Alejandro Nieto no necesita presentación, siendo quizá el más célebre catedrático de Derecho Administrativo de nuestro país. Pero esa celebridad no la ha adquirido tanto por sus méritos científicos (con un centenar de artículos y libros especializados, entre los que cabe citar: Teoría de la resolución judicial, El pensamiento burocrático, El arbitrio judicial, Las limitaciones del conocimiento jurídico, Derecho Administrativo sancionador o Crítica de la razón jurídica), institucionales (ex director del CSIC, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por varias universidades) y literarios (Premio Nacional de Ensayo en 1997 por su obra Los primeros pasos del Estado Constitucional), cuanto por su impenitente dedicación al oficio de inquisidor general de nuestro Estado de derecho, papel que viene ejerciendo con más obstinación que éxito, ya que su denuncia profética ha caído hasta ahora en saco roto a modo de voz que clama en el desierto.
En efecto, casi desde el inicio mismo de la transición democrática ha venido publicando sucesivas obras de ensayo donde critica con intransigencia la desnaturalización de nuestra democracia, a la que considera pervertida sin remedio a causa de la partitocracia, ya que la totalidad de nuestras instituciones constitucionales, administrativas y jurídicas estarían, según nuestro airado autor, espuriamente dominadas por la obscena rapacidad de la clase política. A la sistemática denuncia de este patológico estado de cosas ha dedicado en los últimos veinticinco años recurrentes panfletos iconoclastas, desde La organización del desgobierno (Barcelona Ariel, 1984) hasta este reciente El desgobierno de lo público aquí reseñado, pasando por otros manifiestos tan famosos como España en astillas (Madrid, Tecnos, 1993), La nueva organización del desgobierno (Barcelona, Ariel, 1996), Corrupción en la España democrática (Barcelona, Ariel, 1997) o El desgobierno judicial (Madrid, Trotta, 2004), en los que no dejaba títere con cabeza, denunciando a diestra y siniestra los abusos de poder de las sucesivas castas de gobernantes que han venido alternándose en la ocupación del poder.
Y en esta última obra vuelve a insistir en sus mismos argumentos descalificadores, tantas veces reiterados antes sin que nadie se diera por aludido ni surtiera efecto alguno apreciable. Pero en esta ocasión la denuncia ha tenido bastante más resonancia social que en ocasiones precedentes. En parte porque se ha publicado a la vez que estallaba y se derruía la burbuja inmobiliaria especulativa, origen de nuestra crisis económica y financiera, pero causada por la tan boyante como impune corrupción política. También porque nada más ser publicado el libro han estallado varios escándalos políticos: como el del caso Gürtel y la famosa cacería del ministro de Justicia con su primer juez instructor. Y, sobre todo, por la solidaria reseña que le dedicó un académico éticamente tan intachable y filosóficamente tan autorizado como Emilio LledóEmilio Lledó, «De política, de olvidos y de libros», Babelia, p.12, El País, 14 de febrero de 2009., en la que lamentaba con triste dolor cívico que los alegatos de Nieto pasen tan injustamente desapercibidos, sin que surtan efecto impulsando la necesaria regeneración de nuestro sistema institucional.
Pero antes de continuar la reflexión de Lledó, conviene analizar mínimamente la obra de Nieto. ¿Qué aporta de original en su argumentación que no hubiera planteado ya su autor en los anteriores libelos acusadores? No sé si será debido al célebre vicio nacional de la envidia, pero lo cierto es que muchos de sus colegas, a juzgar por algún blog jurídicoVéase la siguiente página web: ttp://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=193., señalan que este último libro suyo, El desgobierno de lo público, no presenta ninguna novedad y no es más que una refundición de sus demás panfletos, como La organización del desgobierno. Sin embargo, me parece que puede discreparse de juicio tan sumario. En mi opinión, la principal novedad de este nuevo ataque de Nieto contra la partitocracia reside en su denuncia de la autonomía política como nueva ideología que habría venido a sustituir y suplantar a la democracia en España. Y al hablar del concepto de autonomía, nuestro autor no se refiere sólo a la autonomía de nuestras comunidades autónomas (aunque también a ellas, y muy especialmente, por supuesto), sino a la autonomía política en general, que en nuestro país reclaman como su más inalienable derecho todos los sujetos individuales (políticos, ciudadanos, funcionarios y autoridades) y colectivos (partidos, sindicatos, asociaciones, movimientos, instituciones y demás organizaciones tanto públicas como privadas). Lo cual pervierte la esencia de la democracia liberal entendida como limitación del poder político, lo que exige que todos los centros de poder, lejos de ser autónomos, deban estar sometidos a estrictos mecanismos de control externo (checks and balances: frenos y contrapesos).
Pero, sin embargo, aquí en España todos los actores revestidos de algún poder enseguida reclaman plena autonomía política en nombre de la democracia. Una autonomía política que les exime de rendir cuentas a los demás, y que les blinda para dedicarse al sectarismo más amoral y más rapaz. Es esa misma autonomía de la política que Weber reclamaba frente a su habitual sumisión a los intereses economicistas, pero que llevada a sus últimos extremos desvirtúa la democracia como gobierno al servicio del interés general para hacerla degenerar en mero desgobierno secuestrado por intereses particularistas y mafiosos. Así, en nuestro país la democracia es una palabra vacía de contenido: una simple coartada que los actores políticamente organizados esgrimen para justificar su busca del propio interés particular. Y el resultado es el desgobierno: el que todos (ayuntamientos y comunidades autónomas, partidos y colegios corporativos, cuerpos de funcionarios y demás redes clientelares que se reparten el control del territorio institucional) actúen pro domo sua con sectaria ferocidad depredadora. Así nos va.
Queda por abordar la paradoja de Lledó. ¿Por qué nadie hace caso, ni ciudadanos ni autoridades, de las denuncias formuladas por Nieto? ¿Acaso es que no creen en la razón que le asiste? Nada de eso. La verdad es que, en lo esencial, todos compartimos su diagnóstico. Pero entonces, ¿por qué nadie hace nada por tratar de cambiar este fatal estado de cosas? Pues bien, la mejor explicación de este dilema se deduce inexorablemente del propio razonamiento de Nieto. El cinismo amoral que impregna congénitamente tanto a la clase política como a la sociedad española representada por aquélla explica muy bien que nadie esté interesado en limpiar la pocilga donde hoza. Pues, parafraseando el adagio, cada sociedad tiene el desgobierno que se merece.
