¿Crees, incomparable gemelo, que hay alguien que no desee que haya «justicia social» en esta (o cualquier otra) tierra? Exacto, pienso como tú. Entonces, ¿por qué parece que ese deseo y su consecución es cosa exclusiva de quienes se consideran progresistas?
Y viene esto a cuento porque muchas personas creen que solo las fuerzas políticas de izquierdas, también denominadas progresistas, defienden la Justicia Social. Impresión que se ve reforzada por el caso casi omiso que las fuerzas políticas que no son de izquierdas hacen de la defensa de esta popular causa.
Hoy, casi todo el mundo da por hecho que la defensa de la Justicia Social es progresista y que los partidos de izquierda la defienden mejor que nadie. Y quien lo duda se resiste a manifestarlo ante la hegemonía del discurso general en el sentido anterior.
¿Qué es la Justicia Social?
Pero, «justicia» y «social», ¿no son la misma cosa? ¿no tienen la justicia a secas y la justicia social el mismo sujeto? ¿Qué es la Justicia Social?
Desde la segunda mitad del siglo XIX, tras la desaparición del Antiguo Régimen y la servidumbre, el enorme impacto de la Revolución Industrial, la proletarización del trabajo y la oleada revolucionaria socialdemócrata en los países europeos avanzados, la cuestión social se decantó por una clara defensa de la redistribución de la riqueza y la renta y la igualdad de oportunidades hacia los más desfavorecidos, aunque no sería hasta después de la II Guerra Mundial que se pudo avanzar decididamente en la extensión del Estado del Bienestar, financiado con imposición progresiva sobre la renta personal.
Todos los países avanzados cuentan con programas públicos de pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación, protección a las familias y servicios sociales. Estos sistemas están razonablemente protegidos en las constituciones modernas y los votantes de estos países votan sistemáticamente a partidos políticos que mantienen su apoyo a estas políticas, no a quienes pretenden eliminarlas, si es que hubiese algún partido político que estuviera pensando en semejantes ideas.
Las ideas básicas de la Justicia Social ya se encuentran inscritas en las constituciones democráticas liberales desde hace muchas décadas, lo que no se hubiese logrado sin grandes consensos sociales y políticos suscritos por los grandes partidos y los interlocutores sociales representativos de los diferentes intereses ideológicos y corporativos.
¿Hay quien no desee la Justicia Social?
El que los presupuestos incrementalistas de las democracias occidentales modifiquen en algo más o algo menos el apoyo anual a uno u otro de estos programas, o traten de adaptarlos a condiciones cambiantes, no es señal de que estos programas estén en peligro, ni cabe calificar el cambio, como se hace a menudo en España, de «los presupuestos más sociales de la democracia» o «los presupuestos más letales contra la gente». En esta actitud, claramente partidista y propia de los partidos de izquierda, se descubre el deseo de marcar terreno (y distancia) como defensor autoproclamado de la Justicia Social, arrebatando, de paso, al adversario cualquier baza en la defensa de objetivos sociales. Lo que, por lo visto, es incompatible con otra orientación política que no sea una de izquierda.
Ningún responsable político en su sano juicio y con opciones de gobernar, quiere desmantelar, por ejemplo, los sistemas públicos de pensiones, o los de prestaciones por desempleo. ¿Se imaginan un seguro privado de desempleo? Pero es aceptable que se vea la extensión del perímetro social de un país de manera más o menos amplia según la tendencia política a la que se pertenezca. Y no estamos hablando de un mero capricho ideológico, que se da a menudo, sino de racionalidad y realismo político, dimensiones que benefician mucho a un sistema democrático.
Hay mucha gente, no necesariamente marcada con un sesgo ideológico, que opina que un excesivo sistema social acaba perjudicando a quienes está destinado a defender, que suelen ser los menos favorecidos. Por el contrario, hay también muchas personas que piensan que el sistema social debe abarcar todos los elementos constitutivos de un estándar de vida no ya mínimo (cosa que admite debate), sino medio o mediano. En definitiva, que los estándares mínimos se vayan acercando a la media. Como todo el mundo sabe la media (o la mediana, da igual) de una distribución (de renta o de riqueza) cualquiera no puede ser igual al mínimo de aquella, por definición, salvo que la mínima y la máxima de la distribución sean iguales.
A la vista de lo anterior, sí es perfectamente posible, aunque no sea comprensible, que haya (muchas) personas a las que les gustaría que una distribución más o menos igualitaria, pero universal, de renta o riqueza, se instaurase haciendo tabula rasa de cualquier esquema social previamente existente, que condicionase sus prestaciones. O independientemente de los efectos indeseados (e indeseables) que la universalización provocase en los incentivos de los ciudadanos para participar en el esfuerzo productivo necesario para el sostenimiento de la economía.
Hay motivos para defender convincentemente, en cada ciclo político, desviaciones «razonables» del ideal de Justicia Social, si es que este ideal existiese. Y si ese proceso se conduce de forma equilibrada (en lo que respecta a sus objetivos deseables y efectos secundarios indeseables), tolerada en la medida de lo posible por la oposición de cada momento y acertada en el efecto final sobre los beneficiarios, cabrían pocas dudas de que se estaría consiguiendo un resultado cercano a dicho ideal gracias a los aportes de cada uno. Es más, la Justicia Social habría emergido como un «ideal práctico» precisamente porque sería compartida.
Como jamás emergerá la Justicia Social ideal es si una de las partes de la divisoria política se apropia del relato, si la otra lo abandona, o si suceden ambas cosas. No cabe contemplar como un avance que las dos partes del espectro político abandonen el relato de la Justicia Social, porque ambas estarían entonces dilapidando una potentísima arma política contra su adversario y ya ha quedado dicho antes lo deseable que sería que ambas partes asumiesen convencidas un relato compartido, al menos en algunos de sus aspectos fundamentales, de la Justicia Social.
La Justicia Social patrimonio de la izquierda
Pues bien, mucho nos tememos, ¿no Incomparable?, que algo de lo anterior viene sucediendo desde hace mucho tiempo ya. La izquierda ha ocupado el relato de la Justicia Social ante el abandono de la derecha.
Todo movimiento progresista nace del deseo de cambio, aunque no todo deseo de cambio es progresista, y se genera, a su vez, en el enquistamiento de la tiranía, la prevalencia de los privilegios de clase y el desprecio, cuando no el trato humillante, a los desfavorecidos. Mucho antes de la emergencia de las ideologías modernas, las revueltas y revoluciones populares o corporativas buscaban traer aires de cambio que fuesen más saludables para los oprimidos.
Los derechos sociales se conquistaron en dura lid (es casi axiomático que los poderosos no ceden privilegios de motu proprio) y no siempre aguantaron los embates de las fuerzas reaccionarias. Era solo cuestión de tiempo que la lucha por la igualdad de derechos políticos se combinase con la lucha por los derechos sociales, por una sociedad más justa con todos. Y ahí estaban las izquierdas revolucionarias de finales del siglo XIX. De manera que era inmediato, y estaba al alcance de todos, comprender que la de la Justicia Social era una causa de izquierdas, no de derechas. Pero esto sucedía hace más de un siglo.
Hoy, en sociedades de clases medias, los derechos sociales están cuidadosamente contemplados en sus constituciones. Decimos «cuidadosamente» porque cabe más de una interpretación de los derechos constitucionales, como son el derecho al trabajo y a una remuneración digna o el derecho a una vivienda.
La Justicia Social es patrimonio de todos los ciudadanos y la ejercen los gobiernos democráticos con arreglo al mandato constitucional. Con mayor o menor fervor, esa es la verdad, pero la ejercen y los ciudadanos tienen en su mano el cambio necesario.
La apropiación del relato de la Justicia Social que hace la izquierda es un flaco favor que se rinde a sí misma, a sus orígenes. Tan flaco, por cierto, como el que la derecha hace a los suyos cuando defiende el negocio protegido y los monopolios empresariales o legisla a favor de sus patrocinadores.
Esa apropiación es, además, una impostura que se tolera demasiado por parte de intelectuales y otros líderes sociales. Se da por hecho, con apenas resistencia, que la izquierda tiene una superioridad moral o ética solo por serlo frente a la derecha. ¿Ha abandonado la derecha el relato de la Justicia Social?
La Justicia Social olvidada de la derecha
El abandono de la Justicia Social por parte de la derecha, como se evocaba en la sección anterior, sin embargo, no ha sido total. Pero ha sucedido como si así hubiese sido. En realidad, puede que haya sucedido algo peor. Es decir, que la derecha, no solo ha cedido ante esta apropiación del relato de la Justicia Social por parte de la izquierda, quizás acomplejada parte de ella por los orígenes reaccionarios del conservadurismo y su descuido secular de la defensa de la Justicia Social, sino que cada vez asume con más fuerza postulados menores de la Justicia Social con tintes populistas con la esperanza de batir a la izquierda en los momentos electorales.
Este oportunismo, de hecho, hundiría totalmente la credibilidad de la derecha en materia social, si no fuera porque el electorado es cada vez más propenso a este tipo de reclamos y mensajes entre simplistas y demagógicos de uno y otro lado del espectro político.
Hoy es fácil desayunarse con la noticia de que uno u otro gobierno regional establece un abono mensual de transporte fuertemente subvencionado o gratuito para personas de 65 o más años, por poner un ejemplo de medida social claramente populista abrazado por todas las formaciones políticas. ¿Acaso todas las personas de 65 y más años necesitan ese abono gratuito más que muchas personas menores de 65 años? Obviamente no, pero ¿quién se atrevería a cuestionar una medida como esa? Pues bien, apenas se encuentra uno con reacciones en contra en las Redes Sociales.
La manera de contrarrestar el universalismo y el reparto de todo lo que se mueve, que la izquierda propone para corregir las divisorias sociales que se ensanchan, no es imitar las pequeñas políticas populistas y oponerse en banda a las medidas equivocadas ante problemas sustantivos, sino reconocer que los problemas existen y, a continuación, aportar soluciones civiles, liberales y descentralizadas.
¿Tan difícil es lograr que la derecha entienda la necesidad de corregir los graves problemas que para millones de trabajadores traen como consecuencia las transformaciones radicales de la tecnología, la demografía y los sistemas productivos? Todo ello desemboca en disrupciones que alteran profundamente la fortuna de muchas personas que confían en la sociedad y aportan a esta todo lo que pueden, a las que hay que ayudar a afrontar las transiciones más problemáticas.
Leviathan Unbounded o el «reparto universal»
“Como «el hombre» no es bueno (ni malo) por naturaleza, y lo sabe, la sociedad ha creado, con permiso de la historia, el Estado.”Uno de nosotros escribió hace ya más de seis años, en Revista de Libros, iniciándola con esta frase, una reseña de un magnífico libro de los profesores Albi y Onrubia sobre la organización del Estado moderno. Véase: https://www.revistadelibros.com/economia-de-la-gestion-publica-cuestiones-fundamentales/ Pero el Estado ni lo puede todo ni debe intentar demostrarlo. Pues en la demostración empecinada de un teorema imposible se dejan muchas víctimas en el intento.
Cuando el Estado, por mor del sesgo universalista de sus gobernantes, lo copa todo y, además, cae en la tentación del reparto, la sociedad debe temer las consecuencias tanto como si el Estado no existiese.
Leviatán debe estar, más que encadenado, limitado. Las cadenas incendian a quien las sufre y desprestigian a quien las impone. Pero impedir al Estado toda acción es tan malo como cederle toda la iniciativa, por sociales que puedan parecer cualquiera de estos extremos. El principio del «reparto universal» que destila la apropiación de la Justicia Social que hace la izquierda y la réplica facilona y oportunista que hace la derecha, acompañada de una insensibilidad casi genética hacia los graves problemas sociales que están causando las transformaciones de fondo y las largas y profundas crisis recurrentes de los últimos lustros, está determinando una mala asignación de los recursos materiales y derrochando la energía de la sociedad, cosas ambas que no van a estimular el crecimiento de la productividad en los próximos años. Y no olvidemos que la productividad es el recurso que, a la postre, sería el más adecuado para afrontar esos mismos y graves problemas sociales.
