Ahora que la justicia internacional se encuentra en una encrucijada conviene reflexionar sobre el significado de sus éxitos. El 30 de mayo de 2016, un tribunal especial establecido en Senegal a instancias de la Unión Africana condenó a cadena perpetua a Hissène Habré, el brutal dictador del Chad entre 1982 y 1990. Habían pasado 16 años desde el primer intento de imputación y 24 desde que una Comisión de la Verdad chadiana revelara sus crímenes al mundo. La persecución formal la inició el autor de Atrapar a un dictador, Reed Brody, y lo hizo por una cuestión estratégica: Habré, pensó Brody en 1998, era un caso fácil de jurisdicción universal que permitiría crear jurisprudencia e iniciar luego casos más disputados de tortura, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en todo el mundo.

¿Qué ha hecho falta para acometer este caso aparentemente fácil? Primero, unas víctimas dispuestas a una lucha incansable, que no reculan ante las amenazas ni las ofertas de cooptación de los aliados del dictador; que no desfallecen por los innumerables reveses de la inestable justicia internacional ni abandonan cuando se quedan sin trabajo o sin dinero a causa de su activismo militante. Han hecho falta pruebas, por un lado, las recabadas por las víctimas poco después de cometerse los crímenes; por el otro, las descubiertas por Brody y sus colaboradores, como el inmenso archivo olvidado en las dependencias del aparato represor del régimen. También han sido imprescindibles los héroes y los símbolos, como el incansable Souleymane Guengueng, quien impulsó la asociación de víctimas, aunando cristianos del sur y musulmanes del norte bajo una misma organización; o víctimas mortales que crean memoria, como la inquebrantable Rose Lokissim, que prefirió morir antes que confesar y doblegarse a las humillaciones de los carceleros. Han hecho falta testimonios valientes, como el de Khadidja Hassan Zidane, que rompió el tabú de la violación entre las mujeres chadianas y abrió así el camino para que la violencia sexual se incluyera en la jurisprudencia internacional como un crimen contra la humanidad. Y han hecho falta abogadas incorruptibles como Jacqueline Moudeïna, que se mantuvo firme mientras otros se dejaban llevar por caminos más cómodos.

Enjuiciar a un dictador también requiere gobernantes valientes, como los de Senegal y la Unión Africana, que entendieron que juzgar a Habré en África, con un tribunal africano, representaba una oportunidad única para demostrar la independencia judicial y moral del continente frente a las antiguas metrópolis coloniales; demostrar, al fin y al cabo, que la justicia internacional no solo es blanca. Sin embargo, los blancos occidentales también han sido imprescindibles para dar caza al dictador. Sin Human Rights Watch y sin los contactos y el compromiso del mismo Brody, el caso probablemente se hubiera quedado atascado en algún pasillo de los edificios gubernamentales del norte global. ¿Quién si no Brody puede involucrar al secretario general de la ONU, Kofi Annan, gracias a sus «viejos contactos»? ¿Quién si no Brody se encuentra por pura casualidad con la secretaria de Estado de Derechos Humanos francesa, Rama Yade, en una fiesta en casa del director de la cadena France 24, y consigue su compromiso con el caso? Mover estos hilos requiere de un capital social al alcance de muy pocos; unos hilos, es importante señalar, que pudieron moverse con especial facilidad porque Francia y Estados Unidos, que en los años ochenta habían aupado a Habré al poder, lo abandonaron a su suerte tan pronto como fue derrocado. Mantener la presión judicial y mediática en todos los frentes a lo largo de casi 20 años requiere contactos, compromiso, perseverancia y dinero, mucho dinero. Y, aun así, quizá con todo esto no baste.

Que Brody se refiriera al caso Habré como un caso fácil en 1998 responde a un momento histórico particular. El impacto del caso de Augusto Pinochet materializó una idea que se había quedado en el tintero en Nuremberg: el establecimiento de una Corte Penal Internacional y una jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad. Un Brody optimista publicaba en 1999 en El País un artículo titulado «Ya no es tan seguro cometer atrocidades», a raíz de la imputación de Slobodan Milošević. Al año siguiente, el periodista Christopher Hitchens publicaba Juicio a Kissinger (con reseña elogiosa de Brody incluida) proponiendo al exsecretario de Estado norteamericano como candidato para sentarse en el banquillo de la CPI junto a Pinochet y Milošević. La Pax Americana parecía prometer el florecimiento de una justicia internacional con garras.

Si aquel optimismo hubiera perdurado hasta hoy, quizás Brody se hubiera atrevido a escribir su libro a modo de manual, bajo el título Cómo atrapar a un dictador, y presentarlo como una hoja de ruta para enjuiciar a los tiranos del mundo (así lo hizo, de hecho, en una breve guía publicada en la web de Human Rights Watch meses después del caso Pinochet)¹. Sin embargo, a mitad de libro, Brody no puede evitar ser pesimista ante el desmoronamiento progresivo del edificio de la justicia internacional. El primer golpe llegó ya en 2003, cuando Donald Rumsfeld forzó a Bélgica a desistir de su voluntad de llevar a juicio a la administración Bush por crímenes de guerra cometidos en la invasión de Irak. Los belgas se habían cargado a las espaldas tantos casos de jurisdicción universal que habían «hundido el barco», en palabras de Juan Garcés. En España, las presiones de la administración Obama obligaron a Baltasar Garzón a desistir de sus investigaciones sobre torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo. Los dos países que se habían propuesto aplicar a conciencia la jurisdicción universal terminaron capitulando. Por su parte, tras más de veinte años de actividad y 2.700 millones de dólares invertidos según datos oficiales, la Corte Penal Internacional no había tenido ningún caso memorable y Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India y Pakistán, entre muchos otros países, seguían (y siguen hoy) sin reconocer su autoridad². Hasta hace poco, la lista de casos juzgados por la CPI estaba conformada por dictadores y rebeldes del continente africano y del mundo árabe, una concentración geográfica ciertamente llamativa.

En los últimos dos años, sin embargo, la Corte Penal Internacional ha recuperado cierta iniciativa y ha vuelto a poner el tema de la justicia internacional encima de la mesa justo cuando esta agonizaba. En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por la deportación ilegal de niños ucranianos en el marco de la invasión rusa³. En noviembre de 2024, otra orden pedía el arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, del exministro de defensa Yoav Gallant y del líder de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, «Deif» (ya muerto por ese entonces) por las atrocidades cometidas desde el 7 de octubre de 2023 en Israel y Palestina⁴. Finalmente, el pasado 7 de marzo de 2025, el tribunal ordenó el arresto de Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, por los crímenes acaecidos en la «guerra contra las drogas» durante sus mandatos como alcalde de Davao y como presidente del país entre 2011 y 2019⁵. Estas órdenes de arresto de alto nivel contrastan con los antiguos objetivos de la CPI, y aunque por ahora nada parece indicar que Putin y Netanyahu vayan a entregarse, Rodrigo Duterte sí fue detenido y su juicio empezará en setiembre de 2025⁶.

El caso Duterte se plantea como una prueba de fuego para la CPI y para la justicia internacional en su conjunto. Es cierto que únicamente se consiguió detener a Duterte porque las luchas políticas internas en Filipinas lo permitieron, pero una vez bajo arresto en La Haya, el juicio tendrá lugar, y la CPI deberá expresarse con claridad acerca de la legitimidad legal de algunas prácticas que han caracterizado no solo a Duterte, sino a buena parte del nuevo autoritarismo de las últimas décadas⁷. Es, ciertamente, un movimiento audaz por parte de un tribunal que parecía ya un vestigio de otros tiempos, y debe entenderse como un modo de tomar partido o, como dijo el abogado de Duterte a modo de crítica en la primera vista ante el tribunal, un movimiento de «una institución jurídica en crisis, sujeta a un proceso de deslegitimación y desesperada por los recortes presupuestarios y por hacer ahora un espectáculo judicial»⁸. Con todas las cortapisas, el caso Duterte puede definir los marcos de debate público sobre la justicia internacional para las próximas décadas y permitirá muchas lecturas cruzadas y comparadas acerca de quién debe rendir cuentas y por qué motivos.

Mientras Brody respiraba aliviado tras la condena a Habré en 2016, la periodista filipina Patricia Evangelista empezó a documentar las atrocidades del gobierno de Rodrigo Duterte en las calles de Manila. Su libro, Que alguien los mate, es el resultado de años cubriendo el sórdido mundo de las ejecuciones extrajudiciales que prometió y promovió el nuevo presidente de Filipinas. Desde su época de alcalde de Davao, Duterte hablaba de matar, de matar si hacía falta con sus propias manos, de matar a todos los que se drogaban, a todos los que traficaban e incumplían la ley, y que nadie le hablara de derechos humanos. Los drogadictos y los traficantes no son humanos, decía, sus habilidades cognitivas han desaparecido, no hay redención posible, es mejor matarlos para que sus padres dejen de sufrir.

La Organización de Naciones Unidas define las «ejecuciones extrajudiciales» como «matar deliberadamente individuos fuera de cualquier marco legal». La creación de ese espacio fuera del marco legal en la historia de Filipinas, en sus leyes y en su discurso público, es algo a lo que Evangelista presta especial atención. «¿Pensáis matar a vuestros compatriotas filipinos?» dijeron los manifestantes que derrocaron al dictador Ferdinand Marcos en 1986. Los nueve años de ley marcial que Marcos había impuesto a su país en los años setenta le habían permitido reprimir a las disidencias comunista e islamista, pero no le permitieron responder afirmativamente a esa pregunta. Matar a sus compatriotas filipinos, a la sociedad filipina, rebasaba lo concebible incluso para alguien dispuesto a imponer la ley marcial a su pueblo. Y el movimiento de protesta pacífica triunfó. La guerra contra las drogas de Duterte en cambio sí consiguió afirmar que hacía falta matar a sus compatriotas filipinos, y conviene preguntarse cómo, qué combinación de impunidad legal y social consiguió Duterte para matar a sus propios ciudadanos y jactarse públicamente de ello.

Recientemente, la historiadora Caroline Elkins ha mostrado la distinción fundamental que se ha generado dentro de los marcos legales liberales en lo referente a la ley marcial o estado de excepción. En su forma original en el derecho consuetudinario inglés, la ley marcial implicaba la suspensión temporal de las garantías y derechos procesales de la población, pero no implicaba la desaparición de la ley ni la ausencia de responsabilidades. Es decir, los excesos de fuerza cometidos por el ejecutivo y las fuerzas del orden durante la ley marcial iban a ser juzgados a posteriori con el marco legislativo existente. Debían ser conscientes de que iban a rendir cuentas. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, los estados desarrollaron mecanismos para impedir la rendición de cuentas, especialmente cuando los excesos se cometían sobre poblaciones coloniales. Ya fueran poblaciones de otras razas incapaces de comprender otro lenguaje que el de la violencia, o rebeldes dispuestos a destruir la sociedad por completo, las argumentaciones para el uso indiscriminado de la fuerza ganaron peso y arrinconaron la rendición de cuentas posterior. De este modo, la ley marcial dejó de significar la suspensión temporal de las garantías procesales para pasar a ser una fórmula jurídica para la desaparición misma de la ley y los derechos⁹.

Duterte atacó el eslabón más débil de la sociedad filipina (el criminal, ya fuera el drogadicto o el camello) para abrir brecha en los derechos individuales en su país y así crear un estado de excepción y de impunidad aceptado por la sociedad misma. ¿Quién no quisiera ver desaparecer el tráfico de drogas? ¿Quién no quisiera ver el fin de la drogadicción? Jason, un ingeniero civil, progresista, racionalista y ateo, creyó que Duterte era la solución, un hombre de acción, y cuando empezaron las muertes no dudó en referirse a «este tipo de gente», «la que te imaginas consumiendo drogas». Por medio de la deshumanización de la parte de la población vinculada a las drogas, Duterte creó un espacio donde los actos no debían rendir cuentas, donde eran impunes. Los efectos corrosivos de esa violencia pronto se hicieron evidentes: si al matar a un adicto «matas a las cinco personas que están detrás», decía el presidente, «es un acto de servicio. Es perdonable».

Aun así, Evangelista no se desvía demasiado hacia los daños colaterales y los efectos corrosivos de la violencia de Duterte, como tampoco se focaliza en cómo esa violencia se redirigió hacia adversarios políticos, activistas o periodistas (aunque ella misma tuvo que huir del país debido a las amenazas). Elige, en cambio, revertir a través de su libro las acciones de Duterte rehumanizando a los drogadictos y traficantes de drogas. En sus páginas encontramos multitud de historias personales y familiares en las cuales la relación de esa persona con la droga es un elemento tangencial de la narración. El hecho fundamental es que alguien mató a una persona, y ese alguien debe rendir cuentas. Rehumanizar tal y como hace Evangelista es, por lo tanto, no solo una cuestión moral, sino también política y legal. Rehumanizar significa deshacer el hechizo y reinsertar los derechos en las vidas de aquellos que Duterte (y otros como él¹⁰) han identificado como el talón de Aquiles de los marcos legales liberales. La defensa de los derechos humanos empieza en la defensa de los derechos de los criminales, ya sean traficantes de droga o el mismo Duterte¹¹.

Nada puede quitar valor a la victoria que supone haber conseguido justicia para las víctimas de Habré, ni minimizar la admiración que despierta ser testigo de ello gracias a Atrapar a un dictador. Nada puede ensombrecer la potencia de la lección de Que alguien los mate, sea cual sea el final judicial de Duterte. Pero el dilema que ha perseguido a Brody durante casi treinta años, expresado en sus conversaciones con el también abogado por los derechos humanos Michael Ratner, no puede sino hacernos plantear qué es la justicia internacional si la juzgamos por sus acciones y resultados. ¿Hay que enjuiciar únicamente a aquellos a los que es posible condenar? ¿O hay que denunciar ante los tribunales también a los tiranos que con toda seguridad nunca se sentaran en el banquillo de acusados, y así obligar a los que los protegen a moverse y exhibir su hipocresía ante todo el mundo? «Lo cierto es que Michael tenía razón» reconoce Brody en un momento. «Uno no se dedica a un caso porque lo vaya a ganar —decía [Ratner]—, lo hace para que sirva de transformación y crítica de las políticas de Estados Unidos». La denuncia de la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu ha forzado al presidente Donald Trump a imponer sanciones al tribunal en dos ocasiones¹². Asimismo, Francia y Alemania, dos de los principales garantes de la CPI, han deslegitimado la orden de arresto del tribunal y han ofrecido garantías a Netanyahu para poder visitar los respectivos países, un indicio poco alentador¹³. La justicia internacional y los países que dicen sustentarla se juegan su legitimidad no solo en los casos que pueden ganar, sino en los que se atreven a perseguir.

Sin duda, el precedente de Habré refuerza las posibilidades de llevar a criminales como Duterte frente a tribunales especiales o la Corte Penal Internacional, pero estas victorias no dejan de tener un punto amargo, porque el «caso fácil» de Habré ha costado 20 años de lucha y el caso Duterte ha requerido una traición interna en su país para materializarse. Y, sobre todo, porque la distancia que separa a Habré y Duterte de los criminales de primer orden, se llamen Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, parece hoy insalvable. Mientras tanto, el caso Duterte merece toda nuestra atención.

Oriol Regué Sendrós (Lleida, 1991) es doctor en historia por Johns Hopkins University. Es profesor de historia contemporánea en la Universitat de Lleida y en la Universitat Oberta de Catalunya. Ha traducido Notes of a Native Son, de James Baldwin, al catalán. Desde 2025 colabora con El Quadern y Babelia.

1. Reed Brody, «The Pinochet Precedent: How Victims Can Pursue Human Rights Criminals Abroad», Human Rights Watch. https://www.hrw.org/legacy/campaigns/chile98/precedent.htm ↩︎
2. Los presupuestos anuales de la Corte Penal Internacional desde 2003 a 2024 pueden consultarse en: https://asp.icc-cpi.int/bureau/WorkingGroups/budget ↩︎
3. International Criminal Court, «Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova», 17 de marzo de 2023. https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and ↩︎
4. International Criminal Court, «Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant», 21 de noviembre de 2024. https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges ↩︎
5. International Criminal Court, «Warrant of Arrest for Mr Rodrigo Roa Duterte», 7 de marzo de 2025. https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-83 ↩︎
6. International Criminal Court, «Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte in ICC custody», 12 de marzo de 2025. https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-rodrigo-roa-duterte-icc-custody ↩︎
7. Para situar a Duterte en un contexto más amplio, véase: Gideon Rachman, La era de los líderes autoritarios, Barcelona, Crítica, 2022. ↩︎
8. International Criminal Court, «The Prosecutor vs. Rodrigo Roa Duterte», Transcripción, 25 de marzo de 2025, pág. 7. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Transcripts/0902ebd180afdeba.pdf ↩︎
9. Caroline Elkins, Legacy of Violence: A History of the British Empire, Londres, Vintage, 2023. ↩︎
10. Kenneth Roth, «Trump’s killing of 11 alleged Venezuelan drug traffickers sets a dangerous precedent», The Guardian, 4 de setiembre de 2025. https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/04/trumps-killing-alleged-venezuelan-drug-traffickers ↩︎
11. Tal y como señaló la misma Patricia Evangelista, Duterte iba a disfrutar de las garantías procesales que él había negado a sus víctimas: «Duterte Is Enjoying the Due Process He Denied to His Thousands of Victims», The New York Times, 23 de marzo de 2025. https://www.nytimes.com/2025/03/23/opinion/duterte-icc-drugs-victims.html ↩︎
12. Donald J. Trump, «Imposing Sanctions on the International Criminal Court», The White House, 6 de febrero de 2025. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/ Marcos Rubio, «Imposing Further Sanctions in Response to the ICC’s Ongoing Threat to Americans and Israelis», U. S. Department of State, 20 de agosto de 2025. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/imposing-further-sanctions-in-response-to-the-iccs-ongoing-threat-to-americans-and-israelis-2 ↩︎
13. Stéphanie Maupas, «Pourquoi la France donne des gages à Benyamin Nétanyahou après le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale», Le Monde, 28 de noviembre de 2024. https://www.lemonde.fr/international/article/2024/11/28/pourquoi-la-france-donne-des-gages-a-netanyahou-apres-la-decision-de-la-cour-penale-internationale_6418036_3210.html Jens Thurau, «Merz invites Netanyahu to Germany despite ICC arrest warrant», Deutsche Welle, 3 de enero de 2025. https://www.dw.com/en/merz-invites-netanyahu-to-germany-despite-icc-arrest-warrant/a-71788069  ↩︎