorrer hasta alcanzar la independencia en forma de una República catalana que sería recibida con los brazos abiertos no sólo por la Unión Europea, sino por la comunidad mundial de nacionesDe la acción institucional, parainstitucional y del DiploCat se ocupa Paola Lo Cascio, «In or out? Las políticas de internacionalización del procés catalán y la producción del discurso en torno a la independencia (2012-2016)», en Steven Forti, Enric Ucelay-Da Cal y Arnau Gonzàlez i Vilalta (eds.), op. cit., pp. 131-149..
Pero, segunda frustración, Junts pel Sí, coalición electoral de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, desprendida de Unió, con una Esquerra en trance de crecimiento, obtuvo en septiembre de 2015, en unas elecciones que «guste o no, diga lo que diga la ley y el Gobierno de Rajoy, serán plebiscitarias», diez escaños menos que la suma alcanzada por CiU y ERC en las elecciones anteriores: sólo llegó al 39,5% de los votos (equivalente al 30,3% de electores) y no pasó de sesenta y dos escaños, nueve menos de los que en 2012 consiguieron ambos partidos por separado. En términos de plebiscito, un fracaso rotundo, sólo paliado por los diez escaños conseguidos por Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, que vendió su apoyo a la coalición nacionalista cobrándose la cabeza de Artur Mas (la cabeza de un israelí vale por diez palestinos, le dijeron a Anna Gabriel en las negociaciones para alcanzar el pacto) y el compromiso de convocar un referéndum para la Declaración Unilateral de Independencia, nuevo concepto que los secesionistas catalanes importaron de Kosovo. A la CUP, en principio, la nación le traía en aquellas elecciones más bien sin cuidado; lo que le interesaba era quebrar el Estado por donde más frágil parecía: la rebelión catalana se vivía entre sus militantes como la voladura del candado con que el régimen de 1978 tenía aherrojados a todos los pueblos de España. Haciéndolo saltar en Cataluña, los demás pueblos vendrían algo así como por añadidura.
Para demostrar a la CUP que el viaje a Ítaca no iba a ser de ida y vuelta, el 9 de noviembre de 2015, el Parlament de Catalunya, recién constituido, sin haber procedido todavía a la sesión de investidura de algún candidato que sustituyera a Artur Mas, y después de constatar que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones se basaba en una mayoría de escaños de las fuerzas políticas que tenían como objetivo que Cataluña se convirtiera en Estado independiente, aprobó con los votos de Junts pel Sí y la CUP una resolución en la que declaraba «solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República» y proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana»Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, XI Legislatura, primer período, serie P, núm. 2, 9 de noviembre de 2015, p. 26.. Era para no llamarse a engaño: como advirtió Francesc de Carreras, esta propuesta de resolución I/XI del Parlament de Catalunya repetía en todos sus términos el contenido del informe número 10, de 14 de junio de 2014, del Consell Assessor per a la Transició Nacional, donde se preveían con todo detalle los pasos que conducirían a la proclamación de la independencia y a la constitución de un Estado catalán.
Si a nadie podía sorprender, ¿como es que no se produjo reacción alguna por parte del Gobierno? Esta es la pregunta que nadie dejará de formular, especialmente desde este momento, ante la actitud de dejar pasar, dejar hacer, adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que descargó sobre el Tribunal Constitucional toda la respuesta a una resolución de un Parlamento que quebrantaba la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. ¿Una irresponsabilidad del Parlamento catalán a la que el Gobierno español respondía de manera también irresponsable? Bueno, puede decirse así, pero esto no pasa de ser un juicio de valor de quien observa los hechos y muestra su desconcierto ante lo que está sucediendo: todos irresponsables, de acuerdo. Pero la irresponsabilidad de los primeros consistió en una acción positiva que, de seguir adelante en el proyecto anunciado de convocar un referéndum y declarar unilateralmente la independencia, habrá de identificarse en términos políticos, mientras que la de los segundos consistió en la ausencia de acción, que podrá interpretarse de diferentes maneras según la ideología del observador o del analista: dejación de funciones, muestra de prudencia, prueba de debilidad, error. Para lo que ahora nos concierne, es evidente que la ausencia de respuesta política a una vulneración tan flagrante de la Constitución sólo podía interpretarse por los actores responsables de sus actos, es decir, por los partidos nacionalistas en el poder y sus aliados independentistas, como una muestra más de la debilidad del Gobierno del Partido Popular, que iniciaba ya la cuenta atrás del fin de una legislatura con la convocatoria de unas elecciones generales en las que perdería, y de qué modo, la mayoría absoluta alcanzada en 2011. Lógico que, en un Estado con un Gobierno en funciones durante todo un año, los secesionistas catalanes se frotaran las manos: es ahora o nunca, se dijeron, como ya lo había dicho Francesc Macià en los días luminosos de abril de 1931 y Lluís Companys en los más sombríos de octubre de 1934.
Navegando con todo el viento a favor, empujados en la primera etapa –derecho a decidir, soberanía, Estado propio? por Esquerra, y en esta segunda –referéndum, declaración unilateral de independencia, República? por la CUP, lo que nunca imaginaron los líderes de la antigua Convergencia, que se convertirá desde 2016 en PDeCAT, fue que la convocatoria adelantada de elecciones en las mejores condiciones posibles para su causa, con los catalanes no secesionistas sometidos a la presión conjunta de los medios de comunicación, las asociaciones parapolíticas, los think tanks subvencionados por la Generalitat, los manifiestos de intelectuales, las tribunas y entrevistas de historiadores tocados por el fervor de los conversos, lejos de proporcionarles la mayoría absoluta de votantes, incrementaron, sin embargo, el porcentaje de voto no secesionista. Fue sorprendente, en efecto, que, tras el declive de los dos partidos de ámbito estatal con presencia en Cataluña, Partit dels Socialistes de Catalunya y Partido Popular de Cataluña, y la aparición de nuevas formaciones políticas a derecha e izquierda, la ofensiva secesionista del nacionalismo formado en una coalición «por el sí» tropezara con la correosa resistencia de los votantes no secesionistas, que de 2012 a 2015 pasaron de representar el 44,5% al 48% de los votos emitidos, debido al espectacular crecimiento de Ciudadanos, que pasó de nueve a veinticinco diputados y del 7,6% al 17,9% de votos. En lugar de parar las máquinas y atracar en puerto seguro, a la espera del embarque de «tot el poble de Catalunya» invitado por Mas a la travesía, los secesionistas decidieron acelerar la marcha y, gracias al sistema de reparto de escaños favorable a los distritos menos poblados, a la suma de votantes de la CUP y a ese fraude que consiste en tomar la parte por el todo, siguieron adelante con su política en el Parlament, como si fueran los únicos representantes legítimos del pueblo de Cataluña, o como si hubieran ganado el plebiscito que ellos mismos se habían encargado de convocar.
El resto de la historia es bien conocido: según el testimonio de nuestros dos historiadores, fascinados en medio del «tumulto» que llevó hasta la declaración de independencia en la segunda sesión del Parlament de Catalunya el 27 de octubre de 2017, y a la consiguiente y obligada aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria por parte del Gobierno de nuevas elecciones autonómicas, lo ocurrido se definía como insurrección, rebelión, revolución, golpe parlamentario de septiembre. También lo han creído así los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que han enviado a prisión a los presuntos culpables de este delito como medidas cautelares mientras dura la instrucción de la causa, una decisión discutida que ha servido, entre otras derivaciones, para adornar el discurso nacionalista con el añadido de mártires y exiliados, siempre muy rentable en procesos electorales.
Volviendo, en todo caso, la vista atrás, y con sólo echar una ojeada a los resultados de las tres elecciones autonómicas celebradas desde el comienzo del viaje a Ítaca, el resultado más palpable de la ofensiva nacionalista iniciada en 2012 es que el sueño de Jordi Pujol, Catalunya, un sol poble, lema del resurgir del catalanismo en las décadas de 1950 y 1960, ha quedado destruido por quienes, representando al 37,2% de la población catalana con derecho a voto, que es todo lo que da la suma de los dos partidos nacionalistas con el añadido de la CUP, obligaron al resto de ciudadanos a votar como si de un referéndum o plebiscito se tratara. Al final de toda esta historia, los partidos secesionistas obtuvieron el 47,7% de los votos emitidos, mientras que quienes optaron por la no secesión sumaron el 51%. Es una ironía más de esta historia que, habiendo perdido en una competición definida por ellos mismos y por quienes les bailan el agua ?entre ellos un buen puñado de historiadores? como plebiscitaria, los fracasados en su propia apuesta se llenen la boca hablando en nombre del pueblo de Cataluña. Estos fueron los resultados de las tres convocatorias:
Escaños (A) y porcentajes (B) de voto obtenidos por los partidos secesionistas en elecciones autonómicas durante el procés
CiU* ERC Junts pel Sí CUP Total
*En 2017, Junts per Catalunya.
Escaños (A) y porcentajes (B) de voto obtenidos por los partidos no secesionistas en elecciones autonómicas durante el procés
PSC PP C’s ICV-EUiA CatComPod* Total
*En 2015, Catalunya Sí que es Pot; en 2017, Catalunya en Comú-Podem
Resumiendo: la respuesta mayoritaria, que en 2012 habría dado un triunfo al sí por tres puntos, fue no por una diferencia de pocas décimas en 2015 y ha vuelto a ser no, con una distancia de 3,5 puntos, en 2017, y con la novedad de que el partido más votado, Ciudadanos, ha arrebatado la primogenitura a la antigua Convergència que, disfrazada de Junts pel Catalunya, sólo ha podido juntar en las elecciones de diciembre de 2017 el 21,6% de los votos, frente al 25,4% del que ha pasado a ser su principal adversario. Y es que, hasta esa fecha, todo lo conseguido por el procés ha consistido en romper en dos, no ya al pueblo catalán, un ente de razón, sino a la sociedad catalana, sin que en ninguno de los campos así escindidos pudiera vislumbrarse la posibilidad de formación de un gobierno estable y sólido, fragmentados a su vez los nacionalistas por su histórica competición por el poder y, en el campo no secesionista, por su posición en el eje izquierda/derecha. Nunca, en lo que llevamos de democracia, se había sometido al conjunto de la ciudadanía de una sociedad plural, y que expresa su pluralismo políticamente en un sistema multipartidista, al trance de depositar su voto en términos plebiscitarios. Los dirigentes de Convèrgencia y Esquerra se lanzaron desde marzo de 2012 a la aventura, plenamente convencidos, primero, de que alcanzarían la mayoría absoluta, y segundo, de que, sostenidos por esa mayoría, una declaración unilateral de independencia pronunciada desde un salón bastaría para que la República Catalana, aclamada por todo el pueblo en la calle, fuera reconocida por los Estados europeos, en primer lugar, y por las Naciones Unidas, a renglón seguido. El estrago provocado por estas políticas no tendrá fácil arreglo.
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En su exhaustivo estudio sobre los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona, Alejandro Nieto escribía que, si de algo sirviera la Historia, de aquellos hechos se desprenderían dos lecciones de una meridiana claridad: «El Gobierno de Madrid debió aprender que una actitud popular, aunque sea minoritaria, no puede doblegarse a cañonazos: es una siega de hierba que volverá a crecer cuando llueva de nuevo. Y el Gobierno de la Generalidad debió aprender –en contra de la pedagogía revolucionaria? que como mejor se satisfacen las aspiraciones políticas es con medios pacíficos, con pactos o elecciones democráticas, y no con la violencia de los fusiles y las bombas»Alejandro Nieto, La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República. Los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 392.. Adaptada a los sucesos de septiembre y octubre de 2017, y salvadas todas las distancias, esta sabia reflexión no pierde ni un ápice de su validez para la actual circunstancia: si de algo sirviera la reciente historia, el Gobierno del Estado, sea del signo político que fuere, deberá aprender que, en una democracia, una actitud popular no se doblega por medio de intervenciones policiales ni judiciales; y el Gobierno de la Generalitat, sea quien fuere su presidente, tendrá que aprender que las aspiraciones políticas que representa sólo podrán satisfacerse por medio de negociaciones y pactos dentro del marco jurídico-político al que todos han prometido o jurado lealtad, incluso, o sobre todo, cuando la negociación y el pacto se refieren al mismo marco jurídico-político vigente. Cualquier otra estrategia o táctica política está condenada, en un régimen democrático, a escindir, fragmentar y enfrentar a la sociedad a la que el conjunto de poderes públicos están obligados a representar en su totalidad.
Santos Juliá es historiador. Sus últimos libros son Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940 (Madrid, Taurus, 2008), Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX (Barcelona, RBA, 2010), Elogio de Historia en tiempo de Memoria (Madrid, Marcial Pons, 2011), Camarada Javier Pradera (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012), Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través de manifiestos y protestas, 1896-2013 (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014) y Transición. Historia de una política española (1937-2017) (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017), que recibió el pasado mes de febrero el premio Francisco Umbral al Libro del Año.
