El término «nación» en el sentido moderno tiene un origen muy claro: las décadas finales del siglo XVIII, en que tuvieron lugar en sucesión las revoluciones americana y francesa. Ambas fueron, entre otras cosas, rebeliones antimonárquicas, contra el Antiguo Régimen, que pretendieron sustituir el concepto de súbdito por el de ciudadano y, correlativamente, el de reino por el de nación. Los revolucionarios lucharon por crear un nuevo tipo de sociedad cuyos miembros fueran libres e iguales y donde la soberanía residiera en el pueblo. Cuando en Francia los Estados Generales, divididos en estamentos heredados del Antiguo Régimen, deciden en junio de 1789 constituirse en asamblea representativa de todo el pueblo francés, sin distinciones entre los diputados, se dan el nombre de Asamblea Nacional. Y el Congreso constituyente de los Estados Unidos, en el preámbulo de la Constitución de 1787, en representación de todos los habitantes del nuevo país, se define como We the people of the United States: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos». En este país, el término «nación» tarda más en generalizarse, probablemente por las veleidades soberanistas de los Estados componentes de la Unión. En todo caso, frente a la legitimidad monárquica tradicional nace ahora una legitimidad nacional o popular, siendo ambos términos (nación y pueblo) casi sinónimos.
Por supuesto, aunque la irrupción del concepto de nación en la historia contemporánea es revolucionaria, su evolución había sido gradual, en especial durante el siglo que precedió al estallido revolucionario en América y en Francia. Ya desde la revolución inglesa del siglo XVII había comenzado a ponerse en duda por los pensadores y filósofos sociales la legitimidad de la Monarquía absoluta, y a abrirse camino la idea de que la justificación del poder y el privilegio que ostentaban los monarcas, más que en la voluntad divina o en el derecho hereditario, radicaba en la eficacia del gobierno monárquico para promover la felicidad de sus súbditos. Se desarrolló así la visión de la monarquía como un despotismo ilustrado, concepción paternalista que ligaba la legitimidad de esta institución a su eficacia política y administrativa. En Inglaterra (o Gran Bretaña) se daba de hecho, desde la Gloriosa revolución de 1688, un principio de soberanía compartida entre el rey y el parlamento; pero, aun así, los revolucionarios americanos quisieron llevar mucho más allá el principio democrático y ése fue el motivo principal de su rebelión contra Inglaterra en 1776. En cuanto a Francia, Luis XVI estaba mucho más cerca del concepto de monarca benevolente, de déspota ilustrado, que cualquiera de sus predecesores; y, sin embargo, esto no bastó ni con mucho a los revolucionarios franceses. Fue el deseo de libertad, igualdad y representación popular lo que movió a los revolucionarios a convertir el reino en nación. En este sentido, por tanto, el principio nacional es democrático, aunque aún no fueran totalmente democráticas las nuevas naciones francesa y americana, ya que en ambas tardaría casi un siglo en imponerse el sufragio universal masculino, y casi siglo y medio en imponerse el sufragio universal de ambos sexos.
Fue el deseo de libertad, igualdad y representación popular lo que movió a los revolucionarios a convertir el reino en nación
La palabra «nación», sin embargo, es mucho más antigua que esta acepción moderna, pues es de origen latino y está derivada del verbo «nacer». Desde la antigüedad, la palabra se empleaba para designar a un colectivo con un origen geográfico común, gentes de una misma región, o también de una misma religión o idioma, incluso de un tronco familiar común. En las universidades y residencias medievales, en los ejércitos, en los conventos, a menudo se agrupaban los individuos por «naciones», es decir, con arreglo a estos criterios, que no eran políticos, sino más bien étnicos, lingüísticos o regionales. Pues bien, a lo largo del siglo XVIII (incluso antes, en ciertos casos) este sentido étnico de la palabra «nación» fue cargándose de una connotación política. Ya durante la Ilustración se utiliza, por ejemplo, la expresión «nación española» para designar al conjunto de los integrantes del Reino de España. Tenemos de esto un ejemplo bien conocido de los historiadores económicos. El primer banco oficial español, el antecesor del Banco de España, se funda en 1782 con el nombre de Banco Nacional de San Carlos, sin duda para indicar que es un banco público, pero no perteneciente a la Corona, aunque el rey Carlos III hubiera favorecido su creación. Es evidente que, en el momento de fundarse el banco, la designación «Nacional» no tenía una connotación revolucionaria, aunque sí política. Sin embargo, la politización del concepto se aceleró con la Revolución Francesa, y es bien sabido que ya durante la Guerra de Independencia española era tal la implicación revolucionaria del vocablo que un grito frecuente de los absolutistas era: «¡Viva el rey, muera la nación!». Y es sintomático de ello que cuando el Banco de San Carlos fue sustituido en 1829 por un nuevo instituto, este recibió el nombre de Banco Español de San Fernando, para evitar la carga revolucionaria que ya había adquirido la palabra «nacional».
En España, repito, la palabra «nación» adquirió su significado revolucionario y democrático con la guerra contra Napoleón a partir de 1808. Tanto la Carta otorgada de Bayona de 1808 como la Constitución de Cádiz de 1812 emplean la expresión «nación» refiriéndose a España, aunque la Constitución de manera mucho más enfática y repetida. Su Título Primero trata «De la Nación española y de los españoles», su artículo 2 proclama que la Nación «no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona» (lo cual es un rechazo explícito a la concepción tradicional, patrimonialista, de la monarquía), y el tercero afirma que «La soberanía reside esencialmente en la nación». A partir de entonces, aunque las constituciones y las leyes cambiaran, como hicieron con excesiva frecuencia, el principio nacional no fue ya nunca abandonado. El libro que comento lo pone claramente de relieve.
Sin embargo, durante el siglo XIX el significado político de la palabra «nación» cambió de nuevo, o, mejor dicho, adquirió un nuevo sentido. Durante la primera mitad de esa centuria, frente a la nación democrática o revolucionaria, fue formándose el concepto de la nación étnica o espiritual. Esta nueva acepción iba igualmente unida al concepto de «pueblo», pero trascendía el significado meramente factual de una comunidad de ciudadanos sometidos a unas mismas leyes y a un gobierno representativo. Esta nueva idea de nación, no necesariamente democrática, sino antes bien mística, que implicaba algo más que la suma de unos individuos organizados con arreglo a ciertos principios políticos, y a la que también podríamos llamar «romántica» o «esencialista», nació especialmente en Alemania e Italia. A principios del siglo XIX estos países no eran propiamente naciones, sino designaciones puramente geográficas, divididos en una serie de Estados formalmente independientes, aunque en ambos casos existiera un pasado unitario, en Italia el Imperio Romano, en Alemania el Imperio Carolingio o el Romano Germánico. Nació así la idea del Volksgeist, el espíritu del pueblo, que afirmaba la existencia de un ser colectivo por encima de los individuos que lo componían, unidos por lazos étnicos, culturales, religiosos, etc., y, con ella, la imagen de las «naciones sin Estado», suerte de almas colectivas en pena que vagaban por la Historia con la aspiración de encarnar en un Estado que pusiera fin a su miseria. Ambas «naciones sin Estado» (Alemania e Italia) lograron encarnarse a lo largo del siglo, con lo que pasaron a constituir un ejemplo para otras colectividades en parecida situación: caso paradigmático fue el de la Polonia sojuzgada por Rusia, Prusia y Austria, y el de los pueblos balcánicos sometidos a tres imperios: el ruso, el austríaco y el turco. El fin de estos tres imperios tras la Primera Guerra Mundial dio lugar a la constitución de todas estas nuevas naciones (o Estados), lo que no dejó de plantear muy serios problemas.
El mundo padeció abundantemente las consecuencias de la concepción esencialista de la nación durante el siglo XX. Las más palmarias fueron el triunfo de los partidos fascista y nazi en Italia y Alemania, y del nacionalismo extremo en Japón, con las olas de totalitarismo, violencia y guerra mundial que estos partidos y movimientos trajeron consigo. Es de observar que el triunfo de los partidos «esencialistas» se dio en países que, por una razón u otra, se consideraban perjudicados en la distribución de poder o hegemonía en el concierto internacional. El victimismo desempeñó un papel primordial en el desarrollo de este nacionalismo esencialista. Alemania se consideró humillada tras ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, Italia se consideró postergada por sus aliados tras esa misma guerra, y Japón se sintió amenazado por el resurgir de China y por la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico. No fueron éstos, por supuesto, los únicos factores, que explican el triunfo de los nacionalismos extremos en la primera mitad del siglo XX, pero tuvieron un papel muy importante.
España no se libró, ni mucho menos, del azote esencialista. Como nación atrasada en el concierto europeo, y con serios problemas de orden interno, tuvo su buena ración de victimismo y, consecuentemente, de nacionalismo extremo. La más clara manifestación de este fenómeno fue el triunfo del bando «nacional» durante la Guerra Civil y la prolongada dictadura de Franco, que recurrió intensamente a este tipo de nacionalismo, expresado de manera condensada en la famosa definición acuñada por el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera: «España es una unidad de destino en lo universal». El nacionalismo totalitario acostumbra a tener un paroxismo y un posterior período de regresión y enfriamiento. Así ocurrió en España, ya durante la segunda etapa de la dictadura, como muestra Zira Box en su artículo contenido en el libro que estoy comentando, y quedó reducido a una mínima expresión con el fin del franquismo. Pero el nacionalismo que salió por la puerta rebotó y entró por la ventana en forma de nacionalismos periféricos, cuyo peligro no supieron o no quisieron reconocer los protagonistas de la transición a la democracia. De aquellos polvos vinieron estos lodos: hoy el nacionalismo español sigue siendo apocado y minoritario, mientras que los nacionalismos periféricos han adquirido un vigor inusitado y amenazan con desmontar el edificio democrático levantado con grandes dosis de buena voluntad (y de ingenuidad) por los llamados «padres de la Constitución de 1978».
El libro presta mucha atención a las elites y muy poca a la mayoría de la población
Sin duda esta preocupación contó mucho cuando, en 2007, la Comunidad de Madrid concedió una ayuda a un grupo de historiadores para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre el tema «Historia de la nación y del nacionalismo español», que ha culminado con la publicación del libro monumental que da lugar al presente ensayo. El proyecto ha estado coordinado, y el libro dirigido, por tres prestigiosos profesores: Antonio Morales Moya, Juan Pablo Fusi Aizpurúa y Andrés de Blas Guerrero. El libro es monumental por su dimensión y por su ambición, que creo que se ha visto colmada. Aquí tiene el lector casi todo lo que siempre quiso saber sobre la nación y el nacionalismo español (luego explicaremos el «casi»); eso sí, este saber se alberga en más de mil quinientas apretadas páginas, divididas en seis capítulos de extensión bastante desigual y coordinados de dos en dos por los tres directores del libro. Los cuatro primeros capítulos están ordenados cronológicamente: el primero desde el origen de la historia hasta el siglo XVIII (al cuidado de Morales), el segundo abarca el XIX (Morales) y los dos siguientes están dedicados al siglo XX, con el año 1936 como cesura (de Blas y Fusi, respectivamente). Los dos últimos capítulos están dedicados a la visión de España desde su periferia (de Blas) y desde el exterior (Fusi). En total, el cuerpo de los seis capítulos ocupa 1.202 páginas. Las restantes 316 están dedicadas a las profusas notas (212 páginas), bibliografía, índices y lista de autores. Los capítulos se componen de un número considerable de artículos (sesenta y siete en total) redactados por cuarenta y cinco autores, más los tres directores, que han escrito varios artículos cada uno.
Una obra de tales dimensiones difícilmente podrá leerse de un tirón. Servirá más bien de obra de referencia, y dada la calidad de los autores y del libro en conjunto, es de esperar que desempeñe este papel durante muchos años. Pero, a pesar de sus muchas virtudes, el libro tiene también, a mi modo de ver, algunas carencias (de ahí el «casi»). Como son mucho menos numerosas que las virtudes, me concentraré en ellas para no hacer este ensayo interminable. En primer lugar, los directores no han llevado a cabo la labor de edición o dirección con todo el rigor deseable, lo cual ha dado lugar a numerosas reiteraciones: hay muchos temas que se abordan de manera muy parecida en más de un ensayo; habría sido deseable que se llevara a cabo una labor de poda para agilizar la lectura y reducir un poco la enorme extensión del volumen sin eliminar nada esencial. En segundo lugar, los directores hubieran debido redactar unas conclusiones que sintetizaran el alcance del libro para el lector apresurado sin necesidad de leerse el libro entero de una sentada; incluso el lector no apresurado se hubiera beneficiado sin duda del análisis final de unos historiadores de la talla de los tres directores. En tercer lugar, yo echo de menos (aquí sin duda se trasluce mi sesgo profesional) en el capítulo sobre el siglo XIX dos ensayos: uno, que hubiera analizado el impacto del sistema educativo sobre la formación de la conciencia nacional de los españoles; y otro que hubiera estudiado cómo el desarrollo (o el retraso) de la economía incidió sobre el desenvolvimiento de las instituciones nacionales. En cuanto a educación, hay en el libro un artículo interesante de Margarita Márquez Padorno sobre la escuela en la Segunda República, pero el problema radica en el siglo XIX. Uno piensa en el libro de Eugen Weber, Peasants into Frenchmen, que muestra cómo, en la Francia del XIX, la escuela convirtió a unos campesinos analfabetos en ciudadanos, o el de Carolyn P. Boyd, Historia Patria, más cercano al problema de por qué fue tan débil el nacionalismo democrático español. En mi humilde opinión, y muy de acuerdo con Boyd, la causa de este problema fue la debilidad de la escuela pública y el carácter reaccionario de la privada. Creo que este tema, tan cercano a los problemas centrales abordados en el libro, hubiera merecido un replanteamiento y una puesta al día.
La otra cuestión, la económica, me parece igualmente interesante. El único artículo sobre la economía del siglo XIX es el de José María Serrano Sanz sobre el proteccionismo, muy competente como acostumbra, aunque sorprende que omita citar a los consumidores entre los perjudicados por los altos aranceles (p. 537). En todo caso, el tema del artículo es tangencial al problema del papel que tuvo la economía en la formación de la nación y el nacionalismo español. Otra modesta opinión mía, y no sólo mía, es que la debilidad de las instituciones españolas en el XIX, que Pedro Carlos González Cuevas señala (pp. 626-627) correctamente, fue consecuencia de lo lento del desarrollo económico en esa centuria. A finales de siglo, como consecuencia del persistente subdesarrollo, todavía dos tercios de la población trabajaba en el campo; la clase media y la población urbana eran poco numerosas, los ingresos presupuestarios eran bajos, el caciquismo era endémico, y los medios del Estado, precarios. Estos factores me parecen muy importantes para explicar los problemas que enumera González Cuevas: débil y desigual «nacionalización de masas», carencia «de un aparato estatal fuerte» que hubiera podido «penetrar en todos los rincones del país y desarrollar políticas económica y culturales adecuadas», etc. En una palabra, el libro presta mucha atención a las elites y muy poca a la mayoría de la población. Las ideas de las elites sobre la nación española fueron, sin duda, muy importantes, pero tanto o más lo fue el grado en que estas ideas eran asimiladas por la gran mayoría de la población; y esto depende en gran medida de la estructura económica y demográfica. El factor económico, la vida material de la totalidad de la población, tiene demasiada importancia para dejarlo tan de lado como se hace en el libro. Un ejemplo palmario, más cercano al presente, de este olvido: los fascismos europeos del siglo XX, salvo el caso alemán, se circunscriben al sur y el este del continente, precisamente las franjas más atrasadas económicamente. España es un caso paradigmático de este fenómeno, como hemos visto: el tema hubiera merecido, creo, al menos un comentario.
La formación plena y madura de la nación moderna es en la España del XIX más lenta y menos completa que en otras naciones europeas
Resulta imposible hacer referencia a los muchos y muy brillantes ensayos que el libro contiene y a la diversidad de temas que analizan. Resaltaré tan solo algunas conclusiones que me parecen poder destilarse de todo este valioso material: en primer lugar, la afirmación tan repetida de que la nación española es una de las más antiguas de Europa, si no del mundo, queda rotundamente vindicada. En segundo lugar, la importancia de los factores geográficos en la formación de la nación española resulta muy clara: la unidad de la Península, aislada del continente por la barrera pirenaica, explica la fuerza centrípeta que va aglutinando a los pueblos peninsulares durante siglos; la compleja orografía y la casi total ausencia de vías fluviales explican las tendencias centrífugas. La división de la Península en dos naciones separadas, Portugal y España, en cambio, se explica por razones históricas más que geográficas. La monarquía gótica y su recuerdo son una potente argamasa intelectual que vigoriza las fuerzas centrípetas durante la Edad Media, como lo son también la religión católica y el castellano, pese a la existencia de otras lenguas en la península. Queda también muy claro que, al igual que ocurre en otras grandes naciones europeas, la integración política de España, su constitución en una unidad nacional en el sentido moderno, fue formándose gradualmente desde la unión de los reinos llevada a cabo a finales del siglo XV por los Reyes Católicos, algo que Juan Pablo Fusi había ya demostrado en su libro de 2000 (España. La evolución de la identidad nacional). Esto costó dos guerras, la de Secesión catalana o dels segadors, en el siglo XVII, y la Guerra de Sucesión a comienzos del XVIII, pero el bando «unitario» o «nacionalista» (o, menos anacrónicamente, «borbónico») acabó victorioso, dándose así un paso importante en el camino de la unidad política, por medio de lo que Jaume Vicens Vives definió como «el desescombro de privilegios y fueros», es decir, la famosa «Nueva Planta». El acceso de la nación moderna tendrá lugar a partir de 1808, dos décadas escasas más tarde que en Francia, y en lucha contra la invasión de ésta. Pero la formación plena y madura de la nación moderna, que en gran parte coincide con el establecimiento del Estado liberal, es en la España del XIX más lenta y menos completa que en otras naciones europeas como Francia o Inglaterra, y éste es uno de los grandes problemas que plantea la historia de la España contemporánea, que este libro, como es natural, se plantea, pero que, a mi modo de ver, sólo resuelve de manera parcial. Algunas otras conclusiones que se derivan del libro han sido ya expuestas en la primera parte del presente ensayo.
Gabriel Tortella es catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá. Sus últimos libros son La revolución del siglo XX (Madrid, Taurus, 2000), Los orígenes del siglo XXI: un ensayo de historia social y económica contemporánea (Madrid, Gadir, 2005) y, con Clara Eugenia Núñez, Para comprender la crisis (Madrid, Gadir, 2009) y El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid, Alianza, 2011).
