La República nació el 14 de abril de 1931, sin efusión alguna de sangre, llevada en volandas por un intenso y genuino entusiasmo popular. Pero, para desgracia de los españoles, los políticos que le dieron forma no eran pragmáticos moderados ávidos de integrar en el nuevo régimen a todos los ciudadanos, sino idealistas intransigentes que, a diferencia de los hombres de la Transición, no deseaban construir una democracia parlamentaria en la que las diversas fuerzas políticas pudieran alternarse en el poder en el marco de una Constitución nacida del consenso de la amplia mayoría de la nación. Desde su punto de vista, expresado sin ningún disimulo durante años en sus escritos y sus intervenciones públicas, la República debía servir de cauce a una verdadera revolución llamada a convertir por fin en realidad lo que no había logrado el fallido Estado liberal decimonónico: arrancar de raíz la nociva influencia de la Iglesia y los militares, desalojar del poder a la oligarquía retardataria que había parasitado la Administración en beneficio propio y modernizar la economía nacional y el espíritu de los españoles.

La suya no era, pues, una revolución social, sino política y cultural, pero en ella no había lugar alguno para los discrepantes. La República solo podrían gobernarla las izquierdas, y a los que no militaran en sus filas no les restaba sino someterse o sufrir las consecuencias. La transigencia, el diálogo, el pacto, en fin, no eran posibles, pues cualquier pacto no encarnaba para ellos sino la claudicación inadmisible ante un enemigo al que urgía derrotar a toda costa. Había que actuar «sin vacilaciones ni veleidades girondinas», como proclamaba en diciembre de 1929 el Manifiesto del Partido Republicano Radical Socialista; había que embarcarse con decisión, como diría Manuel Azaña en un discurso pronunciado a finales de 1930 en el Ateneo de Madrid, «en una vasta empresa de demoliciones».

No se trataba de mera palabrería imbuida de la exaltación del momento. Ya en el poder, los actos de los flamantes dirigentes republicanos comenzaron enseguida a demostrar que no repararían en consideración alguna a la hora de impulsar su ambicioso programa de ingeniería social. La pasividad inicial del Gobierno Provisional frente a los extremistas que incendiaron más de un centenar de edificios religiosos en mayo de 1931 acreditó cuán limitadas eran las convicciones democráticas de los principales ministros izquierdistas del gabinete¹. La reforma de la ley electoral aprobada a toda prisa entre abril y junio de 1931, antes de que la oposición monárquica pudiera reorganizarse, fue diseñada con sumo cuidado para asegurar la perpetuación de la izquierda en el poder². La jacobina Ley de Defensa de la República, promulgada en octubre, facultaba al ministro de la Gobernación para suspender con facilidad, al margen de los tribunales, las libertades fundamentales de sus enemigos políticos de uno y otro signo³. Y, en fin, la Constitución sancionada por las Cortes el día 9 de diciembre, que hacía de España una «República democrática de trabajadores de toda clase» nacía preñada de una nítida sustancia izquierdista que limitaba en buena medida el margen de maniobra de los futuros gobiernos.

No cabe extrañarse, pues, de que cuando la izquierda republicana, derrotada en los comicios de noviembre de 1933, se vio apeada del poder, sus líderes más conspicuos negaran toda legitimidad al triunfo electoral del centro y la derecha, y el PSOE, su reciente socio de gobierno, se lanzara de inmediato a preparar la intentona revolucionaria de octubre de 1934, dirigida contra una República que, dado que ya no servía a sus objetivos, carecía de interés alguno en preservar. Tampoco resulta sorprendente que aquellos mismos líderes condenaran con la boca pequeña la violencia de sus aliados, simpatizando en el fondo con los que ellos creían sus objetivos, aunque no lo hicieran con los medios empleados. Y menos aún, en fin, que la represión, intensa y plagada de abusos, pero en modo alguno tan atroz como denunciaban, facilitase la recomposición de la alianza entre socialistas y republicanos de izquierda y abriese camino a una radicalización aún mayor de las diversas fuerzas que habían apoyado la revolución de 1934, envenenando de forma casi irreversible el clima político y alimentando la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

Llegado este punto, nada estaba decidido todavía. No es cierto, como a veces se ha afirmado, que octubre fuera la primera batalla de la Guerra Civil⁴. Pero sí lo es que las masas obreras, frustradas por la inoperancia de las reformas del primer bienio y la alicorta política de rectificación del segundo, parecían cada vez más dispuestas a tomar por la fuerza en las fábricas y en los campos lo que las Cortes eran reacias a darles. Y no lo es menos que el Gobierno de izquierda republicana, por completo dependiente de los diputados de los partidos en los que aquellas masas militaban, mal podía reprimir sus desmanes con la firmeza que habría exigido la defensa de los derechos democráticos que la Constitución garantizaba⁵. Y, así las cosas, era cuestión de tiempo que el pánico creciente que se iba extendiendo entre las clases medias y los católicos desbordara en favor de opciones más radicales, como la Falange o los carlistas, las posiciones de la derecha moderada, respetuosa hasta entonces con la legalidad republicana. En aquel contexto, la opinión pública podía verse abocada a un proceso de retroalimentación cada vez más intenso en el que, desplazado ya el conflicto fuera del terreno parlamentario, medio país abrazase la violencia para prevenir el que tenían por triunfo inminente del fascismo, mientras el otro medio lo hacía para defenderse de la supuesta revolución comunista en ciernes. Pero, aunque esto fue lo que terminó por suceder tras el fracaso del levantamiento militar de julio de 1936, las cosas podían haber sucedido de otro modo.

Si el Gobierno del Frente Popular hubiera tomado la mano que aún le tendía la derecha moderada durante toda la primavera trágica de 1936, salpicada de numerosos actos de violencia de las masas izquierdistas, contestados con intensidad creciente por salvajes atentados de los pistoleros falangistas, en lugar de culpar de ellos a las supuestas provocaciones de los propietarios de fincas, empresarios, sacerdotes e incluso obreros derechistas que solían ser sus víctimas, quizá habría podido reconstruirse el consenso suficiente para salvar la República. Entonces, tras un estado de excepción más o menos prolongado, bajo un Gobierno de concentración republicana presidido por un líder respetado, como llegaron a sugerir políticos templados como Felipe Sánchez Román o Miguel Maura, tal vez habría sido posible sentar las bases de una democracia parlamentaria real, capaz de vehicular, como hiciera en su momento la Tercera República francesa, reformas más pausadas, y por ende más sólidas, sobre las que asentar el progreso colectivo.

Pero no sucedió así. Los moderados, a la izquierda y a la derecha, fueron desbordados por los extremistas. La guerra civil, corolario del colapso del régimen parlamentario y del fallido alzamiento militar, no enfrentó en absoluto, como todavía hoy se empeñan muchos en afirmar, a los defensores de la República democrática con los que pretendían derribarla, sino a los que anhelaban la revolución con los que la temían. Como escribiera el comunista británico George Orwell, que luchó en las milicias del POUM, en las trincheras republicanas no ondeaba la enseña tricolor, sino la bandera roja de los comunistas y la rojinegra de los anarquistas. La Tercera España, la España de los demócratas; esa que Pío Baroja denominó la de los murciélagos, rechazados por los pájaros por ser ratones y por los ratones por ser pájaros, enmudeció durante tres largos años y lo haría luego durante casi cuarenta más.

La República naufragó, pues, y se frustró con ella el primer intento de los españoles de dotarse de un régimen democrático, por limitado e imperfecto que fuera. Pero, en contra de lo que siguen afirmando contra toda evidencia los historiadores más o menos afines a las mal llamadas leyes de memoria, no lo hizo sin más como resultado de la cerril oposición del «bloque dominante tradicional», de obispos, militares y terratenientes a un régimen que había intentado conducir a España por el prometedor camino del progreso y la democracia⁶. Tampoco como fruto inevitable de una deletérea combinación de factores económicos y sociales que alimentaron una suerte de tormenta perfecta en la que resultaba imposible escapar al naufragio. Ni siquiera como consecuencia de un deficiente diseño institucional, partidos poco adecuados para dar cauce estable a la opinión pública o la existencia, a la izquierda y a la derecha, de corrientes políticas radicales que, como el anarquismo, el comunismo, el carlismo o el falangismo, rechazaban de plano el pluralismo político y trataban de destruirlo por todos los medios a su alcance.

En todas estas afirmaciones hay algo de cierto. Lo es que los gobernantes de la izquierda republicana hubieron de enfrentarse al rechazo frontal de fuerzas sociales y políticas que se oponían a sus reformas, y también que muchas de ellas eran necesarias, indispensables incluso. Pero, a pesar de su calado, ni estuvieron siempre bien planteadas, ni se buscó consenso alguno o se moderó su ritmo para facilitar su aceptación por quienes se oponían a ellas. Además, no todos los que lo hacían militaban en las retrógradas huestes de obispos, terratenientes y militares. Millones de ciudadanos, católicos en su mayoría, pequeños propietarios rurales muchos de ellos, integrantes otros de las clases medias urbanas, se apartaron enseguida de un régimen que pronto empezaron a contemplar como el instrumento de una izquierda que les privaba de sus derechos fundamentales; atacaba sus creencias más íntimas; cerraba sin justificación sus periódicos y, en fin, negaba su legitimidad para gobernar.

No es menos cierto que la República comenzó su andadura en un contexto histórico de extrema dificultad, marcado en Europa por la brutalización de la política⁷, la debilidad de las democracias y el auge de los totalitarismos y las dictaduras de diversa índole, y en la propia España, por la persistencia de problemas estructurales y conflictos sociales que el advenimiento del nuevo régimen, preñado de venturosas promesas de mejora para los más humildes, no podía sino exacerbar, dificultando el afianzamiento de una democracia parlamentaria. Pero no fueron los sucesos europeos ni esas demandas en sí mismas, sino la respuesta política que adoptaron frente a unos y otras los dirigentes de la izquierda y su manifiesto abandono de las formas legales lo que convirtió la comprensible frustración de las masas en una poderosa amenaza para el gobierno parlamentario, cuya pervivencia era requisito imprescindible para una solución pacífica de los conflictos.

Por último, es también innegable que el andamiaje institucional del régimen presentaba fallas evidentes, como enseguida observó el que fuera su primer presidente, Niceto Alcalá Zamora, que reflexionó sobre ellas en su obra Los defectos de la Constitución de 1931, publicada en 1936. Era, desde luego, deficiente la articulación de las relaciones entre el poder moderador y el ejecutivo, y entre este y un legislativo caprichoso, poderoso en exceso e integrado por grupos parlamentarios incapaces de imponer disciplina a sus miembros más díscolos. Quizá también fue un error eliminar el Senado, que podía haber aportado cierta templanza a la obra legislativa de unas Cortes llamadas a elaborar normas con vocación de permanencia. Y lo fue también, en buena medida, la ley electoral, cuyo sesgo mayoritario magnificaba los vicios de un sistema de partidos endeble y fragmentado, y favorecía los extremismos al convertir en imprescindibles las coaliciones. Pero no había nada inevitable en todo ello. Fueron los políticos de la izquierda los que diseñaron el régimen a su sola imagen y semejanza, pensando antes en crear un instrumento que se adecuara a sus objetivos revolucionarios que en asegurar el consenso de las principales fuerzas políticas, haciendo así imposible lo que no solo resulta deseable, sino incluso imprescindible para la pervivencia de un régimen democrático: la alternancia en el poder.

La República, por tanto, no nació ya condenada a una muerte temprana. Si fracasó, no fue tan solo como resultado de los factores mencionados, sino como fruto de políticas concretas llevadas a cabo por personas con nombre y apellidos que podían haber obrado de otro modo. El objetivo de La secta republicana es precisamente ese: analizar el papel que tuvieron en el naufragio de nuestra primera democracia la ideología, la táctica política y la forma de socialización de sus clientelas de un grupo concreto y de perfiles muy definidos de la clase dirigente de la Segunda República, el integrado por los principales líderes de las fuerzas políticas de la izquierda burguesa, cuyo sectarismo militante y rechazo sistemático a cualquier transacción con los partidos que, en su opinión, representaban la España caduca que habían venido a destruir impidió que se alcanzara el mínimo consenso sobre las reglas de juego que todo Estado de derecho necesita para sobrevivir.

Luis E. Íñigo es profesor de bachillerato en excedencia e inspector de educación en activo. Doctor en Historia Contemporánea de España, es especialista en los partidos republicanos moderados en los años treinta del siglo pasado y ha publicado casi una treintena de libros de investigación y divulgación, entre ellos La secta republicana. La intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española, que acaba de ver la luz.

1. Frisando la cumbre del sectarismo, los radical-socialistas calificaron los luctuosos sucesos como «un espléndido empuje de sana protesta popular» (El Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1931). ↩︎
2. Un análisis detallado de las reformas electorales y sus efectos puede verse en Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República, Madrid, Encuentro, 2010, pags. 98-127. ↩︎
3. Un buen estudio de la ley se encuentra en Rubén Pérez Trujillano, Creación de Constitución, destrucción de Estado. La defensa extraordinaria de la II República española (1931-1936), Madrid, Dykinson, 2018. ↩︎
4. Pío Moa, Los orígenes de la Guerra Civil española, Madrid, Encuentro, 1999. ↩︎
5. Así lo afirmaba Gaziel, director de La Vanguardia, en un editorial de su periódico el 29 de mayo de 1936. ↩︎
6. Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debolsillo, 2013, pág. 47; Ángel Viñas, La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada, Barcelona, Crítica, 2012, pág. 374. Versiones más matizadas del argumento, en Eduardo González Calleja y otros, «Prólogo: La Segunda República, el doloroso aprendizaje de la democracia», en La Segunda República española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, pág. 11; Ángel Luis López Villaverde, La Segunda República (1931-1936). Las claves para la primera democracia española del siglo XX, Madrid, Sílex, 2017, pág. 85 y ss., y Julián Casanova, España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2022, pág. 7. ↩︎
7. Mosse, G., De la grande guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, París, Hachette, 2014. ↩︎