Nos preguntamos por el significado que cabe dar a «nacionalista» en nuestros días. Dado el cariz peyorativo que en la Europa posbélica tiene el término, nuestra preocupación pertenece menos a la semántica que a la pragmática del lenguaje: ¿A quién se puede llamar, con sentido y rigor, «nacionalista», en el debate público? A expensas de uno de esos golpes de azada que la historia gusta dar a veces para remover la tierra donde crecen las sociedades, vivimos aún en ese viejo país llamado España, de modo que afinemos un poco más: ¿quién es nacionalista en España, circa 2020? La puntualización es necesaria: dada la textura histórica y geográfica de nuestro país, ser nacionalista entre españoles no tiene por qué ser exactamente lo mismo que serlo entre polacos, franceses o italianos.
En este punto nos habíamos quedado en la entrada anterior. En ella se hizo un excurso exploratorio del significado cambiante del concepto de nacionalismo en los dos últimos siglos. La conclusión provisional era que a un primer nacionalismo liberal –el de Mazzini o Kossuth–, agregador y expansivo, y que tenía como horizonte final una suerte de Europa federada, le sucedió en la segunda parte del ochocientos un nacionalismo romántico que, al calor de una revolución filológica que dio nueva vida y rango a una pléyade de lenguas europeas minoritarias, reclamaba la autodeterminación de cada nación, es decir, de cada lengua, por pequeño que fuese su territorio. Distinguíamos también entre un nacionalismo de carácter cívico, heredero del lenguaje del patriotismo republicano y que en principio no se obsesionaba con la uniformidad étnica de la nación, y un nacionalismo étnico o völkish, para el que la nación debía fundarse en la pureza de un linaje racial, religioso o etnolingüístico. Advertíamos, en todo caso, del error conceptual que da en creer que el nacionalismo liberal está exento de contenidos culturales y es siempre y puramente cívico: lo cierto es que Italia o Francia no necesitan menos que Alemania o Polonia su unidad lingüística ni sus gobiernos hicieron menos esfuerzos por procurársela. En último término, decíamos, todas las naciones políticas atraviesan una fase étnica o excluyente, antes de poder acercarse normativamente al ideal de la nación cívica o pluralista.
Pero aterricemos ya en España. ¿Quién es nacionalista en la España de hoy? Asumamos como punto de partida: la nación española existe. Existe como la comunidad de personas dentro del territorio del Estado que se sienten solidarias unas de otras y gobernadas por la misma ley. Decir que la nación española existe no equivale a decir «España es una nación». Tal enunciado es mixtificador, porque España existía como realidad histórica antes de que hubiera una comunidad española autogobernada, que es el sentido moderno del «nación». Tampoco equivale a decir que «los españoles son una nación», puesto que no todos los individuos del conjunto formado por los ciudadanos con pasaporte español se reconocen miembros de esa comunidad solidaria de derechos y deberes. Pero fuera de estas disquisiciones, lo cierto es que hay una nación española, que se siente legataria de los esfuerzos de generaciones previas por crear un Estado que, en sus actuales fronteras, consideran como obra suya y creen que les pertenece mancomunadamente; del que son soberanos, en suma.
Pues bien, si el término «nacionalista» no estuviera negativamente connotado, podríamos considerar que nacionalista es toda persona interesada en que su comunidad nacional, tenida como una herencia valiosa, y tanto más valiosa por cuanto obra humana, terrenal y contingente, tenga continuidad histórica y no se disuelva o disgregue. (Sobreentendido: yo mismo). Pero «nacionalista» sí está negativamente connotado en la conversación pública: algo en esa entrada del diccionario político que no nos parece digno de respeto. ¿El qué? Conviene en este momento no caer en la ridiculez analítica o la cicatería moral. Si para no ser nacionalista se debe renunciar a los símbolos, a la historia, y hasta al nombre del país, una masa enorme de ciudadanos se llamará a sí misma nacionalista. El análisis carecerá de utilidad: cuando una categoría abarca demasiados individuos, acaso a una población entera, pierde poder informativo. Pensar es precisar. Una manera de alcanzar la precisión es descartar. Procedamos, pues, por eliminación.
No juzgaré «nacionalista», tomado en el sentido peyorativo del término, el sentirse heredero del esfuerzo de generaciones previas en construir una comunidad nacional solidaria y de la que uno es ciudadano. Tampoco pensaré propio de nacionalistas, siempre en su aspecto negativo, el preferir una distribución territorial del poder centralista en lugar de federalista ni el suponer injusto y antidemocrático modificar las fronteras del país (el ámbito espacial de la ciudadanía) en razón de la mera voluntad de una parte de autosegregarse. «Defender la unidad de España», como se suele decir, no es encariñarse irracionalmente con un trozo del mapa: es defender un patrimonio colectivo que nos ha sido legado y que permite el disfrute de una ciudadanía plena, con sus deberes de solidaridad incluidos, en un pequeño pedazo del mundo. No hay derechos de ciudadanía sin territorio donde ejercerlos. Ninguna de estas convicciones me parece vituperable (ni, por tanto, «nacionalista», cuando ese término se usa con carácter descalificador).
Con seguridad ha llegado el momento en que algún lector pregunta: ¿qué sucede con quien niega la plurinacionalidad del Estado español? ¿No es eso, con certeza, síntoma del más cerril nacionalismo español? Mi respuesta corre el riesgo de decepcionar: depende. También en esta cuestión conviene disipar la bruma del malentendido. En puridad, no existen los estados democráticos plurinacionales. Esta afirmación causa extrañeza en parte del estamento académico español: me esforzaré por fundamentarla. Para empezar, apenas hay estados democráticos que establezcan la plurinacionalidad en su constitución. No lo hacen, por cierto, ni Canadá ni Suiza ni Bélgica, sospechosos habituales. Hay una buena razón, una razón normativa, para ello. En contra de lo que parecen creer algunos teóricos, «Estado-Nación», la categoría fundamental de la modernidad, no es el Estado que contiene una única nación (pudiendo contener más), sino el Estado que ha instituido su Nación, el que ha hecho de la masa de su población una comunidad de ciudadanos regidos por la misma ley. De ahí que modernamente ciudadanía y nacionalidad sean términos sinónimos, intercambiables en la práctica jurídica y política. Admitir más de una nacionalidad sería tanto como admitir más de una ciudadanía en el seno de un mismo Estado, algo normativamente prohibido por el principio democrático y su ideal de igualdad ciudadana. De ahí se sigue que un Estado democrático no puede ser, por su propia lógica interna, plurinacional (al contrario, por ejemplo, que un imperio, que lo puede ser perfectamente, como lo eran el imperio austrohúngaro o el otomano).
Ahora bien. Desde un punto de vista sociológico, no hay ningún inconveniente en admitir que en los últimos doscientos años ha arraigado en España más de una conciencia nacional. La primera fue la española, en el tránsito revolucionario del Antiguo Régimen al Estado liberal. Pero tras la española, y al albur de las vicisitudes del siglo, cristalizaron en época finisecular conciencias nacionales alternativas en Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia. Ya no fueron estas naciones obra de la ingeniería social del liberalismo, sino fruto de la revolución romántica que identifica una lengua con una nación. Lo dijimos en nuestra anterior entrada: mientras que en la primera mitad de la centuria, las élites vascas y catalanes fueron nacionalistas (liberales) españolas, es en la segunda mitad cuando pasan a ser específicamente vasquistas y catalanistas. También en esto se aconsonantaba España al fenómeno europeo: por todo el continente estaban surgiendo naciones pequeñas ignoradas en el primer tramo de la centuria.
Pero de la existencia en España de más de una conciencia nacional –que es un hecho sociológico, un dato de geografía humana– no se sigue la consecuencia normativa y política de que el Estado deba declararse oficialmente plurinacional. Hay buenos motivos para sospechar que sería una pésima idea, colmada de efectos sociales deletéreos y corrosivas. La consagración de distintos solares nacionales dentro de un mismo territorio solo podría tener como consecuencia una anulación de los espacios comunes donde las identidades se mezclan e hibridan, y su sustitución por un mosaico de uniformidades yuxtapuestas y rivales. Tampoco arregla la cosa buscar salvoconducto en algún ciempiés retórico (tipo «nación de naciones»). Son fórmulas que razonan sobre la premisa de que es posible desambiguar el uso de la palabra «nación» en la conversación pública. En ciertos casos, al hablar de nación estaríamos hablando de nación política y, en otros, de nación cultural. En mi opinión tal aspiración es vana. De declararse la plurinacionalidad la discusión no se terminaría, sino que se desplazaría a la interpretación que cabe darle al término: el lugar donde ya estamos.
Con todo, mi argumentación tiene un punto ciego. Al fin y al cabo, nuestra Constitución sí habla, en lugar prominente, de una nación, que es la española. ¿Por qué, a fin de cuentas, esta sí y las otras no? ¿Por qué preterir las otras a favor de la española? Cabe hacer dos observaciones. La primera es que, en realidad, en ningún lugar dice nuestra carta magna que España sea una nación; sencillamente lo presume. Al hacerlo, se hace cargo de una larga tradición que nace en el momento gaditano de 1812, cuando se hizo preciso legitimar el paso de una soberanía dinástica a otra popular y más tarde democrática. En ese momento fundacional no hay duda de que vascos y catalanes no sólo se identifican plenamente con la nación española, sino que contribuyen a fraguarla. Pero la razón de por qué la nación española adquiere un estatus político que se no se concede a otras no está en su pasado, sino en su presente. Hemos dicho que toda nación es en su fase constitutiva orgullosa y excluyente. La española lo fue. Pero en 1978 pudo por fin configurarse como una nación cívica reconciliada con el pluralismo interno de la sociedad, lo mismo cultural que ideológico. En agudo contraste, las naciones vasca, catalana o gallega se siguen viendo a sí mismas al modo romántico, como basadas en una lengua. Mientras la nación española, curada de su sarampión excluyente, se ha hecho cívica (o camina en esa dirección, puesto que se trata de un exigente ideal normativo nunca del todo logrado), las naciones vasca, gallega o catalana se revuelven –hay pruebas todos los días– contra el pluralismo cultural y lingüístico que, si predicable de España, también lo es de Galicia, Cataluña o País Vasco.
Por fin podemos, entonces, sacar nuestro pan del horno: ¿qué nos permite, en España, en 2020, distinguir al nacionalista del no nacionalista, cuando con ese término queremos designar algo indeseable? Desde mi punto de vista, esto: la actitud de respeto o de rechazo al único hecho verificable de nuestra diferencia interna: la diversidad lingüística. Digo lingüística y no cultural porque solo la vanidad puede llevar a pensar que la cultura sea distinta en Barcelona que en Sevilla, en Santiago que en Madrid, en Valencia que en Bilbao. En cambio, resulta patente que en parte del territorio se habla una lengua distinta del español (no digo «castellano» por razones que expuse en otro lugar). Pero esa diversidad también es atributo de esas porciones del territorio, a las que la historia peninsular, y no ningún tiránico ukase, hizo bilingües: también en ellas se habla una lengua distinta de la vernácula: la lengua española. Pues bien, yo llamaré nacionalista a toda persona que, en España, no sea capaz de vivir en paz con la idea del pluralismo lingüístico, sea el predicable del conjunto del país o de una de sus regiones. Aquel que considere que, en España, toda lengua distinta del español debe confinarse al ámbito social o familiar, así como aquel que sostenga que el español debe ser apartado de la vida oficial allí donde exista otra lengua arraigada en el territorio (lo que impropiamente se da en llamar «lengua propia»). En resumidas cuentas, por tanto, en mi entendimiento el término nacionalista, tomado en mala parte, queda reservado en España a aquellos partidos que practiquen la exclusión lingüística, y busquen hacer de la lengua, sea la común o la propia, un marcador nacional. Aquel que considere que las escuelas o la señalización de donde vive no pueden ser bilingües. Aquel que considere que un organismo de planta estatal no puede hablar una lengua distinta del español. Dado que me considero libre de ambos cargos, no me considero nacionalista en este sentido.
Esta es la razón, por lo demás, por la cual resultaba relativamente sencillo negar hasta hace poco la existencia de un nacionalismo español organizado y operativo en la España del 78. Mientras las instituciones nacionales españolas y sus partidos se han abierto, desde la aprobación de la Constitución, al pluralismo lingüístico del país, las instituciones y los partidos nacionales catalanes y vascos se han hecho progresivamente más intransigentes y monolingües y ya no ocultan su intención de excluir a los hablantes de español, pena de asimilarse, de sus proyectos de país futuro. Los abusos han llegado a tal punto que se ha vuelto a abrir la espita por donde puede colarse un renacido nacionalismo español, de nuevo poco tolerante con otras lenguas hispánicas que no son la común española.
Pero si al final –digamos a modo de conclusión–, a pesar de todas estas vueltas y revueltas, tuviéramos que resignarnos ante la idea de que todos somos nacionalistas de algo, habría que preguntarse acto seguido qué nacionalismo es preferible. O por mejor decir, qué proyecto de construcción nacional resulta más deseable en 2020. El examen constaría de una única pregunta: ¿qué nación, que proyecto de comunidad nacional, de cuantos pugnan por el corazón de los españoles, está en posición de cobijar más diversidad, de permitir un desarrollo personal más variado, más rico en acentos y colores, más agavillador de tradiciones, historias y recuerdos, más fecundo en vínculos y opciones, de permitirnos ser solidarios con un mayor número de personas y de mostrar confiar en más gente? Creo que en esta lid, los partidarios y amigos de la nación constitucional española, tal y como fue refundada en 1978, tendrían argumentos para sentir que su propuesta es mejor y más acorde al ideal de progreso moral del siglo, y para defenderla sin temor a ser llamados nacionalistas ni conciencia de serlo.
