ARTÍCULO

El dragón de la violencia política es inmortal

 

La violencia colectiva ha estado muy presente en la historia contemporánea española. La resistencia frente al ejército napoleónico iniciaba un siglo XIX cargado de guerras civiles, revueltas, revoluciones, pronunciamientos, motines y ocupaciones de tierras, así como decenas de enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado y diversos grupos sociales, para terminar el siglo con el terrorismo anarquista. En la centuria siguiente continuaron, aunque desaparecieran después, algunas de estas formas de acción colectiva, a las que se sumaron las insurrecciones obreras y el pistolerismo. Además, las colisiones entre las fuerzas armadas estatales y el pueblo llano permanecieron durante décadas, salpicando de violencia política las relaciones entre gobernantes y gobernados, por lo menos hasta 1977. Una violencia que se tornó generalizada en la guerra civil de 1936 y en la inmediata posguerra. Después, el terrorismo de ETA que aún continúa en el cambio de siglo. Claro que, al lado de estas demostraciones de fuerza, se produjeron de forma simultánea procesos electorales y debates parlamentarios, así como recogidas de firmas, manifestaciones, mítines o huelgas; en definitiva, el ejercicio de derechos de ciudadanía y una práctica política de naturaleza pacífica, sobre todo en el marco de regímenes no autoritarios.

Se encuentran a nuestra disposición numerosos estudios sobre esas experiencias de violencia colectiva en España, así como enfoques sociológicos para analizarla, y en el último año un puñado de historiadores ha publicado cuatro libros sobre el tema con diferentes resultados, pero con el propósito común de estimular la reflexión.

LA MOVILIZACIÓN IMPARABLE DE LAS MULTITUDES

El libro de Eduardo González Calleja sobre la violencia política en España, de 1917 a 1931, es el segundo volumen publicado –El máuser y el sufragio– de su trilogía sobre la historia de la violencia entre 1875 y 1936. El libro comienza con el análisis de la intensa movilización –«la movilización imparable de las multitudes» de la que habló Ortega– desplegada en toda España entre 1917 y 1923 en el contexto de la deslegitimación del Estado por la falta de autoridad y eficacia, y la crisis de hegemonía de los grupos sociales, para luego describir y explicar la violencia urbana a cargo de diferentes organizaciones políticas, la agitación campesina en el famoso trienio y el pistolerismo barcelonés.

El golpe de estado de Primo de Rivera constituye su segundo gran capítulo de análisis. En él se extiende sobre las «causas» tradicionales del golpe y los preparativos que desembocaron en los acontecimientos del 13 de septiembre de 1923. Para González Calleja, la dictadura militar resultante «actuó como brazo armado de los sectores poseedores para aplazar el conflicto de dominación con las capas subordinadas de la sociedad». Las páginas siguientes se dedican a una descripción en detalle de la organización de las distintas conspiraciones contra Primo protagonizadas por anarquistas, catalanistas radicales, nacionalistas vascos y militares.

En el último capítulo se pormenoriza la conspiración «definitiva» contra la monarquía, integrada por un ciclo de protesta protagonizado por diferentes grupos sociales en 1930, una gran conjura cívico-militar desde aquel verano, y una revolución cuyo desenlace se produjo en abril de 1931. El estudio concluye con un ensayo sobre las permanencias y los cambios en los modos de acción violenta desde 1875 hasta 1936, recogiendo las conclusiones del volumen anterior de su trilogía sobre la violencia y anticipando los principales resultados del que será el último volumen sobre el período republicano.

El libro, por lo tanto, aborda pasajes clave de la historia de la violencia política en España de forma muy detallada. Una obra de obligada referencia, con gran despliegue de fuentes primarias y secundarias; un gran estado de la cuestión, en el que se dan cita viejas explicaciones junto con un nuevo tratamiento de la violencia, manifiesto en la presencia de enfoques y lenguajes muy poco utilizados en la historiografía española. Aquí radica quizá uno de los principales problemas: la incoherencia de los planteamientos utilizados. Se puede observar, por ejemplo, en el interés por el estudio de las fuerzas de orden público y, en general, de las capacidades del Estado para responder a los desafíos violentos de los distintos grupos sociales, con el que González Calleja intenta mostrar que la violencia colectiva es el resultado de una relación entre diferentes iniciativas y grupos, entre los que la organización estatal desempeña un papel decisivo. Pero el análisis realizado en ese ámbito es demasiado institucional, atendiendo más que nada a la configuración formal de las fuerzas de orden público, sin adentrarse en ningún momento en asuntos como la práctica, las maneras de actuar de la policía o el ejército. Se echa en falta, además, una aproximación comparativa a las diferentes actuaciones de los gobernantes para impedir eficazmente las rebeliones, complots e insurrecciones en 1917, 1923, 1925, 1926, 1929, 1930 y 1931. Si los medios de coerción del Estado no garantizaban la estabilidad de los gobiernos, ¿por qué algunos de ellos fueron capaces de suprimir la acción violenta de los desafiantes y otros no? Y, en concreto, ¿por qué Primo de Rivera salió siempre airoso de los ataques contra su régimen?

Al analizar el período de 19171923 como un ciclo de protesta, González Calleja se hace eco de las propuestas de Sidney Tarrow para encuadrar las épocas de altísima movilización, pero en el texto no se utiliza realmente este esquema, porque, entre otras razones, se reduce el protagonismo del ciclo a un solo actor: el sector revolucionario del proletariado, y los conflictos sociales planteados en ese período se limitan a uno solo: el sociolaboral. Aunque se plantea un lenguaje de oportunidades políticas, recursos organizativos y acción colectiva en general, a la postre las explicaciones giran en torno a la vieja concepción (Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Sigmund Freud, José Ortega) de la presencia de las «masas» o «multitudes» –por definición, amorfas y aleatorias–, que suponen un peligro para la clase dominante, arrojada a los brazos del ejército para salvarse, y en torno a la idea funcionalista (Sammuel Huntington, por ejemplo) de los acelerados procesos socioeconómicos de cambio creadores de «disfunciones» en los regímenes políticos tradicionales.

Uno de los apartados más destacables del libro es el que analiza la situación clave de 1930-1931. El autor califica la crisis política desatada como un proceso revolucionario, con una transferencia final del poder político, y plantea diversas alternativas a esa transferencia, considerando que el 14 de abril no fue el único resultado posible de la crisis. De esa manera, González Calleja utiliza el esquema de Charles Tilly para estudiar las revoluciones. Sin embargo, el análisis de las «72 horas cruciales» anteriores al 14 de abril no es consecuente con dicho esquema, porque en lugar de preguntarse por los acontecimientos de esos tres días y explicar por qué actuaron los principales protagonistas –la confluencia de los militares y el pueblo llano que salió a la calle en la tarde del 13 de abril– en el sentido en que lo hicieron, se pierde el enfoque en un estudio muy detallado de las dinámicas de largo plazo, de preparativos insurreccionales anteriores e, incluso, de las actitudes de algunos intelectuales, que sólo constituye un aspecto explicativo más, pero no esencial, de las «72 horas cruciales».

LOS CAMINOS DE LA PROTESTA

Algunas de estas incoherencias no se producen en el libro de Carlos Gil Andrés Echarse a la calle. El objetivo es estudiar la evolución de la protesta popular –incluida la violenta–, es decir, las permanencias y cambios en el conjunto de acciones de protesta no institucionalizada protagonizadas por el pueblo llano de La Rioja. El autor sostiene que la protesta no se produce automáticamente como respuesta al malestar y la injusticia, sino que necesita capacidades y recursos en manos de los desafiantes, el aprovechamiento de oportunidades y una necesaria correlación entre iniciativas y respuestas –de los oponentes y de las organizaciones del Estado, sobre todo–, y entre las transformaciones económicas y políticas y la cultura de la protesta. A resultas de ello, se produjeron en La Rioja diferentes formas de acción colectiva que cambiaron con el paso del tiempo, agrupadas en ciclos de movilización, y localizadas en unos lugares determinados.

Gil Andrés señala la enorme variedad de fuentes de conflictividad: bajos salarios, deficientes condiciones de trabajo, carestía de las subsistencias, desigualdad en el pago de impuestos, las quintas, la pérdida de costumbres, valores y bienes comunitarios, el anticlericalismo, la intervención de las fuerzas de orden público o la actuación de las autoridades municipales y otros agentes estatales, las demandas de participación política y derechos sociales, el conflicto por el poder del Estado, la propiedad y uso de la tierra, etc. Toda esa conflictividad potencial dio lugar a movilizaciones en forma de tumultos en días de carnaval y fiestas patronales, motines de subsistencias y antifiscales, enfrentamientos entre católicos y anticlericales, huelgas, insurrecciones, rituales como el del Primero de Mayo, asambleas, enfrentamientos con la fuerza pública, asaltos a ayuntamientos y medios de transporte, funerales, partidos y sindicatos, mítines, peticiones, cierres patronales, elecciones, exhibición de emblemas y símbolos, publicación de periódicos y un sinfín de otras formas de actuación política violentas y pacíficas, cuyo estudio lleva al autor a concluir que la sociedad riojana, al contrario de las opiniones más habituales para el conjunto de España, se movilizó cuanto pudo la mayor parte del período.

La descripción del despliegue de la mayoría de estas movilizaciones constituye el punto de partida a partir del cual Gil Andrés se pregunta cómo pudieron ocurrir, en qué condiciones, por qué desaparecieron o se transformaron unas, y otras, en cambio, se generalizaron, sustituyendo a las anteriores. Para responder, el autor utiliza las perspectivas de la movilización de recursos y del proceso político, con las que se analizan algunas de las condiciones en las que se desarrolla la acción colectiva en general, y la violencia política en particular.

El análisis de Gil Andrés es, por tanto, no sólo muy sugerente, sino muy distanciado de interpretaciones tradicionales en las que las crisis económicas inducían a la protesta violenta, el atraso provocaba desmovilización y la injusticia desembocaba automáticamente en desesperación y protesta (violenta). Sin embargo, el mismo autor reconoce que se encuentran ausentes algunos elementos de análisis que enriquecerían el estudio. Se refiere a la vertiente cultural, a través de la que podía haber sido abordada la lucha simbólica que toda acción colectiva representa, además de intentar entender qué identidades colectivas emergieron en su transcurso. Hay, de igual manera, una escasa presencia del papel de las fuerzas de orden público en la escena colectiva. Y sin saber cómo actuaba la policía y, sobre todo, el ejército, nos falta uno de los ingredientes fundamentales de la protesta.

También es verdad que la exposición elegida para argumentar las experiencias riojanas de protesta no es la más ágil ni la más clara. El libro se divide en tres partes: una primera relata la acción colectiva año por año, desde el principio hasta el final, en una sucesión mecánica del tipo: «y un año más tarde, volvemos a encontrar huelgas en...», lo que hace ciertamente pesada la lectura. La segunda parte detalla dos conflictos concretos: el de las quintas y el anticlerical. En esta ocasión, aunque de dos únicos conflictos se trata, la exposición es igual de mecánica y repetitiva. La tercera parte es distinta: en ella se analizan «los caminos de la protesta», las condiciones para entender el carácter de la movilización: tiempos, espacios y formas. Y todo ello partiendo de la presencia de la propia acción, que aparece descrita con detalle. Hubiera resultado mucho más provechosa y entretenida una exposición de todo el contenido como la realizada en su última parte.

LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS DE LA VIOLENCIA

Si los dos libros anteriores fueron escritos por sendos autores individuales, en La violencia política en la España del siglo XX aparecen nueve textos de diez historiadores, en una edición dirigida por Santos Juliá, que realiza a su vez la introducción. En ella, se precisa que el estudio de la violencia se abordará desde la perspectiva de las ideologías que la justificaban y las actitudes de las organizaciones –sólo las principales– que la ejercieron. Se asume que la violencia política se registra en relación con la deslegitimación del Estado por parte de los grupos políticos, pero cuando se trata de explicar el fin de las actitudes violentas por parte de la oposición al franquismo tras la guerra civil, se indica que hubo una renuncia voluntaria expresa a ejercer la violencia, sin tener en este caso en cuenta que la oposición no legitimaba el Estado franquista.

Aunque se extiende en la descripción de prácticas pacíficas –como el ritual de la festividad de los mártires de la tradición–, Jordi Canal expone la actitud de los carlistas hacia la violencia, señalando las diferencias entre las iniciativas decimonónicas y las planteadas en las primeras décadas del siglo XX. Si antaño los carlistas organizaron partidas, guerra de guerrillas e insurrecciones a campo abierto, visto su fracaso en el cambio de siglo, crearon una organización paramilitar (el requeté) en 1912 y, sobre todo, en 1933. Es una lástima que el autor considere que la violencia carlista desde 1939 se trata «de otra historia» y en ese año concluya su análisis.

La violencia anarquista es analizada por Julián Casanova señalando la pugna permanente del anarquismo entre sus dos vías de actuación: la sindicalista y la de los grupos de acción. Estos últimos fueron los que ejercieron en determinados momentos su hegemonía sobre los sindicatos a través del uso de la violencia insurreccional o individual. La competencia interna de los anarquistas explicaría la utilización recurrente de la violencia política.

Pedro González Cuevas aborda el estudio de la ideología de la violencia en el discurso de «la derecha». En este capítulo no se mencionan enfrentamientos, ni bombas, ni tiros en la nuca. En su lugar, se ofrecen descripciones de los discursos violentos de diferentes intelectuales. Ya que no hay actuaciones violentas, hubiera sido útil saber, al menos, por qué apareció y desapareció el discurso violento de «la derecha».

Santos Juliá explica los diferentes lenguajes socialistas de la revolución en 1917, 1930 y 1934, y cómo desaparece cualquier lenguaje de la revolución conforme transcurren las décadas del régimen franquista. Igual que el resto de la oposición antifranquista, los socialistas renunciaron al ejercicio de la violencia para combatir al régimen. Pero en esta dinámica, el autor incluye la renuncia a la violencia –más que dudosa– de la dirección del PCE y descarta ––sin tener en cuenta las reflexiones y propuestas comunistas hasta 1975– que los comunistas vislumbraran la transformación de la dictadura como una revolución.

Julio de la Cueva interpreta la violencia anticlerical desde la perspectiva del propio conflicto social al que responde. Su análisis es modélico, por cuanto parte de las propias expresiones violentas para tratar de explicar cuáles eran las motivaciones y quiénes las realizaban, en qué circunstancias se producían y con qué propósitos. Quizás hubiera sido útil echar mano de la comparación con la experiencia francesa de la primera década del siglo y establecer las diferencias y similitudes. Con esa comparación podríamos ahorrarnos señalar un sinfín de «causas» específicamente españolas de la violencia anticlerical.

Mercedes Cabrera y Fernando del Rey analizan la violencia patronal, cuestionando interpretaciones muy extendidas en la historiografía española. A través de una argumentación muy rigurosa, los autores matizan mucho el protagonismo de los patronos en el pistolerismo barcelonés anterior al golpe de Primo. Al abordar la violencia patronal en etapas posteriores a la de los años veinte, en el texto realmente no se encuentra patrocinio e iniciativas patronales de la violencia, sino los supuestos beneficios para disciplinar las relaciones laborales que lograron los patronos por la violencia ejercida por los militares a partir de 1936.

Con algunas erratas sin corregir, Carolyn Boyd realiza un exhaustivo repaso al intervencionismo militar en sus diferentes fases. Aunque señale atinadamente que la acción política de los militares se materializa en el siglo XX como una respuesta a los intentos civiles de alterar las relaciones cívico-militares establecidas, esa perspectiva no se mantiene, sin embargo, para entender el golpe del 18 de julio de 1936, que se produjo, a su juicio, en defensa de los intereses tradicionales de clase.

El texto de Florencio Domínguez sobre el terrorismo de ETA comienza con un recorrido muy conocido y formalista por las diferentes asambleas de ETA, pero al llegar a los años ochenta se destaca la relación existente entre coyunturas de debilidad extrema de la banda y los cambios posteriores en su estrategia. En el último capítulo del libro, Eduardo González Calleja examina las políticas estatales de orden público. En la primera parte se habla de las organizaciones y encuadramiento de los medios de coerción en un tono muy institucional y, en la segunda, se abandona el enfoque anterior para estudiar con seriedad el ejercicio real de la violencia y sus resultados sobre la política. El libro, en su conjunto, aunque ilustra algunas facetas de la violencia política en la España del siglo XX, habría sido probablemente más provechoso si, en lugar de plantear la violencia desde el punto de vista de una parte –y sólo sus presupuestos ideológicos– de los que intervinieron en los conflictos a los que se refieren, hubiera situado la violencia política en el seno de enfrentamientos puntuales, muy abundantes a lo largo del siglo.

EL DRAMA ESPIRITUAL DE LA HISTORIA

Hace relativamente poco tiempo, Alianza Editorial reeditó La Rosa de Fuego, de Joaquín Romero Maura; bajo el título de La Romana del diablo se publican ahora en castellano tres artículos suyos escritos para revistas anglosajonas entre 1968 y 1976, junto con un largo ensayo inédito sobre la articulación de la violencia política en la España de la primera mitad del siglo XX. Los textos de los años setenta resultan muy actuales y de mayor calidad que algún otro reseñado anteriormente en estas páginas.

El trabajo sobre el terrorismo en Barcelona entre 1904 y 1909 es un estudio ejemplar de la conexión entre la política local barcelonesa, la competencia con el lerrouxismo, las disputas internas en el anarquismo y la aparente sinrazón de la oleada de bombas que asoló la Ciudad Condal hasta el fin de la década. También se dedican las páginas finales a las repercusiones de las bombas en la política española (reforma de la policía, reacciones de los patronos y campaña de protesta –con la creación del Bloque de Izquierdas– contra la ley antiterrorista de Maura).

En el segundo artículo, Romero Maura sostiene que las condiciones políticas españolas del período 19171920 resultaron favorables a la puesta en práctica del ideario anarcosindicalista, a diferencia de otros países europeos, donde sucumbió el sindicalismo revolucionario. Sin embargo, a partir de aquí, el autor no aborda esas condiciones políticas favorables, sino más bien el carácter mismo de la concepción anarquista de la revolución y –quizá lo más interesante– la dinámica interna que resultó en el encumbramiento de los militantes más violentos en la CNT.

En el tercer artículo traducido, Romero Maura analiza el conflicto entre el ejército y los catalanistas en la primera década del siglo. Se entiende que el militarismo no era un peligro para el poder civil después de la derrota militar ante Estados Unidos, y que a falta de peligro «exterior», los militares españoles vieron su honor entredicho por las que consideraron provocaciones catalanistas, ejemplificadas en las sátiras del diario Cu-Cut! Oficiales de la guarnición de Barcelona asaltaron la redacción y presionaron para reforzar la ley que castigaba las ofensas contra el ejército. Romero Maura señala que con la nueva legislación –la Ley de Jurisdicciones de 1906– salió humillado el poder civil, precio a pagar por la ineficacia judicial. Quizá, la humillación respondió más a la constatación de un poder militar superior al civil.

El ensayo inédito que Romero Maura incluye en este libro es de una categoría muy diferente a los anteriores. Si en éstos la violencia se relacionaba con el proceso político y la competencia interna dentro y entre las organizaciones, en «La articulación de la violencia...» se exponen –con un estilo barroco de muy difícil lectura– planteamientos basados en la «historia de las construcciones mentales» y de las «secuencias conceptuales individuales». El autor indica que, en el fondo, la comprensión de la violencia descansa en la moralidad individual, de una decisión personal centrada en diferentes nociones del bien y del mal. «La clave moral es el hontanar cognoscible del que fluye la violencia observable». Una violencia que es permanente, más allá de condiciones políticas y sociales, porque «el dragón de la violencia política es inmortal». No obstante, en algunas de las más de cien páginas de las que consta el ensayo, se realizan afirmaciones dignas de una mayor extensión argumental. Como la constatación de que la violencia anarquista durante la Segunda República no hizo peligrar la integridad del Estado, o la sugerente idea de que el tipo de violencia política existente en la primavera de 1936 nunca hizo caer por sí misma a un régimen.

EL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LOS ENFRENTAMIENTOS

Los cuatro libros examinan la historia de la violencia política en España durante varias décadas del siglo XX, pero sólo en algunos de los trabajos se ha considerado oportuno definir lo que es la violencia política. En el caso de El máuser y el sufragio sorprende la ausencia de definición, por cuanto el autor incorpora teorías sociológicas a sus referencias históricas. En el libro dirigido por Santos Juliá, únicamente Boyd, Cabrera y Del Rey, y el propio Juliá sólo en la introducción, se refieren de forma expresa al concepto que va a utilizarse. Romero Maura también lo precisa en el último ensayo de su libro. En mi opinión, existe violencia cuando al menos una de las partes participantes en un enfrentamiento produce daño en bienes o personas, o amenaza con hacerlo. Pero muy diferente es la definición de Cabrera y Del Rey, ya que incluyen en el concepto toda acción que conculca derechos, lo que diluye cualquier distinción con la acción colectiva pacífica, procedente y causante a la vez de conflictos. A ningún autor se le ha ocurrido afirmar, y menos utilizar en sus estudios, que la violencia política está inscrita en la acción colectiva o acción política, para, de esa manera, enfocar el análisis de la violencia política no como un fenómeno anormal, excepcional o al margen de las actuaciones no violentas, sino con las mismas herramientas conceptuales que las de la acción colectiva o acción política de la que forma parte.

Los distintos autores difieren notablemente sobre la sustancia de «lo político» en la violencia. Gil Andrés y Romero Maura aciertan al considerar que la violencia política se refiere a toda aquella que afecta a la organización y funcionamiento político de la sociedad. En particular, el primero de esos dos autores es el único que afirma que aunque las «voces del pueblo no se escuchen en las Cortes, no quiere decir que, a su manera, no participen en política», porque buena parte de la violencia colectiva sufre la influencia y repercute a su vez en la política de las élites, además de producir enfrentamientos con las autoridades (Ayuntamientos, Guardia Civil y Ejército). La violencia es política, entonces, en cuanto afecta o interviene alguna esfera de la actuación del Estado, sea el régimen político o la administración, sean las políticas gubernamentales o el poder estatal. La violencia política es un tipo de acción colectiva que intenta llamar la atención, influir o modificar directamente las relaciones de diferentes grupos sociales o políticos entre sí y con el Estado. Aunque en los libros reseñados algunos autores realicen de forma paradójica análisis de la violencia en el ámbito de las relaciones laborales, de la propiedad de la tierra, o de la religión y la iglesia, la mayoría de los trabajos se sitúan en un marco muy restringido de «lo político», pues parten de una visión exclusivamente relacionada con la lucha por el poder, y vinculan estrictamente su uso con ideologías políticas, o planificarse a través de organizaciones políticas.

Y aquí reside el principal de los problemas destacables en los estudios sobre la violencia política reseñados. Con la excepción de Gil Andrés y Julio de la Cueva, que vinculan la violencia colectiva a enfrentamientos y conflictos sociales concretos, el resto de autores reduce y desplaza el objeto de estudio –la violencia– a las ideologías que la legitiman y a las organizaciones políticas que la postulan. Lo que intentan explicar realmente no es el fenómeno social y político de la violencia en su conjunto, sino sólo los discursos sobre los que se sostiene y las organizaciones que la rodean. Al producirse este desplazamiento del objeto, no puede entenderse la violencia en toda su amplitud.

En todos estos casos queda lejos el interés por el propio enfrentamiento, una serie o sucesión de actuaciones y acontecimientos de naturaleza política en los que intervienen diferentes partes, para la resolución directa o indirecta a su favor de los conflictos planteados. El enfrentamiento es, por lo tanto, el marco en que se desenvuelve cualquier actuación conflictiva, bien sea pacífica o violenta. El análisis de la violencia política debería partir de su relación con el enfrentamiento en diferentes niveles. En primer lugar, la violencia política, al situarse en el enfrentamiento entre distintas partes, aparece en estrecha relación con la actitud e intervención de cada una de ellas. Aunque el ejercicio de la violencia política se debe a la iniciativa de una parte, es también respuesta a las iniciativas y posiciones de otras partes. En segundo lugar, al producirse el enfrentamiento a lo largo de un proceso, con un antes, un durante y un después, las posiciones e intervenciones de los protagonistas cambian; en el transcurso, incluso, los propios protagonistas no son siempre los mismos. En tercer lugar, los procesos políticos están continuamente ofreciendo oportunidades y, al contrario, negándolas, bajo determinadas condiciones, para que se entablen o no enfrentamientos de forma pacífica o violenta. En cuarto lugar, la posición de las distintas organizaciones del Estado puede calificarse de decisiva en la mayoría de los enfrentamientos, bien como árbitro, bien como desafiante u oponente directo. En último lugar, la utilización de la violencia debe relacionarse también con una constante interpretación y reinterpretación de su legitimidad en relación con el carácter del enfrentamiento, teniendo en cuenta la crítica de las experiencias pasadas, la imagen de los adversarios políticos, la identidad colectiva de los desafiantes y la eficacia simbólica y material de su uso.

Por todo ello, no es más útil contemplar la violencia política desde el exclusivo enfoque de la ideología o de la trayectoria institucional de la organización política; como tampoco lo es entenderla de forma estática, como corolario exclusivo de unos planteamientos prácticamente inamovibles, a cargo de un solo protagonista, de su solitaria voluntad, prescindiendo de los procesos políticos, de los antagonistas y observadores, de la correlación de fuerzas, así como de la instancia que reivindica el monopolio de los medios de coerción: el Estado.

Aunque la lucha por el poder de la organización estatal ha sido el ámbito más visible y espectacular de violencia política por dar lugar a revoluciones, no puede olvidarse que la violencia ha constituido un recurso político para competir y obtener influencia en otros ámbitos políticos. Uno de los más importantes, sin duda alguna, ha sido el de la competencia en el seno de organizaciones y entre organizaciones del mismo espectro político, como ilustran las experiencias anarquistas analizadas por Romero Maura y Julián Casanova, o los enfrentamientos entre comunistas y socialdemócratas europeos en los años veinte. Además, se ha utilizado –y aún desgraciadamente persiste– la violencia para aterrorizar, amedrentar, anular o eliminar a los adversarios políticos, estrategias muy arraigadas en la guerra civil rusa, en la española, o en la trayectoria de nazis, fascistas, de ETA o del IRA. También hay que tener en cuenta la utilización de la violencia política, más que ninguna otra forma de acción colectiva, para demostrar o expresar poder, por ser directa, contundente e irreversible, con efectos sobre la propia comunidad a la que se afirma representar, como avalan el asesinato masivo de religiosos en el verano de 1936 y, de nuevo, el terrorismo de ETA. Por último, la violencia política ha sido un recurso muy utilizado hasta hace un siglo para defender derechos tradicionales –como el pan barato– frente a quienes se entendió que socavaban su vigencia.

La expresión de violencia colectiva es y ha sido, en definitiva, un recurso utilizado en la dinámica de los enfrentamientos entablados para resolver conflictos. En última instancia ha dependido del carácter político de los enfrentamientos. Al igual que éste ha variado en el transcurso histórico, también lo ha hecho el papel, así como los significados, de la violencia. Afirma Romero Maura que «el dragón de la violencia política es inmortal» y que «cuando está quieto es porque duerme amodorrado o, a lo sumo, hiberna en alguna catacumba». Esto es así porque el cambiante carácter político de los enfrentamientos a los que alude la violencia condiciona su amodorramiento o su despertar.

01/09/2001

 
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