Hace poco más de un año que se celebró el tercer pleno del Décimo Octavo Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC). Los terceros plenos excitan las pasiones de los comentaristas progres o globales porque allí suelen establecerse las grandes líneas de la política china hasta el próximo congreso y, en especial, porque en uno de ellos, el de 1978 con Deng Xiaoping, se delinearon las «cuatro modernizaciones» que han dado lugar a la pasmosa trasformación económica del país. Se supone, pues, que de esos fastos se derivarán grandes novedades políticas para dar que hablar a charlistas, poncios y otras hierbas.
El tercer pleno de noviembre de 2013, una vez rebasado el primer año del régimen de Xi Jinping, tenía que colmar esas expectativas y, tan pronto fue ido, así lo aseguraron muchos. «El pleno de esta semana apunta que una retórica insípida puede abrir paso a acciones resueltas que desemboquen en reformas de gran alcance», aventuraba el Financial Times. «Algunos medios […] han caracterizado [a este pleno] como un giro del partido; a la derecha en asuntos económicos y a la izquierda en los políticos. Ambas versiones van descaminadas», apuntaba Foreign Affairs, a cuyos expertos las resoluciones les parecían mayormente atinadas en ambos rubros. «Parece claro que [el documento elaborado] incluye una ambiciosa agenda para rediseñar el papel del gobierno y del mercado», sentenciaba un analista de la Brookings Institution, un reconocido centro de estudios progresista. Antes incluso de que se celebrara el pleno, en The Atlantic adivinaban que los líderes de Pekín parecían dispuestos a «plantear los cambios económicos más significativos que haya conocido el país».
Qué traidor es el tiempo. Cuántos comentarios inútiles arrumba a su paso. Hoy, al poco de aquel pleno, sabemos que tan oficiosos augurios no eran más que otra Fata Morgana. Las grandiosas reformas anunciadas se han limitado casi en exclusiva a una montería de «tigres y moscas», a la que recientemente se ha añadido otra aventura cinegética, «la caza del zorro», para acosar a los políticos corruptos que han puesto tierra por medio, huyendo al extranjero. Pero, con cada día que pasa, hasta esa campaña se parece más a una feroz reyerta entre facciones comunistas que a un verdadero intento de acabar con la corrupción. Por el momento, sólo sabemos que Xi Jinping y sus seguidores parecen llevar la iniciativa y que exigen absoluta lealtad a los miembros del Partido en una batalla que el presidente definía como «ardua y complicada» en un reciente discurso (14 de enero) ante la Agencia Anticorrupción. Traducido del mandarín: este cuento aún no se ha acabado. Del resto de las ambiciosas reformas del Tercer Pleno, nunca más se supo.
A los analistas progres, empero, nada de esto les hace decaer en la fe. Una vez que se han persuadido de que China necesita una reforma, la ven a punto de caramelo en cuanto los líderes comunistas la hacen tintinear. Si aquello de lo que los nuevos mandarines hablan se parece o no a lo que los analistas progres tienen en la sesera no resulta asunto de su interés. Ahí está el reciente cuarto pleno del pasado octubre que ha hecho correr ríos de tinta, porque los dirigentes chinos –decían– habían dado «un paso histórico a favor del imperio de la ley», como titulaba China Daily, la cara bonita de la prensa del Partido en inglés. Y al punto entre los comentaristas progres se extendía la creencia de que así sería. Cheng Li, otro analista de la Brookings, nos consolaba: «pese al revés de que el reciente pleno no haya apuntado cambios filosóficos e ideológicos en la gobernanza de China por el PCC, no ha dejado de insistir en algunas reformas legales de calado».
Estas y parecidas reflexiones necesitan de una desambiguación urgente. El legalismo ha sido una de las corrientes más importantes de la filosofía política china a lo largo de los siglos, pero bajo esa hermosa palabra los juristas chinos no pensaban en el imperio de la ley, sino en la ley del imperio, en la tiranía del poder. No buscaban dotar al país de normas, instituciones y procedimientos firmes para amparar los derechos de las personas, no: su concepto de la ley era el opuesto. El Hijo el Cielo era el poder soberano que podía decidir sobre la excepción, que hubiera dicho Carl Schmitt de haber escrito en aquellos tiempos. Es decir, para los legalistas no había más ley que la voluntad, firme o cambiante, igual daba, del soberano. Ese soberano que dicta la ley sin atenerse a otra anterior lo forman hoy los dirigentes del Partido Comunista, sólo limitados en su poder por sus propios intereses políticos y por el resultado de sus luchas internas. El imperio de la ley en la China actual, pues, no significa otra cosa que un continuo estado de excepción en el que nadie tiene garantizados sus derechos. Nada lo refleja mejor que la suerte de los dirigentes caídos en desgracia. Por ejemplo, Zhou Yongkan, hasta 2012 la cabeza de los servicios de seguridad chinos y miembro del comité permanente del Politburó o Consejo de Estado, que es el máximo órgano del poder en China. Sean sus crímenes reales o no, ni siquiera Zhou puede contar con un juicio justo, con una defensa real, con la independencia de los jueces o con reglas firmes de procedimiento. Si así sucede con los poderosos en desgracia, cuál no será el simulacro de justicia que espera a las gentes del común o, peor aún, a quienes se oponen al régimen.
Al poco de cerrarse el cuarto pleno, el pasado 13 de enero, Freedom House publicó un duro informe sobre el imperio de la ley en la China actual (China Report: The Politburo’s Predicament. Confronting the Limitations of Chinese Communist Party Repression). Freedom House, una ONG fundada en 1941, se autodescribe como «una clara voz en pro de la democracia y la libertad en el mundo» y publica informes anuales sobre las libertades en distintos países, en los medios y en Internet. Sus informes son habitualmente tenidos por solventes, aunque éste al que me refiero no ha despertado gran atención entre los comentaristas globales, tal vez porque su lectura no abona el optimismo sobre las intenciones de los dirigentes chinos que ellos aceptan sin melindres.
Para Freedom House, el Gobierno de Xi Jinping no ha alterado el sistema de censura, ni la persecución de la oposición, ni la supresión de cualquier forma de organización autónoma que han caracterizado al régimen totalitario de China desde su fundación en 1949. Tan pronto como asumió el poder en 2012, el nuevo equipo dirigente rechazó la libertad de prensa, la independencia judicial y la universalidad de los derechos humanos. «Como sus predecesores, el régimen de Xi ha generado sus propias ideas sobre el modo de fortalecer la legitimidad del PCC y reforzar la dominación del Partido sobre los medios, la política y la sociedad chinas». La novedad en la era Xi es que la crecida de la represión se ha hecho más sutil, censurando incluso noticias sobre la salud pública o sobre actividades oficiales en apariencia inocuas. En esta temporada, la moda son las confesiones obtenidas de los disidentes y exhibidas en televisión; o la extensión de la represión a sus familiares; o el intento de controlar Internet hasta en sus mínimos detalles.
Se diría, pues, que, con su brutalidad y con los enormes recursos empleados en agarrotar a la sociedad china (durante años el presupuesto para seguridad interior ha superado al de defensa y, seguramente porque la desproporción entre ambos ha crecido aún más, en el último año las estadísticas oficiales no recogían ya ese dato); con las repetidas muestras de confianza en el futuro que irradian del régimen; y con el aumento del nivel de vida de la mayoría de los chinos, la legitimidad del Partido está más arraigada que nunca.
Hasta quienes de suyo no se inclinan a creer la propaganda oficial ni dejar pasar sin análisis las proclamas de sus dirigentes suelen dar por firme este último argumento. Sin embargo, en la opinión de Freedom House, el aumento de la represión con Xi Jinping refleja una profunda inseguridad, acrecentada por el sentimiento de que el Partido está perdiendo no sólo la confianza del público, sino también la de algunos de sus cuadros. Una conclusión soportada por entrevistas y testimonios personales, así como por el examen de un gran número de documentos internos del Partido. La participación ciudadana en la defensa de sus derechos crece a pesar de la represión; la intensificación de la censura ha aumentado el descontento de los usuarios de Internet; la información generada por fuentes alternativas circula por nuevos canales de comunicación en una especie de guerra de guerrillas que agrieta los imponentes muros de la Gran Muralla electrónica. «Esta progresiva tenacidad de la sociedad civil se ve impulsada por la disminución del temor, por la desilusión generalizada con el Partido y por una creciente solidaridad con las víctimas de su represión por parte de otras personas que la experimentan en sus propias vidas. Aún más preocupante para el Partido es que esta dinámica vaya acompañada de una incipiente resistencia interna entre sus cuadros, los agentes de seguridad y los censores de los medios».
El informe de Freedom House se acompaña de numerosos ejemplos de cada una de estas tendencias, lo que lo hace merecedor de una atenta lectura por quienes no se contentan con celebrar las fanfarronadas o las salidas de los nuevos mandarines. Si ellos, como el leopardo de Kipling, están satisfechos con sus manchas, los demás deberíamos regocijarnos de que la fiera resulte cada vez menos temible.
Aunque no nos acompañen en el regocijo los poncios globales.
