Oda a la muerte por mutilación de la investigación pública en España

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Casi a diario leo noticias sobre los recortes y los conflictos que vienen padeciendo los centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y acabo de leer una carta que Nazario Martín, presidente de la COSCE, órgano que agrupa a las sociedades científicas españolas, dirige a los presidentes de dichas sociedades a propósito del presupuesto de I+D+i presentado por el Gobierno en este año de elecciones. Aunque las aludidas noticias conflictivas se han referido principalmente al CSIC, en la universidad, donde se realiza una fracción aún mayor de la investigación, la situación puede que sea incluso peor. El CSIC tiene una indudable unidad de propósito, al ser una institución especialmente focalizada en la investigación, mientras que en la universidad nunca llega a igualar a la docencia como prioridad por la existencia de una cierta fracción del personal docente que no investiga.

Como científico jubilado de larga duración, tal vez deba poner por delante mis credenciales para hablar de estos temas: fui miembro del Consejo Rector del CSIC entre 1998 y 2007, e investigador universitario hasta 2008, siendo mi último trabajo publicado de 2009. Por otra parte, no he dejado de frecuentar la universidad y de seguir los éxitos y desengaños de antiguos colegas, discípulos y alumnos. A ellos dedico estas reflexiones que están dirigidas a la generalidad de los lectores.

Lo primero es señalar la ambigüedad de la palabra «recorte» cuando se emplea en el presente contexto. Los agrónomos sabemos que los sabios recortes del podador pueden devolver el vigor perdido a un árbol frutal, pero que el hacha aleatoria del que meramente busca una cierta cantidad de leña puede provocar una mutilación letal. Cuentan que un paciente dijo a un cirujano que necesitaba perder un tercio de su peso y éste, sin dudarlo un minuto, le mutiló la cabeza y las extremidades.

Nazario Martín señala que «Visto objetivamente, se podría pensar que, al fin y al cabo, la cantidad total destinada a I+D se ha incrementado (con respecto a la consignada para 2015) en 23,1 millones de euros, lo cual es un dato positivo. Sin embargo, es preciso recordar que nuestro sistema de I+D+i en España ha sido, sin duda, uno de los ámbitos más perjudicados durante la crisis. Esto se entenderá fácilmente si se considera que el total presupuestado para 2016 representa el 66% de los recursos dedicados en el año 2009 –el techo histórico– y el 75% de lo dispuesto para el año 2011, el último de la pasada legislatura». Aquí pretendo argumentar que la señalada disminución presupuestaria ha sido producida más bien por un hacha ciega en busca desesperada de leña presupuestaria que unos juiciosos recortes realizados con el beneficio de la probada prudencia del podador.

Cuando digo mutilar, me refiero tanto a la magnitud de las reducciones de presupuesto como a las formas de hacerlas. Se mutila cuando se retrasan indefinidamente las fechas de adjudicación de proyectos y de becas de investigación; se mutila cuando se ofrecen tres o cuatro oportunidades a una lista de demandantes de varios cientos (número parecido al de premiados en la lotería primitiva); se mutila cuando no se reponen los puestos liberados por los investigadores que se jubilan; se mutila cuando se hace un ERE que afecta no a los menos eficientes o los menos necesarios para el funcionamiento del sistema, sino a aquellos cuyo despido sea más fácil y barato; se mutila cuando se priva a los centros de personal auxiliar especializado; se mutila cuando se da pie a que se formen «grupos de un componente» y cuando se priva de los medios mínimos para realizar su trabajo a los investigadores, haciendo vana la inversión en sueldos e infraestructuras; se mutila cuando se maquillan los presupuestos con partidas destinadas a créditos que los investigadores no pueden asumir y que nunca acaban utilizándose, y podría seguir enumerando mutilaciones.

Dice también Martín en su carta: «La novedad en este nuevo ejercicio presupuestario radica en que los fondos no financieros aumentan en 269,64 millones de euros, mientras que los financieros disminuyen en 246,54 millones de euros. Este descenso se distribuye en tres quintos en fondos civiles y dos quintos en fondos para la Defensa. Hay que señalar, también, que de los OPI (Organismos Públicos de Investigación), prácticamente sólo el CSIC ve aumentado sus recursos. Un último aspecto ciertamente preocupante es el dato de los recursos dedicados a la formación de personal, en particular de doctorandos, que se mantiene en cantidades muy reducidas, como en años anteriores. En este sentido, el notable envejecimiento de las plantillas y la falta de inversión en recursos humanos y su formación están conduciendo el sistema de I+D+i a un callejón sin salida de difícil recuperación y cuyo resultado repercutirá negativamente en nuestros jóvenes y al mencionado sistema. Aun así, y tras varios años de deterioro, las universidades están haciendo un esfuerzo al tratar de recuperar, a distintas velocidades, la plena reposición de plantillas».

¿De verdad es necesario dedicar dos quintos de los recursos a investigar sobre armas? ¿Podemos permitirnos renunciar a la formación de doctores? ¿Es ésta la política de cambio de «ladrillos por neuronas»? Con estas palabras me solidarizo con los directores de centro disidentes del CSIC y con el escrito de los directores de centros de excelencia «Severo Ochoa». ¿Para cuándo la tantas veces prometida Agencia Estatal de Investigación? ¿Para cuándo una política científica de Estado?

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