En las fechas de julio de 2023 en que escribo este artículo se cumplen 320 años desde que España, para terminar la guerra de Sucesión al trono español, se vio obligada a firmar el Tratado de Utrecht por el que cedíamos Gibraltar a Gran Bretaña.
En ese largo período de tiempo, ha habido por parte española intentos de recuperación por la fuerza, con ataques fallidos, asedios…, y multitud de negociaciones, como las que se dieron con motivo de la guerra de independencia de Estados Unidos. Londres ofreció entonces la devolución de Gibraltar si no nos aliábamos con Francia y no ayudábamos a los americanos, pero todas han resultado estériles.
El objetivo de Gibraltar. La segunda rendición, un libro interesante y bien documentado, es demostrar que, al producirse la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, España tenía una base sólida, única, para obtener avances en el tema central de la soberanía del Peñón, acabando con el crónico «marear la perdiz» de los británicos. Pero, en opinión de los autores, la actitud española de esta última década ha significado una segunda rendición, que ha perpetuado, en pleno siglo XXI, la única colonia existente en Europa.
García-Margallo y Eguidazu trazan, en primer lugar, un esbozo de Gibraltar que resulta iluminador y ameno. Subrayan, como hecho capital, que el ejército holandés-británico se apoderó del Peñón para entregarlo al archiduque Carlos de Austria en su calidad de pretendiente al trono español. Y no es baladí que en el asalto participase un batallón catalán partidario del pretendiente austriaco, lo que pone de manifiesto la superchería separatista cuando proclaman que en 1713 luchaban por librarse del yugo español. Como en ocasiones posteriores, los británicos lo convirtieron rápida y taimadamente en una conquista de su reina Ana para conseguir una base militar clave que controlase el acceso al Mediterráneo.
Recuerdan los autores oportunamente la importancia del peñón durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el control de Gibraltar era lo único que interesaba de verdad a Hitler de una participación de España en la guerra, pero no lo pudo conseguir. Franco tuvo siempre muy claro que cualquier cooperación ―incluso pasiva, como permitir la circulación de fuerzas armadas alemanas por la península― y sin participación de fuerzas armadas españolas en la conquista por Alemania de Gibraltar sería considerada como una implicación en la guerra a favor del Eje, algo que Franco siempre rechazó mediante subterfugios y excusas de diverso tipo, lo que fue decisivo en el esfuerzo bélico británico y que Churchill, agradecido, expresó extensamente en los Comunes en 1944: «Si España hubiera cedido, nuestra tarea habría sido mucho más pesada. Por ello, no simpatizo con quienes creen inteligente, e incluso gracioso, insultar y ofender al Gobierno de España en cualquier ocasión».
España entró tardíamente en las Naciones Unidas, en diciembre de 1955, no porque no fuese una democracia, como se ha dicho muchas veces por una mezcla muy corriente de demagogia e ignorancia, incluso en cierta ocasión por el mismo presidente Sánchez en la Asamblea General, sino por haber cometido el pecado original de ayudar a Alemania enviando a la División Azul al frente ruso, algo que los aliados, especialmente la Unión Soviética, que tenía el veto, no podían perdonar sin más. Pasada una década, Estados Unidos y la URSS alcanzaron un gentleman’s agreement y, pelillos a la mar, se dijeron: «Tú dejas entrar a los míos [España, Italia….] y yo dejo entrar a los tuyos [Bulgaria, etc.]».
El régimen franquista se esforzó, ya dentro de la Organización, tan pronto como en 1956, en recuperar la colonia, hasta el punto de que en la etapa del ministro Castiella se acuñó la expresión «Ministerio del Asunto Exterior», y tuvo claros éxitos en diversas resoluciones de la Asamblea. La que se consideraría madre del proceso descolonizador, la n.º 1514, de 1960, promovida por un buen número de países del tercer mundo con el beneplácito de las grandes potencias, venía como anillo al dedo a las aspiraciones franquistas: decía que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, pero en su apartado 6 establecía textualmente que «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas». Principio sagrado que encajaba en nuestras pretensiones en detrimento de las británicas y las de los llanitos.
Por eso, las Naciones Unidas no han reconocido nunca el referéndum (1967) que Gran Bretaña realizó en la colonia tratando de utilizar el principio de autodeterminación, para ellos, al parecer, irrenunciable, para que lo ejerciten 30.000 personas, más de la mitad de las cuales, por cierto, viven en territorio español, pero al que no tuvieron derecho los varios millones de habitantes de Hong Kong cuando Londres los devolvió a China. Naciones Unidas sigue manteniendo, hoy, que el apartado 6 de la resolución 1514 de 1960 es insalvable en cualquier situación, y ha pedido en varias ocasiones que España y Gran Bretaña aborden todas las cuestiones relativas a la disputa, incluida, por consiguiente, la soberanía.
La fallecida Isabel II, en una gira por diversas colonias británicas, hizo su primera parada en Gibraltar a pesar de nuestras protestas, sabiendo que iba a evitar Chipre y algún otro territorio por problemas de opinión pública. El régimen de Franco reaccionó cerrando Gibraltar, colocó una puerta enfrente de la ya existente, la británica, lo que daba a España la llave de acceso a la colonia y era la medida que más dolía a los ingleses, pues ponía de manifiesto la vulnerabilidad económica del Peñón.
La falta de tacto de nuestro amigo y aliado británico en el tema de las visitas se reprodujo en la boda de Carlos y Lady Di. La noche del día del enlace la pasaron los novios en un buque fondeado en el puerto de Gibraltar. Las efusiones nupciales de la pareja fueron motivo de regocijo entre la población gibraltareña, que veía reforzada su aureola británica, y resultaba una afrenta gratuita para España. El rey Juan Carlos escribiría una carta a su prima Lilibeth diciendo que él y la reina Sofía no asistirían a la boda en esas circunstancias.
La decisión de Londres de alterar el estatus de Gibraltar en 1969, proclamando una Constitución para el territorio en la que se reconocía el derecho a la autodeterminación para la población («si no quieres caldo, taza y media», glosan los autores), provocó el cierre de la verja por el gobierno de Franco. Si los ingleses no aceptaban la doctrina de la ONU, volvíamos a Utrecht donde «se establecía la total incomunicación entre la fortaleza y su entorno». La colonia quedó aislada y miles de trabajadores españoles perdieron su empleo allí, lo que acarreó una depresión económica en Algeciras y en la comarca circundante.
Los autores no vacilan en apuntar a sus predecesores, de ambos partidos, incluso del propio, como debilitadores de la postura española, tanto en los foros internacionales como en los tratos bilaterales para llegar a un acuerdo. Especialmente llamativa fue la aceptación del ministro Moratinos en la época de Zapatero, llevado quizás, esto lo apunto yo, por la obsesión adanista de su jefe, a convertir las discusiones en un diálogo de tres, es decir, sentando a los gibraltareños en pie de igualdad con España y Gran Bretaña, lo que no había ocurrido hasta entonces, porque venían participando como miembros de la delegación de la potencia colonial, es decir, de Gran Bretaña.
No menos grave fue que, por primera vez desde que empezaron las negociaciones, el ministro español no solo admitió que se tuvieran en cuenta los intereses de los gibraltareños sino sus aspiraciones, es decir sus deseos, abriendo una puerta a la autodeterminación.
De parecida blandura o abandonismo hicieron gala el «pepero» Dastis y el «sociata» Borrell. El primero, había desdeñado el tema clave de la soberanía en marzo de 2018, centrándose en cuestiones más pragmáticas («no renunciamos a la soberanía, pero no es una cuestión que vayamos a plantear en el marco de la negociación»). Meses más tarde, el segundo diría que «la negociación de Gibraltar no va de soberanía, sino de temas prácticos». Un monumental error a juicio de los autores. Coincide plenamente con ellos el diplomático y jurista José Antonio de Yturriaga cuando dice que España ha venido dilapidando la posición ventajosa que le daba el Brexit.
Margallo y Eguidazu enarbolan en este punto la rotunda redacción de la Orientación Preceptiva del Consejo Europeo al examinar el acuerdo de Retirada del Reino Unido (Gran Bretaña) de la Unión que dice lo siguiente: «Después de que el Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Esta cláusula ayuda a explicar que el título de este libro sea: Gibraltar. La segunda rendición. Más comprensión exhiben los dos autores hacia los esfuerzos y propuestas de los ministros anteriores, Marcelino Oreja, Fernando Morán, Abel Matutes y Josep Piqué.
Pero volvamos a la vía multilateral. Margallo y Eguidazu sostienen que España ha venido logrando la aprobación de sus tesis en el ágora que cuenta, en las Naciones Unidas. No les falta razón, eso nos da un suelo jurídico importante que nos ha facultado para no retroceder internacionalmente. Con todo, hay que reflexionar sobre la efectividad de las declaraciones de Naciones Unidas en bastantes temas. No voy a referirme a su impotencia total en la agresión de Putin a Ucrania. No es el momento. Veamos dos cosas que afectan a España, el Sahara y Gibraltar, en las que el organismo falla en un sentido y el gobierno que tiene que implementarlo mira para otra parte, esperando tiempos mejores.
En el caso del Sahara, la postura de la ONU no ha cambiado. Su Consejo de Seguridad, el órgano que trata de la paz y seguridad internacionales, ha dictaminado abundantemente que los saharauis deben decidir su futuro, es decir, optar entre la anexión a Marruecos y la independencia. Cuando España presidía el Consejo, quien esto escribe lo vivió en julio de 2003, Naciones Unidas aprobó por unanimidad el Plan Baker, del que era autor el político americano de ese nombre, que disponía que hubiera dos referenda decisivos para que los habitantes se pronunciasen. Han pasado 20 años, Washington había apoyado decididamente el Plan, no hubo entonces veleidades promarroquíes, la presidencia española de ese mes habría sido incapaz de sacarlo adelante por sí sola, la prensa de Rabat escribió incluso que el contubernio yanqui-español para perjudicar a Marruecos era obvio y, sin embargo, Marruecos ha remoloneado y no se ha aplicado. Ahora Rabat cuenta con el apoyo de Washington, explicable, gracias a Trump, por un trueque con concesiones de nuestro vecino del Sur a Israel, y el respaldo bastante más inexplicable e inexplicado de Sánchez. Han pasado 48 años desde que España cedió la administración a Marruecos y la ONU ha gastado unos 1.600 millones de dólares en su fuerza de la paz, la MINURSO. Pero no ha habido referéndum.
Con Gibraltar las resoluciones de la Asamblea siguen diciendo que se trata de una colonia que destruye la integridad territorial de España y la unidad nacional, y que la cuestión debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido (Gibraltar y las Malvinas son los casos en que la ONU no ha reconocido el derecho a la autodeterminación). Los británicos dilatan el asunto, han tomado iniciativas aprovechando momentos de emergencia para ocupar más territorio, como fue el caso con el istmo de Gibraltar, ocupado por los británicos durante la guerra civil española, etc., y Londres sonríe complacido, sin dejar de aprobar cambios legales rechazados por la ONU.
Los párrafos anteriores pueden resumirse fácilmente: la facultad de la ONU para implementar muchas de sus resoluciones es, con frecuencia, más reducida de lo que se cree.
Y ahora, volviendo a la vía bilateral. De las páginas de la obra de García-Margallo y Eguidazu se deduce que el entusiasmo de la opinión pública por el tema es perfectamente descriptible. Los partidos separatistas quizás estén incluso encantados con que el detestado Madrid no consiga sus objetivos, ellos aspiran incluso a convertirse en un Gibraltar mayor. En cuanto a los constitucionales, el PSOE, y más aún, en los años de Sánchez, no lo agita en absoluto como una reivindicación prioritaria. Leemos en el libro que Rubalcaba, el secretario general del PSOE antes de Pedro Sánchez, hombre con sentido de Estado, ya dijo que «lo de la soberanía, a los míos no les pone; les parece una cosa viejuna, franquista… Lo que sí les pone es lo de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales». En el 82, sin embargo, cuando Calvo Sotelo pasó apuros para meternos en le OTAN, Peces Barba y varios socialistas alegaban ―era una baza electoralista― que la UCD no conseguía recuperar Gibraltar entrando en la alianza atlántica.
Hay muchas cosas que, en efecto, al actual PSOE de Sánchez no le ponen si huele que a Franco sí le ponían: la reivindicación de Gibraltar, el descubrimiento de América, la hazaña de Elcano, la construcción de pantanos y, para algunos, incluso los toros.
En el tema gibraltareño, la señora González Laya, breve ministra de Asuntos Exteriores con Pedro Sánchez, firmó con Londres un acuerdo regalando a los llanitos un estatus del que no habían gozado desde que Londres entró en la Unión Europea. La entonces ministra, en un sueño infantil, manifestó que así íbamos a lograr una «zona de prosperidad compartida» entre Gibraltar y la zona española que lo rodea. Es decir, damos entrada de tapadillo a Gibraltar y lo explicamos con unas palabras beatíficas, tontorronas. Me recuerda cuando algunos políticos pregonan que España ha empezado a practicar una diplomacia feminista. ¿Qué es eso? ¿Rehusaremos sentarnos a negociar cualquier tema internacional si en al otro lado de la mesa no hay paridad de géneros? ¿Dejaremos de comprar petróleo a Arabia Saudita o Irán hasta que no haya media docena de mujeres en sus gobiernos? ¿Diremos a los dirigentes chinos que hay pocas mujeres en su nomenclatura, que es una cifra ridícula y que deberían aprender de Taiwán, esto les encantará oírlo, o de España? ¡Cuánta tontuna! Sanchistas, a los hechos, que diría Ortega.
La prosperidad hasta ahora solo beneficia a Gibraltar como denuncian los autores (los llanitos tienen una renta cinco o seis veces superior a la de los habitantes de la comarca que les rodea). Esto lo han logrado gracias a tres factores: ser un paraíso fiscal, el juego online (según el Financial Times, en abril de 2015 había 34 compañías internacionales de juego online en el minúsculo territorio), y el contrabando. El libro aporta otras cifras asombrosas sobre las cajetillas de tabaco vendidas en el peñón y las cuentas fiscales. ¿Cómo, se pregunta Margallo en un artículo publicado al poco de salir el libro, siendo Gibraltar uno de los paraísos fiscales más apreciados por los defraudadores internacionales, va alguien a establecer una empresa en el Campo pudiendo hacerlo unos kilómetros más allá sin pagar impuestos?
Todo ello causa perjuicios de centenares de millones de euros a España. José María Carrascal, buen estudioso del contencioso, concluye que con la «prosperidad compartida todo seguirá igual: grande para la colonia, migajas para su entorno».
García-Margallo y Eguidazu, después de reiterar con convincentes argumentos que nuestro gobierno «ha blanqueado a Gibraltar», proponen una cosoberanía hispano británica en la que los habitantes del Peñón conservarían, si es su deseo, la nacionalidad británica. Esto daría alguna satisfacción a todas las partes, incluso a los gibraltareños, que verían colmada su aspiración a permanecer en la Unión Europea. Y solventaría otro escollo fáctico importante de la pretensión española: la suerte de los ocho o diez mil trabajadores españoles que cruzan a diario la verja y que quedarían en la calle si España, ante la postura dilatoria de los británicos y desafiante de los llanitos, pretendiera «cerrar» Gibraltar, dado que al dejar de ser el Peñón parte integrante de la Unión estamos facultados para hacerlo.
Que la solución del problema tenga un resultado aceptable para España presenta dificultades considerables, pero, alegan los autores, no insalvables:
- La primera es geopolítica. Los británicos continúan, tanto por realismo como por nostalgia imperial, considerando el Peñón una pieza importante en su despliegue estratégico. Y, detalle aún más crucial, Estados Unidos sigue prefiriendo que la llave del Atlántico esté en manos de un aliado rocoso que en la de la más voluble España, un país que puede hasta de tener comunistas en su gobierno con miembros mucho más simpatizantes de Maduro que de Biden. Hasta el embajador español en la ONU, fichado recientemente por Yolanda Díaz, respiraba así.
- Londres no va a cambiar su posición a no ser que el Peñón le cueste sistemáticamente recursos que estimen excesivos para la utilidad ―incluso en prestigio― que obtienen. El despegue económico de Gibraltar durante los últimos veinte o treinta años ha alejado, por ahora, esa posibilidad.
- España debe encontrar los medios para que la prosperidad de Gibraltar, a la que los autores no objetan, no signifique perjuicios para España. Ahora los perjuicios existen y son serios.
- Los trabajadores españoles son rehenes de la negociación y nuestra posición negociadora es, en cierta medida, por su parte, rehén de esos trabajadores. No pueden ser algo que castre nuestra acción, pero es evidente que enfrentarse a ese problema implicaría la realización de grandes inversiones en el campo de Gibraltar, lo que no es seguro que futuros gobiernos de la nación quieran arrostrar. Cambiar este talante, con una opinión pública, crecientemente huidiza del tema, no será sencillo.
- Convencer a los llanitos es tarea ardua. Preferirán quedarse fuera de la Unión con tal de no depender en absoluto de España. No funcionó el cierre de la Verja, ni la política complaciente de Moratinos. Era ridículo creer, como nos dijeron los negociadores británicos, que dando cariño a los gibraltareños alteraríamos paulatinamente su actitud antiespañola. Sentarlos paritariamente en tu mesa, visitar el Peñón oficialmente, eran gestos fútiles que sólo les daban más status en perjuicio nuestro.
Leyendo este libro, sugestivo e imprescindible para el que quiera conocer este problema, uno se siente seducido por el proyecto de soberanía compartida, aunque sea consciente de que el asunto exige esfuerzos y voluntad política. Y hay momentos en que estos fallan.
Inocencio Arias es embajador de España.
