La concesión del indulto a los líderes del procés por parte del gobierno español ha reintroducido en el debate público los traumáticos acontecimientos de otoño de 2017: la aprobación por las bravas de las leyes de desconexión y referéndum en el parlamento catalán, el intento de celebración del referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional había prohibido expresamente, la agitación social que siguió al uso restringido de la fuerza por parte del Estado en su intento por prevenir la celebración de la consulta ilegal, la proclamación unilateral de la independencia de la república catalana por parte del todavía presidente Puigdemont y, finalmente, la huida de este último junto a otros políticos separatistas en vísperas de la suspensión temporal de la autoridad del gobierno autonómico mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¡Ahí es nada!
Sea cual sea la denominación que se escoja para describir esos hechos, su gravedad es evidente: por más que los jueces del Tribunal Supremo hablasen en su sentencia de una «ensoñación» para referirse a la imposibilidad de que la secesión llegara a consumarse, nadie sabe qué hubiera sucedido si los catalanes que apoyan la independencia en las encuestas de opinión se hubieran echado masivamente a la calle tras la proclamación de la misma. En un sentido más amplio, el procés fue la constatación de que la presión de los nacionalismos periféricos ha hecho saltar por los aires el edificio del Estado de las Autonomías y con ello, como ha señalado David Jiménez Torres, invalidado la premisa que motivó su diseño: la idea de que la descentralización del poder estatal serviría para integrar a esos mismos nacionalismos en la España constitucional. Fueron semanas de máxima tensión y nadie podía saber entonces lo que terminaría pasando, aunque casi todo el mundo tuviese claro lo que deseaba que pasase. Si ahora seguimos hablando del asunto, que por lo demás va para largo, en aquel entonces casi no podíamos hablar de otra cosa: la esfera pública era un hervidero en el que pocos dejaban de dar su opinión acerca del procés y sus derivaciones. Y nosotros, los académicos, no fuimos menos.
A analizar este peculiar ángulo del procés se dedica un excelente paper publicado en la revista European Political Science, firmado por los politólogos españoles José Real-Dato, Juan Rodríguez-Teruel, Esther Martínez-Pastor y Esperanza Estévez-Toledo (la profusión de guiones tiene una explicación muy sencilla: si no se ponen, editores y lectores anglosajones toman el apellido paterno por un middle name y el apellido materno como el único que tenemos). El artículo forma parte de un número especial de la revista que, dedicado a la Ciencia Política europea en los últimos veinte años, presta atención a distintos aspectos de la profesión; uno de ellos sería la participación de los politólogos en el debate público y el impacto pueda tener sobre la imagen pública de la disciplina.
Tal como empiezan por señalar los autores, una reciente encuesta realizada en toda Europa muestra que la mayoría de los politólogos del continente creen que implicarse en los debates públicos forma parte de su tarea como científicos sociales: el imperativo de la transferencia del conocimiento se impone al viejo ideal de la torre de marfil, habitada por el estudioso desapegado de los asuntos mundanos. En realidad, esa vocación participativa forma parte del ideal de la modernidad ilustrada, al menos en lo que se refiere a los intelectuales públicos o philosophes. Sucede que la democratización de la opinión pública proporciona un altavoz —con mayor o menor volumen según los casos— a cualquier académico, lo que genera un conflicto entre el ideal científico de la neutralidad valorativa y la toma de partido en los asuntos colectivos. No es así de extrañar que el argumento básico que manejan los autores sea que la visibilidad del politólogo se obtiene a costa de subordinar su rol académico a la posición partidaria defendida en cada caso.
En principio, los politólogos pueden adoptar distintas posiciones cuando participan en la conversación pública. De una parte, pueden presentarse como expertos, aplicando su conocimiento para iluminar los distintos aspectos de un asunto para el público general o señalando cursos posibles de acción sin elegir ellos mismos ninguno. De otra, sus intervenciones pueden consistir en la defensa explícita de posiciones o intereses políticos: en este rol partidario, el discurso se acomodaría a la causa particular que se defiende y con ello se corre el riesgo de vulnerar por completo las normas epistémicas que regulan la producción de conocimiento científico. No hace falta añadir que este cuadro presenta zonas grises y que el partidismo puede tener carácter involuntario, expresándose en la selección de los temas de investigación o el vocabulario empleado en el debate público. Para los autores, este partidismo oculto es difícil de sistematizar y por eso han preferido fijarse únicamente en aquellos casos en los que la posición política de los autores es claramente identificable.
No obstante, incluso cuando un académico interviene públicamente en defensa de una posición política determinada, puede hacerlo de distintas maneras. Una de ellas es la del experto, solo que no sería un experto neutral, sino de uno orientado políticamente. Es evidente que con ello se trata de reforzar la autoridad de lo que se dice: las credenciales académicas darían lustre a la causa defendida. Sin embargo, no faltará quien diga que la ideología o las preferencias son inerradicables y que quien las explicita desde un primer momento solo está siendo más honesto que los demás. Tal vez. Pero que lo primero sea cierto no significa que también lo sea lo segundo: al igual que sucede con el periodismo, uno puede hacer un esfuerzo consciente por desempeñarse de manera imparcial; será deshonesto quien ni siquiera lo intente y perverso quien finja haberlo intentado.
Es aquí donde entra en juego el procés separatista. Para los autores, cabe esperar que el partidismo prevalezca sobre la ciencia en situaciones especialmente conflictivas; una circunstancia que será aún más visible en el caso de aquellos académicos que gozan de mayor visibilidad pública. Una tercera hipótesis es que la politización del sistema mediático permitirá agrupar las intervenciones partidistas con relativa facilidad. Este último factor, entienden, es relevante: si bien los politólogos participan en el debate público porque también son ciudadanos que tienen creencias propias, los autores arguyen que la dinámica de los medios de masas ayudaría a explicar su disposición a ponerse el atuendo partidista en esas intervenciones. No obstante, nadie obliga al politólogo a asumir ese papel si no lo desea; quien acude a una tertulia sabe bien a dónde va. Y en las redes sociales no existe una línea editorial ni una política de empresa que constriña a los académicos que intervienen en el debate público, sin que eso impida que en ellas abunden las posiciones partidistas. Entiendo que un análisis de ese tipo es mucho más costoso y requiere de una laboriosa reconstrucción del contexto; no obstante, sería interesante conocer el modo en que los académicos nos desenvolvemos en el nuevo espacio público digital.
Hay que señalar —pese a no tratarse del tema principal del paper— que el partidismo de los académicos puede deberse asimismo a otros motivos. Sin duda, las inclinaciones ideológicas tienen un papel destacado; diría que mayor que las dinámicas características de los medios de masas. Y nótese que cuando hablamos de ideología, lo hacemos de algo que va más allá de las meras preferencias o creencias: el compromiso ideológico designa también una identificación emocional que afecta ya de entrada al modo en que percibimos la realidad política. Acaso este rasgo sea más apreciable en las redes sociales, donde el desenvolvimiento del usuario es más espontáneo y reactivo. Por lo demás, futuros trabajos de investigación podrían explorar en qué medida las intervenciones públicas de los académicos responden a intereses aún más tangibles. Se puede ser académico y trabajar para un gobierno, por ejemplo; igual que se pueden obtener recompensas directas o indirectas de un gobierno, tanto nacional como autonómico, o se pueden hacer méritos para obtenerlas en el futuro. También en estos casos nos encontramos con que el rol académico se subordina al rol partidario, pero es que el rol partidario es indisociable de la persecución de intereses personales. Finalmente, habría que tomar en consideración la influencia que sobre el tipo y contenido de las intervenciones públicas del académico puede ejercer la presión ambiental o de grupo, ya sea en el interior de redes profesionales donde nadie quiere convertirse en un apestado o dentro de una institución donde se ocupe una posición precaria para abandonar la cual uno necesita del apoyo de sus superiores. Todo es siempre muy complicado.
A partir de aquí, los autores —que parecen dar crédito a la discutible idea de que la sentencia parcialmente revocatoria del Estatut está en el origen de la crisis separatista y se limitan a señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional anuló «secciones clave» de la norma sin hacer mención de su evidente inconstitucionalidad— centran su análisis en los principales periódicos españoles y catalanes. Y clasifican como partidistas aquellos artículos en los que su autor expresa una preferencia clara por alguna de estas tres posiciones: soberanista, o favorable a la independencia; constitucionalista, o contrario a la independencia; y tercerista, o defensor de algún tipo de reforma institucional que implique mayor autogobierno o reconocimiento político de Cataluña. A partir de esta base conceptual, los resultados del análisis empírico resultan concluyentes: las intervenciones partidistas predominaron sobre el resto. En particular, los artículos que pueden encuadrarse en alguna de las categorías señaladas más arriba acumulan un 55.5% del total de los publicados en el periodo analizado: un 30.7% corresponden a posiciones independentistas, un 11.9% a las constitucionalistas y un 12.9% a las terceristas. Solo en un 4.1% de los casos, el artículo desarrollaba una posición neutral; en un 38.8% de ellos, no existe una posición identificable. Ante semejantes resultados, los autores ven confirmadas sus hipótesis y concluyen lo siguiente:
«En los muy conflictivos debates acerca de la independencia de Cataluña, el rol partidario prevalece sobre el científico/experto. Aunque las intervenciones partidarias de los politólogos pueden aparecer en tándem con elementos académicos (…), estos últimos tienen un carácter subalterno. En este tipo de intervenciones, los autores aparecen antes en su condición de miembros de la comunidad política que en la de miembros de la comunidad científica».
Por comprensible que sea este proceder, hay un riesgo que los autores no dejan de señalar perspicazmente: la combinación de argumentos partidarios y elementos científicos puede erosionar la legitimidad del conocimiento producido por la Ciencia Política a ojos del público. También, cabría añadir, a ojos de los colegas; la sospecha de que el politólogo partidario produce ciencia poco escrupulosa con los estándares de la disciplina es igualmente susceptible de generar escepticismo entre sus compañeros. Al fin y al cabo, no hablamos de geólogos ni de antropólogos, sino de académicos que estudian la propia comunidad política acerca de la cual hacen juicios de valor. Dicho esto, la propia Ciencia Política conoce subdivisiones relevantes: no es lo mismo dedicarse al análisis empírico que hacer teoría política de orientación normativa. De ahí que otra línea interesante de investigación para el futuro sea la consistente en indagar con mayor detalle en el contenido de las intervenciones de los politólogos en el debate público. Mi hipótesis es que buena parte de esas intervenciones caen dentro del ámbito de la teoría política, de tal manera que expresarán juicios acerca de lo que sea normativamente deseable en el interior de una comunidad política, aun cuando esas afirmaciones puedan reforzarse mediante datos empíricos provenientes de encuestas o de la política comparada.
De hecho, el politólogo partidario tendrá mayor libertad para emitir sus opiniones acerca de lo que sea moral o políticamente deseable si no existe una verdad factual que pueda tomarse como referencia. El problema se dará cuando aquellos elementos factuales que forman parte del debate sean torticeramente omitidos o manipulados: cuando se dice federal para referirse a configuraciones políticas confederales, se afirma que España perpetra un expolio económico en Cataluña, se dice que el Tribunal Constitucional «anuló» el Estatut o se sugiere que legalidad y legitimidad son cosas distintas en una democracia constitucional. En casos así, por ceñirnos al procés, el académico incurre en una deshonestidad agravada: a él se le supone capacitado para conocer la base fáctica de un problema y para manejar con rigor los conceptos que están en juego. Si esa deshonestidad es percibida por el público, la ciencia resultante padecerá un serio problema de imagen pública.
Aquí puede traerse a colación la célebre distinción que Immanuel Kant hace en ¿Qué es la Ilustración? entre los usos público y privado de la razón. Recordemos que Kant es prudente: un público, dice, solo puede alcanzar la ilustración de manera gradual y lenta. El filósofo alemán no concedía legitimidad a las revoluciones, incapacitadas a su juicio para cambiar de verdad el modo de pensar. Por el contrario, la ilustración requiere apenas la libertad para «hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos». Curiosamente, el uso privado de la razón podría restringirse a menudo sin que ello obstaculice el progreso de la ilustración. ¿Y cómo se diferencian entre sí? De la siguiente manera: por uso público de la razón se entiende aquél que cualquiera puede hacer, como alguien docto, ante el público que configura el universo de los lectores; en cambio, se llama uso privado al que cabe hacer de la propia razón en una determinada función o puesto civil que se haya confiado a un individuo. Lo que Kant dice es que ciertos miembros de la comunidad deben comportarse pasivamente para procurar una «unanimidad artificial» que permita el funcionamiento de la maquinaria estatal, pero que esas mismas personas pueden asumir un rol distinto cuando actúan en «condición de alguien instruido que se dirige sensatamente a un público mediante sus escritos».
Aduce el filósofo varios ejemplos: el oficial que debe obedecer una orden, pero al que no puede prohibírsele que haga observaciones «como experto» acerca de su contenido; el ciudadano que no puede dejar de pagar impuestos ni criticarlos cuando se dispone a abonarlos, so pena de causar una insubordinación generalizada, pero puede expresar «en tanto que especialista» sus tesis contra la inconveniencia o la injusticia de tales impuestos; el sacerdote que está obligado a diferenciar entre lo que dice al pequeño público de su comunidad de feligreses y su actuación «como alguien docto que habla mediante sus escritos al público general, es decir, al mundo». Esta separación, que depende de un ejercicio de autocontención reflexiva de carácter individual, reaparece mucho más tarde en la obra de Richard Rorty bajo ropajes distintos. A saber: el pensador norteamericano exigirá del intelectual que se desenvuelve en la sociedad liberal la distinción entre una esfera privada donde puede esforzarse por redescribir el mundo de acuerdo con su visión particular del mismo y una esfera pública donde habrá de limitarse a luchar por reducir la crueldad y expandir la solidaridad, apoyando en todo momento la democracia liberal, a pesar de que esta última no ofrezca ninguna garantía metafísica.
A primera vista, la distinción que traza Kant entre uso privado y público de la razón podría ajustarse a la conducta de los politólogos que expresan sus opiniones en la esfera pública, siempre y cuando lo hagan como personas doctas que se dirigen sensatamente al público. Por un lado, damos clase en la universidad y producimos conocimiento de acuerdo con los estándares de nuestra disciplina (uso privado de la razón); por otro, participamos en la esfera pública manifestando juicios razonados acerca de lo deseable (uso público). Desde luego, es importante que quien así actúe lo haga como un auténtico filósofo en la acepción kantiana: como un librepensador que no se subordina a intereses políticos, materiales ni corporativos. El pensador alemán había escrito en La paz perpetua que no hemos de desear que los filósofos lleguen a reyes, ya que «detentar el poder corrompe inexorablemente aquella libertad que debe caracterizar al juicio de la razón»; en cambio, los reyes habían de dejar hablar libremente a los filósofos a fin de que el gradual progreso de la ilustración tuviera lugar. Los tiempos cambian: gracias al smartphone, hoy pueden hablar libremente tanto los filósofos como los ciudadanos, ilustrados o no. Y si bien Kant consideraba que la libertad de pluma debía poder ejercerla cualquier ciudadano, la consideraba en todo caso un deber inexcusable del filósofo. Ahora bien: libertad de pluma, ¿para qué?
En la segunda parte de El conflicto de las facultades, Kant afirma que la ilustración del pueblo consiste en «la instrucción pública del mismo acerca de sus derechos y deberes con respecto al Estado al que pertenece». Ya hemos dicho antes que Kant es poco partidario de las revoluciones, aunque pudiera ver con simpatía la que tuvo lugar en Francia sin por ello quererla para Prusia. En La metafísica de las costumbres rechaza sin ambages el recurso a la revolución:
«Toda oposición contra el supremo poder legislativo, toda incitación que haga pasar a la acción el descontento de los súbditos, todo levantamiento que estalle en rebelión, es el delito supremo y más punible de una comunidad, porque destruye sus fundamentos».
Se trata de una oposición incondicionada, ¡a pesar de que Kant no vivía en un régimen democrático! No es difícil imaginar lo que podría decir Kant acerca de una «incitación que haga pasar a la acción el descontento de los súbditos» si esta última tuviera lugar en el interior de una comunidad política democrática. Y ya hemos visto que Rorty pone la lealtad a la democracia liberal por delante de la defensa de la cosmovisión particular del intelectual que participa en el debate público. Salta a la vista que aplicar estas ideas al procés plantea algunos problemas de coherencia, por la sencilla razón de que la posición del independentismo durante el mismo fue antidemocrática.
Se sigue de aquí que el académico que expresase sus simpatías por el procés realmente existente estaba haciendo algo más que expresar sus creencias públicamente: estaba apoyando a quienes trataban de destruir el orden constitucional. Por eso, aun cuando los autores del paper que se ha glosado aquí tienen buenas razones metodológicas para ello, resulta algo chocante que la defensa de la democracia pueda presentarse como una posición «partidaria» en pie de igualdad —analíticamente hablando— con la de quienes trataban de derribarla. ¿Asume un rol «partidario» quien defiende la democracia constitucional? ¿Es lo mismo defenderla que levantarse contra ella o apoyar a quienes lo hacen? Se trata de una cuestión existencial para la comunidad política: fuera de la democracia ya no somos ciudadanos, sino que nos rebajamos a la condición de súbditos. En ese mismo sentido, el análisis empírico gana en matices cuando se diferencia entre constitucionalistas «brutos» y aquellos que apostaron por soluciones intermedias, pero los resultados habrían sido igualmente esclarecedores si se hubiera diferenciado simplemente entre enemigos y defensores del orden constitucional. Desde este punto de vista, lo que resulta preocupante es que los artículos que apoyaron el procés supere tan abrumadoramente a los que se opusieron a sus planteamientos y a su desarrollo: no queda muy claro lo que eso dice acerca de la profesión.
Sea como fuere, la ciencia política empírica tiene razones que la teoría política no entiende: me someto felizmente al criterio de los autores. De hecho, ninguna de mis observaciones empece el interés de un trabajo brillante y oportuno, que ofrece conclusiones relevantes para la autopercepción de la disciplina y pone sobre la mesa la difícil relación que mantienen entre sí la construcción de conocimiento científico y la expresividad de la esfera pública contemporánea.
Obras citadas:
José Real-Dato, Juan Rodríguez-Teruel, Esther Martínez-Pastor, Esperanza Estévez-Toledo, «The triumph of partisanship: political scientists in the public debate about Catalonia’s independence crisis (2010–2018)», European Political Science, 2021. https://doi.org/10.1057/s41304-021-00341-x
Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración?, Alianza, Madrid, 2004.
Immanuel Kant, La paz perpetua, Alianza, Madrid, 2016.
Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza, Madrid, 2012.
Immanuel Kant, El conflicto de las facultades, Alianza, Madrid, 2003.
Richard Rorty, Contra los jefes, contra las oligarquías. Conversaciones con Derek Nystrom y Kent Puckett, Página Indómita, Barcelona, 2019.
Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona, 1991.
