Me sorprendió (pero solo un poco) que el diario El País titulara una noticia así: «El juez del Constitucional Fernando Valdés dimite tras ser procesado por malos tratos». Me extrañé porque pensaba que la doxa imperante para hablar de violencia contra la mujer había proscrito el sintagma «maltrato» o «malos tratos», así como «violencia doméstica», a favor de «violencia de género», como única forma correcta de designar modos de violencia que sufren preponderantemente mujeres, desplazando en su uso también al de «violencia machista», aún no retirado de la circulación. El mismo El País había informado el 6 de agosto de 2019 en otros términos, desaprobadores, al referirse a una campaña de la Junta de Andalucía, la primera desde las elecciones que llevaron al gobierno autonómico al PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox, que usaba la misma expresión: «Una campaña contra los “malos tratos” con falsas y alegres víctimas. Andalucía gasta 1,2 millones del pacto de Estado en un plan que obvia hablar de violencia de género». La elección del término «malos tratos» por el gobierno andaluz, puesto entre comillas con intención derogatoria, causaba entonces una consternación («este es el problema cuando una campaña contra la violencia machista la hace un rehén de la extrema derecha») ausente a la hora de informar de la dimisión de un juez con vitola de «progresista». Por cierto que tampoco la Cadena Ser tuvo reparo en recurrir a un término supuestamente «obsoleto desde los años noventa»: «El magistrado del Constitucional, Fernando Valdés, renuncia tras ser procesado por malos tratos».
En fin, no se trae aquí esta curiosa muestra de disonancia periodística para evocar un caso, el de magistrado Valdés, que, a tenor de la información disponible, será difícil de dirimir y sigue pendiente de resolución judicial. Lo tomo solo como punto de partida para abordar un asunto que divide a la opinión pública española: la manera más adecuada de nombrar un fenómeno sobre cuya existencia no creo que nadie, realmente, albergue dudas sinceras: el hecho de que en la vida de pareja, que está hecha de dulzuras pero también de desencuentros y desdichas, las mujeres pueden experimentar formas de violencia por parte de parejas varones con bastante mayor frecuencia que a la inversa, por más que tampoco esté excluido de partida que el comportamiento abusivo provenga de la mujer. Insisto: no creo que este hecho esté en cuestión; pero sí, con creciente apasionamiento, su etiología y manera de nombrarlo. Es uno de esos temas que son como puercoespines, en los que se expone uno a que le llamen cosas horribles si defrauda la opinión que se considera correcta. Aun advertido de este riesgo, me tomo como una invitación a compartir mis opiniones las palabras de Meghan Daum, a preguntas de Daniel Gascón, en la revista Letras Libres: «El matiz no es solo esencial para cualquier discusión interesante, es esencial para cualquier discusión verdadera. Cuando rascas debajo de la superficie de cualquier tema, descubres que es infinitamente más complejo de lo que habías pensado por la forma en que se debate en los foros públicos o en los medios». Daum tiene razón: recuperemos los matices, recuperemos la complejidad. Y hagámoslo no por ociosidad intelectual sino, precisamente, porque el tema es serio e importa.
Decíamos que los medios españoles, animados por el gobierno y una mayoría de partidos, han adoptado «violencia de género» como única –única, no posible o precisa en algunos casos, sino única– moneda verbal aceptada. Se ha recorrido no poco camino desde que esta forma de violencia, cuando aún era consentida en sociedad, obtenía en la ley y en la literatura no queda claro si reproche o asilo, bajo el eufemístico rótulo de «crimen pasional», que en su propio enunciado llevaba el atenuante. En mi memoria, cuando la sociedad empezó a cobrar conciencia –sobre todo a raíz del trágico asesinato en 1997 de Ana Orantes– del drama de la vigencia de comportamientos machistas en el seno de la pareja, la primera formulación que tuvo consenso fue «maltrato». Se hablaba de «mujeres maltratadas» y de «campañas contra el maltrato». Más tarde empezó a circular, también con amplio consenso, «violencia doméstica», que pronto, sin embargo, se consideró inapta; se transitó a «violencia machista» y de ahí, rápidamente, a «violencia de género», término que a pesar de su consagración legal no suscita ya unanimidad. El partido más beligerante es Vox, que propone un contratérmino, «violencia intrafamiliar», que, a decir verdad, y por razones que luego diremos, no parece bien concebido y tampoco encaminado a lograr un consenso: será difícil que cuaje, ni siquiera, entre sus votantes.
Abordemos lo que queremos decir con «violencia de género». La explicación que más a menudo se obtiene es esta: la violencia es de género porque la mujer la sufre por el hecho de ser mujer. La cuestión previa por tanto es: ¿hay formas de violencia así, padecidas por las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres? Tras meditarlo concluiremos que sí. Entre los rostros de la crueldad o de la injusticia, ciertamente hay algunos que afectan a las mujeres, se diría, principalmente en razón de su sexo o por venir incorporados a las expectativas asociadas a su género. En esta categoría entran, por ejemplo, el aborto sin consentimiento, el matrimonio forzado de niñas o la práctica de ablación de genitales femeninos (también la circuncisión ritual masculina, habitual entre musulmanes y judíos, ha sido considerada por alguna instancia judicial como lesiva de los derechos del infante, pero lo cierto es que no afecta a la vida sexual del varón y no se suele tener por moralmente equiparable a la infibulación o mutilación genital femenina). Dejando de lado que ninguna de las prácticas mencionadas son legales en nuestro país, la pregunta que sigue es: ¿es toda forma de violencia sufrida por una mujer una violencia de este tipo, padecida por el hecho de ser mujer? ¿lo es la violencia que una mujer puede sufrir en el ámbito de la pareja? La cuestión aquí, me temo, ya no permite una respuesta tan rotunda y simplificadora. A fin de pensar mejor el contraste, acudamos a dos ejemplos, uno de la ficción y otro en la realidad.
El de la ficción: en la película noir de 1956, Mientras Nueva York duerme, dirigida por Fritz Lang y basada en una novela de Charles Epstein, la trama gira alrededor de un asesino en serie que sólo mata mujeres. Se puede decir con toda propiedad, por tanto, que el asesino escoge a sus víctimas por ser mujeres. Se trata de una violencia misógina, basada en el género. Es, como digo, una ficción. Pasemos a la realidad. En la llamada masacre de Montreal, en 1989, un hombre llamado Marc Lepine mató a catorce mujeres, estudiantes de la Escuela Politécnica de esa ciudad, con explicitada motivación misógina. Se trata de un ejemplo claro y distinto de crimen en el que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Podemos ahora preguntarnos: ¿es ese el caso del hombre que mata o agrede a su pareja o ex pareja? ¿La mata o agrede por ser mujer? O por decirlo con más tino y cuidado: ¿La mata o agrede siempre por ser mujer?
En la búsqueda de la respuesta, razonemos por analogía. Durante el periodo en que el nazismo se apoderó de Europa, muchos judíos fueron perseguidos y asesinados. El crimen fue de tal magnitud que se consideró de una naturaleza inédita; al terminar la guerra, el jurista polaco y judío Raphaël Lemkin hubo de acuñar un neologismo para describirlo: genocidio: la voluntad de aniquilar a un génos, a todo un género o categoría de personas unidas por rasgos en común. Los judíos morían por ser judíos. Esto equivale a decir que a un antisemita le daba lo mismo saber quién era su víctima, con la que rara vez tenía relación directa. A condición de que fueran judíos, eran víctimas intercambiables, a manos de verdugos intercambiables. Un judío en Europa desde finales de los años treinta hasta la liberación aliada no se hallaba seguro en ningún sitio y en cualquier momento podía gritar, con propiedad: «Nos están matando». Estaba en constante peligro. Bien, desde mi punto de vista, si en España, a las mujeres se les asesinara «por ser mujeres», entonces todas ellas, todas las mujeres españoles, estarían en constante peligro de muerte, a merced no ya de una pareja o ex pareja, sino de una entera organización masculina compuesta por todos los hombres, imbuidos como están de un cultura machista. Eso no es lo que ocurre. Y cuando, desgraciada, trágicamente, aparece el cadáver de una mujer asesinada, siendo el principal sospechoso su pareja o su ex pareja, ningún polícia, hombre o mujer, sabe que puede cerrar la investigación con un escueto y aplomado «ha muerto por ser mujer». Sin duda, el policía puede descubrir que en el aberrante combinado de factores que ha llevado a un hombre a agredir o asesinar a una mujer puede estar presente el machismo –entendido como la creencia en la superioridad congénita del hombre sobre la mujer– pero también sabe que rara vez una explicación unidimensional se acercará a la verdad. Por la misma razón, ninguna política de prevención fiada a un monismo explicativo podrá será eficaz en su propósito. Si la actitud machista puede ser factor presente en el crimen, también puede estar ausente o, estando presente, no ser el factor de mayor peso.
El término «violencia de género» conllevaría así dos problemas teóricos. En primer lugar obliga a bifurcar el tratamiento que recibe la violencia dentro de las parejas heterosexuales y el que se produce dentro de las parejas homosexuales. Estando la primera basada puramente en el género –la jerarquización de uno sobre el otro–, la segunda, que se produce en parejas de mismo género, no podría estarlo (un género no ejerce dominación sobre sí mismo). De este modo llegaríamos a la hipótesis de que las estrategias de control y dominación de un miembro de la pareja sobre el otro surgidas en parejas homosexuales no son del mismo tipo que las que se dan en parejas heterosexuales. Conjetura que se antoja extraña por contraintuitiva: lo normal, uno pensaría, es que los problemas en el seno de relaciones estables de convivencia en pareja presenten una morfología común. Homosexuales y heterosexuales difieren en orientación sexual, pero no por ello pertenecen a especies distintas ni viven en mundos separados.
El segundo problema es que la formulación «violencia de género», resultaría, bien mirada, incongruente con la metodología estadística usada para el recuento de las víctimas, que sólo contabiliza aquellas personas que mueren a manos de sus parejas o exparejas, es decir, por ser una mujer en concreto, con estas y no otras relaciones y circunstancias personales, y no por ser mujer o pertenecer al género mujer. Avisadas de esta incongruencia, ciertas organizaciones feministas abogan por borrar esa frontera metodológica y que el registro no discrimine entre mujeres asesinadas, lo sean o no por mano de sus parejas o ex parejas. Cualquier mujer agredida por cualquier hombre en cualquier contexto sería víctima de violencia de género. Se llevaría así hasta el final la lógica implícita en la fórmula «violencia de género››, al precio, eso sí, de hacer de esas mujeres «maltratadas», que habíamos empezado por considerar víctimas de penosas circunstancias que la sociedad debía dejar de tolerar y empezar a sancionar y prevenir, víctimas de la sociedad en su conjunto, indiferente, cómplice, o directamente culpable; la culpa ya no sería de las parejas o ex parejas, individuos con nombres y apellidos, sino, en palabras de Angels Barceló, «el machismo, que impregna a esta sociedad y no considera alarmante ni preocupante los asesinatos casi diarios de mujeres». De una violencia característica y quizá, con el trabajo de todos, prevenible en muchos casos, hemos pasado a una violencia ideológica, general, difusa, «estructural», que lo impregna todo, y es por ello, paradójicamente, inespecífica, y mucho más difícil de contrarrestar. Porque si es verdad que «nos están matando a todas», entonces la labor de prevención es abrumadora: se fía a un cambio de paradigma cultural que llegará tarde para mucha gente.
Ocurre que el trabajo policial y judicial y el prurito ideológico suelen llevar vidas paralelas. Juefes, fiscales y policías hacen su trabajo pegados al terreno, a los hechos concretos, en relativa inconexión con la teoría académica en boga. Pero la tensión entre ambos, el profesional de la ley y el académico militante, el primero anclado al deseo de prevenir y castigar el crimen, y el segundo obstinado en preservar la «teoría», sale a veces a la superficie y se produce el choque. Un ejemplo: en 2017 se supo de un informe del Ministerio del Interior del que El País daba cuenta con este titular: ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? La entradilla de la noticia rezaba: «Son los primeros avances y resultados de un proyecto de investigación inédito en España: 500 personas revisan, uno a uno, cientos de “homicidios de pareja”. El objetivo, predecirlos» Por extraordinario que parezca, esta pesquisa bienintencionada (¿o acaso predecir un crimen para evitarlo no es un propósito loable?) le pareció mal a mucha gente. ¿La razón? El informe «retrocedía décadas en la lucha contra la violencia de género». Clara Serra, conocida militante y autora feminista y a la sazón diputada autonómica de Podemos, reaccionó a la macroencuesta policial con estas airadas palabras: «Para contestar a esta pregunta [por qué los hombres matan a las mujeres] no hacen falta experimentos de criminólogos de CSI, hace falta feminismo». Fue un momento revelador para mí. ¿Cómo era posible que el sector más militante del feminismo actual rechazara querer saber más, acumular más información, sobre este tipo de violencia, negando así la propia raíz ilustrada del movimiento feminista? Sapere aude!
Por otro lado, ¿para qué saber, si ya se tiene la respuesta? Si es el machismo el que mata, ¿qué necesidad hay de mayores averiguaciones? La llamada perspectiva de género parecería contener todo el potencial explicativo necesario (negando así, nueva paradoja, su condición de perspectiva, es decir, de ángulo o punto de vista desde el que mirar un poliedro: no es lo mismo una mirada parcial, que la figura completa). Ciertamente, si lo que uno quiere es poner a cubierto una teoría, y la teoría es que la violencia contra las mujeres en España tiene carácter estructural y no de algo que se produce en los márgenes de la sociedad, entonces la aparición de un cúmulo de causas individuales, no generalizables a todos los casos concretos de violencia contra una mujer, resulta una molestia cognitiva que conviene poner en sordina velozmente. Pero si, en cambio, a lo que uno aspira es a comprender para mejor prevenir, aunque para ello deba deshacerse o modificar una teoría defectuosa o incompleta, se hace necesario acumular y procesar información sobre los homicidas y sus víctimas. Sospecho que aquellos –familiares, abogados, jueces, psicólogos, policías– para quienes la violencia contra la mujer es una realidad en sus vidas saben que un monismo explicativo que hiciera del machismo la única o la principal causa del crimen sería no solo mendaz sino algo más peligroso: inútil.
El monismo explicativo es precisamente contra lo que se rebelaron las firmantes de la tribuna Un feminismo que también existe (El País, 18 de marzo de 2006) donde encontramos a pie de firma los nombres de la histórica activista LGTB Empar Pineda, las juezas María Sanhauja o Manuela Carmena o la diputada Utxúe Barcos. Se podía leer ahí:
«Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas, entre ellos la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. En nuestra opinión, es preciso contemplar otros factores, como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones; el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio-sacramento; el concepto del amor por el que todo se sacrifica; las escasas habilidades para la resolución de los conflictos; el alcoholismo; las toxicomanías… Todas estas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste en el "género" como única causa»
Que palabras tan equilibradas y puestas en razón puedan considerarse heréticas en el discurso público español quince años después no habla bien de la evolución de nuestra esfera pública ni tampoco del giro dogmático adoptado por el sector oficial del feminismo (del que son abanderados, dicho sea de paso, no solo mujeres, sino también no pocos hombres).
El problema radica, creo, en que una vez abrazados ciertos ídolos explicativos, tan usaderos y eficaces como lo pueda ser la invocación al espíritu santo o la divina providencia, es harto complicado retornar al reino de la incerteza, la duda y el cotejo de datos que pueden llevar al cambio de opinión. A veces se trata meramente de la pregnancia de ciertas palabras, convertidas en verdaderos fetiches semánticos. Sucede con el término «estructural», nacido primitivamente en el ámbito de los estudios de lingüística y que permea ahora todas las ramas de la ciencia social. Pero «estructural», o es una palabra rebuscada para decir «generalizado», o es un flatus vocis que no significa nada. Llegamos al nervio de la cuestión: ¿Podemos afirmar que la violencia contra la mujer es algo generalizado en nuestro país, España? Afortunadamente, no. De hecho, los estudios comparativos muestran la baja prevalencia de la violencia de género en nuestro país. «España es un país que ocupa uno de los lugares más bajos en el ranquin internacional sobre la violencia de género y sobre la violencia de la mujer en general. Redondeando las cifras, anualmente siete mujeres por cada millón de mujeres han sido asesinadas en España entre 2000 y 2006». Extraigo el dato del «III Informe internacional de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja» del Centro Reina Sofía, citado por el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Pablo de Lora en el capítulo dedicado a la violencia de género en su recomendable libro Lo sexual es político (y jurídico) (Alianza Editorial, 2019). Dado que la tendencia ha sido decreciente (en 2020 se han registrado 45 víctimas, la cifra más baja de toda la serie histórica) lo cierto es la situación general es esperanzadora, por más que la individual, la que rodea cada caso concreto, sea siempre una tragedia irrevocable. Existen varias maneras de presentar estos datos. De Lora, por ejemplo, calcula, a la luz de los datos del citado informe, que la probabilidad de que un individuo varón cometa un asesinato de una mujer en España es de 0,00061%. Dicho de otro modo, una madre española tendría que tener de media 166.666 hijos para que al menos uno de ellos fuera autor de un feminicidio. Una situación, insisto, general, que desde luego no avala declaraciones como la que hacía Pilar Llop, la entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, en El País el 27 de diciembre de 2018: «Una democracia en que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia». Estando muy de acuerdo con el tenor literal de la frase, podemos negar sin riesgo que esa democracia sea la española.
Así pues, concluye De Lora, los números no muestran ninguna «estructura» que permita hablar, para el caso de España, de «violencia estructural» contra la mujer (¿Cómo habría entonces que calificar la violencia contra las mujeres en países donde la discriminación de género sigue consagrada en los códigos sociales y legales y la condición subalterna de la mujer frente al varón salta a la vista de un ciego?). A no ser, claro, que ensanchemos tanto la definición de violencia hasta englobar cualquier conducta inapropiada o molesta, incluso si se ha soportado solo de forma puntual. Tal parece la estrategia de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 del Ministerio de Igualdad, que incluye bajo el rótulo de acoso sexual bromas, miradas o comentarios ofensivos, incluso si se han soportado ocasionalmente. Puestas así las cosas, lo que termina sorprendiendo es que una de cada dos mujeres responda negativamente, es decir, admita no haber sufrido nunca violencia de género. Sin duda hay un espacio para la sanción social de las conductas menos graves, pero no se alcanza a entender qué beneficio se obtiene equiparándolas a la más graves, contribuyendo así a extender la alerta social y la desconfianza entre personas.
Otra estrategia discursiva para justificar el carácter «estructural» de la violencia contra la mujer en España es acudir al acumulado estadístico. Se obtiene así una cifra más abultada, comparable, por ejemplo, con el número de víctimas de ETA. En mi opinión, se trata de nuevo de un razonamiento mixtificador. Los asesinatos de ETA (o de cualquier otro terrorismo) tenían efectos sistémicos de una magnitud distinta a la de un feminicidio. Un atentado de ETA era causa suficiente para que el partido político que lo sufría pudiera no encontrar candidatos en las siguientes elecciones municipales; una amenaza o intimidación bastaba para variar la conducta de muchas personas, y ese era precisamente el objetivo del terrorista: alterar un censo político, y no tanto el quitar la vida a una persona concreta. Sin duda, el asesinato de una mujer por su pareja conmueve a la sociedad, pero no lleva al resto de mujeres a alejarse de los hombres o sus parejas ni está en la mente de los asesinos provocar ese resultado. Ciertamente, el efecto sistémico, en el caso de la violencia contra la mujer, no es nulo. La noticia de una mujer raptada y violada mientras hacía ejercicio en la calle a una hora oscura puede despertar temores muy comprensibles en otras mujeres e inhibir sus comportamientos. Un pasado de discriminación constante y violencia tolerada por la sociedad genera un reservorio de pesadillas recurrentes en mujeres que quizá, objetivamente, no tienen nada que temer. La historia de la humanidad es la historia de la domesticación de la violencia y hay miedos atávicos que nos oprimen, atenazan y condicionan. Esto no solo le ocurre a las mujeres, pero uno podría estar de acuerdo en que le ocurre de forma especial a las mujeres. Sin embargo, de nuevo cabe matizar: que la experiencia enseñe que, cuando se es mujer, hay un catálogo de riesgos específicos de los que cabe ser víctima, con origen último en una desigual fuerza física respecto del varón, no equivale a sostener, apodícticamente, que se padezcan por el hecho de ser mujer. Igual que no diríamos que los accidentes laborales son accidentes de género porque quienes los sufren son casi siempre hombres y desde luego tampoco decimos que el infanticidio sea violencia de género por el hecho probado de que el infanticida es con más frecuencia mujer.
En todo caso, al empezar esta nota, mi propósito no era resolver un asunto de fondo sobre el cual no soy especialista. El humilde objetivo de estas líneas era contribuir a superar la confrontación semántica. No por venir yo a decidir cuál ha de ser la denominación más precisa, sino por abogar por una cierta tolerancia entre una variedad de términos todos ellos imperfectos. Poner nombre a una cosa no es difícil. Ponérselo a una conducta humana, anfractuosa y complejas como suelen ser las conductas humanas, sí lo es. La relación semántica está marcada por un hiato entre lenguaje y realidad que no se puede cerrar y puede ser causa de malentendidos. La expresión «maltrato» pone el foco en el resultado de lesión o muerte. «Violencia doméstica» lo hace en el entorno donde se produce. «Violencia machista» o «de género» hace referencia a una posible etiología y motivación. Pero la motivación de la conducta, no digamos ya su causalidad, no es algo que no se nos aparezca inmediatamente a los sentidos –como sí lo hacen las secuelas físicas o el lugar donde se comete el crimen–, por lo que nuestras especulaciones deben ser más cautelosas y estar abiertas a la pluricausalidad. Ya he avanzado que no me parece apropiado el término de «violencia intrafamiliar», propuesto por Vox: la pareja no es, durante su fase incipiente al menos, familia, y además no parece útil amalgamar la violencia que padece un cónyuge con la que sufre un ascendiente o un hijo. Queda el término que se emplea habitualmente en numerosos estudios académicos sin ser piedra de escándalo, al menos fuera de España: «Homicidio de pareja» o «violencia de pareja». De hecho, hasta donde he podido comprobar, el término usado más a menudo en documentos oficiales por el gobierno francés, no precisamente en manos de reaccionarios, es «violencia conyugal». La ventaja de este apelativo es acomodarse a la metodología usada para el recuento: víctimas que lo son a manos de sus parejas, a menudo cónyuges, y no de cualquier persona. La parte de información que se pierde es la explicitación de que en la mayoría de los casos el homicida o agresor es un varón. Ahora bien, ¿acaso no es esto de común conocimiento? ¿hace falta explicar a la gente que el varón, por regla general, propende más a la violencia, no solo contra la mujer sino contra ambos sexos? Si tuviera que confesar mi propia preferencia léxica, sencillamente creo que intentaría averiguar las circunstancias particulares de cada caso antes de pronunciarme, sin ligarme a apriorismos téoricos. En la conversación general me conformaría con no encerrarnos con una única expresión y declarar fuera de la ley y la moral las otras; tampoco deducir del uso de expresiones alternativas la abyección de quien acude a ellas. «Toda predilección por una palabra en sí, al margen de un contexto, es un temible síntoma de predisposición al fanatismo». Es frase de Rafael Sánchez Ferlosio y, en realidad, cuanto yo quería decir sobre este tema.
