ARTÍCULO

El fiscal histórico

CSIC/Fundación Mapfre Tavera, Madrid
800 pp. 42,42 €
 

Debemos a Carlo Ginzburg una incisiva analogía entre el trabajo del historiador y la función que realiza el juez que, a partir de la producción de evidencias, dictamina sobre las causas y motivaciones que subyacen a unos hechos consensuados como relevantes. Pero en ocasiones las circunstancias favorecen que un historiador acabe asumiendo otra personalidad del proceso judicial, la del fiscal inquisidor que se encarga de fundamentar los cargos, hacer acopio de las pruebas e imputar la autoría de los hechos a determinados sujetos. Esto es lo que ha venido a hacer José Andrés-Gallego con el motín de Esquilache al presentarnos un expediente de ochocientas páginas con las que trata de resolver uno de los enigmas singulares de esta revuelta: la ausencia en ella de un liderazgo visible que reivindicase su autoría. Desde entonces se arrastra el prejuicio ­una minuta sin fecha ni autor que el libro recoge en la página 457­ de que «la gente más vil, infame y pobre» que la protagonizó no pudo haberlo hecho «sin ser gobernados con instrucción, regla y disciplina», lo cual llevó ya entonces a la sospecha de que necesariamente hubo «principales cabezas auxiliadoras» de unos sucesos que suspendieron momentáneamente el gobierno urbano y cortesano de Madrid y provocaron la salida del rey Carlos III a Aranjuez, extendiéndose después la revuelta por otras ciudades. El informe acusatorio encargado por el conde de Aranda a Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, tras el apaciguamiento, desembocó eventualmente en la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios de la monarquía hispánica. El libro tiene algo de desquite de aquellas secuelas, y es por ahí por donde se difuminan los límites entre la función del historiador y la del fiscal.
El expediente de José Andrés-Gallego, dirigido a un público actual y civil, adopta la forma de un relato moderno de intriga política, lo cual hace la lectura del texto bastante gratificante y amena. Consigue además crear suspense al presentar de manera dosificada, combinando temáticas y cronología, distintas hipótesis perseguidas con gran minuciosidad: no en balde son veinte años de dedicación a la reconstrucción de unos hechos que ahora puede efectuarse con una notable orquestación no exenta de maestría. La estructura dramática está diseñada de manera que converjan sobre la figura de don Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, los odios y animadversiones de muy diversos sectores sociales y entidades jurisdiccionales y soberanas vulnerados en sus intereses o denigradas por las políticas del secretario de Hacienda del rey borbón: la aristocracia, los colegiales, la Iglesia, Francia, Portugal y, de forma más concreta, el duque de Alba o Campomanes, entre otros. Pero no hay en ello intención de dejarse llevar por la licencia literaria o retórica, sino de apoyar en evidencias las conclusiones a que entonces llegaron incluso los menos detractores del marqués: como diría a toro pasado Bernardo Tanucci, miembro de la Regencia de Nápoles y sobre cuyo epistolario se construye una parte importante de la trama, Esquilache «col far troppo» había terminado granjeándose enemistades por doquier. Sobre todo, aunque no sólo, las de unas clases populares que, especialmente en la corte, venían soportando el empeño de Esquilache de convertir Madrid en la capital que el comercio y civilización de los tiempos le exigían aparentar, policía mediante. El último episodio de su aluvión normativo fue la conocida prohibición expeditiva de llevar capas largas y lucir sombreros chambergos, que desató el denominado Alboroto Madrileño en medio de una amenazante carestía producida por malas cosechas e imputada a la reciente libertad de comercio de granos.
El autor comienza recogiendo una por una las acusaciones vertidas en los numerosos pasquines, coplillas y opúsculos aparecidos durante los sucesos de marzo de 1766 y las rastrea hasta sus últimas consecuencias, buscando esclarecer su solvencia como pistas que apuntan hacia una autoría. Los escenarios de investigación se amplían por esa vía hacia lugares tan lejanos como el Perú virreinal o la Manila cedida por los británicos, y tan insospechados como las comunidades de comerciantes franceses en España y el contrabando entre Nápoles, Marsella y la Península en el Mediterráneo. Esto es lo que justifica ese título en el que el tumulto madrileño parece situarse a modo de vórtice de una serie de convulsiones latentes en el seno del sistema de Estados europeos en una fase de crisis imperiales y formación de naciones.Y el resultado es un libro de historia que tiene mucho de radiografía de las tensiones políticas de la primera parte del reinado de Carlos III y en el que la alta política y la diplomacia ocupan un lugar por derecho propio.
Conforme se avanza en las páginas del texto, sin embargo, algunas maneras características del historiador van quedando sepultadas en un afán de acopio de evidencias. Una bastante llamativa es la tendencia del autor a presentar los datos citando las fuentes originales, como en los casos que existen versiones editadas de las mismas o literatura secundaria que ya ha abordado el asunto y empleado esas mismas fuentes. José Andrés-Gallego blasona de haber visitado más de cien archivos en su pesquisa acerca de quién estuvo realmente detrás del motín de Esquilache, pero esto mismo hace surgir la duda de si semejante esfuerzo ha sido realmente indispensable para dar respuesta a la cuestión. La descripción que se hace, por ejemplo, de los problemas de gestión del comercio y la soberanía en los nuevos lindes entre los imperios español y portugués (una zona de colonización a cargo de jesuitas en el río de la Plata) se vuelve tan prolija, acompañándose de un aparato de mapas y recuadros con información, que desvía excesivamente la atención del asunto que se pretende. El interés de estas ramificaciones se justifica por su contribución a la comprensión del escenario que daría paso al motín, pero dejan la sensación de que estamos ante una presentación de pruebas que se pretende definitiva y desde cero y que, cuando roza la actuación de los jesuitas, parece en cierta medida ajena a la búsqueda del conocimiento científico y académico.
Y lo que ya resulta incomprensible, al menos desde la perspectiva de la tarea habitual consensuada del historiador, es que en una monumental reescritura de los orígenes, desarrollo y consecuencias de la revuelta de las ciudades españolas en 1766 dedique apenas cinco páginas a «lo que los historiadores han dicho» hasta el momento sobre el tema, y en la práctica sólo tres a la producción de los últimos treinta años. Es cierto que no se ha escrito excesivamente de manera monográfica sobre el tema, y que hay una tendencia a repetir las tesis dominantes ­esto es, que en el motín de Esquilache se mezclaron una crisis de subsistencia típica del Antiguo Régimen con un complot político­, pero no es menos cierto que estas tesis se apoyan de manera más o menos explícita en teorías de la sociedad y el conflicto cuya discusión es lo que, con el apoyo de la investigación empírica, garantiza la renovación de las perspectivas. A José Andrés-Gallego no parece en este trabajo interesarle lo más mínimo esta dimensión del trabajo del historiador, y ello termina lastrando el alcance de su interpretación, que él considera «más compleja que todas las dichas juntas».
Hay que reconocer que el libro aporta facetas del motín hasta ahora desconocidas o inconexas. Tal es el caso de las relaciones entre las agitaciones antifiscales de algunas colonias americanas en 1765 y la protesta madrileña, en la que proliferaron sátiras que dejaron constancia de una preocupación generalizada por que la política de Esquilache estuviera poniendo en riesgo la estabilidad del imperio. Dando, por cierto, la razón a Campomanes ­para quien la importación de granos desde Sicilia autorizada por el marqués para abastecer la corte distorsionó el funcionamiento «natural» esperable de unos mercados recién liberados de la tasa y el acopio de los pósitos­, el autor reconstruye todo un eje de tensiones por el abasto generado en pueblos situados entre Madrid y Valencia, y que tendría su expresión en esa primavera convulsa de 1766. Los problemas, en fin, derivados del viraje en la política internacional efectuado por el rey Carlos, aproximándose a Francia a costa de Inglaterra y Portugal, sin por ello resolver todos los espinosos asuntos que suscitaba la renovación del Pacto de Familia con sus parientes borbones, son también interpretados buscando sus vinculaciones con las tramoyas del tumulto.
Pero, entre tanta hipótesis inquisitiva, el planteamiento va poco a poco renqueando hasta desembocar en un puzle de posibilidades apuntadas mas no del todo afirmadas que, aunque sugieren que ha de ser el lector quien finalmente debe dictaminar sobre los hechos, traslucen el fracaso de la pesquisa. Son especialmente decepcionantes las conclusiones, que se centran exclusivamente en la expulsión de los jesuitas y sus consecuencias, entre las que reciben importancia cuestionable, entre otros asuntos, los «efectos pastorales» de la expulsión. No hay rastro de otras secuelas de un motín que abrió, como se sabe, a la más prolongada e intensiva oleada de reformas ilustradas.Todo esto aumenta exponencialmente la sospecha de que José Andrés-Gallego ha diseñado su investigación como un desquite contra esa ilustración de juristas encarnada en el fiscal Campomanes, quien acusó a los jesuitas habiéndosele escapado en realidad el verdadero autor del complot. Así como otros han hecho ya en el pasado de abogados de la Compañía, él parece motivado por el afán de ejercer de fiscal vicario, sustituyendo al fiscal histórico y retomando los hilos de una trama nunca bien resuelta.
La dificultad de esta tarea es que el público para el que escribe no es el de las autoridades del Antiguo Régimen, sino los ciudadanos de un orden social cualitativamente diferente al de la España de 1766. A aquellos seguramente se les escaparía información que ha estado esperando en los archivos, y permanecerían ciegos a determinados procesos de fondo de su propio tiempo; pero a su vez, en la traducción del escenario de partida de la revuelta ofrecida al público actual, puede haberse producido una irremediable pérdida de significado que hace imposible la comprensión de los hechos cuya autoría se trata de esclarecer. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, se definen las Juntas de Abastos contra las que se ensañaría la ira popular como si fueran unos «organismos sencillamente de gestión»; o cuando el decreto de libertad de granos se etiqueta como una medida «fisiocrática» supuestamente establecida en una cultura económico-política en la que dicha corriente francesa no terminaría nunca de afirmarse; o cuando la primera secuela institucional del Alboroto ­la elección del personero y síndico del común en los municipios­ es vista como una medida «democrática» extrañamente adoptada en un orden jurídico-político que no reconocía derechos de ciudadanía. Al final, presa de esas convenciones, la tesis del libro termina considerando como principal tendencia de fondo causante de la revuelta el regalismo carolino, interpretado éste desde un lenguaje que no es el más adecuado para reconstruir la manera en que los súbditos y cortesanos, juristas y clérigos del XVIII concebían el problema de las relaciones entre la monarquía y el resto de los cuerpos que formaban la constitución. Regalismo con el que, por cierto, está señalándose al propio fiscal histórico Campomanes como plausible cerebro gris de la maquinación contra Esquilache.
El libro, en fin, debe tenerse como una contribución, según se reconoce en un momento, a «completar algunas pistas que hasta ahora no se habían seguido». Otras varias quedan, no obstante, fuera del ámbito de interés. La pista menos trabajada es, desde luego, la que conduce a las clases populares. El «pueblo» protagonista del motín es el gran ausente en toda esta vigilante reconstrucción y dramatis personae, no habiendo merecido al autor siquiera una somera foto-fija sobre sus estructuras económico-sociales, cuando no de sus identidades y mentalidad. El autor se deshace con rapidez de toda la cuestión de las carestías, que queda desplazada al trasfondo, como un elemento influyente en el proceso, pero de rango menor. En ese mismo paso está autorizándose toda una tradición que, desde muy atrás y con el miope respaldo de Pierre Vilar, viene considerando el rechazo a los cambios impuestos en el uso de las capas y los sombreros como mero asunto de folclore. Este posicionamiento contradice, para empezar, la pretensión de perseguir hasta el final todas y cada una de las pistas que se abren a partir de las exigencias que dejaron escritas los alborotadores; pero revela, además, insensibilidad hacia debates de rabiosa actualidad que entonces se ventilaban en esta cuestión del traje español: pues detrás del asunto de la vestimenta se hallaba el temor a que el comercio ­y sus secuelas: el lujo y la civilización­ fuese a corromper las costumbres y la ordenación interna consideradas propias del cuerpo social.
Para reconstruir este aspecto del contexto no se necesitan exhumar muchos documentos; su importancia es manifiesta, en cambio, cuando se pone en relación con otras representaciones entonces en juego. Los acontecimientos de 1766 desataron una necesidad de reinterpretación del orden de la Monarquía y ello fomentó la actualización de viejos lenguajes y la adopción de otros nuevos, los cuales, como ahora sabemos para otros casos europeos, podían ser empleados por sujetos diferentes y entremezclarse en función de contextos cambiantes. Junto a lenguajes corporativos y dinásticos, emergen discursos fidelistas, «nacionistas» y, especialmente, en la tradición del humanismo cívico. Así, por ejemplo, la interpretación que de la represión del llamado «motín de los broqueleros» de Zaragoza ­remedo del de Esquilache en Madrid­ hizo entonces Tomás Sebastián y Latre refleja esa recuperación de un lenguaje republicano en un país tradicionalmente opaco a su influencia directa; algo relacionado con ese retraso puede también haber detrás de la fácil imputación a los jesuitas de las doctrinas del tiranicidio. Andrés-Gallego confunde reiteradamente estas tradiciones discursivas, que llega a considerar propias de una mentalidad «patriótica, casi nacionalista, diríamos que protorromántica», y las imputa de modo excluyente a una pétrea aristocracia sobre la que no se dibujan matices. Si se tiene en cuenta que la imagen más generalizada entre los amotinados sobre el gobierno de Esquilache era su condición de «despotismo tiránico», la cuestión de los lenguajes y sus usos resulta determinante: sugiere con fuerza que, a diferencia de la época de los Austrias, bajo los Borbones la insinuación de la figura de un valido podía ser detonante de un rearme interpretativo en la esfera de la opinión pública.
Es cierto que Andrés-Gallego señala la relevancia del discurso, pero en la actividad hermenéutica no pisa terreno firme. Las limitaciones de este trabajo no están, sin embargo, tanto en las respuestas que ofrece, sino más bien en la pregunta misma que se plantea. Centrarse en la supuesta autoría de un complot que habría manipulado a las masas populares para derribar un gobierno personal tiene dos efectos contraproducentes sobre la calidad de la investigación. Por una parte, orienta la pesquisa hacia la imputación a personas concretas, que pueden no ser identificadas nunca; y, por otra, deja de lado la cuestión que realmente ocupa al historiador-juez, es decir, las causas que subyacen al acontecimiento. Las conclusiones de AndrésGallego terminan así reproduciendo el esquema tradicional más de lo que él está dispuesto a asumir. Parte de que los motines en las provincias fueron «económicos», reservando para el de Madrid el componente «político», pero además pierde de vista que «lo que hubo detrás del motín» puede haber escapado al control de los agentes individuales y colectivos instigadores. El autor hace aquí oídos sordos a esa gran verdad que el virrey de Nueva España dejó escrita en la antesala del motín: que los rumores no tienen por qué ser ciertos; lo importante es que sean tenidos por verdades.
Al asumir sin cuestionamiento que alguien urdió la trama que acabó con Esquilache el libro queda clasificado como un intento de reafirmar la relevancia del complot que hemos heredado desde tiempos de Campomanes y la historiografía liberal. En lo que más se mantiene ese prejuicio viejo, asumido implícitamente desde la primera a la última página del texto, es en que el pueblo madrileño era incapaz por sí solo de ser un agente portador de significado y de actuar en consecuencia. El autor se incorpora así al elenco de inquisidores encargados ya entonces de presentar al pueblo madrileño en acción como un ente monstruoso al que debía negársele representación en el cuerpo de la monarquía.Al hacerlo pierde la oportunidad de contarnos desde un mayor distanciamiento lo que se destila de su propia presentación: que lo que se ventiló en 1766 fue, nada menos, que una pugna por definir qué sujetos estaban autorizados y cuáles no en el orden de la monarquía, incluidos, aunque no en primer lugar, los jesuitas, sin que nadie susceptible de ser acusado del complot pudiera seguramente prever que el intento de acabar con el poder personal de Esquilache desencadenaría una tan temprana e inadmisible manifestación de un sujeto colectivo popular expresando su repudio de la tiranía.

01/02/2006

 
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