¿Por qué decidieron los golpistas tailandeses dar una nueva vuelta de tuerca el pasado 1 de abril y echar mano del artículo 44 de la Constitución provisional que procura a la junta militar y a su presidente, el general Prayuth, un poder omnímodo e incontrolado? ¿No tenían suficiente con el que les daba el estado de excepción en que habían mantenido al país desde el 22 de mayo de 2014? Una tesis extendida ve en el cambio una astuta maniobra para tranquilizar a la opinión internacional, que había rechazado la ley marcial como el golpe de Estado que en la realidad era.
No hay que tener en gran estima las luces de los militares tais, pero no conviene tampoco pensar que desconocen la realidad. Es cierto que el general Prayuth no ha dado muestras de ser precisamente un genio de las relaciones públicas. Tirar una cáscara de plátano a un periodista que le había hecho una observación incómoda durante una rueda de prensa no fue la más hábil de las maniobras. La piel del general es muy fina y le lleva a perder los nervios con frecuencia; pero eso no lo convierte en un lerdo, pese a que la tesis puesta en circulación por algunos de sus partidarios llevaría a pensar lo contrario. Lo que cuenta, dicen, son las etiquetas y no es lo mismo hablar de estado de excepción que de un artículo 44 que seguramente nadie ha leído. Así que los espadones podrán alardear de haber levantado el primero y devuelto la normalidad al país con el segundo: una conclusión bastante boba.
No puede engañarse a todo el mundo todo el tiempo. Tal vez muchos turistas internacionales se sientan ahora más tranquilos al reservar un paquete de vacaciones en el país; tal vez sea ésa la razón por la que el presidente Obama, siempre dispuesto a esperar lo mejor de los dictadores, haya nombrado el 14 de abril un nuevo embajador estadounidense ante el país después de seis meses de sede vacante. Pero ni los medios independientes, ni las cancillerías de la Unión Europea, ni las organizaciones de defensa de los derechos humanos han dejado de destacar que la inicial dictablanda de los golpistas, que iba a «devolver la felicidad al país», se ha convertido en una dictadura sin paliativos.
La felicidad en Tailandia, como en todas partes, mantiene relaciones íntimas con la situación económica. Durante más de seis meses, entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, los militares asistieron pasivamente al deterioro de la vida ciudadana con las algaradas de los opositores al régimen anterior y al consiguiente declive de la actividad económica. Según los cálculos de la Agencia de Política Fiscal, un organismo gubernamental, durante el primer semestre de 2014, la economía local se contrajo un 0,1%, aunque subió en el segundo hasta un 2,9%, lo que habría llevado a un crecimiento anual entre un 1,2 y 1,7% (los números finales no están aún cerrados). La media de los años anteriores había estado en torno al 5% y, según la propaganda de los golpistas, la situación iba a mejorar. Tan pronto como los consumidores nacionales y los inversores extranjeros recobrasen la confianza tras el golpe, la economía se dispararía como una flecha. No ha sido así.
Hace unas semanas, la cúpula de la empresa privada tailandesa (cámaras de comercio, patronal de la industria y asociación bancaria) mostraba su preocupación por la lentitud de la recuperación económica. Con la cautelosa jerga de inversores deseosos de mantener buenas relaciones con el régimen militar, al que tanto habían contribuido, su presidente apuntaba que el consumo de bienes duraderos, coches en especial, no se había repuesto y lo atribuía al alto endeudamiento de las familias (84,7% del PIB). Tampoco se había recuperado la inversión privada, y la ejecución del presupuesto anual para 2015 (que se inició el 1 de octubre del año anterior) en el primer trimestre había llegado sólo al 9,3%, frente al anunciado 29%. La caída de actividad había generado un descenso de la recaudación fiscal y de la flexibilidad presupuestaria. Traducido del politiqués, el sector público en manos de los militares no funcionaba de acuerdo con las expectativas que ellos mismos habían creado a la ligera. Si se añade la disminución de exportaciones a Europa y Estados Unidos como resultado de la apatía en la economía internacional, no es de extrañar que el Banco Asiático de Desarrollo haya contradicho las expectativas optimistas del ministro del ramo sobre el crecimiento en 2015. Frente al 4%-4,5% augurado por el responsable de la economía de los golpistas, el BAD rebajaba las expectativas del 3,9% al 3,6% para 2015. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional las cifraba en 3,7% (en este caso, aumentando su pronóstico anterior de 3,5%)
Uno de los pocos sectores donde se esperan mejores resultados es el turismo internacional. En 2013, la industria local tuvo un crecimiento espectacular, con 26,5 millones de llegadas y cuarenta y dos millardos de dólares en ingresos, pero, con la inestabilidad política del primer semestre, experimentó una caída notable en 2014. Las llegadas se redujeron a 24,8 millones (– 6,7%) y los ingresos cayeron hasta los cuarenta millardos. En enero de 2015, los visitantes internacionales han crecido un 16% sobre el mismo mes de 2014 y los medios oficiales lo han celebrado profusamente sin explicar que la comparación tenía que ser favorable, porque enero de 2014 había sido uno de los peores meses de ese año. Más allá del campaneo oficial, el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés, un organismo internacional que agrupa a las cien principales empresas del sector turístico y que celebra justamente estos días su Cumbre Global en Madrid), prevé que ni los visitantes extranjeros ni los ingresos por turismo internacional conseguirán llegar en 2015 al mismo nivel de 2013.
Ante este panorama inquietante, los economistas de la junta se proponen responder con un aumento de la inversión pública para mantener la actividad y generar empleo. ¿Cómo se financiará? Ya se sabe: o suben los ingresos fiscales, o aumenta la deuda pública, o ambas cosas a la vez. A mediados del pasado mes de marzo, el general Prayuth defendía ante un auditorio selecto de funcionarios e inversores internacionales su estrategia de aumentar los impuestos y se dolía de que los contribuyentes pidieran mejores infraestructuras y servicios, al tiempo que se resistían a pagar más impuestos. A su pesar, el Gobierno había tenido que renunciar a dos medidas que le hubieran permitido generar más ingresos. Con un consumo privado ya seriamente deteriorado, subir el IVA, como se había anunciado, del 7 al 10% hubiera empujado aún más a la baja la actividad. Si esta medida apretaba a los consumidores en general y frenaba el crecimiento, la otra (un nuevo impuesto sobre la vivienda y la propiedad inmobiliaria) hubiera impactado directamente sobre sus apoyos políticos entre terratenientes y empresarios de la construcción que no estaban dispuestos a convertirse en víctimas del fuego amigo. Así que, pasando por encima de su ministro de Hacienda, el general decidió vedar este camino.
Aparte de medidas coyunturales, como la rebaja de los tipos de interés que, entre otras cosas, ha contribuido a debilitar el baht (la moneda nacional) y así apoyar a un sector exportador que, según el general Prayuth, aporta un 70% del PIB, el gobierno militar se propone dos grandes líneas de actuación: crear una economía digital e invertir en la creación de una red ferroviaria moderna con protagonismo de la alta velocidad.
Nadie ha explicado hasta el momento en detalle en qué consiste la celebrada economía digital. En teoría se trataría de favorecer una gran inversión en telecomunicaciones para aumentar la productividad del sector de servicios. Pero, por el momento, sólo se ha hablado de su estructura burocrática, con la creación de un Ministerio de Economía Digital que elaborará un Plan de Actividades. Una vez más se impone el diseño antievolutivo –tan caro a todas las burocracias– de que el órgano creará la función. En cualquier caso, la única consecuencia del entusiasmo por la economía digital se ha limitado a la formulación de varias propuestas legislativas para controlar aún más el desarrollo de Internet y de las redes sociales y para limitar la privacidad de sus usuarios. No parece, pues, que este tan alto proyecto vaya a desplegarse fácilmente ni a tener rápidas consecuencias sobre el crecimiento económico.
Así que, pese a las críticas que le formularon al poco del golpe, los militares han resucitado el plan ferroviario de Yingluck Shinawatra, la depuesta presidenta del gobierno. En China y Japón, el general Prayuth viajó en trenes de alta velocidad y dijo haber comprobado que no sólo hacen la vida más fácil a sus usuarios, sino que ayudan a un desarrollo más equilibrado. Justamente lo mismo que había defendido Yingluck. Las dificultades técnicas y financieras del proyecto son enormes, pero no parecen arredrar a un Gobierno sin imaginación ni alternativas. Por supuesto, ninguno de sus defensores ha explicado cómo se rentabilizará la gigantesca inversión inicialmente prevista: unos sesenta y cinco millardos de dólares.
La alta velocidad, empero, tiene ventajas colaterales. Hastiado de la incomprensión de Estados Unidos y la Unión Europea ante su golpe, Prayuth utiliza su financiación para recalcar la independencia de su política internacional, ofreciendo participación a Japón y, para excitar la incomodidad de sus críticos estadounidenses y europeos, a China. China, con su probada experiencia en este campo, ha ofrecido tecnología y préstamos para realizarlo. Eso sí, con intereses superiores a los que ofrecen otros gobiernos y bancos internacionales, que Prayuth se dispone a pagar: «Temo a los chinos, aunque vengan con regalos», diría hoy Virgilio.
Los golpistas, pues, tienen ante sí un panorama económico complicado y, muy posiblemente, han decidido asegurar su control con un endurecimiento político para manejar las tensiones que previsiblemente va a vivir el país en los próximos meses.
Echando mano de la dictapura. Pura y dura, sí.
