Los defensores de la separación nos pintan un divorcio idílicoEste texto constituye el anticipo de un libro cuyo título provisional es Cataluña en España: pasado, presente y futuro. Los autores son, además de Gabriel Tortella, José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga. El libro será publicado por el Colegio Libre de Eméritos y la Fundación Alfonso Martín Escudero.. Basta con leer algunos artículos del llamado «Col•lectiu Wilson» (hay que reconocer que el nombre está bien escogido, porque en sí mismo encierra tanta falsedad como las doctrinas que el colectivo propala)Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, proclamó el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos a potencias coloniales o imperiales. Este principio fue protegido por la Sociedad de Naciones y contenido en la Carta de las Naciones Unidas. Pero ni Cataluña es una colonia, ni España un imperio, ni puede alegarse en este caso opresión de ningún tipo, ni siquiera económica, pese a las afirmaciones de algunos miembros del colectivo en este sentido. El victimismo es, por supuesto, una marca de fábrica de los productos del colectivo., un grupo de distinguidos economistas y científicos sociales adeptos del credo separatista, para comprobarlo: se habla repetidamente de «divorcio amistoso», «escenario de cooperación», etc., y se amenaza al resto de España con fieros males si no accede a este «divorcio a la catalana» (por ejemplo, Jordi Galí). Pero las cosas no pueden ser así. Los divorcios siempre son caros, y un divorcio después de más de quinientos años de matrimonio no puede sino resultar carísimo para ambos cónyuges, pero especialmente para el más pequeño: está en la naturaleza de las cosas.
Es obvio que ha hecho eclosión en la Cataluña actual una fuerte corriente de opinión partidaria de la independencia, incubada durante décadas al calor de la propaganda promovida y financiada por los sucesivos gobiernos catalanes y acrecentada por la idea de que los catalanes históricamente han hecho mayores esfuerzos y han contribuido más al bienestar de España de lo que han recibido y de que, si fueran un Estado independiente, su situación mejoraría mucho. Para ello, los adalides del separatismo han propugnado el estudio de magnitudes tales como las balanzas fiscales, la balanzas comerciales, las pensiones o la inversión extranjera para concluir que la independencia no sólo no tendría consecuencias negativas, sino que, todo lo contrario, sería para Cataluña mucho mejor (véase, por ejemplo, el artículo de Núria Bosch y Marta Espasa).
Afirman los separatistas que a Cataluña le iría mejor como Estado independiente porque no tendría costes extras, sino tan solo beneficios
Afirman los separatistas que a Cataluña le iría mejor como Estado independiente porque no tendría costes extras, sino tan solo beneficios. En materia comercial, por ejemplo, suponen que, tras la hipotética separación, Cataluña no tendría que abandonar la Unión Europea, por lo que sus exportaciones no se resentirían. Sostienen también que, si Cataluña dejara de contribuir a la caja única de la Seguridad Social, sus pensiones y demás prestaciones sociales serán más altas. Afirman también que el hecho de que la inversión extranjera no alcance en Cataluña el nivel que sería de desear y esperar no se debe ni a la amenaza independentista ni al clima de incertidumbre que provoca una hipotética separación, sino a la imagen negativa que tiene España en el exterior, y, por tanto, que si dejasen de pertenecer a ella, la inversión fluiría en abundancia (véase, por ejemplo, el artículo de Xavier Sala i Martín). La lista de razones de este tipo puede hacerse más larga. Varios economistas de prestigio defienden la tesis de que los catalanes disfrutarían de un nivel de vida más elevado en una Cataluña independiente porque conseguirían acelerar el proceso de diversificación de su economía. Además, consideran que la independencia constituiría una oportunidad única para construir un Estado más eficiente económicamente (por medio de reformas de la administración, de mejor tratamiento fiscal para las empresas, de una mejora del Estado de bienestar, de la adopción del inglés como tercera lengua oficial, etcétera; véase el artículo de Jordi Galí), llegando incluso a considerar la posibilidad de bajadas de impuestos. Como veremos, estas rosadas perspectivas son en gran parte ilusorias. Señalemos por el momento, en cuanto a esta última ilusión, que la hipótesis de una bajada de impuestos choca frontalmente con la realidad, ya que, en el momento actual, el Gobierno de la Generalitat no tiene liquidez para pagar a sus proveedores, su deuda pública se ha multiplicado por cuatro en los últimos seis años y la presión fiscal es actualmente en Cataluña de las más altas de España. Si la Administración catalana, en manos de los nacionalistas desde 1980, con un grado de autonomía regional de los más altos del mundo, no ha sido capaz de poner en marcha ninguna de las medidas necesarias para resolver estos problemas, ¿por qué hemos de creer que lo hará cuando Cataluña sea independiente?
Todas estas ideas, repetidas machaconamente durante muchos años por el Gobierno catalán y por los medios de difusión por él controlados, y también en las escuelas y universidades, han ido calando gradualmente en la opinión de los habitantes del Principado, de tal modo que es muy difícil contrarrestar tales creenciasEs oportuno traer a colación la frase de Ortega: «Las ideas se tienen; en las creencias, se está». Pues bien, una parte sustancial de la opinión catalana parece haber pasado de tener unas ideas a estar en unas creencias, de las que ni la realidad ni la razón resultan capaces de moverles., que se resumen en la frase «España nos roba», de la cual se deduce que es mucho más rentable la independencia (véanse, en este sentido, los dieciocho informes publicados por el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), organismo creado por la Generalitat en 2013). Sin embargo, los datos objetivos no sustentan esa postura. Veamos algunos ejemplos.
1) La secesión y la Unión Europea
La separación de Cataluña, ¿traería consigo su salida de la Unión Eueopea, o lograría el nuevo Estado salir de España sin abandonar la Unión? Esta cuestión es crucial, porque incluso los separatistas reconocen que la salida de la Unión acarrearía efectos económicos muy fuertes. Dada la trascendencia del asunto, éste es un tema que ha generado gran polémica entre partidarios y detractores de la independencia.
Que se trata de un problema serio es admitido por la propia sociedad catalana. El lema de la manifestación masiva del 11 de septiembre de 2012, «Catalunya, nou estat d’Europa», constituye una prueba de ello. Si Cataluña se encontrase fuera de la Unión Europea como consecuencia de la secesión, desandaría en muy corto período de tiempo el camino que recorrió con España desde su ingreso en 1986, es decir, una trayectoria de unos treinta años. En particular, Cataluña se vería separada de sus vecinos, España y Francia, por el arancel exterior de la Unión; la legislación de la Unión dejaría de aplicarse en Cataluña, que también se vería privada de los Fondos de Cohesión y de los demás fondos que Europa ha creado para paliar los efectos de la crisis en países que se han visto seriamente afectados por ella. También se vería privada del acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de otros fondos del Estado español establecidos con el mismo fin de paliar los efectos de la crisis y de los que la Generalitat de Cataluña depende estrechamente para seguir desempeñando sus funciones con normalidad.
En materia monetaria, Cataluña podría continuar utilizando el euro, pero el nuevo Estado catalán no podría influir en el diseño de la política monetaria, ni estaría sometido a, y a la vez defendido por, las regulaciones del Banco Central Europeo. Esto significaría, entre otras cosas, que, en principio, la masa monetaria en circulación en Cataluña dependería únicamente de su balanza de pagos. Si esta fuera, como es previsible, deficitaria, la oferta monetaria catalana tendería a decrecer, y el ajuste habría de hacerse bien deprimiendo precios y salarios, bien devaluando el euro catalán, con lo que esta moneda ya sería diferente del euro europeo, como el dólar canadiense es diferente del dólar de Estados Unidos. José Luis Feito sostiene que «La introducción de una nueva moneda […] llevaría a una espiral de salidas de capital-devaluación-inflación-devaluación-salida de capital que terminaría en hiperinflación, anulando los efectos positivos de la devaluación sobre la competitividad, y caídas brutales del PIB […]. Cataluña con una nueva moneda sufriría un proceso no muy diferente del sufrido por Alemania en el período de entreguerras» (p. 54).
La balanza de pagos sería verosímilmente deficitaria porque, debido a la aplicación de los aranceles europeos a sus productos, Cataluña tendría que reorientar drásticamente su comercio exterior, ya que sus exportaciones a la Unión disminuirían y habría de encontrar nuevos mercados más lejanos, donde debería competir en condiciones difíciles; además, por estos problemas, y a causa de la incertidumbre generada por el drástico cambio, sus importaciones de capital también se verían reducidas considerablemente, como está ocurriendo ya como consecuencia de sus veleidades secesionistas. Todo esto repercutiría negativamente en el empleo y también en las cuentas públicas, con una alta probabilidad de que se viera en graves dificultades para pagar sus pensiones, sus nóminas y sus prestaciones de desempleo.
Por tanto, es obvio que a Cataluña le interesa, y mucho, seguir formando parte de la Unión Europea y mantener el euro como moneda. Pero, ¿ puede conseguirlo? Los independentistas consideran que una ruptura con España no supondría que Cataluña dejara de estar en Europa. Obviamente, Cataluña pertenece, por su ubicación geográfica, a Europa, pero otra cosa muy distinta es su pertenencia a la Unión Europea. Tratando de convencerse y de convencer a la ciudadanía, frases del tipo «Tanto a España como a la Unión Europea les interesa mucho que Cataluña siga en la Unión Europea» son habituales en los discursos proindependentistas. En palabras de Francesc Homs, consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, «Europa estará acabada si expulsa a siete millones de ciudadanos» (El País, 20 de octubre de 2013). Homs parece olvidar aquí dos hechos importantes: uno, que Cataluña supone el 1,5% del total de la población de la Unión Europea y el 1,55% del PIB comunitario, proporciones cuantitativamente modestas; y dos, que ni España ni la Unión Europea expulsarían a Cataluña, sino que sería Cataluña quien, de cumplirse los planes de los secesionistas, abandonaría la Unión por voluntad propia. Cataluña forma parte de la Unión Europea porque forma parte de España, y precisamente por ello, de romper con España, estaría rompiendo con la Unión. Como ha dicho un ilustre jurisconsulto, «No es cuestión de expulsión. La Unión Europea no expulsaría a nadie (nunca lo ha hecho). Todo depende de las condiciones de nacimiento del nuevo Estado» (Jean-Claude Piris en El País, 1 de octubre de 2013). La indignación de los separatistas ante las consecuencias de sus propios actos, de violar una legislación clara y largamente establecida, constituye un ejemplo más de su victimismo característico, de su acendrada costumbre de responsabilizar a los demás de los propios errores.
Entre los argumentos esgrimidos por los partidarios de la independencia para sostener que ésta no comportaría la salida de Cataluña de la Unión Europea se encuentran los siguientes. Primero, partiendo del hecho de que los catalanes ya son ciudadanos europeos, algunos afirman que no podría privárseles de esta ciudadanía (olvidan que la tienen por pertenecer a España). En segundo lugar, está la postura defendida por Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, cuando afirma que, si hubiera separación, los catalanes que lo desearan podrían adoptar la doble nacionalidad (la española y la catalana), lo que permitiría la permanencia de Cataluña en la Unión Europea (El Mundo, 22 de septiembre de 2013). Esta postura es, sin duda, risiblemente contradictoria, puesto que propugna independizarse de un país y, a la vez, conservar su nacionalidad. En tercer lugar, están quienes afirman que, como la independencia de una región de un Estado miembro no está contemplada legalmente en los Tratados de la Unión Europea, habría que crear mecanismos para dar solución a esta hipótesis y, por tanto, nadie sabe a ciencia cierta qué podría suceder. Según expone Carles Boix, miembro del Col•lectiu Wilson, «los tratados de la Unión Europea no pueden ser utilizados en contra de la voluntad democrática de un pueblo. Es cierto que no regulan un hipotético proceso de ampliación interna de la Unión Europea. Pero esta falta de regulación no implica prohibición» (véase también, en el mismo sentido, el informe núm. 6 del CATN). Por «ampliación interna» entienden los miembros de este colectivo la ampliación del número de Estados miembros por división de alguno de ellos, algo así como la reproducción celular por mitosis. Y, para robustecer su tesis, exponen el ejemplo de la unificación alemana, que permitió que la Alemania del Este se incorporara a la Unión Europea.
También se aferran los separatistas a unas declaraciones no oficiales que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, hizo a un diario de Sevilla el 30 de septiembre de 2012. Según afirma Carles Boix, Viviane Reding respondió sobre la posibilidad de una exclusión automática de Cataluña de la Unión Europea si se separaba de España que «la legislación internacional no dice nada en este sentido, que España debía resolver sus problemas internos y que confiaba plenamente en la mentalidad europea de los catalanes». Carles Boix completaba la información añadiendo que el «Sr. García-Margallo anunció en el Congreso de los Diputados que la Sra. Reding le había enviado una carta en la que se retractaba de sus declaraciones en Sevilla. Sería bueno que el ministro de Asuntos Exteriores publicara la carta». Pues bien, la carta, con fecha 4 de octubre de 2012, dirigida al secretario de Estado español para la Unión Eueopea (Íñigo Méndez de Vigo), está disponible en Internet. Sería bueno que el Sr. Boix reconociera y publicara este hecho.
Según el argumentario independentista, existen dos posibles escenarios en las relaciones entre Cataluña y España: confrontación o cooperación. Jordi Galí afirma que un «divorcio amistoso con costes mínimos para las partes no es una quimera». Según Galí, en el escenario de cooperación, el proceso de admisión sería «simplificado y rápido», teniendo un carácter simbólico y reducido a lo formal (Cataluña no podría pertenecer durante un breve tiempo de trámite a las instituciones y órganos de gobierno de la Unión Europea). En ese caso, la independencia se produciría de común acuerdo entre ambas partes y el Estado español sería favorable a que Cataluña permaneciera dentro de la Unión. El resultado final del proceso parece hoy incierto, porque, como arguyen los nacionalistas, no existen ni herramientas ni precedentes históricos en asuntos de este tipo.
Pero, si el Estado español decidiera no cooperar y actuar con «confrontación», es decir, vetando el ingreso del nuevo Estado, según Galí, esto «no debería acarrear consecuencias adversas para la economía catalana», ya que los derechos de libre circulación de personas, bienes y capital no están restringidos a los Estados miembros (y cita el caso de Suiza) y, además, la Unión Europea sería «la primera interesada en preservar la reciprocidad de esos derechos, dada la importancia cualitativa y cuantitativa del mercado catalán» y Cataluña podría mantener el euro como moneda oficial, previa firma de un acuerdo con la Unión Europea, «lo que le permitiría acceder a la liquidez del Banco Central Europeo».
Art. 9 del Tratado de la U.E.: «Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro»
En catalán, «somiar truites» (soñar con tortillas) es el equivalente de hacerse ilusiones vanas en castellano. Y esto es lo que parecen hacer los Sres. Boix, Galí y, en general, el CATN. Todos estos sueños se desmontan fácilmente con sólo referirse tanto a la Constitución española, donde la secesión no está contemplada, como a los Tratados de la Unión Europea. En primer lugar, respecto a que «los catalanes ya son ciudadanos europeos y no puede privárseles de esta ciudadanía», el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea es rotundo: «Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla». Esto implica, como antes vimos, que si Cataluña dejara de ser parte de España, sus ciudadanos dejarían de ser españoles (mal que le pese al Sr. Junqueras) y, por lo tanto, perderían automáticamente la ciudadanía europea. Por añadidura, el art. 4.2 del mismo Tratado dice: «La Unión respetará […] las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial […]». Esto, evidentemente, significa que la secesión inconstitucional de una parte de un Estado no puede ser reconocida por la Unión.
En segundo lugar, es verdad que en los Tratados no existen normas específicas sobre secesiones; de ello deducen los separatistas que tal vacío legal permitiría hacer interpretaciones afirmativas del problema de la separación, lo que podría implicar, por ejemplo, que si un Estado se escindiera, las dos partes resultantes quedarían automáticamente admitidas en la Unión: es la supuesta «ampliación interna» que antes vimos. Sin embargo, en el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea aparecen enumerados todos los Estados que pertenecen a la Unión Europea, entre ellos, el Reino de España. Por lo tanto, cualquier Estado no incluido en este artículo se convierte en «tercero» y, si quiere pertenecer a la Unión, tiene que someterse al largo procedimiento de adhesión recogido en el artículo 49, que requiere, entre otras cosas, la «unanimidad» favorable de los miembros. Por lo que respecta al caso de la unificación alemana, Boix olvida tres cosas: que la unión de las dos Alemanias se hizo de común acuerdo, que contó con el apoyo unánime de todos los Estados miembros, y que unificar es lo opuesto de segregar, por lo que la integridad territorial de Alemania no se vio afectada con la accesión, sino todo lo contrario.
Por otra parte, además de la legislación comunitaria, están los pronunciamientos de los altos representantes de la Unión. El 1 de marzo de 2004, a pregunta de una europarlamentaria británica (Eluned Morgan), el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, dictaminó que:
cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación con la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio.
Más claro, imposible. El dictamen, además, fue confirmado por el sucesor de Prodi al frente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, cuando, ante una pregunta del eurodiputado holandés Auke Zijlstra realizada el 13 de noviembre de 2013, Barroso respondió:
La Unión Europea se funda en los Tratados, que se aplican sólo a los Estados miembros que los han acordado y ratificado. Si parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado porque se convierte en un nuevo Estado independiente, los Tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. […] En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión Europea y los Tratados dejarían de aplicarse a su territorio. […] Cualquier país europeo que respete los principios básicos de la Unión Europea puede pedir la adhesión y negociar su entrada, pero ésta debe ser ratificada por todos los Estados miembros y por el Estado solicitante.
La respuesta oficial de Barroso confirmaba lo dicho por su portavoz, Pia Ahrenkilde Hansen, el 16 de septiembre, que a su vez repetía lo expuesto por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, unos días antes en Madrid, o por el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, quien en Barcelona, el 16 de septiembre de 2013, dijo textualmente que «La parte segregada [de un Estado de la Unión] no es miembro de la Unión Europea».
En tercer lugar, y respecto a la posibilidad de que Cataluña adquiriera el mismo estatus que Suiza o Andorra con respecto a la Unión Europea, es verdad que estos países pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE), y que para ser miembro de éste no se necesita el apoyo unánime de todos sus miembros, sino que basta con una mayoría cualificada. Pero los proindependentistas están suponiendo que el ingreso en el EEE sólo lo rechazaría España; sin embargo, es más que probable que otros países europeos también lo rechazasen, aduciendo no sólo criterios estrictamente económicos, al existir la posibilidad de que el nuevo Estado quebrase y ello comportase un rescate, sino también para evitar un posible «efecto contagio» en otras regiones de la Unión (en Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido, etc.).
Y, en cuarto lugar, sobre la permanencia en el euro: es verdad que hay países que están fuera de la Unión Europea y que han adoptado unilateralmente como moneda de curso legal el euro (por ejemplo, Serbia, Montenegro, Andorra, Liechtenstein, San Marino o el Vaticano). Cataluña también podría hacerlo, pero ya hemos visto que –muy probablemente– se vería obligada a introducir su propia moneda por no poder disponer de crédito en euros para su financiación. La diferencia entre Cataluña y estos países es el tamaño, la no existencia de deuda en aquellos y el hecho de que Cataluña tiene la totalidad de sus activos y pasivos en euros, mientras que esos países los tenían denominados en su propia moneda. Esto significa que los vencimientos de la deuda y las emisiones de Cataluña debería pagarlos en euros; y no parece probable que el Banco Central Europeo ofreciera liquidez a los bancos que operaran en el nuevo Estado, ya que, al hacerlo, estaría obligando al contribuyente europeo a asumir un riesgo sobre un país sobre el que el Banco Central Europeo y el Banco de España tendrían escaso (o nulo) control. Por todo ello, parece claro que el nuevo Estado se vería obligado a introducir su propia moneda para hacer frente a los pagos.
Por lo tanto, los argumentos esgrimidos por los partidarios de la independencia para sostener que Cataluña podría separarse de España y permanecer dentro de la Unión Europea no parecen nada sólidos; pero, además, hay muchos otros testimonios que subrayan tal endeblez. Así, en El País (1 de octubre de 2013), Jean-Claude Piris, exjurisconsulto jefe del Consejo Europeo, afirma: «Las tres condiciones que existen para que un Estado pueda pedir su ingreso en la Unión Europea son que sea un Estado reconocido por la comunidad internacional, que sea europeo y que cumpla el artículo 2 de los tratados, que establece, entre otras cosas, que se aplique el Estado de derecho. Y para ello su nacimiento tiene que ser legal. […] Si Cataluña proclama su independencia tras un referéndum, eso no basta para que sea reconocido como un Estado, y por tanto, para que sea un país candidato a la Unión Europea”. Además, y en respuesta a las ensoñaciones de los separatistas, añade: «Es peligroso crear falsas ilusiones a la gente sobre una independencia unilateral. Hay que decir la verdad: si Cataluña emprendiera esa vía, supondría un largo camino, que requeriría modificar la Constitución [española], los tratados comunitarios […]. Una simple declaración de independencia no tiene efectos jurídicos […] hacer una declaración unilateral no significa que se conviertan en independientes ni que puedan pedir su entrada». La cuestión está muy clara: ya hemos visto que el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea garantiza la «integridad territorial» de los Estados miembros. Esto, evidentemente, significa que la secesión inconstitucional de una parte de un Estado no puede ser reconocida por la Unión. Aun en el supuesto de que la independencia se proclamase con el beneplácito del Gobierno español, el nuevo Estado no podría permanecer automáticamente en la Unión, ya que la inclusión de un nuevo miembro supondría modificaciones en los tratados y en la legislación del Estado del que se separa: en este caso, España.
Pues bien, y a pesar de tantas evidencias, los nacionalistas siguen negando la realidad y aferrándose a la tesis de la «ampliación interna» en los infrecuentes casos en que discuten esta cuestión explícitamente. Acostumbrados a que la ley española no se aplique en Cataluña, parecen suponer que lo mismo sucederá con la ley europea.
Sala i Martín: «Si España se niega a negociar, Cataluña no se va a quedar la parte de deuda que le corresponde»
Pero incluso cuando ya no pueden aducir ningún argumento jurídico a favor de la permanencia automática en la Unión Europea de una Cataluña independiente, los separatistas siguen aferrados a sus ensueños. Xavier Sala i Martín, otro miembro del Col•lectiu Wilson, escribe: «Yo no soy un experto en leyes, por lo que no voy a discutir si Europa le puede quitar el derecho a ser europeos a unos ciudadanos (y a unas empresas) que ya lo son. Pero sí sé un poco de economía y la teoría económica nos dice que si Catalunya se independiza, España va a hacer lo posible para que lo haga lo más pacíficamente posible y dentro de Europa». Y lo que la teoría económica le dice a Sala i Martín es que el mapa de autopistas de España muestra que quien se quedaría aislada de Europa, si Cataluña se independizara, no sería Cataluña, sino España. Esto recuerda a aquel periódico inglés que anunciaba: «Espesa niebla en el Canal de la Mancha: el Continente queda aislado». Otra razón teórica de Sala i Martín es la siguiente, en sus propias palabras: «Si Catalunya se independiza, el PIB español perderá el 20% correspondiente a Catalunya. Y si España se niega a negociar […], Catalunya no se va a quedar la parte proporcional de la deuda que le corresponde, por lo que la deuda española como fracción del PIB será pronto superior al 120% del PIB: una de las deudas más grandes del mundo. […] Como para ponerse muy chulo». La elegancia teórica del argumento es indiscutible. La fuerza moral también, ya que, como aduce en otro de sus escritos en el mismo blog: «La realidad es que la deuda española fue asumida en su día por el Gobierno de España y los mercados se la van a reclamar al Gobierno de España. Si luego España le pasa una factura a Catalunya por la parte proporcional de esa deuda, ya se verá si la asume». La ética del razonamiento es impecable: la Cataluña de Mas y de Convergència está quebrada y nadie quiere prestarle más que el Estado español, que emite deuda y dedica una parte sustancial de esa emisión a prestar a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Pues bien, ya se verá si una Cataluña independiente devuelve el favor y el dinero a quien la salvó de la quiebra. Es un razonamiento ético-teórico digno de quien fundó la Cataluña separatista: el exhonorable Sr. D. Jordi Pujol i Soley.
A quien esto escribe no le cabe duda de que, si Cataluña se independizara de España, al cabo de varios años terminaría por ser admitida en la Unión Europea, entre otras cosas porque, si el nuevo país desoyese las recomendaciones de Xavier Sala i Martín, hiciese honor a sus compromisos y saldase sus deudas, España terminaría por transigir. Pero el esfuerzo económico que Cataluña tendría que realizar para llevar a cabo la travesía del desierto adonde la habría llevado la obcecación separatista haría que sus ciudadanos se arrepintiesen de haber escuchado los cantos de las sirenas del Col•lectiu Wilson y del CATN. Vamos a ver ahora los costes de la travesía en algún detalle.
La balanza comercial
Uno de los sectores que con más claridad debieran reflejar los efectos de la hipotética independencia de Cataluña es la balanza comercial o, quizá mejor, la balanza de pagos en su conjunto, de la que la comercial es parte muy importante. La economía catalana, como la española en general, ha pasado en el último medio siglo de ser muy cerrada y autárquica a ser muy abierta. Los principales hitos de esta transición han estado muy ligados a las relaciones de España con la Europa comunitaria, desde el antiguo Mercado Común (o Comunidad Económica Europea) a la actual Unión Europea. Quizá los tres escalones más importantes en el estrechamiento de relaciones comerciales con nuestros vecinos europeos hayan sido el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó parcialmente el comercio exterior español; el Acuerdo Preferencial con la Comunidad Europea, de 1970, que permitió una rebaja arancelaria recíproca; y el ingreso de España como miembro de pleno derecho en la Unión Europea en 1986, que dio lugar a una integración económica paulatina durante el decenio siguiente a esa fecha.
El comercio exterior catalán, como el español en total, tuvo una fuerte expansión, especialmente perceptible en los veinte años que siguieron a la accesión de España a la Unión Europea. En 1995, las exportaciones catalanas ascendían ya a un 41% del PIB catalán, proporción que llegó a alcanzar el 49,4% en el año 2000. Sin embargo, a partir de ese año, la razón exportaciones/PIB inició un suave pero persistente descenso hasta alcanzar el 33% en 2009, tras un fuerte desplome en ese año. A partir de entonces ha ido recuperándose parcialmente.
Podemos distinguir cuatro zonas geográficas destinatarias de las exportaciones catalanas: 1) La Unión Europea; 2) El resto de Europa; 3) El resto del mundo; 4) El resto de España. La Unión Europea se ha llevado entre un 40% y un 45% de las exportaciones catalanas desde 1998. En los años anteriores, la tendencia fue creciente. El resto de Europa ha recibido una proporción relativamente pequeña, aunque creciente, de estas exportaciones: un 6,5% en 2011, habiendo sido un 2,1% en 1995. El resto del mundo se llevó en 2011 un 16,5%, con una tendencia levemente creciente. La porción correspondiente al resto de España, aunque decreciente, continúa siendo muy considerable: un 35% en 2011, habiendo sido cercana al 50% en 1995.
A los separatistas, esta dependencia catalana del mercado español no les gusta nada, dicho sea de paso, y tienden a echar la culpa de ella, cómo no, al Gobierno español. Así, los integrantes del Col•lectiu Wilson nos ofrecen la siguiente exhibición de victimismo, de ignorancia, o de ambas cosas a la vez:
un factor fundamental para entender la desproporcionada importancia del mercado español en el comercio catalán es el hecho de que la economía española permaneció cerrada al exterior durante gran parte del siglo XX. A los productores catalanes de antaño no les quedaba otro remedio que vender sus productos en el resto del Estado español.
Dejando aparte la extraña redacción de la última frase, me resulta difícil creer que los integrantes del Col•lectiu Wilson ignoren que una de las causas principales del aislamiento de la economía española, no ya en el siglo XX, sino desde el XVIII, fue la presión incesante de los industriales catalanes en favor de la «protección del mercado nacional». No es que a los «productores catalanes» no les quedara «otro remedio que vender sus productos en el resto del Estado español»; es que presionaban con todas sus fuerzas y los considerables medios a su alcance para que así fuera.
En todo caso, de las anteriores cifras se deduce que la fracción de las exportaciones que Cataluña envía al resto de España y a la Unión Europea, constituye una parte muy considerable del total: un 77% en 2011, habiendo sido aún mayor, un 87%, en 1995. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la exportación constituye un 43% del PIB catalán, un 33% de este PIB depende de los mercados español y europeo. Es, por tanto, un tercio de su renta lo que Cataluña pondría directamente en peligro si modificara su relación jurídica con España y, por tanto, con la Unión Europea. (Hay que señalar que estas cifras, sobre todo las relativas a la exportación al resto de España, son aproximadas y sujetas a revisión por la misma fuente que las suministra (Intereg). Según los datos de una versión más reciente, la exportación de Cataluña al resto de España, más la que realiza a la Unión Europea, en 2010, sumarían el 82% de las exportaciones catalanas totales, por lo que, en ese caso, representarían el 35% del PIB catalán.)
Ahora bien, como hemos visto, existen puntos de vista diferentes acerca de las consecuencias jurídicas de la separación. Los separatistas creen que éstas serían pequeñas y de corta duración. Lo más probable, como hemos visto, es que fueran graves y duraderas; pero afortunadamente, en todo caso, tenemos varias estimaciones basadas en uno y otro supuesto. La estimación basada en el supuesto más favorable a la independencia es la de David Comerford, Nicholas Myers y José Vicente Rodríguez Mora (hay una versión algo simplificada en un texto de este último en un texto de un volumen colectivo publicado este mismo año), que no supone que Cataluña fuera excluida de la Unión Europea tras la independencia. Este cálculo está basado en el concepto de «fricciones comerciales».
La idea es como sigue: Portugal sólo tiene frontera con España y es miembro igualmente de la Unión Europea. Sin embargo, el comercio de Portugal con España es considerablemente menos intenso que el de Cataluña con el resto de España, a pesar de ser ya bastante intenso. Esto se debe a que Cataluña tiene muchos más puntos en común con el resto de España que Portugal: idioma, parentescos, legislación, gustos, costumbres, todo ello producto de siglos de convivencia en una misma nación. Comerford, Myers y Rodríguez Mora calculan entonces la «distancia» o «fricción» comercial existente entre Portugal y España, por un lado, y Cataluña y el resto de España (este cálculo econométrico, bastante complejo, es el meollo del artículo), por otro, que queda reducida a dos guarismos, uno para cada «país»: como era de esperar, la cifra correspondiente a Portugal es casi el doble que la correspondiente a Cataluña. Los autores suponen después que la independencia de Cataluña produciría entre ésta y el resto de España una fricción igual a la que hay entre ésta y Portugal. La erección de tal barrera invisible, producto de la separación de Cataluña, produciría un empobrecimiento para ambas partes (Cataluña y el resto de España) que ascendería a una cifra global del 3,3% del PIB conjunto (es decir, de toda España, Cataluña incluida). Ahora bien, esta pérdida se descompondría en dos: la correspondiente al resto de España (2%) y la correspondiente a Cataluña (10%). Estas pérdidas se deberían a que la reducción del tamaño de los mercados entraña una menor eficiencia y productividad, algo sabido al menos desde que Adam Smith publicara su La riqueza de las naciones allá por 1776; y la mayor pérdida correspondería, naturalmente, al mercado más pequeño.
Aquí hay que mencionar que el Col•lectiu Wilson ha criticado versiones anteriores del trabajo de Comerford, Myers y Rodríguez Mora y han construido sus propias estimaciones del coste que supondría para Cataluña la separación. Como puede imaginarse, sus resultados son mucho más optimistas que los de Comerford, Myers y Rodríguez Mora. No creen en las «fricciones», pero sí en altísimas elasticidades, lo que implicaría que, con muy pequeñas rebajas de precios, los productos catalanes se mantendrían en el mercado del resto de España y que las pequeñas reducciones en lo demandado por este mercado serían ávidamente absorbidas por los mercados de terceros países. Tampoco creen que Cataluña se encontrara fuera de la Unión Europea si se separara de España. En sus propias palabras: «¿Qué pasaría si Cataluña quedara fuera de la Unión Europea y ésta nos pusiera aranceles? Bueno, ya hemos dicho antes que pensamos que esto no puede pasar». Sobre la base de todos estos supuestos, Antrás y Ventura creen que la independencia le costaría a Cataluña todo lo más un 2% de su PIB, más bien un 1%.
Buesa estimó en más del 23% la caída del PIB que se derivaría para Cataluña de la independencia
De opinión opuesta es Clemente Polo, que en dos trabajos recientes de 2013 y 2014 desmonta uno a uno los argumentos del Col•lectiu Wilson (véanse especialmente las páginas 41-50 del segundo). Los cálculos de Polo están basados en las tablas input-output de Cataluña, por contraste con los «cálculos a vuelapluma» de Antràs y Ventura. Según Polo, la salida de España colocaría las exportaciones catalanas al otro lado de dos barreras, la barrera de «distancia» o «fricción» que se produce entre las naciones europeas aún dentro de la Unión Europea (la estimada por Comerford, Myers y Rodríguez Mora), más la barrera arancelaria y burocrática que separaría a la Cataluña independiente de la Unión Europea. Según Polo, la OCDE estima el valor medio de esta última barrera en un 8,5% del valor de las mercancías exportadas. Circunscribiéndose a las relaciones comerciales de Cataluña con España, y suponiendo que, tras la independencia, las exportaciones de Cataluña a España tuvieran la misma «intensidad» que tienen ahora sus exportaciones a Francia (Clemente Polo, pp. 74-77), «la reducción del 50% de las exportaciones [catalanas] al resto de España resulta ser una hipótesis más bien conservadora», pero, así y todo, «supondría una pérdida del 18,1% de la producción, el 16,6% del valor añadido y el 16,5% del empleo total». A esto habría que añadir la reducción de las exportaciones al resto de la Unión Europea y al resto de mundo, que el método input-output no permite cuantificar, pero que forzosamente tendría efectos directos graves sobre la producción y el empleo que se añadirían a las ya reseñadas, a lo que se sumaría que la bajada en las exportaciones «reforzaría la pulsión [de las empresas localizadas en Cataluña] a deslocalizarse hacia otros países miembros de la Unión Europea, libres de este coste, o a países fuera de la Unión Europea con costes laborales más bajos». Aunque, como vemos, Polo no llega a una cuantificación de la caída del PIB que la independencia causaría a Cataluña, una simple reflexión nos hace ver que estaría muy por encima del 20%, ya que si sólo las pérdidas en el mercado español iban a costar el 18% de la producción, sumando a esto las consecuencias de las pérdidas en el mercado del resto de la Unión Europea, más las consecuencias de la caída de las inversiones y la exportación de capital, es evidente que la pérdida total debe situarse por encima de ese 20%.
Mikel Buesa sí calculó la pérdida que se derivaría para Cataluña de la independencia, con datos de 2001. Suponiendo que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, y que con España se daría la doble frontera, Buesa estima en un poco más del 23% la caída del PIB que se derivaría de la independencia. Hay otras estimaciones, como la de Pankaj Ghemawat, que se situaría sin duda por encima del 10% de pérdida en el PIB (su cálculo es incompleto). En general, podemos tomar la estimación del Col•lectiu Wilson como un límite mínimo y la de Buesa como un límite máximo, y entre estos extremos encontraríamos las más verosímiles. La de Comerford, Myers y Rodríguez Mora, por un lado, y Ghemawat, por otro, en torno o por encima del 10%, basándose en el supuesto de que Cataluña no abandonara la Unión Europea, y la de Polo, por encima del 20%, suponiendo que sí quedara Cataluña fuera de la Unión.
Una cuestión relacionada con esta discusión es la comparación con otras secesiones europeas recientes. Los nacionalistas han alegado que la separación de Chequia y Eslovaquia en 1992 no entrañó un gran trauma comercial. A esto replican Polo y Buesa que la desmembración de Checoslovaquia coincidió con el derrumbe del sistema comunista en la Europa Oriental, por lo que es difícil separar los efectos de la separación de los de la transición al sistema capitalista. Por otra parte, los efectos inmediatos de la separación sí entrañaron una fuerte caída del comercio entre ambos países, en torno al 30%-35%, aunque más tarde el comercio entre ellos experimentara una recuperación parcial. El estudio más citado sobre la desintegración política en la Europa del Este en la última década del siglo pasado, de Jarko Fidrmuc y Jan Fidrmuc, dice en sus conclusiones: «La desintegración estuvo asociada a una brusca caída en la intensidad comercial entre los países afectados [Chequia, Eslovaquia, los Estados bálticos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Eslovenia y Croacia]. Es más, las fronteras afectan a los flujos comerciales bilaterales, incluso cuando no implican la imposición directa y explícita de barreras comerciales» (p. 21). Esta frase se refiere sin duda a las «fricciones» estudiadas por Comerford, Myers y Rodríguez Mora. Como dicen estos autores (p. 94), si a Cataluña no le afectara económicamente la separación, se convertiría en un «bicho raro».
Las balanzas fiscales
La de las balanzas fiscales es una cuestión de la que casi podríamos decir que personifica el debate económico acerca de la hipotética independencia de Cataluña. Hay que decir de entrada que las balanzas fiscales son un artefacto excepcional, en el sentido de que muy pocos países las calculan y las publican, por varias razones. En primer lugar, porque su valor científico es muy limitado; en segundo lugar, porque son muy complejas de calcular: se trata de desentrañar una maraña económica, jurídica y administrativa muy embrollada, en cuyo proceso es inevitable tomar decisiones que pueden ser tachadas de arbitrarias. Dado su escaso valor informativo y lo arduo de su cálculo, el lector podrá preguntarse por qué se ha dedicado tanto esfuerzo en España a su estimación. La respuesta es: porque estamos en España, donde el resentimiento nacionalista ha alcanzado niveles insospechados. Las balanzas fiscales se han utilizado por los separatistas catalanes para intentar demostrar que «España roba a Cataluña», que la «maltrata fiscalmente». Y, como vamos a ver, cuando se trata de fer país, de construir nación, todo vale, incluso los ejercicios más vacuos y las falsificaciones más burdas.
Todos los ciudadanos de un país cuya cifra de ingresos esté por encima de un mínimo exento están obligados a pagar impuestos. Como afirma un dicho que yo oí por primera vez en Estados Unidos, «hay dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos». Ahora bien, a cambio de sus impuestos, el ciudadano recibe una serie de cosas. Tradicionalmente, la cosa más importante que se recibía era la seguridad, la defensa, función a la que se dedicaba la mayor parte de los ingresos recaudados por los gobiernos del Antiguo Régimen. Aparte de las imperfecciones y arbitrariedades que tenían los ejércitos del Antiguo Régimen, su existencia tenía una clara justificación económica, porque en materia de defensa las economías de escala son muy claras: para la mayoría de la población era más barato contribuir a la defensa que pagarse cada uno una fuerza defensiva privada: sólo los muy ricos podían sufragar ejércitos propios. Los Estados contemporáneos prestan muchos más servicios que los medievales: el Estado de bienestar nace en el siglo XX. Ahora bien, muchos de esos servicios son, como la defensa, indivisibles y es muy difícil atribuir qué parte de ese servicio corresponde a qué ciudadano: así ocurre con la policía, la medicina pública, la educación pública, la justicia, la representación exterior, las carreteras, las vías de comunicación, etc. Por ello, los ciudadanos más ricos pueden pensar que ellos contribuyen con sus impuestos en mayor medida de lo que reciben, mientras que los ciudadanos que no pagan impuestos, o cantidades muy pequeñas, evidentemente reciben más de lo que contribuyen. Este es un ejemplo de la función redistributiva del Estado, que algunos aceptan sólo a regañadientes. La balanza fiscal de los ricos, por tanto, acostumbra a ser negativa y la de los pobres, positiva.
Lo mismo ocurrirá con los colectivos: los barrios ricos tendrán balanzas negativas y los pobres, positivas. Y lo mismo sucede con las autonomías: aquellas cuyos ciudadanos tienen rentas superiores a la media arrojarán un saldo negativo, mientras que aquellas cuya renta por habitante esté por debajo de la media, lo tendrán positivo. Esto será lo normal en España y en cualquier país con un sistema fiscal que se pretenda eficiente y justo. Cataluña, que es una comunidad rica, tiene un saldo fiscal negativo: para esto no hacen falta muchos cálculos. Lo mismo ocurre con varias otras comunidades ricas, como Madrid, Baleares, Aragón o La Rioja. Las excepciones flagrantes son la comunidades de régimen foral, el País Vasco y Navarra, a las que un sistema especial de cupo permite que, siendo «dos de las Comunidades más ricas del país, no sólo no contribuyan prácticamente nada a la nivelación interregional, sino que ni siquiera pagan la parte que les toca de los servicios comunes que la Administración Central nos presta a todos» (Ángel de la Fuente, p. 14). Esto, evidentemente, es irritante para todas las autonomías y para todas las personas con un mínimo sentido de la justicia. Sin embargo, los separatistas catalanes no piden que se ponga fin a esta injusticia y se supriman los regímenes fiscales forales y ello, supongo, por dos razones: la primera, que los nacionalistas vascos son sus aliados y no quieren indisponerse con ellos; la segunda, que los catalanes quieren tener también régimen foral, o si no lo consiguen, independizarse.
Los economistas separatistas han hecho esfuerzos sobrehumanos para convencer a los ciudadanos catalanes de que las balanzas fiscales revelan tremendas injusticias con respecto a Cataluña, injusticias que justifican lo del «maltrato fiscal» y el «Espanya ens roba». Sin duda han tenido éxito con sus paisanos; pero, ¿lo han tenido también con los economistas no separatistas? Rotundamente, no. Al final, se ha demostrado palmariamente, gracias sobre todo a los trabajos de Ángel de la Fuente, de Ezequiel Uriel, de Ramón Barberán y de Clemente Polo, que de maltrato a Cataluña no hay nada; que el sistema fiscal español tiene graves defectos e injusticias (la principal, la ya señalada de las haciendas forales), pero que Cataluña no sale peor parada que otras comunidades autónomas, en particular Madrid. El trabajo de estos economistas ha producido resultados tan apabullantes que los separatistas han optado últimamente por cambiar de tema con sigilo. Pero la labor de agitación y propaganda ya está hecha, y será muy difícil que los convencidos del expolio adviertan lo falso de sus creencias.
Veamos ahora algunos de los temas de disputa. En primer lugar, está el método empleado para calcular las balanzas. Dos son los que pueden seguirse: el más tosco y primitivo es el llamado de flujo monetario. Este consiste en determinar cuánto se ha ingresado desde Cataluña al Tesoro estatal en concepto de impuestos, para seguidamente estimar cuánto ha invertido el Estado en Cataluña. La diferencia entre ambas magnitudes será el déficit o superávit. Si lo ingresado es mayor que lo recibido habrá déficit fiscal; en caso contrario, superávit. El criterio parece muy simple, pero no lo es, porque tanto los impuestos como las inversiones son difíciles de «territorializar». Por ejemplo, consideremos una empresa radicada en Cataluña, pero propiedad de una familia madrileña: los impuestos que paga esa empresa, ¿deben imputarse a Cataluña o a Madrid? Supongamos el caso inverso: una empresa radicada en Madrid, pero propiedad de catalanes, que recibe una subvención, ¿se considera este gasto estatal hecho en Cataluña o en Madrid? Como puede verse, las cosas no son tan sencillas. Otro caso que se ha citado mucho: supongamos que decide construirse un aeropuerto militar para proporcionar cobertura aérea a Cataluña. Pero, como los terrenos son más baratos en Aragón, el aeropuerto se construye en la zona de esta comunidad lindando con Cataluña. Según el método del flujo monetario, esta inversión no afecta a Cataluña. En general, con este criterio, todos los beneficios indivisibles que antes vimos (seguridad, justicia, etc.) no se contabilizan. Esto, naturalmente, inclina la balanza hacia el déficit. No sorprenderá que este sea el método preferido de los separatistas.
El método alternativo es el de coste-beneficio. En él, no es el flujo monetario lo que se considera como recibido, sino que se afina un poco más y se trata de considerar también lo que una comunidad recibe en bienes indivisibles. En el caso del aeropuerto, una parte considerable del dinero invertido en él se imputaría a Cataluña, ya que se habría construido en su beneficio. En general, todos los gastos militares del Estado español se consideran como distribuidos entre las distintas comunidades en proporción a su población o su renta. Naturalmente, al evaluar más completamente los beneficios recibidos por cada comunidad, su déficit, en caso de haberlo, resulta ser menor; y, de haber superávit, mayor. Por eso no gusta a los separatistas. Uno de ellos, Guillem López i Casasnovas, da una explicación pintoresca de su preferencia por el método del flujo monetario: «Lo que solicita el Parlamento catalán es valorar cuál sería el remanente fiscal si el gasto que impacta directamente en su territorio (los flujos monetarios) lo asumiera Cataluña desde la recaudación realizada a partir de sus propias bases imponibles». Pero él mismo reconoce que el flujo monetario no refleja adecuadamente el beneficio que recibe Cataluña, porque a renglón seguido añade: «Y ello sin ignorar que partidas de gasto estatal no imputadas al no ser territorializables se deberán asumir en detrimento de dicho saldo». Es decir, una Cataluña independiente se encontraría con que sus exigencias de gasto eran mayores que las que había calculado por su método favorito. En otras palabras: el método coste-beneficio refleja más correctamente la realidad, pero a los separatistas no les interesa la realidad, sino la propaganda, y por eso prefieren el sistema del flujo monetario.
Otra palabra frecuentemente mencionada en la discusión de estos temas es «ordinalidad». Este es un principio que debiera regir en los sistemas fiscales y por el cual «el sistema de financiación regional no debería modificar el ranking original de las regiones en términos de capacidad fiscal bruta» (Ángel de la Fuente, p. 14), siendo este último concepto aproximadamente equivalente a impuestos pagados, a su vez dependientes de la renta. Pues bien, como ha demostrado De la Fuente, este principio se incumple en España de manera flagrante, por lo que el modelo de financiación resulta «algo mucho más parecido a una lotería de lo que sería deseable». Cataluña, que pasa del tercer lugar al noveno, es víctima de ello, sin duda; pero Baleares (del segundo al octavo) y, sobre todo, Madrid (del primero al noveno, ex aequo con Cataluña) lo son en mucho mayor medida. El sistema está muy mal concebido, pero no está diseñado para perjudicar a Cataluña.
Ángel de la Fuente pulveriza en dieciocho páginas la tesis nacionalista del maltrato fiscal, incluyendo una comparación internacional
También se habla frecuentemente de «normalización» entre los economistas dedicados a estos menesteres. Ello proviene de que las balanzas fiscales elaboradas por la Generalitat para los años 2006-2010 recurren a «normalizar» los resultados de manera que los saldos negativos se vean desproporcionadamente inflados. Dos artículos de prensa, de Antoni Zabalza y Josep Borrell y Joan Llorach, han comentado agudamente esta innovación contable de la Generalitat. Tomemos, por ejemplo, la balanza fiscal de 2010. Esta se salda con un déficit de 774 millones de euros, un 0,4% del PIB catalán (por el método de coste-beneficio, ese año Cataluña tuvo un superávit de más de cuatro mil millones). El déficit por ellos estimado debió de parecer poca cosa a los contables de la Generalitat, que procedieron a convertir este saldo en 11.258 millones por el simple expediente de sumar 10.484 millones a los impuestos pagados por Cataluña. ¿De dónde salen estos diez mil y pico millones, que los contables creativos del Gobierno catalán llaman «ingresos detraídos de Cataluña»? Pues son el resultado de atribuir a Cataluña una parte del aumento de la deuda pública española en 2010, alegando que en algún momento esta deuda se saldará con impuestos pagados por Cataluña, aunque hasta ahora nadie los ha reclamado y de cuyo repudio se ha hablado frecuentemente en medios nacionalistas (véanse, por ejemplo, las recientes declaraciones de Oriol Junqueras en El País). Se trata, por tanto, de un apunte contable que la Generalitat ha sumado arbitrariamente a los impuestos efectivamente pagados. A esto lo llaman «neutralizar». Pero, como escribe Zabalza, el «Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué delegación de la Agencia Tributaria, o en qué oficina del Estado» se han pagado esos 10.484 millones. Si la «neutralización» en 2010 producía unos once mil millones «detraídos de Cataluña» (774 + 10.484 = 11.258), la misma creatividad contable aplicada a las cifras de 2009 producía 16.409 millones (siendo el déficit real, aunque calculado por el método del flujo monetario, 792). Esta cifra de los dieciséis mil millones ha sido muy citada por los separatistas como el «dividendo de la independencia»: lo que dejarían de pagar a España si Cataluña se independizara. Pero, como hemos visto, de esa cantidad, 15.617 millones son pura «imaginación» (Zabalza), «corresponde a virtuales impuestos futuros» (Borrell-Llorach): en una palabra, no existe. Es otro caso de somiar truites.
¿Qué queda entonces de tanto agravio largamente rumiado y tan frágilmente sustentado? Pues muy poco, por no decir nada. Ángel de la Fuente pulveriza en dieciocho páginas «la tesis nacionalista del maltrato fiscal», incluyendo una comparación internacional (Alemania, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y Australia) que muestra que el caso español y catalán no tiene nada de extraordinario comparados con otros países y regiones. La conclusión se titula, con gran propiedad, «Mucho ruido y pocas nueces».
Conclusiones
Este ensayo, ya largo –y que, sin embargo, no agota, ni de lejos, el tema–, ha pretendido simplemente discutir algunos de los argumentos económicos más frecuentemente aducidos por los partidarios de la independencia de Cataluña. Hemos visto, eso sí, las principales razones esgrimidas por estos autores y políticos, agrupadas bajo tres epígrafes, uno de tipo más bien jurídico, el relativo a las consecuencias de una hipotética separación de Cataluña del resto de España, y dos de tipo económico, los relativos a la balanza comercial y a la balanza fiscal. No se han tocado de lleno, ni mucho menos, cuestiones como la del resto de la balanza de pagos, en particular la cuestión de las inversiones extranjeras, ni los problemas monetarios y bancarios que la independencia causaría, ni el tema de las pensiones. De esta última cuestión no se ha dicho nada; de las otras se ha hablado de pasada, pero no ha podido dárseles un tratamiento tan detallado como merecen por falta de espacio y de tiempo. Realmente, una exposición que se pretendiera completa de estos temas daría lugar a un volumen de regulares dimensiones, más apropiado para los anaqueles de una biblioteca que para las páginas de una revista, por sesuda e intelectual que esta sea.
En todo caso, creo que el lector ha podido advertir que en todos estos temas se percibe por parte de los separatistas una actitud voluntarista que prefigura sus conclusiones y trata después de adaptar y deformar la realidad para que se ajuste a esas conclusiones establecidas de antemano. Como dice Zabalza, «el Gobierno catalán ha decidido prescindir de la realidad y llevar la imaginación al poder». Existe una resistencia subyacente a reconocer las consecuencias jurídicas de una eventual separación, incluso en el caso más favorable de que esta se llevara a cabo de mutuo acuerdo; aun en este supuesto, como hemos visto, la accesión del nuevo Estado catalán a la calidad de miembro de la Unión Europea requeriría varios años de exclusión e incertidumbre. Esta es la premisa básica para establecer qué ocurriría con la balanza comercial (y la balanza de pagos en su conjunto) y con el sistema monetario del nuevo Estado, factores que determinarían en buena medida su coyuntura económica, y por ende política, durante bastantes años. En cuanto a la cuestión de las balanzas fiscales, hemos visto también lo que parece un propósito deliberado de encontrar agravios donde no los hay (todo lo más, incompetencia) y de descubrir tesoros escondidos donde tampoco los hay, recurriendo a la contabilidad imaginativa en forma de «neutralización» presupuestaria.
Pero quizás el negacionismo, o la imaginación, se manifieste sobre todo en la premisa básica del artículo de Jordi Galí, tan citado. No hay divorcios baratos, ni siquiera los amistosos; son todos una ruina. No elucubren: pregunten a los divorciados.
Gabriel Tortella es catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá. Sus últimos libros son La revolución del siglo XX (Madrid, Taurus, 2000), Los orígenes del siglo XXI: un ensayo de historia social y económica contemporánea (Madrid, Gadir, 2005) y, con Clara Eugenia Núñez, Para comprender la crisis (Madrid, Gadir, 2009) y El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid, Alianza, 2011).
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