El procés que viene de lejos. Notas sobre su génesis y desarrollo

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Esta ponenciaEste artículo es la transcripción, con algunos retoques estilísticos, de la ponencia expuesta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 12 de noviembre de 1919. No se han añadido elementos de la realidad catalana posteriores a esta fecha, ni tampoco se ha utilizado ni mencionado la bibliografía publicada después de la misma. tiene como objetivo justificar, en sus líneas generales, la siguiente tesis: el «procés» viene de lejos y la situación actual solo puede comprenderse si se analiza su génesis y desarrollo, es decir,  el significado del catalanismo político que nace a fines de siglo XIX, cobra progresiva importancia en el siglo XX hasta la Guerra Civil, casi desaparece en la postguerra pero logra precariamente mantenerse y, desde principios de los años sesenta, se va transformando hasta la Transición para llegar a convertirse en una ideología transversal y obligatoria durante los veintitrés años de gobiernos de Jordi Pujol cuya primordial tarea política consistió en la llamada «construcción nacional de Cataluña» (1980-2003).

Acabado el pujolismo a fines de 2003, el movimiento catalanista, con la decisiva participación de los partidos de izquierda (PSC e IC), pasa del autonomismo al independentismo, primero desprestigiando a España (2004-2012) y después intentando constituirse en un Estado separado mediante la vulneración sistemática del derecho vigente y la rebelión institucional de la Generalitat (2012 hasta hoy). Así pues, lo que hoy entendemos por «procés» en sentido estricto (2012-2019) viene de lejos y solo es inteligible si lo contemplamos con esta perspectiva. 

Para explicarlo, analizaremos de forma sintética: (1) las líneas básicas del catalanismo político tradicional y su evolución en los años finales del franquismo; (2) el intento de «construcción nacional» llevada a cabo durante el largo período de los gobiernos de Jordi Pujol; (3) la labor de desprestigio de la España constitucional durante los gobiernos tripartitos de Maragall y Montilla que, fatalmente, (4) conducen al último período que tiene como principal novedad la sistemática desobediencia a la Constitución y las leyes  por parte de las más altas autoridades de la Generalitat con el objetivo de dar el paso a la independencia.

Estos cuatro períodos son los que en sus rasgos esenciales pretendemos analizar porque así se explica, según creo, la grave y difícil situación en la que nos encontramos en la actualidadLibros recientes sobre la problemática general: VV. AA., La cuestión catalana, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2015; J. Canal, Historia mínima de Cataluña, Turner-Colegio de México, Madrid-Ciudad de México, 2015; G. Tortella y otros, Cataluña en España, Gadir, Madrid, 2016; Borrell-Carreras-López Burniol-Piqué, Escucha, Cataluña. Escucha, España, Península, Barcelona, 2017.

1.  Origen y evolución del catalanismo políticoUna visión general de este período,  con una importante base documental en: J. A. González Casanova, Federalisme i autonomía a Catalunya (1868-1938), Curial, Barcelona, 1974. Más específicos: F. de Carreras«La autonomía de Cataluña (1977-2003): una interpretación»en E. Espín Templado (coord.), La Constitución de 1978 y las Comunidades Autónomas, CEPC, Madrid, 2003; J. Amat, Largo proceso, amargo sueño, Tusquets, Barcelona, 2018; J. Canal, Con permiso de Kafka, Península, Barcelona, 2018.

El catalanismo político nace a fines del siglo XIX cuando Valentí Almirall abandona las ideas federalistas de su maestro Pi Margall y propone, en 1885, una regeneración de España basada, no en la simple descentralización política del poder estatal, propia del federalismo, sino en la fractura de la misma soberanía, al considerar que España estaba compuesta por pueblos y regiones diferenciadas debido a razones culturales e históricas, que deben participar como tales en la soberanía estatal. Por tanto, la soberanía no estaba en cada uno de los ciudadanos españoles (tal como sostenía Pi Margall) sino en cada uno de los pueblos de España y, en todo caso, en Cataluña. De una Federación (la del proyecto de Constitución de 1873) se pasaba a una Confederación, de una unión de ciudadanos a una unión de pueblos, de naciones.

Con este cambio de posición de Almirall, que en 1886 publicará Lo catalanismoV. Almirall, Lo Catalanisme, La Magrana, Barcelona, 2013., comienza propiamente el catalanismo político, cuya aceptación pasa a ser un requisito trasversal y obligatorio para legitimar cualquier fuerza política catalana. Sin embargo, Almirall, un urbanita barcelonés, liberal republicano y demócrata de izquierdas, todavía habla de «pueblos y regiones», no de naciones o nacionalidades, aunque el sentido sea el mismo.

Almirall

Este paso lo dará muy claramente Prat de la Riba en su obra La nacionalitat catalana (1906)E. Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, La Magrana, Barcelona, 2013.. Al contrario de Almirall, Prat proviene de familia carlista, nace en Castellterçol, un pueblo agrario de la Cataluña central, y es un conservador moderado, liberal tibio y escasamente demócrata, aunque un político sensato y pragmático. Su punto de partida no es el federalismo, forma territorial de Estado de la que discrepa radicalmenteVéase el libro L. Duran i Ventosa, Regionalisme i Federalisme,  La Magrana, Barcelona, 1993. Su primera edición se publicó en 1905, un año antes de La nacionalitat catalana de Prat de la Riba, autor del prólogo, que formó parte del libro de Prat. Duran i Ventosa, hijo del civilista y político conservador Duran i Bas, máximo representante en España de la Escuela histórica  del jurista alemán Savigny, era íntimo amigo de Prat y de Cambó, formó siempre parte de la dirección de La Lliga y fue director de La Veu de Catalunya, el diario oficial de este partido. Con seguridad puede afirmarse que era el político con mejor formación teórica del catalanismo conservador de aquellos años, muy influyente en el rumbo político de su partido desde los editoriales del diario que dirigía. Sin embargo, Duran i Ventosa, cuya auténtica vocación era la de eminencia gris, fue siempre muy discreto en su actuación política pública. Regionalisme i Federalisme es un libro intelectualmente riguroso que denota los amplios conocimientos del autor y su objetivo principal fue distinguir el  catalanismo del federalismo para demostrar que las ideas federalistas de Pi Margall eran inadecuadas para las necesidades de Cataluña., sino el nacionalismo romántico e historicista, con la identidad cultural como eje básico para delimitar el territorio de los estados en un mundo repartido entre nacionalidades o naciones (utiliza estos términos de forma indistinta).

En el caso de Cataluña, la lengua es el principal rasgo cultural que la identifica, además de otros de menor entidad como el derecho privado, la historia o el carácter nacional. Por ejemplo, dice así Prat: «Cada nación piensa como habla y habla como piensa. (…) Quien atenta contra la lengua de un pueblo, atenta contra su alma y la hiere en las fuentes mismas de la vida». Además, también propugna el llamado principio de las nacionalidades: «Cada nacionalidad ha de tener un Estado», sostiene Prat, en la línea de ciertos nacionalismos del siglo XIX que se prolongarán tras el fin de la I Guerra Mundial y, sobre bases distintas, después de 1945, se inspirarán en el principio de libre determinación (o autodeterminación) regulado por los tratados de la ONU.

El nacionalismo catalán, hasta hoy, se sostendrá sobre los fundamentos establecidos por Almirall y Prat de la Riba. Sintetizando, podríamos establecer tres características fundamentales:

1a. Cataluña es una nación cuya unidad está basada en una lengua y una cultura común, aunque también en el pasado histórico y en un determinado carácter colectivo específico, en su carácter nacional.

2a.  Como tal nación tiene derecho a un Estado independiente. Sin embargo, algunos catalanistas consideran que una amplia autonomía política dentro del Estado español que permita asegurar la pervivencia de sus rasgos específicos, como son la lengua y la cultura, puede ser aceptable y otros proponen que Cataluña sea un Estado dentro de una Confederación española de estados.  En todo caso, aunque Cataluña es una nación con orígenes milenarios -dicen- necesita algunas de estas fórmulas para seguir siendo nación, en otro caso desaparecerá como tal.

3a.  Estas ideas deben ser comunes a todos los partidos políticos catalanes, sean de la ideología que sean, no se puede discrepar de ellas ya que se trata de hechos naturales que no pueden ofrecer duda alguna. Por tanto, el núcleo básico del catalanismo político no puede ponerse en cuestión y, en ese sentido, se trata de una ideología que debe ser trasversal a todas las fuerzas políticas e, incluso, a las instituciones de la misma sociedad civil. En caso contrario, tanto los partidos como la sociedad civil carecen de legitimidad porque tienden a «desnacionalizar» Cataluña. 

En este marco conceptual se ha desarrollado, no sin paréntesis y modulaciones diversas, el catalanismo político hasta hoy. No obstante, desde este inicio a finales del siglo XIX y principios del XX, hay que formular algunas precisiones. 

Desde el punto de vista político, debe destacarse la creación de algunas instituciones que iban en la línea de los postulados del catalanismo político.

En primer lugar, hay que destacar la creación de la Mancomunitat de Catalunya en 1914, presidida primero por Prat de la Riba y, a su muerte en 1917, por Puig i Cadafalch, ambos de la Lliga. La Mancomunitat fue una institución de régimen local que asumió únicamente las competencias de las cuatro Diputaciones provinciales catalanas. Sin embargo, llevó a cabo una importante obra cultural, tanto en materia de patrimonio artístico, como de lengua (la unificación de las reglas de gramática catalana, según el criterio de Pompeu Fabra), cultura y fomento de la investigación mediante la creación del Institut d’Estudis Catalans. Con pocas competencias y recursos económicos, llevó a cabo una labor muy notable inspirada en las ideas del noucentisme. Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera fue nombrado presidente Alfonso Sala, monárquico y contrario al catalanismo político, con el cual empezó a decaer la institución que, finalmente, fue disuelta en 1925.

En cambio, fracasaron los proyectos de Estatuto de autonomía de 1917 y 1919, que pretendían la autonomía política, más allá de las competencias  de régimen local de la Mancomunitat, y que no fueron aprobados por el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, hay que destacar la creación de la Mancomunitat de Catalunya en 1914, presidida por Prat de la Riba

Como es sabido, sí fue aprobado, no sin muchas dificultades, el Estatuto de 1932, ya en plena Segunda República, aunque su vigencia fue muy breve, en realidad apenas treinta meses y sus resultados escasos, fue mitificado por el catalanismo en la época franquista y la Transición como ejemplo a imitar. Durante todo este período, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de Macià y Companys, gobernó la Generalitat, a pesar de haberse creado un mes antes  de proclamarse la República en 1931. En el seno de este partido convivían sectores muy diversos, todos republicanos, con predominio de nacionalistas moderados. La Lliga, el gran partido catalanista conservador, hegemónico hasta 1923, fue derrotado al haber intentado salvar la monarquía hasta el último momento. Durante el 14 de abril de 1931 en las calles de Barcelona fue atronador el lema con el que se coreaba el cambio de régimen: «¡Visca  Macià, mori Cambó!». La derrota en la Guerra Civil y el exilio de los principales líderes políticos e intelectuales de esta Cataluña autónoma, puso fin al predominio del catalanismo republicano.

Durante la época franquista, a pesar de la fuerte represión política de los primeros años, un cierto tipo de catalanismo, entre cultural y costumbrista, siguió perviviendo, especialmente tras 1945. Muestras de ello fueron las ediciones de literatura catalana, especialmente la colección de la Editorial Selecta; la actividad escénica del Teatro Romea, situado en el centro de Barcelona, que solo programaba obras en catalán; las sardanas y otras muestras de la cultura popular tradicional, como los castellers. El semanario Destino se hacía eco de estas costumbres tradicionales, Josep Pla y otros autores catalanes, también republicanos, eran colaboradores habituales, defendían durante la II Guerra Mundial las posiciones de los aliados y no a la Alemania nazi, y también acogía en sus páginas escritores españoles como Azorín, Ridruejo, Cela, Delibes o CunqueiroSobre el semanario Destino, véase La crónica de Destino, ed. a cargo de Alexandre Porcel, ed. Destino, Barcelona, 2003, dos volúmenes.. Más adelante, se inició un fructífero diálogo entre intelectuales catalanes y del resto de España, encabezados por Carles Riba y Vicente Aleixandre, respectivamente. En este aspecto, al menos a nivel cultural, los puentes no se rompieron del todo.

Por su parte, algunos jóvenes de la Lliga, por encargo de Cambó, empezaron a colaborar en las instituciones oficiales del Régimen poco después de terminada la guerra, en especial para proteger a las empresas catalanas, especialmente textiles, en la tradición de este partido, pero también desde los cargos oficiales intentaban conservar los rasgos principales del catalanismo conservador. La lengua catalana, a pesar de no ser nunca oficial y abandonada su práctica por las élites burguesas, especialmente en la educación de sus hijos, nunca dejó de usarse en la vida diaria de los ciudadanos barceloneses de clase media y en las ciudades y pueblos del entorno de Barcelona y del resto de Cataluña.

Sin embargo, este catalanismo costumbrista y cultural, más o menos tolerado, se fue transformando en más político a fines de los cincuenta – el historiador Vicens Vives estaba llamado a ser su líder natural, si no hubiera fallecido prematuramente en 1960- y sobre todo desde principios de los años sesenta. Este giro desde lo cultural a lo político ha sido fundamental para que el catalanismo fuera transversal en todos, o casi todos, los partidos, durante los diez o quince últimos años de franquismo, por tanto, aún en la clandestinidad, en la Transición y desde la entrada en vigencia de la Constitución hasta hoy. La idea de Almirall de no legitimar a los partidos que no se declararan catalanistas sigue vigente y explica muchas de las claves de la política catalana en este período.  

En efecto, la causa fundamental de este giro es el cambio demográfico acaecido en Cataluña desde principios de los años cincuenta. Este cambio fue de elevadas proporciones, basta decir que en 1975 el 48% de la población mayor de veinte años había nacido fuera de Cataluña. Ello tenía, naturalmente, repercusiones en la lengua hablada por estos «nuevos catalanes» provenientes del resto de España que, además, pasaron a vivir concentrados en zonas urbanas del entorno metropolitano de Barcelona-ciudad y trabajaban como obreros en la construcción y en grandes empresas (SEAT, Maquinista, Pegaso,  etc.) y, por tanto, este ámbito laboral no facilitaba su relación con los catalanes «catalano-hablantes», necesario para el aprendizaje del catalán en la sociedad, ya que en la escuela la lengua de uso era el castellano.

A los catalanistas culturales les preocupaba mucho esta situación por el riesgo de que el catalán fuera sustituido progresivamente por el castellano, una lengua de mucha mayor potencia comunicativa, y se acentuara así la «desnacionalización» de Cataluña.

Prat de la Riba

Por su parte, el mundo cultural de la izquierda, especialmente sus intelectuales, con frecuencia afiliados o compañeros de viaje del PSUC (equivalente en Cataluña al PCE), veían a estos trabajadores como sus potenciales   militantes y votantes. Ahí había pues una convergencia de intereses: unos querían la integración de estos «nuevos catalanes» mediante la lengua para que esta no se perdiera, otros los veían como futuros adeptos a su causa política. El acuerdo entre ambos sectores era inevitable por ser necesario y conveniente para ambos en su lucha común por derrotar a la dictadura.

A todo ello, hay que añadir otro importante factor: el cambio de orientación política producido en el seno de la Iglesia, al menos de algunos de sus sectores, a partir  del papado de Juan XXIII y sus dos encíclicas de carácter social y político (Mater et Magistra y Pacem in Terris), además de la recepción por un clero joven de la nueva teología europea (Rahner, de Lubac, von Balthasar, Daniélou, entre otros) que se proyectó en el Concilio Vaticano II. Del predominio «nacional-católico» un importante sector de la Iglesia pasó al «progresismo». Montserrat, pero no solo Montserrat sino también sacerdotes que ejercieron su ministerio en parroquias de barrios obreros, se aprestaron a colaborar en este acuerdo nacionalista y socialista.

Así pues, el catalanismo pasó de ser predominantemente cultural, con la pervivencia de la lengua como principal preocupación, a ser social y político, en tanto que el movimiento antifranquista de izquierdas –con hegemonía marxista– se hizo catalanista cultural. Todo ello mediante un especial ligamen ideológico con amplios sectores católicos progresistas que se situaban tanto en uno como en otro sector y, en general, servían de puente de unión entre ambos. El catalanismo político, como punta de lanza contra el franquismo y la falta de libertades, fue acogido por todos los sectores de la oposición.

En cualquier caso, en Cataluña la hegemonía cultural de esta alianza, con sus derivaciones políticas y sociales, fue indudable hasta el advenimiento de la democracia y sentó las bases de la autonomía política, el catalán en la escuela y las manifestaciones culturales de todo tipo. La revistas Serra d’Or, editada por los monjes de Montserrat, Edicions 62, la Enciclopèdia Catalana y la nova cançó, como dimensión popular, establecieron el canon de lo políticamente correcto en aquellos años, y esta mezcla de catalanismo, marxismo y catolicismo obrerista, ostentó claramente la hegemonía política, social y cultural. En la financiación de todos estos instrumentos culturales solía estar siempre Banca Catalana, cuyo dirigente clave era Jordi Pujol.

Así pues, de la cultura noucentista, basada en el antimodernismo y en el retorno a las fuentes del clasicismo antiguo, de naturaleza claramente elitista, se había pasado a la cultura «progresista», de acento marcadamente popular y socialista en sus distintas versiones.

En consecuencia, en esos años sesenta y primeros setenta, en el plano de la política de oposición al franquismo se fraguó una alianza tácita entre el catalanismo y las izquierdas que continuó durante la Transición y el período de democracia constitucional en el que aún estamos. El clima político había dado un cambio espectacular. Es lo que se ha denominado transversalidad catalanista, que hemos visto en Almirall y que todavía continua: es el factor que más distingue a la derecha y la izquierda catalanas  respecto al sistema de fuerzas políticas del resto de España.

2. El pujolismo: la política de construcción nacionalF. de Carreras, «La densa espiral del silencio», en J. Borrell y otros, Escucha Cataluña. Escucha, España, op. cit.

Sin embargo, de todo este barullo ideológico que unió a la izquierda política –primero el PSUC y después, a partir de 1974, el PSC- con el nacionalismo, quien triunfó, a la postre, fue el nacionalismo, si bien en las elecciones generales de 1977 y 1979, además de las primeras y muy importantes elecciones municipales de este último año, los partidos más votados fueron los citados de izquierdas.  Y decimos que triunfó el nacionalismo porque Jordi Pujol era en aquellos momentos el político catalán con mayor personalidad y, sobre todo, con un plan político a desarrollar en Cataluña, aprovechando el caldo de cultivo de la hegemonía cultural que le brindó la izquierda en los veinte años anteriores mediante esa mezcla de socialismo y nacionalismo. 

No puedo entretenerme en hablar de Pujol. Es suficientemente conocido por todos: fue un activo catalanista ya en su primera juventud, detenido, procesado y encarcelado a fines de los cincuenta. Desde Banca Catalana ayudó a financiar numerosas empresas culturales catalanistas en una labor que definió como fer país, es decir, desde la sociedad civil sentar las bases sociales, ideológicas y culturales de la democracia futura dadas las dificultades y limitaciones de hacerlo por la vía política, obligatoriamente clandestina. Es decir, fue abonando el terreno con el objetivo de dar el salto a la política mediante la creación de un partido cuando la dictadura fuese derrotada.

Pujol fue un activo catalanista ya en su primera juventud, detenido, procesado y encarcelado a fines de los cincuenta

Y así fue. En octubre de 1974, cuando la salud de Franco era ya muy precaria y su muerte parecía próxima, se fundó en Montserrat Convergència Democrática de Catalunya, presidida por Jordi Pujol. Del fer país pasó a fer política, y en este cambio no pudo engañar a nadie: nacionalismo puro y duro. Sólo mencionaremos un ejemplo.

En su primera investidura como Presidente de la Generalitat, ciertos párrafos de su discurso no llevan a engaño: «Si ustedes nos votan – dice dirigiéndose a los diputados – votarán un programa nacionalista, un gobierno nacionalista y un presidente nacionalista. Votarán una determinación: construir un país, el nuestro. Votarán la voluntad de defender un país, el nuestro, que es un país agredido en su identidad». Y en la parte final afirmó: «Somos un pueblo en peligro de desnacionalización y también de ruptura interna profunda y radical». Y añadía que este propósito consistía en: «(…) la defensa, el fortalecimiento y la proyección de aquello que hace que, a través de los siglos, Cataluña haya sido siempre Cataluña: su lengua, su cultura, la evidencia de su historia, el sentimiento y la conciencia de colectividad, la defensa de sus derechos políticos, la voluntad de ser». Y en referencia a la lengua catalana, declara como objetivo prioritario su «normalización», entendiendo por tal «conseguir, a través de un proceso que puede ser largo, y que en todo caso ha de ser asumido libremente y sin el más pequeño enfrentamiento, que en Cataluña la lengua y la cultura propias del país sean las catalanas».

Aunque al frente de un grupo parlamentario minoritario, Jordi Pujol logró la investidura con el voto a favor de Centristes de Catalunya-UCD y ERC. En las siguientes elecciones de 1984 y hasta 1995 alcanzó la mayoría absoluta al absorber buena parte del electorado primigenio de UCD y de ERC. Ahí empezó el largo reinado de Pujol, cuya obsesión fue la «construcción nacional» de Cataluña, es decir, la curiosa paradoja del nacionalismo esencialista cuando afirma: aunque desde siempre somos una nación, nuestra tarea primordial es construir una nación. Según el testimonio de J. Mª Bricall, Tarradellas decía: «Hacer país, vaya tontería. El país ya está hecho: ahora lo que hace falta es gobernarlo»Una anécdota ilustra las intenciones de Pujol ya en aquellos momentos iniciales de su primer mandato y nos la explicó Tarradellas. En su carta a Horacio Sáez Guerrero, entonces director de La Vanguardia, Tarradellas le cuenta que antes tomar posesión Pujol de la Presidencia de la Generalitat, le pidió al todavía presidente de la Generalitat provisional que no acabara su discurso, como solía, con un «¡Viva España!», sino simplemente con un «¡Visca Catalunya!». Tras muchas dudas Tarradellas accedió para no crear un problema que consideraba innecesario, pero meses después, tras el rumbo de los acontecimientos y la actitud de Pujol ya como presidente, y también de su Gobierno y su partido, se arrepintió de su cesión porque se dio cuenta de que aquella petición no era una mera cuestión formal sino de fondo: un presidente de la Generalitat no podía pronunciar un ¡Viva España! porque lo que se quería construir era una Cataluña sin España y, por supuesto, tras un proceso contra España. En la carta, que no tiene desperdicio, Tarradellas advierte de los graves males futuros que puede producir el victimismo injustificado de Cataluña, la provocación constante a los españoles, la propaganda tendenciosa, la búsqueda del enfrentamiento, todo lo cual conducirá, cree el viejo republicano, a la división entre catalanes y la ruptura con el resto de españoles. Véase dicha carta en la hemeroteca de La Vanguardia del día 16 de abril de 1981, fácilmente accesible mediante un buscador de internet.. Sin embargo, el gobierno de Pujol fue ante todo la construcción de la nación, por supuesto no la nación como conjunto de ciudadanos, la nación político-jurídica, sino la nación identitaria, la nación en el sentido romántico y esencialista del término. 

Esta política de construcción nacional tuvo los siguientes pilares básicos:

1)  Construir Cataluña no como una comunidad autónoma sino como un Estado: con todos sus órganos, símbolos y parafernalia. No se opta por el federalismo –claramente incompatible con todo nacionalismo– sino por un vago confederalismo –también denominado imprecisamente «federalismo asimétrico»– basado en una España plurinacional, en la que Cataluña todavía estaba sometida a una mítica Castilla, hoy España, denominándola Estado español o, simplemente, «Madrid». Así, cuando en el futuro llegara el momento de la independencia, el tránsito sería más suave y sencillo. El Estado estaría casi construido. 

2) Intervenir desde el poder de la Generalitat en la sociedad, con métodos escasamente liberales, desde los siguientes presupuestos.

En primer lugar, dividir a los catalanes en catalanistas y españolistas, es decir, nacionalistas de un lado y de otro, sin opción alguna para quienes no son nacionalistas de ninguna parte. Los partidos deben definirse donde se sitúan en este dilema y, según sea, serán considerados como partidos catalanes o, simplemente, partidos sucursalistas, ligados a partidos de ámbito estatal, lo cual inevitablemente comporta ser españolistas y anticatalanes, es decir, nacionalistas españoles.

En segundo lugar, la cultura catalana se reduce a la cultura «nacionalista» catalana, dejando de lado a buena parte de los ciudadanos de Cataluña. Ello se proyecta, principalmente, en la escuela y en la protección del mundo cultural mediante todo tipo de ayudas y subvenciones. Los medios oficiales de comunicación –TV3 y Catalunya Radio– han sido y siguen siendo un decisivo instrumento en esta ideologización cultural. A su vez, los medios privados que siguen en esta línea han sido y son generosamente subvencionados. La cultura es considerada como un instrumento de acción política y de construcción nacional. Así lo expresó Pujol: «Hay bastante gente en Cataluña que trabaja por nuestra cultura sin tener en cuenta que una cultura no se justifica en sí misma sino en tanto que instrumento de promoción (y, en nuestro caso, de construcción) de un pueblo».

En tercer lugar, el catalán es la lengua propia de Catalunya, con lo cual el castellano, lengua habitual de más de la mitad de los catalanes, aunque sea oficial queda relegada a ser una lengua impropia, impuesta por España. Ello tiene consecuencias claras en las instituciones públicas, la escuela y los medios de comunicación, públicos y privados. La sociedad, por supuesto, va por otro lado, aunque cada vez están más acomplejados los ciudadanos que no hablan catalán con desenvoltura.

En cuarto lugar, el Estatuto de 1979 es claramente insuficiente para las aspiraciones políticas catalanas y la sociedad debe reclamar metas nuevas que lo superen. Ahí la actitud victimista juega un papel fundamental: la culpa de todos los males es de Madrid –uno de los sinónimos utilizados para nombrar a España– y los catalanes son sus sacrificados mártires. Que la realidad muestre que Cataluña es una de las zonas más ricas y avanzadas de España no impide que este insólito discurso calara de forma muy efectiva en la sociedad.

En quinto y último lugar, el control de la llamada sociedad civil por parte de la Generalitat, y de las redes sociales a su servicio, ha sido muy estricto. El poder cercano, como es el de la Generalitat, tiene ventajas y riesgos. Podría cambiarse aquella conocida frase de «el que se mueva no sale en la foto», por otra que dijera «el que se mueva no tiene subvenciones, ni permisos, ni concesiones administrativas, ni puede aspirar a ningún cargo político y, además, tendrá muchas dificultades para acceder también a un cargo en las instituciones de la sociedad civil». Ante esta situación, la sociedad ha sido demasiado dócil frente a los tentáculos del poder autonómico, se ha plegado mansamente a su voluntad. Quizás ahora algunos se arrepientan, pero no pueden eludir su responsabilidad de haber estado aceptando durante tantos años los más mínimos deseos del poder autonómico.

De hecho, el pujolismo creó un auténtico régimen, es decir, un sistema político en el cual, además de las leyes que vinculan a todos, existen otro tipo de reglas no jurídicas que los ciudadanos deben también cumplir si quieren gozar de los mismos derechos que los demás. Estas reglas no escritas lo que pretenden es imponer una mentalidad, una especie de sentido común social, del que nadie pueda discrepar para que la inmensa mayoría tenga la sensación de que todos piensan lo mismo y disentir les convierte en una rareza que socialmente les conduce a la soledad. En la sociedad catalana se produjo durante el pujolismo lo que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann denominó la «espiral del silencio», en realidad un viejo inventoE. Noelle-Neumann, La espiral del silencio, Paidós, Barcelona, 1995.. Ya decía Tocqueville en su libro sobre la Revolución Francesa: «temiendo más la soledad que el error, [los contrarios a la Revolución] declaraban compartir las opiniones de la mayoría». 

El catalán es la lengua propia de Catalunya, con lo cual el castellano queda relegado a ser una lengua impropia, impuesta por España

En efecto, como sostuvo el sociólogo francés Tarde, las personas tienen miedo a quedar aisladas porque desean ser respetadas y queridas por quienes les rodean. Y para que la espiral del silencio se produzca es preciso infundir miedo a los ciudadanos para que sean conscientes de  que si se desvían de la opinión dominante serán amenazados y excluidos en su vida social. En la Cataluña pujolista se produjo ese temor debido a la acción del Gobierno de la Generalitat y sus ramificaciones en la sociedad civil. Los que se creían propietarios de Cataluña por ser nacionalistas crearon desasosiego e intranquilidad a quienes no eran nacionalistas y, por esa razón, debían ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. 

A finales de siglo, en 1998, CiU suscribió, junto al PNV y al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), la llamada «Declaración de Barcelona», de signo claramente nacionalista y soberanista. Los tres partidos afirmaban, de forma inequívoca, su carácter de nación: «La construcción nacional de nuestros respectivos países constituye el proyecto político básico que compartimos los partidos nacionalistas». Por esa razón, exigían pasar de la actual situación de autogobierno, entendiendo este término como autonomía, a una fase superior, la de soberanía, es decir, de independencia.

Así decía la Declaración: «El principio de soberanía resulta cualitativamente distinto al principio de autogobierno que se consolida  mediante el desarrollo de los estatutos de autonomía que, aún en un escenario de desarrollo total, solo suponen un proceso de descentralización política y administrativa, pues el elemento constitutivo del poder continúa localizándose en el Estado. Debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición constitucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones». Por tanto, se emprendía una nueva ruta, una ruta de ruptura con la Constitución y con la unidad del Estado. Del federalismo autonómico se pretendía pasar a la Confederación o a la independencia.

Así pues, en estos largos años de pujolismo, muchos catalanes adquirieron la profunda «creencia» -distinta de las «ideas» fundadas en la razón, como distinguió Ortega- según la cual Cataluña era una nación, más antigua que España y muy distinta a ella, que el castellano era una lengua ajena y el catalán la propia, que el Estatuto era insuficiente para las necesidades de los catalanes y había que renovarlo y ponerlo al día cambiando su presupuesto de partida: la Constitución de 1978. Aún no se hablaba de independencia pero sí de soberanía, la cual radicaba en el pueblo de Cataluña, que la ejercería cuando lo considerara conveniente.

Las bases ideológicas e institucionales para lo que tenía que venir se habían dejado ya bien sentadas.

3. Hacia la secesión: victimismo, descrédito de la democracia y derecho a decidir

De la Declaración de Barcelona surgió primero el Plan Ibarretxe, una reforma del Estatuto Vasco de 1979, que declaraba el derecho a decidir del País Vasco respecto de su futuro político y regulaba sus relaciones con España en términos muy parecidos a los confederales, con lo cual el Congreso rechazó su tramitación. Algo después se presentó el nuevo Estatuto de Cataluña, un texto de mayor sutileza, profundamente reformado durante su procedimiento legislativo en el Congreso y, finalmente, aprobado con muchas dudas respecto de su constitucionalidad que fueron sometidas al criterio jurídico del Tribunal Constitucional por diputados del PP y por el Defensor del Pueblo, entonces Enrique Múgica, en sus aspectos más generales, además de por otras comunidades autónomas en temas más puntuales y menores.

El problema político radicaba en que el proyecto de este Estatuto, aprobado por el Parlamento de Cataluña, lo había sido con los votos del PSC, lo cual comprometía seriamente la posición del PSOE y le forzaba a votarlo favorablemente, dejando al TC la ingrata tarea de pulirlo para que se ajustara a la Constitución. En definitiva, el texto del Estatuto aprobado en el Congreso y el Senado, muy distinto al aprobado por el Parlamento catalán, fue sometido a referéndum en Cataluña, tal como establecía el ordenamiento jurídico vigente, con un resultado bastante pobre: votó el cuarenta por cien del censo y el porcentaje de votos afirmativos fue del treinta y siete por cien del mismo, aunque los votos válidos fueran apabullantemente mayoritarios, es decir, fueron a votar los del bando nacionalista y no fueron los contrarios, o indiferentes, a que se aprobara un nuevo Estatuto. No obstante, este carácter referendario del estatuto causó graves equívocos y problemas, tal como veremos más adelante.

El nuevo Estatuto fue el objetivo político estrella, casi el único, que había permitido, tras las elecciones autonómicas de 2003, un pacto para que el PSC y ERC, más IC, formaran gobierno, el primero no encabezado por CiU a pesar de ser el partido más votado. Este gobierno, presidido por Maragall, duró hasta el referéndum estatutario de 2006, cuando se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones con parecido resultado y se formó otro gobierno tripartito que, compuesto por los mismos partidos y, presidido esta vez por Montilla,  duró hasta fines del año 2010. Siete años de gobiernos tripartitos no cambiaron el carácter nacionalista de los gobiernos de Pujol sino que, al contrario, lo acentuaron, encima con unas políticas y un estilo de mucha menor calidad.

Fue en estos años, en los cuales, según los sondeos de opinión, la opción independentista aumentó considerablemente, cuando se decidió emprender el camino hacia la independencia. El nacionalismo identitario de Pujol había demostrado sus límites: convencía a muchos, pero ni de lejos a una mayoría suficiente para argumentar que Cataluña deseaba la independencia. Había que encontrar razones, más allá del nacionalismo identitario, que lograran arrastrar a nuevos segmentos de la población  hacia posiciones independentistas.

Esta fue la gran aportación ideológica y estratégica de ERC, formulada a partir del siguiente mensaje: no somos nacionalistas identitarios, no somos continuadores del viejo nacionalismo pujolista, somos simplemente independentistas porque es lo más conveniente para los catalanes. No hay duda de que el mensaje es contradictorio y engañoso: ¿por qué se escoge a los catalanes, a la población que habita en la comunidad autónoma de Cataluña, como sujeto que debe tener un Estado independiente? Es obvio que se escoge este pueblo, este demos, por razones nacionalistas: son los «nuestros» y el resto de españoles no lo son. Pero, en todo caso, este nuevo rumbo del nacionalismo para justificar la opción por separarse de España surte importantes efectos que hacen aumentar el número de catalanes independentistas.

Especialmente se alegaron dos argumentos, ciertamente poco fundamentados desde un punto de vista racional, pero que tuvieron indudable influencia en la opinión pública.

El primer argumento fue de carácter económico. Se afirmó que debía cambiarse el sistema de financiación de la Generalitat, algo que parecía razonable y, además, se llevó a cabo mediante la reforma del 2009, en la que tuvo un papel decisivo el gobierno catalán, especialmente el consejero de Hacienda Antoni Castells, destacado miembro del PSC. Pero la campaña para esta reforma –que naturalmente afectó no solo a Cataluña sino también a las demás CCAA, a excepción de las regidas por concierto o convenio- tuvo un carácter netamente político cuya finalidad era la incitación del odio a España.

Mediante unas estimaciones financieras que después resultaron deliberadamente mal calculadas (como probaron inmediatamente los estudios del economista Ángel de la Fuente que después se popularizaron en el libro de Borrell y Llorach que se cita), se llegó a una conclusión especialmente hiriente, pero utilizada con mucha intensidad por los nacionalistas, que se condensó en el conocido eslogan según el cual «España nos roba». Cataluña, se decía, está en una situación de «expolio fiscal» por culpa del Estado español.

Con estas falsas razones, a la «nación identitaria» que tenía derecho a un Estado propio de acuerdo con las teorías nacionalistas, se le sumaba ahora la «nación discriminada» por el Estado español, que nada tenía que ver con lo identitario sino con razones mucho más materiales y tangibles que repercutían en todos, también en aquellos cuyos orígenes no eran catalanes pero que residían en Cataluña. Por tanto, a los nacionalistas tradicionales se agregaron los «nuevos conversos», los que estaban indignados por creer en este falso cálculo de unas balanzas fiscales que reflejaban un trato sumamente injustoVéase J. Borrell y J. Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Catarata, Madrid, 2015..  Todo ello envuelto por la crisis económica general que ya en sí misma, no sólo en Cataluña sino en toda España, creaba un clima de indignación.

El segundo argumento fue la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto (STC 31/2010) que declaró nulos por inconstitucionales algunos de sus artículos y válidos otros aunque solo en el caso de que fueran interpretados de acuerdo con su doctrina. Desde el independentismo, incluso desde el mismo gobierno Montilla, se descalificó de inmediato la sentencia. El mismo presidente Montilla, nada más hacerse público el fallo de la sentencia y sin conocerse aún sus fundamentos jurídicos, propuso que se convocara una protesta callejera, lo cual dio lugar a una gran manifestación, la primera importante de la historia y de la que resultó expulsado el mismo Montilla por ser un presidente socialista y no nacionalista, a pesar de comportarse como tal.

Además, desde el independentismo y sus aledaños, que eran muy extensos y llegaban hasta sectores socialistas, se alegó sin dar razón alguna que dicha sentencia implicaba la ruptura de un supuesto pacto constitucional entre Cataluña y España plasmado en la Constitución y que la resolución del TC vulneraba abiertamente al ir más allá de sus competencias por razones puramente políticas. A partir de este presupuesto, la justificación que muchos utilizaron para dar un paso hacia el independentismo fue la siguiente: si «ellos» rompen el pacto «nosotros» también y, por tanto, como nos impiden otras salidas, no nos queda otro remedio que exigir la independencia. 

Aparte del rechazo a la sentencia del Constitucional por considerarla ilegítima, surge entonces el llamado «derecho a decidir»

Sin haber leído la sentencia o, aun habiéndola leído sin posibilidad alguna de entenderla, dado que para ello había que estar especialmente versado, no sólo en derecho, sino también en el complejo mundo del Estado de las autonomías, precisamente construido en buena parte mediante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a  muchos les convenció este argumento político construido sin base jurídica alguna: dieron por hecho que se había roto un supuesto «pacto» constitucional.

Por otro lado empezó a sostenerse que la sentencia era contraria al principio democrático, ya que habiendo sido aprobado el texto por referéndum del pueblo catalán, nada ni nadie podía modificarlo, la voluntad del pueblo era suprema, y un cuerpo de magistrados, que ni siquiera habían sido elegidos directamente por el pueblo, no eran competentes para declarar nulas una normas derivadas de esta suprema voluntad popular. A partir de ahí, empezó a cundir la peligrosa teoría, de claros tintes populistas, según la cual la voluntad de los ciudadanos, desligada de las reglas jurídicas que la autolimitaban, primaba sobre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Así pues, la democracia como voluntad directa del pueblo iba por un lado, el derecho como ordenamiento derivado de la voluntad de los representantes del pueblo, iba por otro.  La democracia directa se imponía sobre la democracia representativa y, en consecuencia, esta posición era altamente peligrosa porque tenía capacidad para destruir nuestra democracia constitucional.

Aparte del rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional por considerarla democráticamente ilegítima, surge entonces el famoso «derecho a decidir» de los catalanes, distinto al «derecho de autodeterminación», del cual era evidente que Cataluña no era titular de acuerdo con la regulación de este derecho en los tratados y demás acuerdos de Naciones Unidas.

Este derecho a decidir, ya invocado para justificar la reforma del estatuto vasco denominada comúnmente como Plan Ibarretxe, fue recreado sin base democrática alguna por ciertos profesores de ciencia política bastante ignorantes en materia jurídica y con muy escaso respeto por el derecho. Divulgada masivamente una simplificación del mismo por los medios de comunicación en artículos de prensa y tertulias de radio y televisión, convenció a muchos catalanes que se pasaron al independentismo porque su razonamiento (sic) era muy sencillo: no hay democracia si el pueblo no decide y los catalanes, por razones democráticas, tienen derecho a decidir si Cataluña debe permanecer en España o debe separarse. Hoy esta idea tan débil está desacreditada, y se vuelve a reclamar desde 2015, como es obvio, sin fundamento jurídico, el derecho de autodeterminaciónSobre este problema, véase X. Pons Rafols, Cataluña: Derecho a decidir y derecho internacional, Reus, Madrid, 2015..

En todo caso, durante estos años, en el contexto de una grave crisis económica que exigió muchos sacrificios a las clases medias y trabajadoras, el independentismo creció desmesuradamente. Al lema del «España nos roba» le siguió el de «España no nos sirve», añadiendo: «mirad cómo está en crisis el Estado español, cómo la Unión Europea impone sus políticas económicas, cómo España es una rémora para Cataluña y necesitamos un Estado propio, independiente y soberano». Durante años se había sembrado la semilla de la discordia mediante una propaganda sin fundamentos serios. Ahí estaban sus frutos.

A partir de septiembre de 2012, para un observador externo y profano en las cuestiones catalanas, la situación pareció dar un giro espectacular hacia el independentismo. Sin embargo, visto desde dentro y con conocimiento de causa, esta situación no resultaba sorprendente sino la consecuencia natural de un pasado que, si bien inició su última andadura en 1980, tenía antecedentes, como mínimo, desde finales de siglo XIX.

En esta ponencia se pretende defender que, además de la reciente construcción nacional propiamente dicha emprendida en 1980, estos antecedentes más lejanos son indispensables para comprender lo que está sucediendo en estos últimos años, en realidad algo mucho más profundo de lo que parece porque no se trata meramente de una cuestión que pueda reducirse al plano meramente político, racional y normativo, sino también a otros más complejos y de más difícil solución.

Por supuesto estos otros planos están situados en los ámbitos sociales y culturales, pero también en el simbólico y sentimental, en el plano de las emociones y de las creencias, que suelen tener como consecuencia una penetración irracional en los espíritus que permanece allí de forma duradera.  

4. El procés en sentido estricto: la rebeldía institucionalDos brillantes descripciones de este período: Lola García, El naufragio, Península, Barcelona, 2018; Sandrine Morel, En el huracán catalán, Planeta, Barcelona, 2018. Con mayor nivel de reflexión: D. Gascón, El golpe postmoderno, Debate, Barcelona, 2018; J. Amat, La conjura de los irresponsables, Anagrama, Barcelona, 2017; Coll-Molina-Arias Maldonado (ed.), Anatomía del procés, Debate, Barcelona, 2018.

El 11 de septiembre de 2012 se convocó, por primera vez oficialmente, una gran manifestación para celebrar el día nacional de Cataluña. En principio se dijo que su finalidad era reclamar el concierto económico al modo vasco. Sin embargo, en la pancarta que encabezaba la manifestación se proclamaba: «Cataluña, nuevo Estado de Europa». En su alocución televisiva de la noche anterior, el presidente Artur Mas dijo a los que se iban a manifestarse el día siguiente: «Vuestros anhelos son mis anhelos».

El movimiento independentista pasó a ser dirigido por ERC con el apoyo de la CUP, un nuevo grupo parlamentario, anticapitalista y antisistema democrático

La manifestación fue un gran éxito, sobre todo debido al trabajo llevado a cabo por dos asociaciones nacionalistas, Ómnium Cultural y la recientemente creada, y más activa, Asamblea Nacional Catalana, ambas ligadas estrechamente a los partidos independentistas. Con la complicidad y la instigación de la Generalitat, la fuerza del separatismo, a partir de aquel momento, se demostraría en la calle. Así pues, el independentismo se había transformado en un movimiento populista y utilizaría a partir de entonces todos sus instrumentos.

Sin embargo, al creer que los manifestantes eran predominantemente partidarios suyos, Mas cometió un grave error: disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones. Quería obtener mayoría absoluta para no depender de ERC, seguir llevando a cabo sus arriesgadas políticas de contención del gasto para hacer frente a la crisis económica y así manejar la situación política que se estaba acercando a peligrosos abismos. Se equivocó gravemente. Celebradas las elecciones en diciembre, CiU perdió diez diputados, los mismos que ganó Esquerra.

Se inició entonces un camino sin retorno hacia un hipotético Estado catalán independiente mediante la descarada desobediencia de las instituciones catalanas a la Constitución, a las leyes y a las sentencias. Tanto a nivel social como institucional, Cataluña entró en una fase de rebeldía –entendida en sentido genérico, no penal– que aún dura. Es el período popularmente denominado «procés».

Tras estas elecciones el movimiento independentista pasó a ser dirigido por ERC con el apoyo de la CUP, un nuevo grupo parlamentario, anticapitalista y antisistema democrático. A su vez, CiU se incorporó al independentismo, poco después se fragmentó y, tras la confesión de Jordi Pujol de ciertos delitos económicos del pasado, fue cambiando de nombre para acabar con la denominación actual: Partido Demócrata de Cataluña (PDCat). Este paso a la independencia de la vieja Convergència de Pujol –que a su vez, en 2015, dio lugar a la ruptura con Unió Democrática, que se disolvió como partido- fue decisivo para engrosar al independentismo.

En enero de 2013, un mes después de las elecciones, se produce el primer acto de rebeldía institucional: se aprueba en el Parlamento una declaración según la cual «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto  político y jurídico soberano». Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional que la declaró, como es obvio, nula por inconstitucional en una sentencia muy pedagógica respecto a los límites y los caminos para que tal pretensión -en su caso- pudiera hacerse efectiva.

Sin embargo, en los años sucesivos, las provocaciones a la legalidad y a las resoluciones judiciales han sido constantes hasta la actualidadJ. De Miguel Bárcena, Justicia constitucional y secesión. El caso del proceso soberanista catalán, Reus, Madrid, 2019; A. Bayona, No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés, Península, 2019.. Para poner un ejemplo de hoy mismo, martes 12 de noviembre de 2019, ha sido aprobada otra Declaración del Parlamento sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña que ha sido objeto de una fulminante respuesta del Tribunal Constitucional declarando su nulidad en ejecución de la sentencia anterior.

Lo sucedido a partir de 2012 es conocido y no hay tiempo, ni necesidad, de relatarlo. Solo decir, en primer lugar, que nunca en unas elecciones el independentismo ha llegado a tener mayoría, carencia que le resta autoridad para sus reclamaciones. También, en segundo lugar, que ningún Estado extranjero ha reconocido, como era de esperar, el derecho a la autodeterminación de Cataluña. En tercer lugar, que tanto las autoridades de la UE como las de sus estados miembros, han declarado repetidamente que una Cataluña independiente dejaría de formar parte de la UE. En cuarto lugar, que tras el 1 de octubre de 2017 en que se celebró una parodia de referéndum para proclamar la independencia, con carácter totalmente ilegal, desarrollada además sin ninguna garantía jurídica, varios miles de empresas trasladaron inmediatamente la sede social fuera del territorio de Cataluña, en general a Madrid. Finalmente, en quinto lugar, el proceso y condena de altas autoridades de la Generalitat y otros políticos, añadió un nuevo agravio que fue debidamente explotado por la propaganda nacionalista.

Se habían ido acumulando argumentos para sostener la necesidad de la independencia de Cataluña. Primero, la idea pujolista de una antigua nación identitaria que, a pesar de tener mil años de historia, debía ser todavía construida y, en aplicación del  principio de las nacionalidades, tenía derecho a un Estado soberano. Segundo, el victimismo económico condensado en el eslogan del «España nos roba» y seguido del «España no nos sirve» porque es incapaz de resolver la severa crisis económica que sufre debido a su debilidad, a diferencia de la mayoría de estados de la Unión Europea. Tercero, un Estado español que no es democrático porque impide celebrar un referéndum de autodeterminación y las sentencias de órganos jurisdiccionales se imponen a la voluntad del pueblo.  Cuarto, un Estado de derecho que no funciona como tal porque no se respetan las garantías judiciales y la seguridad jurídica, tal como demuestra la existencia de «presos políticos» condenados a severas penas y de «exiliados políticos», en referencia a procesados huidos de la justicia como el ex-presidente Puigdemont.  

Todo este relato propagandístico repleto de inconsistencias, falacias y falsedadesJ. C. De Ramón, Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, Deusto, Barcelona, 2018. -que va in crescendo desde hace cuarenta años- se ha acelerado desde principios de siglo a partir del Estatuto de 2006 y ha dado como resultado el aumento progresivo del número de adeptos a la causa separatista.

Incluso los recientes actos de violencia por parte de organizaciones independentistas en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo  no parecen haber afectado, de acuerdo con los resultados de las elecciones del pasado 10 de noviembre, a las convicciones independentistas de muchos catalanes, lo cual indica la profundidad con la que ha calado en cierta parte de la sociedad catalana el apoyo al separatismo. Los años del pujolismo, los de la construcción nacional, han sido decisivos para crear esta conciencia antiespañola y una imagen de Cataluña como pueblo oprimido. 

Los actos de violencia por parte de organizaciones independentistas no parecen haber afectado a las convicciones independentistas de muchos catalanes

Por otro lado, no ha habido, o ha mostrado muy escasa fuerza argumental, un relato contrario que reivindique los progresos de España, Cataluña incluida  por supuesto, en estos cuarenta años de vigencia de la Constitución: su alto grado de calidad democrática, según acreditan los más prestigiosos rankings internacionales, su prosperidad económica y los progresos en igualdad social, el prestigio y eficacia de las instituciones del Estado Social en materia de sanidad, enseñanza, pensiones, paro y ayudas sociales. Todo ello no se pone en valor para enfrentarse al separatismo, dirigiéndose, además, a los catalanes para decirles que ellos serán los más perjudicados.

La pasividad y la falta de respuesta a esta intensa y falaz propaganda independentista es la parte de culpa que cabe atribuir a los catalanes no independentistas, al resto de españoles que desean ver respetados los principios y valores constitucionales, así como, y muy especialmente, a las autoridades del Estado que han permitido por dejadez, miedo o intereses partidistas, llegar a esta difícil situación. La fractura de la unidad de España es un mal que nos afecta a todos y es indudable que los gobiernos del Estado, desde hace décadas, no han estado a la altura de las circunstancias para impedir que se llegue a donde estamos y, en consecuencia, deben asumir la responsabilidad histórica que les corresponde.

Mientras unos trabajaban incesantemente para separarse, los otros contemplaban de forma apática y despreocupada lo que se estaba tramando a la vista de todos. Inteligencia no es la palabra que define la actitud de las autoridades del Estado, ni tampoco a las fuerzas políticas no nacionalistas en Cataluña –al menos, en apariencia- ligadas a los partidos de ámbito nacional, al PSOE y al PP. En cambio, inteligencia es el término adecuado para definir la actividad política de los nacionalistas catalanes para obtener sus confesados fines, especialmente en la larga etapa en la que Jordi Pujol presidió la Generalitat y también, muy especialmente, en el período de aprobación de un nuevo estatuto hasta hoy. El nacionalismo ha tenido escasos frenos en Cataluña y en el resto de España.  Ello no es la causa de los males presentes pero sí un destacado elemento que ha facilitado llegar a la conflictiva situación actual.

5. Consideraciones finales

La Constitución de 1978 y el  Estatuto de 1979  han puesto, a mi modo de ver, sólidas bases  para colmar las antiguas aspiraciones del catalanismo político: primero, el catalán como lengua oficial junto al castellano, es una consecuencia de los valores de libertad y equidad en el uso de las lenguas; segundo, la Generalitat como poder político dotado de amplias competencias garantiza una autonomía  capaz de atender las necesidades de Cataluña; tercero, la cultura como competencia exclusiva de la Generalitat asegura la pervivencia de hábitos culturales que se expresan en catalán.  Todo ello se alcanzó con la Constitución y el Estatuto en la época de la Transición y se ha desarrollado ampliamente en los años de democracia.

Convencer a los catalanes que lo alcanzado hace cuarenta años es el mejor nexo de unión de los ciudadanos dentro de la sociedad catalana, así como también de la unión de los catalanes  con el  resto de españoles, es la tarea que deberían emprender no solo los partidos constitucionalistas sino también la sociedad española incluida, naturalmente, la catalana.

El pacto entre el nacionalismo y las izquierdas durante los últimos años del franquismo y en la misma Transición, es uno de los principales responsables de la situación de hoy en día. Los brotes actuales de un nacionalismo español agresivo pueden añadir gasolina a unas brasas ya muy calientes y preparadas desde hace tiempo. Nos afectarán a todos e, incluso, pueden contagiar a otros países europeos.

Francesc de Carreras es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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