Este texto está inspirado por la lectura del libro de Pablo Malo Los peligros de la moralidad, del que tomo la idea central, en el sentido de que los valores morales de los seres humanos se desarrollan, por razones biológicas, en torno a la existencia de grupos de personas que comparten ciertos vínculos. Por esa razón es muy fácil para los líderes de turno delimitar el grupo en términos de «nosotros» y «ellos», o de «amigos» y «enemigos». Sólo los que se encuentren dentro del perímetro delimitado previamente por razones de etnia, religión, territorio, género, o simplemente por razones políticas se reconocerán como una comunidad con valores morales compartidos. Es compatible, por tanto, practicar la empatía y la solidaridad dentro del grupo con la estigmatización, persecución y, en último término, la supresión de los que se encuentran fuera del mismo básicamente por razones morales. Este razonamiento creo que es aplicable a la política del siglo XXI, tanto a nivel nacional como internacional.
Si alguien nos hubiera dicho, allá por el 2014 o 2015, que diez años después nos íbamos a encontrar con un escenario de extrema polarización (o bibloquismo si se prefiere) que impide avanzar no ya hacia cualquier tipo de acuerdo estable y de futuro, sino simplemente hacia una mínima gobernabilidad eficiente, probablemente no le hubiéramos creído. La irrupción de los nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) procedentes cada uno de un sector de la sociedad claramente contrario al statu quo, al bipartidismo o, si se quiere, «al régimen del 78» parecía a priori una buena noticia: más oferta democrática, más pluralismo, más fragmentación, pero también más necesidad de llegar a acuerdos, ensayar políticas distintas y probar la fórmula de los gobiernos de coalición, hasta entonces inéditas a nivel nacional. Por otro lado, se suponía que la finalidad última de los nuevos partidos era la renovación del sistema político y su acercamiento a la sociedad, en particular a las generaciones más jóvenes y menos interesadas en perpetuar el funcionamiento del sistema.
Diez años después, el fracaso ha sido rotundo. Sin necesidad de entrar aquí a analizar sus causas —entre otras, el elemento personal de unos líderes endiosados y rodeados de subordinados serviles—, lo cierto es que el resultado de su aparición y posterior desaparición (aunque Sumar haya intentado y en parte conseguido sobrevivir) ha sido demoledor en términos de la democracia liberal representativa. Cierto es que no es un fenómeno tan solo español: pero en nuestro caso hay factores peculiares que inciden de forma particularmente negativa en nuestra actualidad política.
Por lo que aquí nos interesa, las encuestas constatan todavía la existencia de grandes consensos en la sociedad española (ya se trate de las grandes cuestiones de economía, sanidad, educación, vivienda y, más recientemente, la política de defensa o la reacción frente a los aranceles de Trump). Pero nuestros partidos políticos, que siguen teniendo también un apoyo muy mayoritario entre los electores, son incapaces no ya de llegar a un solo acuerdo sobre ninguna de las cuestiones que preocupan a los españoles, sino también de mantener un debate público digno de este nombre. Y sin un debate público racional no hay posibilidad alguna de alcanzar acuerdos. Todo es ruido, propaganda, medias verdades, ocurrencias. Nada es serio, ni nadie parece desear que lo sea. El Parlamento como institución se ha degradado hasta extremos desconocidos en nuestra historia política reciente y en relación con otros parlamentos democráticos, aunque quizás ahora podamos mencionar el Congreso de los Estados Unidos, lo que no parece tampoco un gran consuelo.
La confusión entre instituciones y partidos es creciente, de manera que ministros o presidentes de comunidades autonómicas hablan con total desparpajo desde sus respectivos cargos institucionales, como si estuvieran en un mitin permanente de sus partidos. Mención especial a la portavoz del Gobierno, que en prácticamente todas sus comparecencias interviene como si fuera la portavoz del PSOE, sin que falten los ataques al principal partido de la oposición. En el otro lado no faltan tampoco los ejemplos, destacando la presidenta de la Comunidad de Madrid, que de nuevo confunde constantemente su papel institucional con el de dirigente regional de su partido, incluyendo los desplantes al Gobierno en actos y celebraciones oficiales.
La idea que se trasmite a los ciudadanos con estos comportamientos nada ejemplares es muy clara: esto es una guerra sin cuartel y todo vale, desde la manipulación a la apropiación partidista de las instituciones pasando por todo tipo de declaraciones impropias de adultos en redes sociales, estudios de radio o platós de televisión presentables. Porque «los nuestros» tienen que ganar como sea y al adversario político —legítimo aspirante a alcanzar el poder democrático— se le demoniza como un enemigo a batir. Los ejemplos son innumerables, hasta el punto de que lo excepcional es encontrar un político español que no funcione con esta lógica. Y cuando se encuentra, lamentablemente, suele estar poco tiempo en política. La polarización se ha cobrado ya muchas cabezas de políticos veteranos y jóvenes cuyo encaje en esta lógica amigo/enemigo era dudosa. La «selección adversa» por tanto está promoviendo a los perfiles más polarizadores y menos conciliadores, en suma, a los menos adecuados para llegar a los acuerdos que, en un escenario de fragmentación política, no es que sean deseables, es que son sencillamente indispensables.
El que la política se conciba en términos de competición electoral, no ya entre adversarios legítimos sino entre enemigos acérrimos, considerando además que dichos enemigos lo son no sólo del partido de turno, sino del Estado, de la democracia o de la libertad, no es una buena noticia para un país occidental. Como he señalado, incentiva que los políticos más polarizadores sean los que acaparen más poder y más visibilidad —no en vano las redes sociales se nutren sobre todo de nuestros sentimientos de indignación y de rechazo—, pero también que los funcionarios, los empleados públicos o incluso las empresas y ciudadanos tengan que escoger bando. Esto es especialmente grave en el caso de los servidores públicos, que en demasiadas ocasiones empiezan a operar con la misma lógica que sus superiores políticos.
En resumen, la polarización política —y no digamos ya la social— puede llevar sencillamente a la ingobernabilidad, como estamos viendo en nuestro país. El Gobierno ni consigue aprobar unos presupuestos en 2025 ni tiene garantizado el apoyo a ninguna medida relevante, incluso haciendo enormes concesiones a sus socios de investidura. Sin posibilidad alguna de abordar con garantías de éxito las reformas importantes, es incapaz de plantear un debate acerca de cuáles deben ser y en qué ámbitos. La cuestión de la vivienda es una de las preocupaciones fundamentales de los españoles y los puntos de acuerdo entre los grandes partidos son enormes, pero resulta imposible pactar ninguna reforma de la Ley del Suelo. Pretender que algunos de los grandes problemas que venimos arrastrando desde hace décadas se puedan solucionar a partir de políticas de bloques —incluso suponiendo que alguno de los dos llegara a alcanzar una mayoría absoluta, lo que está por ver— es desconocer la realidad.
La presente legislatura es la prueba más clara de lo que estamos denunciando. El coste de oportunidad de lo que no se ha hecho (coste que parece invisible, pero que existe) y de haber perdido otra legislatura para abordar reformas en materia de pensiones, educación, desigualdad, reforma fiscal, lucha contra la corrupción, mercado de trabajo, regeneración institucional, o la que elija el lector, es enorme. Frente a esto, lo que se ofrece a la ciudadanía es espectáculo y la sensación de que ocurren muchas cosas, cuando en realidad no hay cambios en las cuestiones básicas, o si los hay es en forma de parches, maquillaje contable o «patadas para adelante», como ocurre con la sostenibilidad de las pensiones y la demografía.
La pregunta, claro está, es si una ciudadanía anestesiada por la polarización puede soportar una constante degradación de la vida pública, la erosión de las instituciones, o si puede «normalizar» comportamientos claramente disfuncionales o directamente antidemocráticos por parte de muchos de sus representantes políticos. Insistimos, el coste de oportunidad es enorme, pero quizás no es demasiado visible, salvo para los que padecen la ineficiencia o la falta directa de políticas públicas adecuadas, como ocurre con los jóvenes en cuestiones esenciales como la vivienda, la precariedad o los salarios. No es casual que una franja creciente de la juventud vote a partidos de extrema derecha o directamente considere que la democracia liberal representativa no resuelve sus problemas y por tanto no funciona, para ellos al menos. Porque es exactamente así.
Estamos alimentando un proceso de desafección acelerado ante la democracia liberal entre una parte sustancial de la ciudadanía española, y sobre todo entre las generaciones más jóvenes, sin las cuales es difícil que un sistema político democrático tenga futuro. Esta quizá sea la consecuencia más grave de la polarización política, que vive instalada en un perpetuo cortoplacismo sin ser consciente —o siéndolo, pero sin darle importancia— de que el bibloquismo de hoy está pavimentando el camino del iliberalismo de mañana.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado, cuerpo al que accedió en 1988. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. En la actualidad es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional.
