A los Amigos de China la campaña anticorrupción de Xi Jinping les parece prometedora. Los Amigos de China –así, con mayúsculas– son una cofradía, no por informal menos pujante, de observadores y estudiosos, sedicentemente «realistas» y de muy variado pelaje doctrinal. Coinciden, sin embargo, en ver a los dirigentes del país como un grupo de personajes pasablemente ilustrados que buscan lo mejor para su pueblo, como dijera en su momento Thomas Friedman, el de La Tierra es plana (trad. de Inés Belaustegui, Barcelona, Martínez Roca, 2006). A veces se equivocan o se exceden en la represión, sí, pero no sería legítimo desconfiar de ellos, pues siempre tienen en la mira el bien público. ¿Cómo habría sido, si no, posible el verdadero Gran Salto Adelante de China en los últimos treinta años? Así que, según los Amigos de China, la caza de tigres, moscas y zorros que dirige Xi Jinping y ejecuta Wang Qishan desde su Comisión Central de Inspección de Disciplina (CCDI, por sus siglas en inglés) debería rematar con éxito su tajante determinación de reformar al país. Ambos dirigentes desarrollan una actividad ciclópea para ampliar el imperio de la ley y reforzar la credibilidad del Partido Comunista local.
Para quienes no somos Amigos de China y nos limitamos a mantener amistades con algunos chinos y chinas de nuestra confianza, tan generosa fantasía malamente se tiene de pie.
Como en otros lugares, los ciudadanos chinos pueden ser perseguidos penalmente a instancias de la Procuraduría (equivalente a nuestra Fiscalía) o por denuncia de parte. En general, los acusados en China carecen de las garantías de que gozan los ciudadanos de países donde impera la ley: tiempo máximo de detención, asistencia letrada desde el comienzo del proceso, publicidad de actuaciones judiciales y demás. Los miembros del Partido Comunista están sujetos a actuaciones especiales del Ministerio de Supervisión cuando violan una ley específicamente aplicable al Gobierno o al Partido; o, como sucede en la campaña anticorrupción, de la propia CCDI.
La CCDI tiene su sede central en un edificio moderno, el número 2 de la avenida Chang’An Este, en Pekín, a dos pasos de la Ciudad Prohibida y del recinto gubernamental de Zhongnanhai. Nada en su exterior lo identifica por su nombre y no aparece en los mapas. El funcionamiento de la CCDI es igualmente opaco, como bien saben los seguidores del inspector Chen, el perplejo protagonista de las novelas de Qiu Xiaolong, y no respeta siquiera los escasos límites impuestos a los investigadores por el proceso ordinario. Las actuaciones comienzan con una preinvestigación en la que los inspectores reúnen el material delictivo que presentarán a sus superiores. Esta fase suele ir acompañada o seguida de un shuanggui o procedimiento secreto, que incluye la detención e incomunicación de los sospechosos, carentes de asistencia legal, en un lugar desconocido para sus familias. Los durísimos interrogatorios pueden ir acompañados de tortura, pese a su prohibición en los estatutos del Partido. En 2014, Zhou Wangyan, un funcionario de urbanismo de la ciudad de Liling, en la provincia de Hunan, que había sufrido un shuanggui, denunciaba que en sus ciento ochenta y cuatro días de detención había sido sometido a numerosas torturas para que confesase los delitos que se le imputaban.
Una vez formulada la acusación, si las instancias correspondientes de la CCDI lo creen conveniente, sancionan a los investigados con la expulsión del Partido Comunista y, como se decía en otros tiempos, los culpables son relajados al brazo secular, es decir, a los tribunales ordinarios, que no se distinguen por poner en duda las conclusiones de las autoridades. Cómo procedimientos semejantes puedan contribuir a que avance el sometimiento de los poderes a la ley es un misterio tan grande como las razones que impulsan el inicio de un shuanggui.
Los Amigos de China se equivocan también al pensar que Xi pueda o quiera acabar con la corrupción. No se trata de manzanas podridas, pocas o muchas, fácilmente separables de las sanas. Es el barril, todo él, lo que está infectado o, por decirlo más precisamente, la corrupción en China es un problema sistémico. ¿Habrá tal vez diez justos en Sodoma? Quizás, pero la mayoría no lo es y no puede serlo por la forma en que funciona el sistema económico chino. Al cabo, todas las decisiones políticas importantes dependen del comisariado político y éste acaba inexorablemente por favorecer a quienes, parientes o amigos, pueden ayudarle a asentar su poder y, de paso, convertirse en una ubérrima fuente de beneficios. Los salarios oficiales de los políticos son ridículos. La corrupción empieza, pues, por la cabeza. Que el ápice del sistema sea objeto de fundadas sospechas indica que esos comportamientos forman parte de las actuaciones cotidianas en todos los escalones del poder.
A comienzos de 2014, ICIJ (siglas inglesas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) hizo públicos los resultados de una investigación sobre las fortunas de numerosas familias de altos funcionarios chinos. Entre sus conclusiones más destacadas:
• Uso de compañías incorporadas en paraísos fiscales para ocultar fondos ilegalmente obtenidos en el país.
• Sofisticados esquemas jurídicos y fiscales para poseer mansiones, yates, obras de arte y otros bienes que les permiten evadir impuestos y mantener el anonimato.
• Participación de grandes bancos internacionales (citaban nominalmente a UBS, Crédit Suisse y Deutsche Bank) en la incorporación de sociedades secretas en las Islas Vírgenes británicas y otros paraísos fiscales.
• Complicidad de una amplia industria de despachos de abogados, contables, intermediarios y otros agentes que ayudan a camuflar la identidad de los dueños de esas compañías, a menudo mediante el blanqueo de capitales y otros artificios.
Los burócratas chinos no están obligados a hacer públicos sus patrimonios pero, por lo que sale a la luz, éstos concuerdan con el peso del poder ejercido por sus propietarios. Cuanto mayor es, mayores sus fortunas. Algunas estimaciones cifran entre uno y cuatro billones (1012) de dólares el monto de los capitales que han salido del país desde el año 2000. El informe de ICIJ destacaba a trece individuos entre lo que denominaba la nobleza roja (por ejemplo, Li Xiaolin, hija de Li Peng, primer ministro entre 1987 y 1998 y debelador de las protestas de Tiananmén en 1989; o Wu Jianchang, yerno de Deng Xiaoping) y otros dieciséis megamillonarios como principales artífices de la trama. Entre las compañías sacadas a la luz en el trabajo había, por ejemplo, una con sede en las Islas Vírgenes británicas cuya mitad pertenecía a Deng Jiagui, cuñado del presidente Xi y pujante promotor inmobiliario. La mitad restante era de una compañía propiedad de Li Wa y Li Xiaoping, otros dos magnates de la construcción, que en julio de 2013 habían ganado un concurso para el desarrollo de centros comerciales en Shenzhen por dos millardos (109) de dólares. El informe subrayaba también que Wen Yunsong, hijo de Wen Jiabao, primer ministro entre 2002 y 2012, había registrado otra compañía en la misma jurisdicción.
La de Wen parece ser una familia de empresarios particularmente industriosos. Entre 2006 y 2008, Wen Ruchun, su hija, cobró del banco estadounidense J. P. Morgan un millón ochocientos mil dólares en concepto de consultoría. Los trabajos se pagaban a una empresa, también con sede en las Islas Vírgenes británicas, con el nombre de Fullmark Consultants Ltd. que, a su vez, compensaba a Lily Chang, un nombre ficticio bajo el que se ocultaba Wen hija. Su marido, Liu Chunhang, controlaba la empresa y cuando, en 2006, fue nombrado para un alto cargo en la Comisión de Regulación Bancaria de China, traspasó la dirección a Zhang Yuhong, un colega de negocios y antiguo amigo de la familia Wen.
Hace poco, con motivo de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia estadounidense, se ha sabido que no fueron Wen y Liu los únicos beneficiarios de la generosidad de J. P. Morgan. Otro de ellos fue el hijo de Gao Huchen, el actual ministro de Comercio chino. El banco mantenía un departamento, bautizado en su seno como Hijos e Hijas , para reclutar a retoños de poderosos dirigentes chinos. El programa iba ligado al éxito en la captación de salidas a Bolsa de las empresas que sus padres y madres controlaban. No operaba en la clandestinidad: dependía del departamento de recursos humanos del banco..
El matrimonio Liu-Wen reapareció hace poco, ahora en los anales de la Universidad de Cambridge. En enero de 2012, la Fundación Chong Hua donó seis millones de dólares a la universidad para dotar una cátedra de estudios sobre desarrollo en China. La Fundación resultó estar finalmente controlada por Wen Ruchun y su marido. El titular de la cátedra, el profesor Peter Nolan, es un experto en el desarrollo de China y autor de Is China Buying the World? (Londres, Polity Press, 2013), en el que acusa a otros investigadores de crear una alarma injustificada en torno al papel de China en la economía mundial. Es un buen Amigo de China. Nolan fue anteriormente profesor de Liu y ambos, junto con un tercero, publicaron en 2007 un libro sobre la revolución económica global.
La donación de Chong Hua suscitó tensiones en el seno de la universidad cuando algunos académicos cuestionaron la limpieza del proceso y la colusión de intereses entre el profesor y los donantes. Cambridge finalmente se negó a dar explicaciones sobre el fondo del asunto, porque la fundación tenía su sede en Bermuda y la jurisdicción local imponía una estricta confidencialidad sobre sus operaciones.
Sea cual fuere el mal aire que aún envuelve a este asunto, la cuestión básica y no resuelta estriba en explicar cómo Wen y Liu, cuyas posiciones oficiales los colocan en las cumbres del funcionariado chino, se han hecho con el control de tanto dinero con los bajísimos salarios que cobran, como todos sus colegas. Tal vez Wen hija haya heredado los genes o los buenos hábitos de su abuela paterna que, con un sueldo de profesora de enseñanza primaria y una vida espartana, llegó a hacerse con un capitalito de cien millones de dólares.
¿Acabará Xi con tanto esfuerzo y tanta laboriosidad? La solución, la semana próxima.
