Hace unos días conocimos que el Índice de Precios al Consumo (IPC, su índice general) había subido en el mes de febrero un 7,6% respecto al mismo mes del año precedente. Para el presente mes de marzo, los expertos en este tipo de análisis (FUNCAS) predicen que el crecimiento anual del IPC será del 8,6%, un punto porcentual más que en el mes pasado, y que la inflación media interanual en 2022 será del 6,8%.
¿Sabías, incomparable hermano, que si tomas prestados 1.000 euros y los devuelves un año después habiéndose experimentado una inflación del 6,8% mientras tanto es como si devolvieses 936,33 euros? ¿O que, si demoras la devolución cinco años y la inflación es del 6,8 % en cada uno de esos años, es como si devolvieses 719,69 euros? En el límite, si te dieran un plazo suficientemente largo para devolver el préstamo (sin intereses ni comisiones, claro) en 25 años acabarías, pagando 193,07 euros, menos de la quinta parte de lo que debías.
Claro, tú has pagado los 1.000 euros que debías, eso nadie te lo va a negar, pero su poder adquisitivo se habrá reducido en la proporción mencionada en cada uno de los casos mencionados. El sueño de todo mal pagador es que la inflación devore sus deudas. Y ese mismo sueño es la pesadilla de todo acreedor.
La inflación es uno de los peores fenómenos económicos que hay y se produce cuando los precios de los bienes y servicios suben desproporcionadamente y de manera generalizada. Si, además, la inflación es duradera el sufrimiento de los agentes económicos puede llegar a ser muy elevado, como ilustran los cálculos anteriores. Puede deberse a un tirón de la demanda o a un empuje de los costes de producción de bienes y servicios. Hay muchas causas potenciales detrás de cada uno de estos dos tipos de inflación, como un crecimiento excesivo del crédito a hogares y empresas que estimula su demanda o un incremento de los costes de algún factor de producción esencial.
La lucha contra la inflación es otra guerra. Conviene librarla con la colaboración de todos los agentes económicos codo con codo con las autoridades fiscales y, sobre todo, monetarias. Cuando la inflación se desencadena en el marco cerrado de la economía de un país cualquiera, algunos de sus efectos negativos y positivos, como ilustran los cálculos anteriores, se compensan y, por así decirlo, «todo queda en casa». Unos se empobrecen y otros se enriquecen en la misma medida. Aunque este es un argumento simple, viene bien para analizar por encima el caso en el que la inflación no es doméstica, sino que viene del exterior.
En este caso, nos empobrecemos nosotros y se enriquece el país al que hayamos adquirido los bienes y servicios que ahora resultan más caros. Es el caso del gas natural cuyo precio se ha duplicado respecto al que marcaba hace justamente un año, aunque entre septiembre y noviembre de 2021 osciló fuertemente alrededor de un valor similar a su precio actual. Este movimiento de hace unos meses, curiosamente, se interpretó como el resultado de una serie de causas naturales y accidentes en las infraestructuras de Rusia y los gasoductos, aunque más recientemente hay quien lo ha visto como el resultado de operaciones ligadas a la preparación de la invasión de Ucrania. Señal que ni la inteligencia occidental ni, mucho menos, el mercado global del gas supo interpretar correctamente. Al parecer, ya que Moldavia parecía ser entonces el blanco de estas maniobras por parte del Kremlin. Lo que este siempre negó.
El caso es que estos inputs básicos se han encarecido enormemente, también se han hecho más escasos y los demandantes de estos no están encontrando alternativas a tiempo para cubrir sus necesidades, lo que, dado lo esencial de estas materias primas, impulsa su precio fuertemente al alza. Pero el IPC de febrero, en España y fuera de ella, no está captando todavía las consecuencias directas de la guerra, que se inició con la invasión del 24 de febrero, y habrá que esperar al dato de marzo que conoceremos en unos días para ver impactos directos más relevantes. Como se decía antes, el servicio de coyuntura de FUNCAS anticipa un 8,6% anual en este tercer mes del año.
En estas condiciones, llevamos semanas de debate, por ahora calmo, acerca de cómo proteger las rentas de los asalariados y los pensionistas. Destaca en este debate la reciente intervención del titular de Seguridad Social asegurando que «sea cual sea la inflación, su poder adquisitivo va a estar protegido», refiriéndose a las pensiones actuales. Conviene saber que revalorizar las pensiones en 2023 con la inflación que podría producirse en 2022, con la previsión de un 6,8% en media en el año, podría costar unos 10 millardos de euros (el 0,8% del PIB estimado para este año) y acarrearía un gasto de consolidación en el tiempo unas diez veces mayor.
Mucho menos se habla, aunque estos sí se han manifestado con harta elocuencia, sobre cómo proteger las rentas de los trabajadores autónomos. Tan trabajadores, si no más, como los asalariados y mucho más sufrientes en este contexto, pues sus rentas son residuales, mientras que las de los asalariados son contractuales. Aunque, ¿verdad hermano?, las rentas contractuales de los asalariados dejan de percibirse cuando quiebra la empresa.
Como tampoco apenas se habla de la protección de los márgenes de las empresas, que también son residuales. La opinión pública española, y hasta la publicada, enfoca el panorama empresarial a través del IBEX. Craso error. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 2021, había en nuestro país 3,4 millones de sociedades mercantiles. Activas, el 55,82% sin asalariados y otro 44,04% con menos de 250 asalariados. La mayor parte de las empresas tienen beneficios. Y más nos vale, porque si no tendrían que desaparecer y con ellas los millones de puestos de trabajo asalariado y autónomo que dependen de su cadena de valor.
Solo un puñado de empresas tiene su rentabilidad garantizada contractualmente. Tal es el caso de las empresas concesionarias de las administraciones públicas. Los beneficios de las demás empresas son lo que queda de su facturación bruta después de pagar a todos sus proveedores de los bienes y servicios que requieren para llevar a cabo su propio proceso productivo, a sus empleados y los impuestos que les correspondan (básicamente, el Impuesto de Sociedades). Podrá parecer una paradoja, pero los beneficios son un residuo. Y así debe ser. Los beneficios son consustanciales al riesgo y si la apuesta empresarial es correcta y/o la fortuna (ventura) acompañan al empresario, aquellos serán buenos, pero pueden no darse.
Los asalariados, tanto del sector público (funcionarios y contratados, unos 3,5 millones) como del sector privado (unos 13,2 millones), por su parte, tampoco verán plenamente actualizados sus salarios. Dada la nómina salarial total, de unos 600 millardos de euros, el coste del ajuste pleno por la inflación media que podría darse en 2022 ascendería a 40 millardos, cuatro veces más de lo que costaría revalorizar las pensiones.
Tenemos pues una realidad, que nos estamos empobreciendo como consecuencia del alza de precios de las materias primas energéticas importadas y que la pretensión de todos los agentes económicos por recuperar la pérdida de poder adquisitivo de sus rentas no va a ser posible.
Va a ser pues necesario avanzar hacia un gran pacto de rentas implícito o explícito para poder encajar de manera equitativa el hecho de que la inflación provocada por el choque del precio de la energía nos está empobreciendo a todos. Uno de los principales defensores de este pacto de rentas es el Banco de España. Su gobernador viene recomendando desde hace meses que se aborden los ajustes de las rentas (i) sin excluir a ningún agente (pensionistas y empresas, especialmente) y (ii) de forma que se pueda recuperar solamente una porción de la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Ha reiterado este mensaje, ya plenamente inserto en el análisis de las consecuencias económicas de la guerra, en un importante discurso pronunciado el 15 de marzo en un desayuno con el sector empresarial.
La «indiciación» de rentas con la inflación pasada tiene un efecto perverso que ya hemos comentado en alguna entrada previa de este blog al repasar la historia de la inflación española en las últimas décadas. Desencadena una espiral inflacionista porque enquista expectativas inflacionarias en la mente de los agentes económicos, que presionan para mantener su poder adquisitivo logrando solo que la bomba de la inflación se cebe constantemente con dichas expectativas. Si las empresas actualizan sus precios con los costes que sufren porque estos se actualizaron cuando la inflación aumentó, aquellos aumentos de precios traerán como consecuencia nuevos aumentos de costes que inducirán, mas tarde, nuevos aumentos de precios… y así sucesivamente.
En otras palabras, los asalariados, pensionistas y otros agentes capaces de obtener contractualmente la plena compensación por el aumento de los precios (por ejemplo, arrendadores de vivienda), deberán abstenerse de hacerlo. Por otra parte, aquellos agentes que puedan lograr en sus respectivos mercados la plena traslación del aumento de los costes que sufren (salarios, materias primas, semi-manufacturas) a los consumidores, lo que sin duda revelaría un poder de mercado que debería investigarse, también tendrían que limitar sus aspiraciones a recuperar sus márgenes plenamente.
Muchas empresas y trabajadores autónomos, sin embargo, no podrán trasladar el aumento de sus costes a sus clientes y sus márgenes sufrirán correspondientemente, aunque sufrirán bastante menos si sus costes (salariales y otros) no aumentan por la contención antes aludida entre los proveedores de bienes y servicios de aquellos. Podría ser necesario, no obstante, asistir a estas empresas y autónomos con ayudas directas.
Un pacto de rentas es lo que se hizo en la España de la transición democrática cuando se firmaron los actos de la Moncloa. La clave entonces para doblegar radicalmente una espiral salarios-precios que estaba generando tasas anuales de inflación del 30% fue dejar de indiciar los salarios con la inflación pasada y pasar a indiciarlos con la inflación esperada. Muy simplemente explicado, esto consistía en fijar un objetivo de inflación moderada, o progresivamente moderada, si se partía de niveles elevados y el nuevo mecanismo debía ser creíble, y lograr que los convenios salariales adoptasen este criterio en vez del de la inflación pasada. En cuestión de muy pocos años se doblegó por completo la inflación.
De manera indirecta, un Banco Central puede doblegar la inflación por las bravas, provocando una recesión y desempleo masivo mediante un aumento brutal de los tipos de interés, lo que se hace mediante una fuerte restricción monetaria, es decir, dejando de comprar papel de los bancos comerciales y cerrando, de esta manera, el grifo de la liquidez del sistema de pagos. Esto es lo que hizo el inolvidable chairman de la Reserva Federal norteamericana, Paul Volcker, en 1981/82. Desde entonces, este tipo de intervención se conoce como la «Volcker recession».
¿Sería necesario provocar una Volcker Recession en España si no supiéramos llegar voluntariamente a un buen Pacto de Rentas, incomparable hermano?
Desde luego que sí. Pero aquí nos encontramos con un problema. El Banco de España ya no podría provocar tal cosa, y debería ser el Banco Central Europeo quien lo hiciese Y este solo lo haría si los demás países de la eurozona lo necesitasen, no si solo lo necesita España. No sería la primera vez que ocurriese algo de esto. El BCE no va a actuar solo para defender a la economía española ante una crisis cambiaria o en caso de una perturbación externa negativa tan dañina como la que nos ocupa.
La economía española no podría enfrentarse sola a una espiral inflacionista que, en ausencia de un Pacto de Rentas, nos haría perder competitividad exterior a marchas forzadas, aterrizándola en un escenario de estancamiento económico con inflación. La mecha de una espiral inflacionista la enciende una chispa como la inflación del precio de las materias primas que importamos, pero la espiral se alimenta a sí misma con los meros factores internos cuando todos los agentes quieren protegerse de ella al completo. Así solo se consigue alimentar el fuego. La inflación es otra guerra y esta sí está en nuestra mano ganarla… no sin dejarse algunos pelos de bienestar en la gatera.
