«El mundo de la democracia representativa se está acabando», acaba de decir Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y, por tanto, ella misma representante política. Sus palabras reflejan un punto de vista hoy extendido. Hablamos de una sensación crepuscular, que unos ven con preocupación y otros reciben con esperanza: la esperanza de que una verdadera democracia pueda al fin constituirse y la preocupación ante la indefinición de las alternativas. A estas alturas, somos ya ilustrados sin ilusiones, razón por la cual los estados de ánimo crepusculares no deberían impresionarnos: no dejan de ser mecanismos de renovación periódica de los impulsos civilizatorios. Sin embargo, que el siglo de las ideologías de masas no nos haya vacunado del todo contra los anhelos de transformación radical –conspicuos desde el estallido de la crisis– no deja de ser preocupante. También hay ocasos que anuncian noches oscuras, como el colapso de las democracias liberales en la primera mitad del pasado siglo viene a recordarnos.
Pero, precisamente, no estamos donde estábamos. En consecuencia, no podemos hablar sobre la democracia como si su larga historia no hubiera dejado ya lecciones hoy parcialmente aplicables. Y digo parcialmente, porque también es necesario considerar las transformaciones sociales a que suelen aludir –no se sabe si por convicción o conveniencia– los críticos de la democracia representativa: globalización, digitalización, heterogeneización. De acuerdo con ello, lo que la alcaldesa quiere decir es que el mundo social que sostenía la práctica de la democracia representativa está desapareciendo. Es una tesis atractiva, que ejerce una considerable fascinación entre los crepusculares de todos los partidos, pero, irónicamente, parece empujar en la dirección opuesta a la apuntada por Carmena: hacia un reforzamiento de la democracia representativa y no a su desaparición. Ya que, por decirlo en pocas palabras, una sociedad compleja sólo puede organizarse democráticamente a través del mecanismo representativo. O, mejor dicho, sólo así puede gobernarse democrática y eficazmente.
Este último matiz es importante, por dos razones antagónicas. Por una parte, el declive de la democracia representativa no tiene por qué desembocar en una comunidad deliberativa que profundice en las esencias de la democracia, sino que bien puede significar lo contrario: la proliferación de regímenes iliberales de tintes plebiscitarios, donde el imperio de la ley pasa a un segundo plano y el gobierno adopta formas autoritarias. Véanse Hungría, Filipinas, Venezuela. O, por supuesto, los modelos no democráticos basados en un hombre –o partido– fuerte: de China a Rusia. ¡Ante la complejidad, mano dura! Por otra, sería posible organizar una democracia de referendos donde el ideal del autogobierno se llevase hasta las últimas consecuencias, acaso con ayuda de las nuevas tecnologías de la información a la hora de facilitar un voto frecuente y directo. Sin embargo, basta echar un vistazo a los más recientes referendos para percatarse de que su empleo generalizado conduciría a un rápido deterioro de las sociedades correspondientes: soberanas pero impotentes, participativas pero polarizadas, decisorias pero cortoplacistas. ¿O es que mejoraría la política económica y monetaria si las competencias de que ahora disfrutan ministros y banqueros centrales fueran asignadas a la «voluntad general» del pueblo soberano? Y ya sabemos lo que sucede cuando una democracia se deteriora socioeconómicamente: deja de ser una democracia.
Se ha dicho que los referendos, a pesar de los pesares, no deben ser vistos con tan malos ojos. Pero el impacto del Brexit sobre la teoría de la democracia está todavía por producirse: hablamos, como ya se ha explicado aquí, de un proceso político que muestra a las claras la dramática diferencia que media entre la teoría y la práctica. Igual que, por cierto, sucede con el famoso revocatorio venezolano: quienes suelen defender esta peculiar herramienta parecen aceptarla únicamente cuando el revocable es un adversario y no uno de los nuestros. ¡Como si Maquiavelo no hubiera existido! Recordemos que la campaña del Brexit estuvo llena de mentiras y el juicio de los expertos fue considerado inválido por razones más emocionales que racionales. Hay quien alega que la desinformación del electorado está también presente en las elecciones representativas y, por tanto, no es tan grave que el votante en referéndum no sepa demasiado sobre los asuntos en juego. Pero hay una diferencia capital entre una votación y otra: en las elecciones representativas, el ciudadano elige a quién decide, mientras que en un referéndum decide por sí mismo. De ahí que el conocimiento sobre lo que se vota sea imprescindible en el segundo caso y dañino, pero no letal, en el primero. Y ello, dejando al margen la imposibilidad de consultar directamente reformas dolorosas, dado lo improbable que sería su aprobación. Esta es también la razón de que el mandato imperativo, otra tradicional reivindicación de los críticos de la democracia liberal, sea impracticable.
Dicho esto, el malestar con la democracia representativa la ha acompañado siempre: su actual crisis sólo expresa un momento más en la larga insatisfacción con ella. Giovanni Sartori lo explica por razón del influjo que –en esto como en todo– ejerce sobre nuestro ánimo un ideal que tiene mucho de utópico: «En ningún caso la democracia tal y como es (definida de modo descriptivo) coincide, ni coincidirá jamás, con la democracia tal y como quisiésemos que fuera (definida de modo prescriptivo)». ¡Melancolía del perfeccionista! El propio Sartori explica con mucho tino las razones que explican la articulación representativa de la democracia moderna, entre ellas la necesidad de que la regla de la mayoría –que regía la toma de decisiones de las órdenes medievales– sustituya a la unanimidad ateniense como criterio de decisión, a fin de que el gobierno sea compatible con el mantenimiento del orden en sociedades fracturadas por un número creciente de brechas y diferencias. A ello hay que sumar, como ha resaltado Robert Dahl, la cuestión elemental pero decisiva de la escala: la configuración de la democracia no es indiferente al tamaño ni a la complejidad social, sino todo lo contrario.
Recordemos que la ciudad-Estado –griega, sí, pero también medieval o renacentista– deja paso a un Estado-nación cuya escala dificulta cualquier proyecto asambleario. A su vez, la erosión de la soberanía nacional en nuestros días, causada por el impacto de la globalización y la digitalización, plantea nuevos desafíos a la democracia: la fragmentación multicultural del demos y la complejidad social alejan todavía más la identificación de gobernantes y gobernados, demandando, en cambio, la creación de unidades transnacionales que comparten soberanía para ganar control sobre problemas complejos. De ahí que Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución norteamericana, pudiera escribir, en una carta a John Taylor fechada en 1816 que un gobierno asambleario
se encuentra evidentemente restringido a límites de espacio y población muy estrechos. Dudo que sea practicable más allá de las dimensiones de un municipio de Nueva Inglaterra.
Para el propio Dahl, como es sabido, la consiguiente necesidad de organizar el proceso democrático a partir del principio representativo dificulta el pleno desarrollo de la dimensión del autogobierno, coexistiendo, de hecho, con la tecnocratización creciente de las decisiones políticas debida a la creciente complejidad social. Por eso él hablaba de «poliarquía» y no de democracia, describiendo con ello un régimen dotado de autoridades elegidas por sufragio, elecciones libres y justas, sufragio inclusivo, derecho a ser candidato, libertad de expresión y asociación, así como el derecho a una información plural. Dicho esto, la democracia representativa ha ido admitiendo nuevas formas de participación popular, como la expresión de demandas a través de los movimientos sociales, las campañas digitales y otras formas de expresión política no institucionalizadas. Las democracias contemporáneas combinan así un proceso político formal sobre el que influye de manera permanente un proceso paralelo e informal cuyo escenario principal es la esfera pública. La dificultad estriba precisamente en conectar los procesos comunicativos informales que implican cotidianamente a millones de actores –pensemos en las redes sociales– con la esfera política estatal. Esa conexión, sencillamente, no puede formalizarse. ¡Lo que no quiere decir que no exista!
Pero volvamos ahora a la paradoja enunciada anteriormente, es decir, a la idea de que los cambios sociales que a juicio de muchos comentaristas están provocando la crisis de la democracia representativa demandan, en realidad, más, y no menos, democracia representativa. Preguntada por las alternativas a esta última, Manuela Carmena se refirió a la necesidad de hacer consultas frecuentes a los ciudadanos en el ámbito local, sobre la en apariencia liberal premisa de que «el camino va por el empoderamiento personal, por el poder del individuo». Claro que el mismísimo Joan Tardà ha hablado en términos parecidos en una entrevista reciente para justificar la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Quiere decirse entonces que el «poder del individuo» al que alude Carmena no es exactamente el concebido por los viejos ilustrados anglosajones, sino que se acercaría más a la ilustración radical e igualitaria de raigambre francesa. Es un poder entendido como capacidad de decisión directa de los ciudadanos, traducido en más y más frecuentes consultas en forma de referéndum.
Pero, ¿tiene esto sentido en una sociedad cada vez más global, más heterogénea, más fragmentada? ¿Podemos aspirar en estas condiciones a construir algo parecido a una voluntad general compuesta a partir de los poderes individuales? Si el camino es «el poder del individuo» y la razón para afirmarlo es la revolución digital, habría que recordar que el «empoderamiento personal» al que se refiere Carmena es ni más ni menos que el núcleo del proyecto ilustrado, en contraste con el «poder del pueblo» de la tradición rousseauniana –más romántica que ilustrada–, que luego asumirá el marxismo y luce en nuestros tiempos en los programas nacionalistas y populistas. De manera que convendría precisar si el proclamado fin de la democracia representativa está relacionado con el poder del individuo o el poder de la multitud, que es la figura neomarxista, teorizada por Antonio Negri, que sirve para refutar el modelo liberal so pretexto de «superarla». Huelga decir que el programa emancipatorio de la ilustración, inicialmente plasmado sobre todo en la protección de la libertad individual ante los abusos del poder, incorpora paulatinamente una dimensión igualitaria: por el solo efecto del enriquecimiento de las sociedades, primero, y como objetivo explícito de las políticas redistributivas socialdemócratas, después.
En realidad, bajo la especie de que el poder debe ser devuelto de las elites a los individuos a través de formas directas de democracia está vendiéndose no un imposible, sino varios: que las decisiones resultantes serán más eficaces y justas, que podrá establecerse la identidad entre gobernantes y gobernados, que podemos acabar con la representación y arrojarla al basurero de las instituciones políticas, que suturaremos así la brecha trágica entre libertad individual y orden colectivo. Pero no es así, por las razones ya señaladas y alguna más que no cabe en esta entrada. El diseño del orden liberal no es caprichoso: responde a un aprendizaje histórico, a una adaptación gradual a circunstancias sociales cambiantes, a una fina observación antropológica. Si las democracias han desarrollado más la dimensión oligárquica que la democrática, se debe a su vez al exitoso incremento de la complejidad social: que un pequeño parlamento regional se levante en armas contra un tratado de libre comercio europeo es una invitación al neomedievalismo. ¿Y qué decir de las pulsiones identitarias colectivas?
Volviendo al tema inicial: la revolución digital no se produce a pesar de las instituciones liberales, sino gracias a ellas. Sin seguridad jurídica, derechos de propiedad, imperio de la ley, derechos cívicos y políticos, etc., no habrían surgido las tecnologías que la hacen posible, ni el tipo de colaboracionismo digital –del sharing a las campañas virales, del llamado periodismo ciudadano al consumo colaborativo– que a ojos de muchos convierten nuestras democracias representativas en monstruos de obsolescencia. Pero ese colaboracionismo digital constituye menos una razón para crear democracias directas o fomentar el uso del referéndum que un recordatorio de la vitalidad de la sociedad civil en los regímenes liberales donde –hará falta recordarlo– el ciudadano no dedica su vida a la asamblea, sino a su proyecto de vida personal. Está bien que para algunos ese proyecto de vida sea el activismo político; sin embargo, eso no es razón suficiente para diseñar el sistema político a su medida. Parece mucho más razonable mejorar el funcionamiento de las democracias representativas, cuyo principal punto ciego es la desinformación de los públicos de masas, antes que abrazar el utopismo refrendatario.
Que la toma directa de decisiones colectivas sea desaconsejable en líneas generales no significa que estemos privados del poder de decidir. No sólo elegimos a quién decide, sino que tomamos de manera constante decisiones sobre cómo, dónde y con quién vivir nuestras vidas; no es poco, aunque poco nos parezca. Dejemos, pues, que el colaboracionismo digital florezca en la sociedad civil y ejerza su influencia sobre el poder político; no extraigamos de ahí consecuencias precipitadas sobre el declive de una forma de concebir la democracia cuyas alternativas conocidas son el totalitarismo, el autoritarismo y –ahora de moda– el iliberalismo. No es que la democracia representativa no admita mejoras ni cambios: al contrario, los requiere. Pero, a estas alturas, somos ya ilustrados sin optimismo: no nos comportemos como principiantes.
