El gran «corralito» progresista


La reforma progresista del sistema financiero. Un banco ciudadano de depósitos y una tasa sobre el casino financiero
Antonio Quero
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014
160 pp. 17 €

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Entre los señuelos del programa de Podemos con cierto eco en los medios de comunicación, además del repudio de la deuda considerada «no ética» y de la llamada «renta básica» (que el partido de Iglesias se ha apresurado a aguar hasta hacer imposible su análisis o debate), está el «Banco de los Ciudadanos», una propuesta elaborada por un funcionario español de la Comisión Europea, Antonio QueroQuero es militante del PSOE y coordina un grupo llamado «Factoría Democrática» de militantes y simpatizantes de su partido. En 2013 manifestó su intención de presentarse como candidato a la elección de nuevo Secretario General que tuvo lugar en 2014., publicada hace unos meses bajo el título «La reforma progresista del sistema financiero». La conexión con Podemos está en el prólogo, hay que reconocer que dubitativo, de Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla, uno de los encargados, según los medios de comunicación, del programa económico del partido.

Quero estima que el problema central del sistema bancario desde el punto de vista de la estabilidad financiera es que los bancos obtienen gran parte de su financiación (los depósitos de clientes) a plazos de vencimiento más cortos de los que tienen sus activos (los créditos que conceden), lo cual constituye una fuente de inestabilidad (un riesgo de no poder hacer frente a sus deudas) origen de las más graves crisis, con la que hay que terminar.

Esta es, desde luego, una característica debatida desde hace siglos del sistema de banca fiduciaria y reserva fraccionaria. Y, aunque esa clase de desajuste –el ejemplo típico es el de los créditos hipotecarios financiados con depósitos u otros instrumentos financieros a muy corto plazo– ha jugado un papel importante en el colapso de algunas entidades, ni ha sido la única causa de la crisis que estalla en 2008, ni la principal. Pero, dejemos esto a un lado, aceptemos este punto de partida y sigamos con la propuesta. 

El «Banco de los Ciudadanos» y los bancos de crédito

Se nos propone dividir el sistema bancario en dos partes: 1) un banco de propiedad estatal, el «Banco de los Ciudadanos», que será el único autorizado a recibir depósitos a la vista o cuentas corrientes (no remuneradas, pero sin coste para los titulares) y que, por ello, concentrará en su pasivo todos los medios bancarios para efectuar pagos y recibir cobros (tanto para familias, como empresas y sector público); y 2) bancos comerciales, que podrán ofrecer los títulos de la deuda que emitan y aceptar depósitos que deberán remunerar (a plazo, de ahorro, etc.), pero no podrán mantener cuentas corrientes o depósitos a la vista con los que realizar pagos o recibir cobros. 

Como se quiere evitar que el Banco de los Ciudadanos tenga desajuste de plazos entre su pasivo (los depósitos a la vista o cuentas corrientes) y su activo (los créditos), el Banco de los Ciudadanos no concederá créditos. Lo que tendrá en su Activo serán los títulos de deuda que emitan los bancos comerciales u ordinarios, que sí podrán conceder créditos, sector en el que se aceptará la iniciativa privada y habrá competencia.

Así, los bancos comerciales o de crédito tendrían en su Pasivo, además de sus recursos propios, los títulos de deuda que emitiesen y los depósitos a plazo, de ahorro o similares que mantuvieran con ellos empresas y familias; en su Activo, tendrían los préstamos y créditos que concedan a empresas y particulares –la propuesta reconoce que sin crédito la economía no podría funcionar– y sus depósitos a la vista y cuentas corrientes situadas en el Banco de los Ciudadanos, que serían sus medios operativos de pago y cobro. 

Quizá puede entenderse mejor lo que se propone con la ayuda de unos esquemas contables elementales.

La banca privada comercial actual tiene el Balance siguiente:

Después de la «reforma progresista», los balances del Banco de los Ciudadanos y de los bancos comerciales o de crédito serían:

El balance agregado o consolidado de ese sistema bancario (el Banco de los Ciudadanos más los bancos, privados o públicos, que concedería créditos) sería el siguiente:

Como el lector podrá observar, este balance agregado o consolidado del sistema bancario (excluido el banco central, cuya consideración en este esquema complicaría la exposición sin afectar a las conclusiones) es idéntico al que tenía lo que hemos llamado «Banca Privada» antes de la «reforma progresista». Al consolidar los dos balances (el del Banco de los Ciudadanos y el agregado de los bancos de crédito) se  cancela la deuda emitida por los bancos de crédito (que constaba en su Pasivo) comprada por el Banco de los Ciudadanos (que constaba en su Activo); la diferencia con el balance de la banca privada antes de la reforma está en que ahora los depósitos a la vista y cuentas corrientes provienen, exclusivamente, del balance del Banco de los Ciudadanos, que es un banco del Estado y tiene el monopolio de esa actividad, mientras que los créditos provienen exclusivamente del balance de los bancos de crédito. 

Sin «corralito» no hay solución «progresista»

Supuesta una duración (la media de los plazos de vencimiento ponderada por el importe de lo que vence a cada plazo) del conjunto de créditos en el Activo de ese balance consolidado, la cuestión clave es si el monopolio otorgado al Banco de los Ciudadanos para mantener depósitos a la vista y cuentas corrientes es suficiente para asegurar, en el sistema bancario agregado o consolidado, la no aparición del desajuste típico de plazos entre Activo y Pasivo, es decir, un Pasivo a plazo más corto, incluso mucho más corto, que el Activo que financia. Pues bien, eso depende de que se permita, o no, la conversión en efectivo de los saldos de los depósitos a la vista y cuentas corrientes y las transferencias fuera del monopolio del Banco de los Ciudadanos.

Si se prohíbe la conversión en efectivo de los depósitos (y, por consiguiente, el uso de efectivo en las transacciones y el mantenimiento de riqueza en forma de efectivo), así como la transferencia de depósitos al exterior (algo que no parece factible en un país con transacciones con el exterior), el monopolio de la tenencia de depósitos a la vista y cuentas corrientes otorgado al Banco de los Ciudadanos consigue que su Pasivo en forma de depósitos a la vista y cuentas corrientes tenga una duración ilimitada, frente a la situación antes de la reforma en la que, para cada banco, los depósitos (el agregado en cada banco de todos los tipos de depósitos e instrumentos semejantes) tienen, por definición, una duración determinada, puesto que los titulares pueden convertirlos en efectivo, cambiar su plazo y transferir sus saldos de un banco a otro, incluso a bancos en el extranjero. Pero esa «garantía de efectividad» se conseguiría, hay que repetirlo, prohibiendo la conversión en efectivo y la transferencia al exterior de los saldos de depósitos y cuentas corrientes mantenidos en el Banco de los Ciudadanos.

Si no se prohíbe la conversión en efectivo y las transferencias a otros sistemas bancarios de los saldos de los depósitos a la vista y cuentas corrientes, no se consigue eliminar el potencial desajuste de plazos Activo/Pasivo en el Banco de los Ciudadanos; la duración de su Pasivo ya no podría considerarse ilimitada. Si, por ejemplo, una cuarta parte de los depósitos a la vista se convierte en efectivo o se transfiere al exterior, eso obligaría al Banco de los Ciudadanos a sustituir en su Pasivo esos depósitos a la vista por financiación de su banco central o financiación del interbancario, nacional o internacional, al plazo al que se concediera esa financiación, que en ninguno de los dos casos podría considerarse ilimitada. 

Quero reconoce (páginas 39-40) que el sistema que propone no es un circuito «cerrado», pero entiende que, dado el volumen de efectivo en circulación y el saldo de las transacciones con el exterior, el margen de desajuste de vencimientos Activo/Pasivo sería pequeño y no afectaría significativamente a la eficacia de su propuesta.

Permítasenos dudar de ello: el supuesto de que el volumen de efectivo en circulación, como proporción del volumen de depósitos, se mantendrá constante no parece realista, ni más verosímil que el supuesto contrario (que la reforma llevaría a un incremento significativo en el uso de efectivo para liquidar transacciones y mantener riqueza). En cuanto al impacto sobre la duración del pasivo del Banco de los Ciudadanos de un saldo deficitario de las transacciones con el exterior (sustitución de depósitos a la vista de clientela residente, sometidos al monopolio estatal, por otros instrumentos de financiación de titularidad de no residentes no sometidos al monopolio) la cuestión está también abierta. La suma de ambos factores hace difícil considerar «ilimitada» la duración de la financiación del Banco de los Ciudadanos.

En realidad, por las mismas razones (conversión en efectivo y/o transferencia al exterior) el posible desajuste de plazos Activo/Pasivo afectaría también a los bancos de crédito; pero, además, estos bancos tendrían en su Pasivo depósitos de plazo y ahorro remunerados y con vencimientos que podrían estar desajustados (en plazo y tipo de interés) con la duración y rentabilidad de los créditos en su Activo. 

Salvo aceptando consecuencias incomparablemente más catastróficas que el mal que se pretende evitar –lo cual, debemos suponer, no estará en la intención del autor de la propuesta y de sus simpatizantes– el Banco de los Ciudadanos no resuelve el problema que se pretende resolver, que es el «descase» de plazos de vencimiento entre activos y pasivos en un sistema de banca fiduciaria que recibe depósitos de clientes y, al conceder créditos, crea nuevos depósitos, es decir, dinero bancario.

Lo que importa desde el punto de vista de ese «descase» de plazos entre Activo y Pasivo no es lo que ocurre en una parte del sistema bancario (el Banco de los Ciudadanos, en la propuesta), sino en el conjunto del sistema bancario. El desajuste de plazos en el balance agregado o consolidado del sistema bancario es el mismo con el monopolio del Banco de los Ciudadanos en el mantenimiento de depósitos a la vista y cuentas corrientes, o sin él.

Para el conjunto del sistema, el desajuste es insoluble, salvo que se establezca un gran y permanente «corralito»: imposibilidad de convertir en efectivo, es decir, prohibición de uso de efectivo –Quero lo apunta en la página 64 de su libro– y control de los movimientos de capitales y transacciones con el exterior, es decir, prohibiciones o limitaciones para transferir los saldos a otros sistemas bancarios; y, habría que añadir, prohibición de que los agentes económicos sean titulares de depósitos a plazo y de ahorro, entre otros instrumentos financieros, dado que su constitución, gestión y cancelación puede dar lugar a cambios en la duración y coste del Pasivo de los bancos que dan crédito y afectar a la calidad de su Activo y, por ello, a la calidad de la deuda que emitan que compraría el Banco de los Ciudadanos.

Propinas

Aunque inane respecto al problema que pretende resolver y, desde luego, absolutamente imposible en el marco económico e institucional de la UE y, más allá, en el marco económico e institucional del mundo desarrollado, la propuesta de reforma contiene algunas inquietantes propinas. Vean.

El Banco de los Ciudadanos, monopolista estatal de la captación de depósitos a la vista y cuentas corrientes y, por ello, de los medios de pago bancarios, tendría, además, otra función crucial: evaluar la calidad de la cartera de créditos del conjunto de los bancos comerciales, algo perfectamente justificado, se dice, puesto que la calidad de esa cartera de créditos es la garantía de la calidad de la deuda que emiten los bancos y compra el Banco de los Ciudadanos. Sería, así, una especie de Gran Auditor Estatal o Gran Hermano Bancario. Se da por sentado que sus gestores, nombrados y controlados por las autoridades políticas y sometidos al control parlamentario, lo harían estupendamente, mucho mejor que los gestores privados, eliminando riesgo moral (premiar a los malos e ineficientes) y obligando a la mejor asignación de los recursos en beneficio de los ciudadanos. La historia y la experiencia del último siglo no sustentan, precisamente, esa confianza.

Si el banco que ha emitido el título de deuda comprado por el Banco de los Ciudadanos entra en quiebra, o en graves dificultades (por ejemplo, porque sus deudores no devuelven sus créditos) y no puede hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores (compradores de deuda, titulares de depósitos de plazo y ahorro, etc.) comprometiendo indirectamente, por la vía de la deuda que ha comprado, la posición de, entre otros, el propio Banco de los Ciudadanos, ¿qué ocurre? Pues, se nos aclara (página 64) que bastaría con convertir la deuda de ese banco en dificultades en acciones, con las que el Banco de los Ciudadanos (el Estado) cobraría su deuda y se convertiría en accionista/propietario del banco quebrado, permitiendo un tratamiento ordenado del problema. En esta «reforma progresista», al parecer, nacionalizar un banco quebrado o en dificultades no es asumir pérdidas.

Y, por si lo anterior no fuera suficiente, se nos invita a considera una propuesta fiscal no menos «progresista». Quero piensa que una forma realmente eficiente y contundente de incrementar los ingresos públicos y alcanzar la Justicia Fiscal es que el IVA a pagar no dependa de la transacción efectuada, sino de quién la hace, algo factible, afirma, a partir de la identificación electrónica del titular de cada cuenta en el Banco de los Ciudadanos (página 66). Esta propina fiscal nos permite vislumbrar que el monopolio en la apertura de depósitos a la vista concedido al Banco de los Ciudadanos podría tener consecuencias de largo alcance, mucho más allá de la reforma financiera.

Motores imaginarios 

Trae Quero en apoyo de su propuesta de «reforma progresista» al antiguo Gobernador del Banco de Inglaterra, Mervin King, quien, cuando el estallido de la crisis financiera en 2008, dijo que el sistema bancario que tenemos era el peor de todos los posibles. Si King llega a enterarse de la propuesta del Banco de los Ciudadanos (si la llega a considerar posible) es altamente probable que cambie de opinión: el sistema que propone Quero y, al parecer, Podemos mira con simpatía, es incomparablemente peor. No ya el Gran Corralito en todo su esplendor, sino cualquier paso en su dirección nos sacaría muy rápidamente de la UE, de la zona euro y del mundo desarrollado.

El sistema financiero y bancario que tenemos actualmente, que se ha desarrollado, automatizado y globalizado a gran velocidad y con gran intensidad en las últimas décadas, tiene, sin duda, problemas y reformas pendientes. Desde el estallido de la crisis en 2008, en diversos foros e instituciones internacionales y supranacionales públicas y privadas –el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20, el Banco de Pagos de Basilea, el FMI, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Instituto Internacional de Finanzas– se está trabajando para reformar el sistema y hacerlo más seguro. Una metáfora sería: es un motor complicado, que tiene piezas y engranajes averiados, desgastados o mal sincronizados que hay que ir sustituyendo, reparando y recalibrando, sin que el motor deje de funcionar, porque eso provocaría una catástrofe de actividad y empleo mucho peor que la crisis de 2008.

Esta reforma financiera «progresista» que Podemos considera con interés, con la vaguedad y carga demagógica de todo lo que defiende , hace pensar en el mecánico aficionado que pretende reparar un motor cuyo funcionamiento no comprende bien, atendiendo no a la realidad de ese motor y a la experiencia, sino a sus convicciones sobre el deber ser de los motores. Probablemente, tampoco le importa mucho que no funcione, su cabeza y su corazón están en otras cosas.

En fin, nuestra castiza tradición de arbitrismo sigue tan vigorosa y atrevida como siempre. La propuesta del Banco de los Ciudadanos es una buena prueba.

José García es economista.

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