El «déficit de ciudadanía» que sufren las democracias contemporáneas es ya lugar común, y, con toda probabilidad, uno de los más frecuentados, en la reflexión ético-política de las últimas décadas. Victoria Camps vuelve a un terreno que conoce perfectamente (Virtudes públicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1990; Manual de civismo, Barcelona, Ariel, 1998; Educar para la ciudadanía, Sevilla, ECOEM, 2007) y edita esta obra colectiva cuyo título, Democracia sin ciudadanos, podría definirse como una exageración con bastante fundamento, porque, en efecto, hay que reconocer que, aunque tampoco hayan sido muchos más en otros tiempos, los ciudadanos cabales escasean.
Los ocho ensayos que reúne el volumen se ocupan de algunas cuestiones relevantes en torno a la definición y los deberes del «buen ciudadano», a la función que le corresponde en las sociedades liberal-democráticas, pero también en el ámbito de la justicia global, y al modo y las condiciones en que debiera ejercerla. Son, por tanto, muy heterogéneos en cuanto a sus preocupaciones, que van, por citar un par de ejemplos, de las relaciones entre economía y ciudadanía al papel que deberían desempeñar la religión y los creyentes en la esfera pública. Pero todos ellos reposan sobre un mismo fondo que la anónima presentación nos descubre de inmediato con una luz muy poco favorable: la «ideología liberal» es la gran responsable de que nuestros sistemas políticos carezcan de ciudadanos participativos, bien informados y activamente comprometidos con la cosa pública, debido, por un lado, a que la suya es una «concepción excesivamente jurídica y formal de ciudadanía», pero también, por otro, a que la tiránica economía de mercado subordina el interés general a los intereses más espurios, ya sean privados, partidistas o empresariales, y a que las instituciones representativas impiden la participación política de todos en un genuino proceso deliberativo (p. 9).
Sorprende que apenas haya matices en la descripción de esos consumidores voraces y egoístas, unos individuos «inertes» que suelen ser víctimas de las manipulaciones y la dominación de los poderosos, descarnados homines oeconomici, ajenos a los problemas de la colectividad, que han reemplazado al ciudadano consciente de sus deberes tanto como de sus derechos (Victoria Camps, pp. 160 y 172), y de unas sociedades que, lejos de aproximarse al antiguo ideal democrático, se han convertido en el «impolítico» reino del «ciudadano sin atributos» (Mercè Rius, p. 34). La democracia se habría vuelto «contra sí misma», según Marcel Gauchet, desde que, en los años ochenta del siglo pasado, se rompió el equilibrio entre democratismo y liberalismo alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial con la extensión universal del sufragio, y la «ofensiva liberal» alteró el significado primigenio de la democracia, que clásicamente había designado la «potencia colectiva, la capacidad de autogobierno», y lo identificó pura y simplemente con la «soberanía del individuo», de sus libertades y sus prerrogativas (pp. 189-191).
El diagnóstico permite algunas observaciones. Podríamos preguntarnos cuánta politización y qué grado de intensidad participativa es capaz de absorber una sociedad cualquiera antes de empezar a deslizarse por la pendiente de la ingobernabilidad. O qué ganaríamos con la participación política masiva de individuos tan autointeresados y faltos de criterio como los descritos. O cómo se explica que cinco décadas de Estado social e intervencionismo bienestarista no tengan ninguna responsabilidad en la generación de tanta «voracidad consumista» y de tan pocos ciudadanos comme il faut. Estas cuestiones no se plantean en Democracia sin ciudadanos, que, en cambio, sí se pregunta por las posibilidades y el modo de revertir el aparentemente inexorable proceso de «desafección democrática» en que están sumiéndose nuestras sociedades. ¿Qué hacer ante un panorama tan poco esperanzador? La respuesta, como cabía suponer, está en la educación cívica permanente, y Jordi Riva propone, siguiendo los pasos de Hannah Arendt, un modelo republicano que eduque filosóficamente al ciudadano, haciendo de él una suerte de «Sócrates moderno», y le enseñe una filosofía que renuncie a la pura contemplación y «tome como objetivo los problemas de la humanidad» (p. 148).
Ciertamente, es muy difícil negar que, en términos generales, el ciudadano de nuestras sociedades se comporta de forma manifiestamente mejorable en lo que concierne a los negocios públicos, que son también, en fin de cuentas, aunque él no lo perciba fácilmente, sus propios negocios. Ahora bien, junto a esta evidencia, que liberales tan señeros como Tocqueville o Constant ya denunciaron con inquietud, persiste la impresión de que el discurso ético del «ciudadano virtuoso» se agota, paradójicamente, en el círculo nada virtuoso de una normatividad que, sin ofrecer auténticas soluciones políticas para corregir las insatisfactorias realidades liberal-democráticas, las juzga demasiado severamente, exagera sus deficiencias y las descalifica sin apenas atenuantes.
Este volumen nos brinda algunas reflexiones, como las que atañen a las condiciones y los límites de la deliberación pública, que no son sólo estimables, sino también necesarias si se pretende vivificar y expandir las energías cívicas que, sin duda, precisa una democracia liberal. Pero no parece que puedan articularse remedios políticamente eficaces sin dejar a un lado la nostalgia del impecable homo cives, la convicción de que la naturaleza humana sólo se reconciliará consigo misma cuando se repolitice, el anhelo de que el superior interés de la colectividad triunfe sobre los mezquinos intereses particulares y la ensoñación del autogobierno colectivo. Estas actitudes voluntaristas se apoyan en ideales sobre los que levantar una democracia, sí, pero no una democracia liberal, precisamente porque representan la «recuperación del sentido perdido de la política» (Jordi Riva, p. 142), que fue arrinconado, y felizmente superado, con el advenimiento de las democracias liberales.
