Desde su subida al trono, Felipe VI ha soportado la hostilidad de los independentistas y de la izquierda más destemplada. Los ataques a la monarquía parlamentaria no se limitan a cuestionar la forma del Estado. Su objetivo último es acabar con el modelo político establecido por la Constitución de 1978, al que se acusa de ser una continuación maquillada de la dictadura franquista. Los independentistas catalanes se han mostrado especialmente beligerantes con el rey, abucheándolo cada vez que ha visitado Cataluña. La izquierda populista ha preferido optar por el desplante, prescindiendo de la cortesía más elemental. Felipe VI parece cansado. Sus gestos de prudencia o concordia no han producido frutos y sus iniciativas más firmes han acentuado la animadversión de sus antagonistas. Se le recrimina con dureza su discurso institucional del 3 de octubre de 2017, en el que pidió atajar la rebelión de las autoridades catalanas contra el Estado de Derecho. En esa ocasión, afirmó que el independentismo había dividido a la sociedad catalana, atentando contra la paz social y la armonía, lo cual es tristemente cierto. Se ha interpretado su discurso de Navidad de 2018 como una rectificación, pues llamó al diálogo y a la convivencia, pero no está de más señalar que también pidió respeto a las reglas democráticas y a la Constitución: «No es una realidad inerte, sino una realidad viva que ampara, protege y tutela nuestros derechos y libertades».
Algunos opinamos que el discurso del 3 de octubre de 2017 fue necesario, pues el desafío catalán había creado un clima de incertidumbre y desasosiego. La ruptura de un país siempre acarrea consecuencias traumáticas y, en el caso de Cataluña, no puede invocarse el derecho de autodeterminación, reservado a los pueblos que sufren una opresión real. Cataluña es próspera y libre. Disfruta de unas elevadas dosis de autogobierno y su lengua tiene carácter oficial. «Las comunidades autónomas españolas –escribe Joseph Pérez en su ya clásica Historia de España? tienen muchas más competencias que las regiones francesas. La estructura de España es, de hecho, la de un estado federal sin ese nombre». Los independentistas niegan esa realidad, asegurando que el franquismo sigue vigente. Esta afirmación no soporta el contraste con los hechos. Gracias a la injustamente denostada Transición, España es una democracia homologable a la de cualquier país avanzado. No habría sido posible sin la amplitud de miras de Juan Carlos I, la valentía de Adolfo Suárez, el aperturismo de una Iglesia católica inspirada por el Concilio Vaticano II y la responsabilidad de una izquierda que renunció a los planteamientos revolucionarios.
El 27 de noviembre de 1975, el cardenal Tarancón aprovechó la ceremonia de consagración de los reyes en la iglesia de San Jerónimo el Real para solicitar en su homilía «unas estructuras jurídico-políticas [que] ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país». El rey Juan Carlos ya había decidido impulsar un cambio en esa dirección. El 2 de junio de 1976 realizó un viaje oficial a Estados Unidos y habló ante el Congreso y el Senado. En su discurso, se comprometió a restablecer la democracia, respetando el pluralismo político y la soberanía popular. Adolfo Suárez sólo necesitó un año para liquidar el franquismo, ya moribundo. Con enorme audacia, decretó una amnistía política, autorizó la celebración de la Diada, legalizó el Partido Comunista y convocó unas elecciones libres. Juan Carlos I lo respaldó en todo momento, declarando su voluntad de ser el rey de todos los españoles. Para demostrarlo, visitó en México a la viuda de Manuel Azaña y habló en catalán, recibiendo a Josep Tarradellas. Santiago Carrillo no se mostró menos conciliador, posando ante las cámaras flanqueado por una bandera roja y otra roja y gualda. En definitiva, los españoles eligieron convivir, enterrando el rencor.
La monarquía parlamentaria es el símbolo que representa ese espíritu de paz y entendimiento. Por eso, sufre los ataques de quienes fantasean con rupturas y revoluciones. En nuestros días, sería absurdo crear nuevas dinastías, pero no sería menos descabellado eliminar a las casas reales que han asumido los valores democráticos, contribuyendo a la estabilidad. La monarquía desempeñó un papel esencial en la constitución de España como nación y fue una pieza esencial en la Transición. Felipe VI no ignora que la legitimidad de la Corona depende de su ejemplaridad. Es cierto que han surgido sombras en su entorno, pero el saldo general es positivo. Quizá la monarquía no sea necesaria en el futuro. El tiempo lo dirá, pero sí fue necesaria para transitar de la dictadura a la democracia, como apunta Paul Preston en su biografía del rey emérito (Juan Carlos I, El rey de un pueblo, 2011), y, actualmente, sostiene la existencia de España como nación. Si en este momento de nuestra historia la jefatura del Estado recayera en un político, las confrontaciones ideológicas se exacerbarían intolerablemente, propiciando una inestabilidad dañina para la convivencia y la economía.
En los años noventa, José Luis López Aranguren habló del desencanto que afligía a la sociedad española, desmoralizada por el paro, la corrupción y el terrorismo. Las expectativas sobre la democracia quizás habían sido excesivas, olvidándose que no hay sociedades perfectas. Felipe VI no es un gran líder carismático –el carisma suele ser un rasgo de sátrapas, iluminados y demagogos?, pero sí un jefe de Estado que intenta ocupar el «justo medio», siguiendo el consejo de José Cadalso de buscar siempre la moderación y la ecuanimidad. No es una posición sencilla, pues suscita el encono de los radicales de distinto signo. No cesarán los ataques contra su figura, pero yo creo que su desaparición de la vida pública sólo favorecería a los intolerantes, exacerbando la actual atmósfera de crispación y populismo, donde ya casi nadie se atreve a defender la causa del consenso y la responsabilidad.
