Del 11 al 17 de abril, la revista descansa por Semana Santa

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En 2021, Mark Zuckerberg tuvo una epifanía. No era la primera, que ésa fue la de 2004, cuando fundó Facebook, una compañía que quiere crear un mundo genuinamente humano facilitando relaciones entre personas que no necesariamente se conocen entre sí, pero se han hecho amig@s porque tienen algo en común como un apellido; su afición a la fideuá; ser del Atleti o lo que se tercie. Facebook les permite intercambiar información, formar grupos sociales o ciscarse virtualmente los unos en los otros y, a cambio, aglomera sus datos y los vende a compañías que les proponen comprar un árbol genealógico común, maravillosas recetas de fideuá o la camiseta que vestía Ben Barek, la perla negra del Atleti, aquel 12 de noviembre de 1950 cuando le cascó al Madrid dos de los seis goles que los merengues se chuparon aquel día.

La epifanía de 2021 tenía aún mayor ambición. En 2020-21 Matthew Ball, un empresario de capital riesgo, había lanzado una serie de ensayos sobre lo que llamaba el metaverso. Según Ball, las tecnologías de comunicación digital harán posible una nueva realidad que fundiría el mundo físico con el virtual; contaría con un sistema económico propio; y ofrecería una «interoperabilidad sin precedentes», sea eso lo que fuere. A la nueva realidad había que dotarle de un nombre propio y así apareció el metaverso, algo más allá del universo que la humanidad ha conocido desde su aparición como especie en el África austral.

Zuckerberg hizo suya la idea con un arrebato tal que le llevó a imponer hasta un cambio de marca, una maniobra de mercadeo siempre arriesgada. Facebook Inc pasó a llamarse Metaverse Platforms. En pocas palabras: los pobladores del metaverso podrán desdoblarse en diferentes y múltiples avatares e intercambiarán ideas, bienes y servicios en los ámbitos metaversales de su elección. Tendremos, pues, varias vidas a la vez. Ninguna compañía podrá gobernar el metaverso, una especie de internet hecha carne o, mejor, holograma en donde participarán sus innumerables residentes.

Quien haya visto Ready Player One, otro reciente bodrio de Steven Spielberg sobre la novela del mismo título de Ernest Cline, puede hacerse una idea de lo que está tramando Zuckerberg y por qué el metaverso tiene también encandiladas a otras tecnológicas como Microsoft. Al parecer, esa fusión del mundo analógico con el digital creará otro por fin distinto del tridimensional que hemos conocido hasta ahora. El metaverso vendrá en cuatro, en quince, en X+1 dimensiones. Imagínense los beneficios que Metaverse Platforms puede sacar al invento multiplicando por cada una de ellas a sus 3.500 millones de usuarios registrados o a los 2,900 realmente activos de 2021 y teniendo en cuenta sus resultados de 2020: US$86 millardos en ingresos, con un beneficio neto de US$29 millardos.

Estoy exagerando por supuesto, pero con justificación. No me interesa lo más mínimo lo que suceda con las ganancias de esa compañía execrable. Pero el entusiasmo por el metaverso se ha extendido al ámbito político USA y me interesa plantear hacia dónde puede conducir y por qué. Allí, aunque no con ese mismo nombre, lleva años en gestación.

El Partido Demócrata de Estados Unidos lo ha ensayado desde años atrás y ha acabado por impulsarlo con velocidad vertiginosa desde que Trump fuera inopinadamente elegido presidente del país en 2016. El proceso se decantó con claridad en los años del presidente Obama, pero había empezado a tomar forma tras las disputadísimas elecciones del año 2000.

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El domingo 30 de enero 2022 NYT colocaba en la portada de su versión digital una investigación provocativa bajo el titular «Los demócratas solían denunciar el dinero opaco. Pero lo usaron para ganar en 2020». Seguía una entradilla: «NYT revela cómo la izquierda superó a la derecha en ingresos y gastos provenientes de donantes opacos para derrotar a Donald Trump y alzarse con el poder en Washington».

Durante años, políticos de los dos grandes partidos habían denunciado el exagerado papel del dinero en las elecciones y sus críticas llevaron a la aprobación en 2002 de una ley bipartidista para reformar las campañas electorales. En sustancia, se prohibía a las compañías privadas y a los sindicatos usar sus fondos para atacar nominalmente a alguno de los candidatos. La medida fue recurrida y finalmente en 2010 la Corte Suprema la declaró inconstitucional por limitar el derecho a la libertad de expresión. A partir de ese momento el Partido Demócrata se convirtió en un crítico feroz de una decisión que, decía, limitaba las posibilidades de sus candidatos frente a los del Partido Republicano, tradicionalmente más apoyados por el dinero privado y por la financiación opaca.

Bienvenidos al metaverso. Según NYT en 2020 esa financiación había cambiado de bando. Su análisis muestra que quince de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro generalmente aliadas con el Partido Demócrata gastaron más de US$1,5 millardos en influir sobre las elecciones 2020 por comparación con los 900 millones de las 15 alineadas con el partido republicano. De ser cierta, esa conclusión demostraría la adicción bipartidista a una infraestructura electoral nebulosa, capaz de activar gastos millonarios con un secreto total y peligrosa para la confianza en el sistema político.

Sixteen Thirty Fund, un avatar metaversal y pro-demócrata en ese submundo, se convirtió en una fabulosa caja de compensación para el dinero opaco; recibió donaciones misteriosas -de hasta US$50 millones alguna- y distribuyó grandes cantidades entre más de 200 grupos progresistas. Su gasto subió a US$410 millones, un total superior al del comité electoral del partido demócrata. Future Forward USA Action, otro fondo sin ánimo de lucro que apoyó a Biden y que cuenta con sólidos apoyos entre los multimillonarios de las tecnológicas de Silicon Valley, generó US$150 millones en 2020. Según fuentes federales, este grupo transfirió más de US$60 millones a un comité electoral pro-Biden, gastó US$25 millones en campañas de televisión y alrededor de US$3,2 millones en análisis electorales.   

En total, el gasto de origen opaco fue muy superior a los fondos obtenidos a través de las pequeñas donaciones permitidas a los particulares y también a los fondos abiertamente recaudados por la campaña electoral de Biden (que rompió récords con un millardo de dólares) y por la de Trump (más de 819 millones).

Tradicionalmente, el dinero oscuro había favorecido a los republicanos. Sin embargo, en 2020 los grupos conectados con el Partido Demócrata se convirtieron en aventajados aprendices de sus competidores y manejaron con mayor habilidad los resortes del dinero negro. «Aunque nos preocupe la influencia política de los intereses especiales, también tenemos que proveer a los progresistas con una cierta igualdad de oportunidades», decía una de sus recaudadoras.

Sixteen Thirty forma parte de esa amplia red de entidades progresistas sin ánimo de lucro que han ido llenando espacios vacantes en el casillero político. Buena parte de ellas comparten un mismo administrador: una consultora política privada llamada Arabella Advisors. En total, los participantes en su red gastaron US$1,2 millardos en 2020 y pagaron US$46,6 millones a Arabella por su gestión. Arabella no informa sobre los donantes individuales a los fondos que gestiona, pero algunas fundaciones respaldadas por personalidades progresistas bien conocidas han tenido la obligación fiscal de hacerlas públicas. Así se ha sabido que una de ellas, dependiente de Pierre Omydar, el fundador de eBay, y otra de George Soros reportaron donativos a la causa por un total conjunto de US$67 millones.

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Otra noticia llamativa de las últimas semanas ha sido la propuesta lanzada por dos congresistas republicanos ante la Conferencia Conservadora Nacional de noviembre pasado que reivindicó en una de sus sesiones el poder obrero. ¿Poder obrero? ¿No era ésa una consigna tradicional de las organizaciones izquierdistas? ¿Desde cuándo interesa algo así a un partido conocido por su defensa de las grandes empresas?

Los detalles de la propuesta de ley que se presentará al Congreso no son ciertamente radicales, pero muestran un renovado interés republicano por ampliar su base electoral entre los trabajadores industriales.

Formar sindicatos en Estados Unidos no es una tarea sencilla. Su proceso de creación está sometido a una ley de 1935 (Ley de Relaciones Laborales Nacionales, más conocida como Wagner Act por el nombre del senador que la impulsó) que garantiza a los trabajadores del sector privado el derecho a formar sindicatos, a participar en negociaciones colectivas y a convocar huelgas y otras acciones en defensa de sus intereses. Los sindicatos de trabajadores del sector público, por su parte, se rigen por las disposiciones propias de cada estado.

Pese a ser una ley progresista impulsada durante el primer mandato de FDR (1932-1936), la creación de secciones sindicales es difícil. Se hace empresa a empresa, a menudo –como sucedió recientemente en Amazon– planta en planta, y sólo una vez establecido el sindicato local puede éste afiliarse a alguna de las grandes centrales nacionales.

Para constituirse, una sección sindical puede seguir dos caminos. El más sencillo en teoría y más difícil de hecho es contar con la aprobación voluntaria del empleador y probar que una mayoría de trabajadores desea sindicarse. Cuando eso no sucede, al menos un 30% de los trabajadores tiene que firmar una petición de constitución a la que sigue una votación sobre el fondo. Si una mayoría de votantes es favorable el sindicato queda constituido.

Aunque el procedimiento parece sencillo, llevarlo a la práctica es normalmente mucho más complicado, como lo muestra la escasa densidad de afiliación. En 2020 sólo 10,8% de los trabajadores del sector privado pertenecía a un sindicato.

La legislación federal, por su parte, prohíbe cualquier clase de actividad cooperativa entre trabajadores y empresarios de una compañía si ésta no cuenta con una sección sindical formalmente establecida. Esa disposición, en principio orientada a fomentar la participación sindical, se convirtió con el tiempo y la escasa densidad sindical en una barrera para la buena marcha de muchas empresas.

Con pie en ese problema, en 1995 el Partido Republicano introdujo una propuesta legislativa para superar la prohibición con la creación unas llamadas entidades de impulso cooperativo (EIOs por sus siglas en inglés) similares a los órganos de participación de los trabajadores de algunos países europeos. La legislación fue aprobada en el Congreso pero no consiguió superar el veto del presidente Clinton y quedó fallida. En definitiva, el Partido Demócrata y las grandes centrales sindicales la veían como un ataque directo a su poder político.

Esa es precisamente la propuesta que tratan de renovar hoy los legisladores republicanos bajo la expresión de poder obrero y con una innovación sobre la fórmula anterior: si una compañía opta por crear una EIO tendrá que aceptar la presencia en su consejo de administración de un representante de los trabajadores, con voz pero sin voto. En definitiva, algo similar a la Mitbestimmung alemana.

El proyecto puede parecer un detalle anodino, pero representa una aproximación diferente a la primacía de los accionistas en el gobierno corporativo y es, por supuesto, algo que difícilmente hubiera cabido esperar de un partido republicano especialmente conservador en estos aspectos. Posiblemente acabe de nuevo en la papelera, dado el interés de las dos grandes centrales sindicales en mantener su posición como únicos representantes del mundo laboral y en no apartarse un milímetro de los intereses de los demócratas. Pero, al igual que la noticia anterior sobre el uso del dinero opaco,  muestra los cambios -metaversales por así decir- de posición que están afectando a los dos grandes partidos americanos.

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¿Cómo explicarlos? A mi entender, hay que cargarlos en la cuenta del metaverso político que el partido demócrata ha tratado de generar en beneficio propio.

Tradicionalmente la sociedad USA se ha definido a sí misma mediante la metáfora del crisol (melting pot): una sociedad abierta y capaz de acoger muy diversas formas de vida con tal de que adopten una serie de valores y comportamientos ligados a la libertad económica y política. Todos los ciudadanos que trabajen honradamente, aprovechen sus oportunidades y respeten los valores morales de la sociedad abierta pueden esperar una vida decente y relativamente satisfactoria. La regla, empero, operó por largos años sin incluir a las poblaciones autóctonas -los indios– ni a la minoría negra descendiente de los esclavos africanos -entre 10 y 13% de la población a lo largo de la historia reciente- hasta los cambios introducidos por la ley de Derechos Civiles (1964) y su desarrollo posterior.

Desde los 1980s, la imagen del crisol ha recibido críticas crecientes en las universidades y en los medios de comunicación. Frente a esa fábrica de personalidades homogéneas se resaltaba ahora la importancia de la diversidad. No sólo porque Estados Unidos fuera de hecho una sociedad diversa racial, económica y políticamente, como efectivamente lo era. El nuevo énfasis sobre la diversidad se orientaba hacia la participación política de aquellos dos grupos sociales que no habían visto permitida su entrada al crisol; también hacia otros que a lo largo de la historia del país, habían visto desvanecerse en los hechos la promesa de una sociedad de ciudadanos libres e iguales. El crisol como imagen -decían sus críticos- había acabado por legitimar la dominación de la mayoría blanca, protestante y de origen anglosajón (WASP), acompañada por otros grupos sociales, étnicos y culturales asimilados a ella. Sin duda, por razones económicas y demográficas esa mayoría aún subsistía, pero su capacidad de resistencia no era razón suficiente para aceptar su supuesta superioridad moral.

La crítica a la discriminación que empezó con la denuncia de la suerte de las poblaciones indias y de la negra, pronto se extendió a la que sufrían otros grupos -las mujeres que soportan la mitad del cielo- y las minorías sexual, étnica y culturalmente diferentes de la pretendida mayoría social. Lejos de representarla, decían los críticos, WASPs y asociados no eran más que un grupo social de hombres blancos, heterosexuales y de edad avanzada, amplio pero condenado a ver reducida con el tiempo su importancia política frente al ascenso transversal de las mujeres, de las gentes de color y de las minorías con diferente orientación sexual. Aún seguían representando el mayor número de votantes, pero los efectivos de WASPs y asociados serían cada día más reducidos. El universo político se convertiría rápidamente en una realidad multiversal que lógicamente otorgaría a sus defensores -comúnmente asociados con el Partido Demócrata- una larga etapa de hegemonía en el poder.     

En cuanto a la legitimidad del crisol, la denuncia era implacable. Mientras perviviese, sería imposible llegar a una sociedad gobernada por imperativos morales más ambiciosos que la igualdad ante la ley. Pronto se definió la necesidad de sustituirla por un ideal de justicia social proclive a reclamar la igualdad de resultados para todos. No dejaba de ser llamativo que la incesante invocación de la variedad acabara por convertirla en un imposible -una dimensión cuyos integrantes son todos perfectamente iguales podrá llamarse como se quiera, pero no será diversa-; o que la exaltación de las diferencias desembocase en la exigencia de una igualdad totalitaria. Pero no voy a entrar hoy en esa discusión.

A ese metaverso in fieri, acelerado desde los 1990s por la globalización y las nuevas tecnologías de información y comunicación, responden las nuevas estrategias políticas de los dos grandes partidos, como se ha visto en los ejemplos de más arriba.

El Partido Demócrata adoptó de la cruz a la raya las arengas igualitarias de los justicieros sociales sobre los diversos grados de discriminación a los que estaba sometida una mayoría de su sociedad. La elección del presidente Obama en 2008, decían, iba a conformar una nueva mayoría estable y transversal apoyada por las mujeres, las gentes de color, los graduados universitarios, los residentes urbanos y suburbanos, los grupos de género alternativos a la heterosexualidad patriarcal y hasta por un amplio número de WASPs (wokes) con una conciencia moral más alerta ante la injusticia. Esa nueva mayoría demócrata impondría su rumbo al país por un período previsiblemente tan largo como el que se inició con la elección de FDR en 1932 y duró hasta 1952.

¿Qué hacer con el modelo económico? También aquí podía esperarse un futuro alentador. La dinámica globalizadora mantendría a Estados Unidos a la cabeza de la innovación tecnológica al tiempo que las cadenas de valor desplazarían a las empresas más contaminantes y a las fases primarias de los procesos de producción hacia países en vías de desarrollo con China a la cabeza.

Cabía el riesgo de que una parte de los trabajadores americanos perdiesen sus empleos y muchos pequeños empresarios se arruinasen en el envite, al tiempo que las grandes empresas aumentaban exponencialmente sus beneficios. Pero también aquí había una solución: la gestión compensadora de la burocracia pública. La globalización mantendría en casa los empleos mejor pagados y, al tiempo, los trabajadores y empresarios que perdiesen los suyos se beneficiarían de amplias medidas sociales pagadas por los impuestos sobre las empresas exitosas y las grandes fortunas. En definitiva, larga vida al capitalismo y al libre comercio a cambio de una mayor presión fiscal y una reglamentación creciente de la vida social. En ese frenesí de optimismo leibniziano la socialdemocracia adolescente de FDR acabaría por vestirse de largo en Estados Unidos. No otra era la propuesta del programa Build Back Better que el presidente Biden no ha conseguido hacer aprobar en su primer año de gobierno.

El partido republicano fue alejándose paulatinamente de ese optimismo desmedido. Inicialmente, un partido convencido de la superioridad de la economía de mercado y del librecambio tendía a pensar que los eventuales excesos de la globalización acabarían por compensarse a través del flujo normal de inversiones y beneficios. Pero cada vez resultaba más difícil negar su considerable impacto sobre el bienestar de los trabajadores industriales americanos y así comenzó a percibirse una actitud más ambigua en su seno. En los 1950s lo que era bueno para Estados Unidos lo era para General Motors y viceversa. En los 2000s esa ecuación había dejado de funcionar. Muchas de las grandes empresas USA -con Apple y Tesla a la cabeza- tienen sus mercados principales en China y lo que suceda en Estados Unidos será bueno para ellas tan sólo en la medida en que no dificulte su expansión al otro lado del Pacífico. Esa realineación económica ha acarreado una realineación política.

Las elecciones de 2016 y también las de 2020 se han decidido en la entraña del capitalismo industrial nacional y allí está hoy el frente político decisivo. Trump se llevó en ambas ocasiones buena parte de los votos de los trabajadores manufactureros especialmente en los estados alrededor de los Grandes Lagos que tradicionalmente habían votado por el Partido Demócrata. Y, como se ha señalado con insistencia, su triunfo se debió en gran medida a sus embates contra esa muralla. En las presidenciales de 2016 los demócratas de Trump se unieron con los votantes republicanos de otras partes del país y pusieron en jaque las expectativas del metaverso demócrata. Adicionalmente, desde hacía años los republicanos habían participado con intensidad en las llamadas guerras de la cultura y en la defensa de los valores morales tradicionales sin los que, pensaban, Estados Unidos no podría ser «la ciudad sobre la colina que atraía las miradas de la humanidad», como solía repetir el presidente Reagan evocando la alegoría de John Winthrop en el siglo XVII. Personalmente, Trump no era la encarnación de ese modelo moral, pero en buena parte de sus votantes resonaba el evidente desprecio que le inspiraban las ideas de los justicieros sociales. Y que, pese a su derrota personal en 2020, ha seguido resonando entre el electorado que frenó la marea azul anunciada para el metaverso demócrata.

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