Los consumidores son conscientes de la desesperación de los ganaderos ante los precios que los distribuidores les pagan por la leche, que están por debajo de los costes de producción, y otro tanto pasa en la actualidad con la carne de porcino. La estructura de mercado de la cadena de suministro alimentario hace que sea altamente susceptible de padecer prácticas comerciales desleales que causan graves daños en los eslabones más débiles de la cadena: los agricultores y ganaderos, en un extremo, y los consumidores, en el otro. Los intermediarios y los distribuidores, que forman restringidos oligopolios, ostentan claras posiciones de fuerza frente a los atomizados ámbitos de los productores, imponiendo precios por debajo de los costes de producción, y de los consumidores, que acaban pagando precios que son múltiplos de aquéllos.
En enero de 2016 la Comisión Europea ha emitido un Informe al Parlamento Europeo y al Consejo en respuesta a la inquietud generalizada y a demandas tales como la realizada por siete ministerios de agricultura europeos, entre los que no se encontraba el nuestro. La Comisión está respondiendo a la situación con medidas de carácter amplio que tienen en cuenta especialmente al sector lácteo. Estas medidas responden a cuatro categorías:
1) Una parte no debería trasladar indebida o injustamente sus propios costes o riesgos empresariales a la otra parte.
2) Una parte no debería solicitar a la otra parte ventajas o beneficios de cualquier tipo sin llevar a cabo un servicio relacionado con la ventaja o el beneficio solicitado.
3) Una parte no debería introducir cambios unilaterales ni retroactivos en un contrato, salvo que el contrato lo permita de manera específica en condiciones equitativas.
4) No debería ser posible poner fin injustamente a una relación contractual ni amenazar injustificadamente con poner fin a una relación contractual.
La combinación de volubles medidas reglamentarias y elusivas iniciativas voluntarias propuestas por la Comisión tienden a carecer de eficacia en un mercado que es cualquier cosa menos libre. En España no llegan a media docena las omnipresentes empresas que controlan las «grandes superficies» comerciales y que no tienen ni siquiera que ponerse de acuerdo para manipular los precios ante una multitud de vulnerables cooperativas y otros intermediarios.
En la Unión Europea está prohibido fijar precios mínimos para los productos agrícolas, por lo que toda la acción oficial viene a restringirse a promover el conocimiento y transparencia de los precios de cesión o venta. En España, las industrias firmaron el pasado mes de septiembre un Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche que involucró a las organizaciones, industrias y empresas de la distribución y que comprometió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a publicar un real decreto que establezca la obligatoriedad para las centrales de comunicarle confidencialmente el precio de sesión a los distribuidores de la leche envasada. En Francia, el primer ministro media con la distribución para que no bajen los precios en sus negociaciones comerciales para que, a su vez, no bajaran los precios en el campo.
De un modo más genérico, no restringido a materia alimentaria, las malas prácticas de los supermercados pueden vislumbrarse en el reciente caso de la cadena británica Tesco, que ahora puede tener que hacer frente a una multa de 350 millones de libras esterlinas y a la devolución de lo rapiñado a los proveedores. El árbitro de la cadena, Groceries Code Adjudicator, ha imputado a Tesco por tres infracciones del código que rige las transacciones de la cadena alimentaria: plazo excesivo para los pagos a proveedores, retrasos intencionados de los pagos para maquillar beneficios y deducciones unilaterales de los precios convenidos. La Serious Fraud Office investigará la información contable disponible y la Competition Markets Authority investigará otras prácticas comerciales de la empresa. A esto hay que sumar posibles demandas por parte de algunos inversores. No es de extrañar que, desde que se destapó el escándalo, hayan cesado masivamente a numerosos altos directivos y miembros del consejo de administración.
Da la sensación de que, según se agigantan algunos componentes de la cadena alimentaria, las instancias de supervisión y control se jibarizan y se desplazan del ámbito público al privado.
