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En este escrito se reelaboran argumentos expuestos en trabajos previos, entre ellos uno aparecido en la revista Idees y otro en el volumen Repensar España publicado por la Sociedad Civil Ahora.

Para resolver un problema debemos identificarlo. Afirmar que “hay un problema” sin precisarlo es no decir nada.  En realidad, supone crear un pseudoproblema todavía mayor. No hay manera de determinar el peso del calórico o la densidad del éter porque ni el calórico ni el éter existen. Cuando la recreación radiofónica de La guerra de los mundos por Orson Welles arrastró a las calles a miles de norteamericanos, las autoridades no movilizaron al ejército para combatir a los marcianos, sino que comenzaron por desmentir la invasión extraterrestre. El problema desapareció inmediatamente. En tales casos, resolver el problema es disolverlo. Entenderán entonces mi alergia por “el problema de España” o, aún peor, por “España como problema”. Analíticamente tales asuntos resultan inabordables y, por lo general, constituyen el punto de partida para otros enredos presentados como soluciones que nos acaban de confundir todavía más, como es el caso de la insoportable cháchara de “la conllevancia”.

Pero vayamos a la versión actual del “problema de España”: el problema “España-Cataluña”. No está de más advertir que resulta revelador el desplazamiento del prisma con el que se encara el viejo asunto. La nueva descripción contiene ya un diagnóstico que nos arrastra a un terreno minado: España, a un lado; Cataluña, al otro. Un planteamiento que encanalla la respuesta. De eso se ocupará la primera parte de mi exposición. Por la propia naturaleza de asunto, habrá que transitar por terrenos un tanto escolásticos. En mi disculpa debo decir que no me queda otra, que no los he elegido yo.  En la segunda parte, más política, antes de sugerir algunas respuestas para desmontar el artificio, me ocuparé de la (falsa) trama de supuestos, gestados por los nacionalistas y asumidos y distribuidos por nuestra izquierda,  que han hecho posible que estemos donde estamos, empeñados en resolver problemas imposibles. Un empeño que está en el origen de problemas de enorme gravedad, estos sí, bastante reales. Como cuando se combatía la peste con misas y procesiones: la enfermedad se extendía con las “soluciones”.

El problema de España y Cataluña

La afirmación de la existencia de un problema Cataluña-España tiene, al menos, dos interpretaciones posibles. Se puede entender en un sentido débil, circunstancial,  como sucede cuando se exponen una serie de asuntos controvertidos: financiación, comunicaciones, respeto a la identidad, etc. A mi parecer, ninguno de los argumentos expuestos por quienes hablan de un problema en ese sentido resultan válidos o lo suficientemente válidos como para no formar parte de las discrepancias normales abordables en una comunidad democrática. En todo caso, no voy discutirlos aquí. La otra interpretación, la fuerte, esencial, sostiene que el problema es el hecho mismo de la existencia de Cataluña dentro de España, no deseado por muchos catalanes, o, si quieren, por un número suficiente de catalanes. Una descripción que, tal cual, resulta imprecisa: ¿qué significa aquí “suficiente”? El número “suficiente” necesita un marco de referencia. Puede que dos millones de catalanes –esto es, de ciudadanos españoles— no vean atendidas sus preferencias en favor de la independencia. Pero también hay otros -incluso muchos más- ciudadanos cuyas preferencias son ignoradas permanentemente. Por ejemplo, al 21% de ciudadanos contrarios a las autonomías. Si les dijéramos “sí” a los dos millones, les estaríamos diciendo “no” a quienes están satisfechos con el actual Estado de las autonomías, que son muchos más. En eso consisten las reglas de la democracia, en aceptar que, dentro de la comunidad política de decisión, nuestras propuestas no han conseguido suficientes apoyos. Hay algo que, en términos escuetamente analíticos, no termina de funcionar aquí. Algo que nos deja en la puerta de un importante reto conceptual.

El problema del concepto

Para determinar el “número suficiente” se requiere trazar previamente el perímetro de referencia dentro del cual la minoría resulta mayoritaria. Dicho de otro modo: debemos precisar la unidad de decisión. Por ahí asoma la nación. Así, se dice, las cuentas del “número suficiente” deberían hacerse solo entre los miembros de la comunidad que quiere independizarse, de la nación. Solo las naciones serían sujetos políticos de decisión. La identificación de la nación resolvería el problema del sujeto de decisión. Eso, claro, requiere dilucidar previamente, el concepto de nación. Algo nada sencillo. Las dos fundamentales líneas de interpretación de “nación” resultan insatisfactorias a la hora de determinar inequívocamente quiénes deben decidir. La primera, “subjetiva”, que apela a la voluntad,  colapsa conceptualmente. La segunda, “objetiva”, que apela a la identidad, colapsa moral y empíricamente. Vayamos por orden.

La afirmación de la existencia de un problema Cataluña-España tiene, al menos, dos interpretaciones posibles

La idea de nación “subjetiva” apunta a la voluntad: la nación es la comunidad relevante y hay una nación cuando existe un conjunto de individuos que creen que son una nación.  Obviamente, esa definición, circular, resulta incorrecta: el definiendum no puede formar parte del definiens. De ahí que la misma idea se presente mediante otras formulaciones, como, por ejemplo, “una nación es un conjunto de individuos con voluntad de autogobierno”. Aunque, por un suponer, los habitantes de Marbella (con un elevado nivel de renta y, por tanto, con modos de vida parecidos) compartan –entre ellos—un mayor grado de identidad y cohesión del que mantenemos los catalanes entre nosotros, Cataluña sería una nación porque los catalanes tenemos una voluntad de autogobierno de la que  Marbella carece: el sujeto que decide es una nación, se dirá,  porque tiene voluntad de autogobierno colectivo.

Una respuesta que no aclara mucho. En realidad, no se ha establecido el perímetro de la decisión, de soberanía, el demos. Porque los problemas se multiplican: ¿Solo constituyen la nación los catalanes partidarios de la separación? En caso de que así sea, ¿por qué la voluntad de una parte de los catalanes –esos que no participan de esa voluntad—está sujeta a la voluntad de la hipotética mayoría de catalanes independentistas? ¿Por qué estos no están atados a una mayoría (de españoles) todavía mayor? ¿Podría considerarse un sujeto de soberanía (indivisible) una Cataluña con un 40 % de catalanes que no tuvieran esa voluntad de autogobierno, pero no puede hacerse lo mismo con una España en la que apenas un 8% (algunos, muchos incluso, catalanes y vascos) de españoles no quieren ser españoles?

Desde luego, si solo constituyen la nación quienes tienen la voluntad de autogobierno, cualquier colectivo podría considerarse una nación. Aunque solo votasen la independencia un 10% de una comunidad política, ese 10% constituiría una nación y, como sujeto, “decidiría”  con un (tautológico) resultado del 100%.  Ese 10% podrían ser catalanes respecto a España, pero también de Santa Coloma o Sant Gervasi respecto a una hipotética Cataluña independiente. Esa “respuesta” es la del liberalismo de Von Mises: “El derecho a la autodeterminación, con respecto a la cuestión de la pertenencia a un Estado, se entiende, por lo tanto, cuando los habitantes de un territorio determinado (ya sea un solo pueblo, un barrio entero, o una serie de distritos adyacentes) hacen saber, mediante un plebiscito libremente llevado a cabo, que ya no desean permanecer conectados con el Estado al que pertenecen, sino que desean formar un Estado independiente o formar parte de algún otro Estado, y sus deseos deben ser respetados y aplicados”.

La “respuesta” liberal salva el problema del sujeto de decisión: cualquiera. Pero, a su vez, está en el origen de otras dificultades. Entre ellas una que quiero destacar para mi posterior argumentación: ignora la naturaleza de los territorios políticos (enmarcados por fronteras), bien distinta de la naturaleza de los terrenos privados. Un territorio político es superlativamente comunista: todo es de todos sin que ninguna de sus partes sea de nadie en particular. Se trata de un proindiviso no de una sociedad por acciones. Uno (o unos cuantos) no se puede(n) ir “con lo que es suyo” porque, cuando se trata del territorio político, no hay un territorio “mío/nuestro” previo a lo que es de todos. En eso se sustenta la idea de ciudadanía. Madrid no es más de los madrileños que mía. Un barcelonés tiene los mismos derechos en Huelva que en Bilbao. Y sus derechos no disminuyen según se aleja de su ciudad. La ciudadanía no admite grados. No se es más o menos ciudadano. La ciudadanía se tiene o no se tiene. Sobre ese espacio político institucional se asienta la propiedad. Solo porque existe lo de todos puedo yo hablar de lo mío. El territorio político, donde se establecen las leyes, es condición de posibilidad de la propiedad privada.  Yo soy dueño de mi casa porque previamente existe ese territorio común -un espacio jurídico- que me permite disponer –y delimita el uso- de mi propiedad (por eso no puedo hacer con ella lo que quiera: atropellar con mi coche o conducir por la acera).  Pero la propiedad (privada) de las cosas nada tiene que ver con la propiedad (colectiva) del territorio político.

Como se ve, la idea de nación asociada a la voluntad es fuente de complicaciones. Desde luego, lo es para quienes asumen la continuidad ontológica de las naciones: si hace quince años no había un conjunto suficiente de individuos con “vocación de autogobierno”, la nación entonces no existía y dejaría de existir si mañana se cambiara de opinión. Sencillamente, para votar necesitamos fronteras que delimiten a quienes deciden, el demos, y, sin regresión infinita, ese demos no se puede votar. Se decide dentro de las fronteras, no se deciden las fronteras. Las fronteras, todas, son resultados de geografía,  guerras, conquistas, enlaces matrimoniales, etc. No se han votado las de España ni se votaron ni se votarían las de Cataluña. Constituyen inevitables puntos de partida para el ejercicio de la democracia.

Por supuesto, siempre podemos acudir a esencialismos historicistas, a (la otra línea de interpretación) una idea de nación objetiva, que dibuje el perímetro de decisión con independencia de la voluntad de los sujetos. En tal caso la frontera de quienes tienen “derecho a decidir” no podrá ser otra que la nación cultural, una suerte de eterna unidad de destino sostenida en la identidad (o alguna de sus variantes, lengua, por ejemplo). España existiría desde Viriato y Cataluña, pues, desde Wifredo “el Velloso”. No voy a recorrer los problemas empíricos ni normativos de esa línea de argumentación. Para una perspectiva liberal o socialista, como la que inspira estas líneas, una comunidad política debe asentarse en el vínculo de ciudadanía, no en el de identidad ni en cualquier otra ontología idealista. No hay esencias ajenas a la historia, que transmigren en las almas de los pueblos (¿Cuándo empiezan? ¿Por qué no cien años antes?), impermeables a la recomposición de las poblaciones. Y,  aun si las hubiera, la tradición, lo que una vez fue,  que de eso se trataría, no hace bueno nada, salvo para los reaccionarios como los que combatieron la Revolución francesa y sembraron las semillas intelectuales de la historia más negra de Europa.             

El problema normativo

La pregunta importante, en el plano político, es acerca de la calidad de las preferencias secesionistas: ¿está justificada moralmente la defensa de la secesión? Para abordarla retomaré la idea de unidad del territorio político, inseparable, en las buenas democracias, de dos principios que operan conjuntamente.  El primero, de unidad de justicia, compromete a los ciudadanos entre sí: las fronteras delimitan un ámbito unitario de aplicación de principios de justicia, en donde se garantizan derechos, se redistribuye, se mutualiza la deuda y se proporcionan servicios.  Al otro lado de la frontera el principio deja de operar: se puede ayudar, pero no hay una obligación de hacerlo reforzada jurídicamente. Los extranjeros no pueden reclamar redistribuciones o “momentos hamiltonianos” ante los tribunales. No forman parte de nuestra comunidad política y no estamos comprometidos con ellos. Por aquí aparece el otro principio, de unidad de decisión y gobierno, según el cual las decisiones tomadas por todos nos comprometen a todos. La democracia, regida por la unidad de justicia en sus deliberaciones, se traduce en leyes que nos obligan porque tenemos la posibilidad (siquiera indirecta) como ciudadanos de participar en su gestación. El primer principio es responsable de que los ciudadanos del mismo Estado estén unidos por derechos y obligaciones que no alcanzan a los individuos de otros países. El segundo principio opera según un criterio de comunidad relevante: las decisiones las toman aquellos sobre quienes esas mismas decisiones recaen. Fuera del territorio enmarcado por las fronteras, en las relaciones entre los Estados, las cosas serían muy diferentes: no hay compromisos de justicia o de redistribución y tampoco espacio común de decisión, democracia.

La pregunta importante, en el plano político, es acerca de
la calidad de las preferencias secesionistas: ¿está justificada moralmente la defensa de la secesión?

Esos dos principios están estrechamente relacionados entre sí y, a su vez, resultan inseparables de la unidad del territorio político en el sentido precisado más arriba. Y es que el guion anterior se descompone cuando se cuestiona la unidad de territorio político. Si alguien dice “si no me gustan las decisiones adoptadas, me voy con lo mío”, la calidad del debate democrático se quiebra. Se muda en chantaje. Las decisiones colectivas rompen su vínculo con la justicia. Dejan de ser el resultado de deliberaciones en las que se atienden todas las voces y se las calibra por su calidad normativa, para traducirse –en el mejor de los casos- en negociaciones según la fuerza de cada cual. Los participantes dejan de estar comprometidos –aun si hipócritamente— con el interés de todos.  Acuden al Parlamento a defender los intereses de los suyos, con independencia de quienes sean los más necesitados en su comunidad política. En ese caso,  para decirlo con las clásicas palabras de Burke, los representantes políticos se convierten en simples «embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno debe sostener como agente y abogado, contra otros agentes y abogados».

Por supuesto, para que el mecanismo deliberativo (aquí reconstruido idealmente, pero honrado de facto por todos) funcione, nadie puede ver ignorados sus intereses.  Si unos están privados de derechos, si se les impide opinar libremente o se les niega la participación, si no son ciudadanos, dejan de estar vinculados con las decisiones: si no se escucha mi voz, no puedo sentirme comprometido normativamente con lo acordado. Una línea de argumentación que tiene su remate en la justificación del derecho de autodeterminación de la teoría de la reparación (o de la causa justa), según la cual la secesión sólo resulta aceptable cuando se ha producido una ocupación de un territorio soberano (una situación colonial) o se violan sistemática y persistentemente los derechos en un territorio. La separación sería un mal menor para aliviar otro peor: el daño a los derechos, entre ellos el de participación. Cuando eso se produce cabría amenazar legítimamente: “si mis derechos no son atendidos o mi voz es acallada, me marcho”. Mientras tales circunstancias no concurran (y no concurren), no habría secesión aceptable. En ese sentido, los derechos y la democracia  resultan incompatibles con la aspiración a levantar una frontera.  Al otro lado de la frontera se acaba la comunidad de democracia y de justicia. Conviene no olvidarlo: levantar una frontera en una sociedad democrática supone privar de derechos de ciudadanía a unos por decisión de otros. En una parte del territorio político quienes hasta ahora eran ciudadanos quedan convertidos en extranjeros. Si nos importa los derechos y la democracia, no podemos encontrar justificación a las preferencias secesionistas. Si hay un problema de España, no es otro que la aceptación acrítica de opiniones radicalmente contrarias a la igualdad de los ciudadanos. Como en Alabama en 1962.  Las líneas que sigue se dedicarán a abordar las circunstancias de esa aceptación.

Los supuestos de la fabulación

Si las cosas son como se acaban de contar, si hay malos conceptos y pésimos valores, resulta difícil entender cómo se ha podido imponer el cuento del problema de España. Y todavía más, el protagonismo, a la hora de extenderlo, de una izquierda que se reclama heredera de los ideales ilustrados, democráticos y de ciudadanía.  A mí parecer, una parte de la explicación hay que buscarla en su aceptación de una fabulación antifranquista, originalmente facturado por el nacionalismo, al que la izquierda ha otorgado su nihil obstat.  Con ese marchamo, el cuento ha acabado por contaminar nuestro entero paisaje político, algo que nunca hubiera conseguido por sí mismo un nacionalismo de dudosa solvencia democrática, por su propia fibra ideológica y porque su antifranquismo era pirotécnico cuando no simplemente  discutible:  no podemos olvidar que, en sus núcleos patricios, una parte no desdeñable de vasquistas y catalanistas recibieron con entusiasmo al dictador, garantía del orden, de una fuerza de trabajo barata y sumisa y de un mercado cautivo para sus productos. En esas tareas auxiliares resultó imprescindible una izquierda que disponía de avales democráticos o, al menos,  antifranquistas: su timbre resultó fundamental en la extensión de la trama argumental que ahora repasaré. Su timbre y su entusiasmo.  La explicación de por qué compró la izquierda la mercancía del nacionalismo, tan ajena a su núcleo ideológico, queda para otra ocasión.  Esta es la de mostrar algunos de los componentes del producto “el problema de España”.

A mi parecer, el “problema” del problema España se sostiene en dos tesis falsas que han contaminado nuestras miradas o, si se quiere, de una ontología viciada por esas dos tesis. Desmontar esas tesis es el primer paso para desactivar los problemas.  La primera afirma la existencia de una continuidad moral (de legitimidad y hasta de contenidos sustantivos) entre el franquismo y el llamado “régimen del 78”. La segunda asocia  –más o menos explícitamente– el franquismo con España, de tal modo que la menor reivindicación de la nación política se presenta como una reivindicación del franquismo.  Sobre esos supuestos se sostiene un extendido marco mental de nuestra vida política, versión actualizada del “problema de España”, algunos de cuyos mimbres son:  a)  toda política destinada a alentar lo que nos une e iguala es una política franquista y conservadora; b)  la consideración de los nacionalismos como idearios progresistas; y c)  la atribución al Estado –concreción del “régimen del 78”– de un vicio de origen,  de tal modo que cualquier intento de fortalecerlo –destacadamente, las propuestas centralizadoras— se considera antidemocrático o, directamente, represivo, con independencia de su eficacia o de su justicia, de su contribución al bienestar o a la igualdad de los ciudadanos.

Las dos tesis han sido abrazadas por nuestra izquierda y, en virtud de su singular condición de gestora de nuestra ontología moral compartida, han acabado por oficiar como balizas que enmarcan el perímetro del debate político aceptable. Se dan por buenos sin discusión.  Las implicaciones de esa circunstancia no son escasas. Hay una de tipo general particularmente inquietante: nuestra izquierda asume que la solución al “problema de España” requiere satisfacer las aspiraciones nacionalistas, algo que, dada la naturaleza de tales aspiraciones, implica aceptar resignadamente –quizá no como objetivo, pero sí como subproducto—la destrucción de nuestro marco de convivencia, que no otra es la meta última de los nacionalistas, según ellos mismos proclaman.  Así las cosas, la solución al problema de España consiste en la disolución de España.

La tesis de la continuidad

Según esta tesis nuestro marco constitucional vendría a ser “la prolongación del franquismo bajo nuevos ropajes”. Con ello se quiere decir algo más que el trivial reconocimiento de la sucesión temporal, de que nuestra democracia llegó después de la dictadura. Se afirma la existencia de una continuidad normativa y hasta sustantiva. De alguna manera el “régimen del 78” formaría parte del guion de lo “atado y bien atado”.  La Constitución sería la cristalización más precisa de una transición tutelada por el ejército franquista. Para decirlo con palabras de aquellos años, la reforma se impuso a la ruptura. La continuidad de la monarquía, cuya legitimidad de origen no sería otra que una decisión de Franco, lo probaría definitivamente.

Aunque la intención de estas notas no es evaluar empíricamente el “problema del problema”, sino reconstruir su anatomía, no está de más recordar algunas debilidades de los supuestos que sostienen las dos tesis. No es la menor la tramposa contraposición entre reforma y ruptura. Por definición, reforma presume continuidad: quien reforma una casa, no cambia de casa.  Pero “la reforma” de la transición no era de esa naturaleza porque en ningún caso se puede considerar la Constitución como una reforma de las leyes franquistas del Movimiento Nacional. Y si ahora reformáramos la Constitución no estaríamos haciendo nada parecido a la “reforma” de la transición: mientras la primera supone continuidad, la segunda arrambló con el marco legal de las instituciones franquistas. 

Cuando se piden detalles, la tesis de la continuidad apela a dos herencias que contaminarían la Constitución con ADN franquista: de legitimidad, que se mostraría, destacadamente, en el caso de la Corona, impuesta por Franco; jurídico-política, en tanto el nuevo marco constitucional no arranca de los proyectos de la oposición sino de la legalidad de Franco.  Hay algo de verdad en las dos continuidades, pero esa verdad resulta irrelevante para lo que se quiere sostener con la tesis de la continuidad, a saber, la contaminación franquista de la Constitución.

Respecto a la primera de estas continuidades, es sencillamente falso que Franco impusiera la monarquía actual, por la sencilla razón de que ésta no tiene nada que ver con la de Franco.  El Rey de Franco significaba “el rey con el poder estipulado en las siete leyes del movimiento”, el que, por ejemplo, podía nombrar presidentes de Gobierno. A partir del 29 de diciembre de 1978, “Rey de España” significa otra cosa, lo que especifica la Constitución, algo muy parecido a “Rey de Suecia”.  La segunda continuidad retoma una clásica disputa –siempre desenfocada– entre quienes aspiraban a reformar las leyes del Movimiento hasta hacerlas compatibles con una democracia tutelada y quienes sostenían que solo cabía la ruptura.  Un debate, en realidad, superado desde lo que importa: el resultado final.

Lo que debemos valorar no es el cómo (se llega) sino dónde (se llega). Es cierto que el final de la dictadura no fue “a la portuguesa”, con una revolución; pero el producto acabado no fue muy diferente: una Constitución, sin continuidad con las leyes de Franco, que acabó con la legalidad anterior. La Constitución del 78 dibujó el perímetro jurídico de una democracia emparentada con las europeas o, si se quiere, con aquella contra la que Franco fraguó su entera vida política: un marco jurídico que ha permitido un régimen de partidos políticos (incluso algunos separatistas), el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto. Todo lo atado dejó de estarlo. La refutación más concluyente de que nuestro mundo (moral, político e institucional) poco tiene que ver con el dictador, es que “franquista” funciona como insulto, cosa que no sucede, por cierto, con “abertzale”, que oficia como balsón, sin que los asesinatos en nombre de la Patria Vasca hayan contaminado el sustantivo.

Pero, además, hay algo importante que omite la anterior descripción: la tramoya intelectual en la que se gestó la Constitución estaba configurada con tonalidades de izquierda. Sucedía en España, donde la autoridad moral ganada por la oposición al franquismo le otorgaba un importante monopolio sancionador de las buenas causas: la derecha podía hacer propuestas, pero la izquierda era quien concedía el nihil obstat democrático. Sin su visto bueno, no cabía la calificación de democracia. Una regla de juego decisiva en la elaboración de la Constitución.  Y también sucedía en Europa, en los años del eurocomunismo y del Programa Común de la izquierda francesa, donde primaban proyectos políticos explícitamente anticapitalistas que incorporaban propuestas como nacionalizaciones de bancos y de medios de producción, planificación económica y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. La izquierda española, en sintonía con aquella atmósfera, se ocupó de que en nuestra Constitución hubiera lugar para la posibilidad de llevar a cabo tales programas, como se deja ver, por ejemplo, en los artículos en los que se ocupa de la propiedad privada, del mercado o la planificación (arts. 128 y 131).

La tesis de la equiparación

Según esta tesis, la misma idea de España está asociada al franquismo. La idea de España y, en realidad, la simple presencia del Estado, de sus símbolos o, incluso, la apelación a la comunidad política común, a los españoles. Desde esa equiparación se entiende la alergia a la bandera constitucional o la disposición generalizada a evitar el uso de la palabra “España”, sustituida por “país” o “Estado español”.  Establecida esa equiparación es inmediata la apropiación del antifranquismo por parte del nacionalismo. Entre los mimbres que sostienen esa fabulación destacan: la descripción de la guerra civil como una guerra con Cataluña o el País Vasco; el especial ensañamiento de la represión franquista en esos territorios;  la presentación de las políticas culturales de la dictadura como políticas de represión lingüística; la explotación económica  de las genuinas naciones -casi en términos coloniales—  por parte de España; la consideración de los procesos migratorios –resultado de dinámicas económicas derivadas de la desigual distribución de la riqueza– como políticas de asimilación (o genocidio) cultural.  La fabulación se sella con la descripción de España como una suerte de horma artificial: el Estado, opresor por definición, asfixiaría a unas realidades nacionales, las verdaderas depositarias de vínculos vitales. Una vez consolidado el guion del Estado Español pavimentador de la rica pluralidad de las genuinas identidades, cualquier gestión política que exija símbolos o prácticas homogéneas –incluso las destinadas a asegurar la igualdad o la comunicación—se presentará como opresora: lengua, banderas, dominios de internet, matrículas de coches, sistemas operativos, unificación de sistemas de codificación de información (de informes médicos, p.e.), sistemas de pesos y medidas, etc. Todo lo que pueda unir estará bajo sospecha.

Aunque ahora no se trata de evaluar cada una de las afirmaciones –todas falsas– contenidas en el párrafo anterior, no sobra recordar los endebles soportes de las que más han contribuido a instaurar una ontología nacionalista –y antiespañola—de la guerra civil y del franquismo,  una ontología que sustituía a la republicana y democrática; en particular, las tesis del especial encarnizamiento franquista y de la de la opresión cultural. Respecto a la primera tesis,  está fuera de toda duda historiográfica que la represión fue más tibia en Cataluña y el País Vasco  que en cualquier otra parte de España.  Respecto al indiscutible cercenamiento de las expresiones culturales “nacionales” hay que ponderarlo teniendo en cuenta su sentido general, el propio de una dictadura antiliberal: Marx no se podía publicar en catalán, pero tampoco en español. Por supuesto, la literatura religiosa no tenía problema alguno, ni en español ni en catalán.  La innegable política contraria al uso del catalán de los primeros años de la dictadura (“hablen la lengua del imperio”), a partir de mediados de los sesenta se muda en una gestión que, en lo esencial, no difiere de  la  común en los Estados modernos (incluidos los democráticos) que no prohíben pero tampoco alientan el uso de las lenguas minoritarias: en Alemania, Francia o Italia no hay escolarización pública en lenguas distintas de las nacionales y, en lo esencial,  se dejan sus usos (publicaciones, etiquetajes, cine, etc.)  en manos de la demanda real, del mercado. Lo que desde luego no existió fue una persecución sistemática.  De hecho, en catalán, desde finales de los años cuarenta, se institucionalizan premios literarios (Joan Martorell, Victor Catalá) y quince años tarde podemos encontrar libros, tebeos, revistas, enciclopedias. etc. La filología catalana se consolidará mediante diversas cátedras universitarias desde los años sesenta y la presencia en enseñanza media, según informaba La Vanguardia en 1967, se garantizaba mediante cinco horas semanales, bastante más, por cierto, que las que ahora se dedican al español. Y otro tanto con el euskera. Ya en 1942 se edita literatura popular vasca (Euskaleriaren yakintza).  Desde 1948 se edita la revista literaria "Egan", que no será la única: Zeruko argia, Euskera, Anaitasuna o Artzai-Deia. Entre 1965 y 1975 distintas editoriales (Kriselu, Itxaropena, Lur, Auñamendi) publicaron 635 libros (en el mismo periodo, en catalán, 5.669). Hay premios de poesía desde 1959, cátedras universitarias desde 1966 y formación de profesores desde 1968 (desde 1962, a cargo de su presupuesto, ya estaban en funcionamiento más de cuarenta ikastolas). No hay que engañarse. El uso generalizado del español entre nosotros responde fundamentalmente a los conocidos procesos de extensión de las lenguas comunes (economías de red: un equilibro de Nash), reforzado en nuestro caso por los movimientos de población de los años sesenta, uno de los más importantes de la posguerra europea.

La tesis de una España explotadora es ofensivamente deshonesta: la dictadura aseguró a las burguesías vasca y catalana trabajadores desprovistos de derechos, mercados cautivos y un excepcional sostén en infraestructuras (SEAT, autopistas). Y la del genocidio cultural programado es sencillamente cínica: si los españoles, sometidos a la jurisdicción del hambre, que diría Cervantes, tuvieron que abandonar sus lugares de origen para instalarse a vivir en condiciones de miseria en la periferia de Barcelona, no fue por ningún espíritu imperial, sino porque allí estaban las empresas dispuestas a explotar esas posibilidades, garantizadas por una dictadura edificada sobre la prohibición de sindicatos y partidos de izquierda.

Las implicaciones

Las dos tesis anteriores constituyen el soporte último de la versión más reciente del “problema de España”.  Con esa descripción se impone la conclusión –ciertamente paradójica— anticipada: solucionar el problema de España exigiría desmontar España. Por supuesto, salvo los nacionalistas, que la asumen como principio programático, ningún partido nacional proclama su aspiración a acabar con el Estado común. Pero muchos otros sí que entienden esa aspiración como justificada y se acogen a una retórica inseparable del marco mental nacionalista del tipo “la solución es otra idea de España, integradora de su pluralidad, etc.”.  No cabe engañarse: esa retórica es un modo –más sigiloso, en una dinámica que describiré más abajo– de ir asumiendo propuestas esencialmente reaccionarias, contrarias a la redistribución y a la igualdad de influencia política, que se extienden con la indiferencia –cuando no la complicidad– de la izquierda. Se le otorga carta de legitimidad a proyectos que buscan levantar fronteras donde no existen, convertir en extranjeros a conciudadanos.

Apuntaladas las dos tesis en nuestro paisaje mental, se entiende lo sucedido en este tiempo y se puede anticipar el resultado final. Los nacionalismos, descritos como los auténticos representantes de las justas aspiraciones de los pueblos que invocan, han conseguido que se acepte sin discutir la equiparación entre mejora de la calidad democrática y aumento de las competencias autonómicas de gobierno, unas competencias que han utilizado para levantar estructuras de estado y construir identidades nacionales, para erosionar las instituciones y tramas afectivas compartidas. (Sin que importe que su mismo empeño de forjar identidades conlleve implícitamente el reconocimiento de la mentira que se invoca, a saber, la existencia de esas identidades en la que dicen fundarse, esas que se construyen y que constituyen la justificación de sus reclamaciones: si existieran, no habría que forjarlas y si hay que forjarlas, es que no existen).

Todo ello sin encontrarse con resistencias ideológicas o institucionales. Al revés, el propio diseño institucional, sobre el trasfondo descrito, ha allanado –o, por lo menos, no ha puesto trabas a– el proceso. Y es que el Estado de las autonomías, cuyo desarrollo ha sido tutelado por los nacionalistas, bien directamente, con su gestión en las autonomías que gobiernan, bien indirectamente, mediante su mercadeo –en general, chantajista—en el Parlamento de todos, ha alentado una perversa dinámica de lento vaciado de las competencias del Gobierno central. El mecanismo de esa dinámica patológica se deriva de su condición de mercados cautivos de votos. Con un ejemplo: los votantes locales tienen incentivos para apoyar políticas que les aseguran exclusividad de acceso a las posiciones sociales, como sucede con las políticas de identidad, de “normalización lingüística”, que ofician como barreras –entre españoles—de entrada a las posiciones laborales y dificultan la movilidad ciudadana, el mestizaje. Y, en otro sentido, lo mismo vale para los privilegios (de iure o de facto) fiscales, como es el caso del País Vasco y Navarra: nadie ganará en las elecciones autonómicas vascas defendiendo la finalización del cupo o un sistema de cálculo que no ignore los intereses generales de los españoles. Como si cada uno de nosotros negociara sus propios impuestos, pudiendo decidir sobre los de los demás. En esas circunstancias a las distintas autonomías, lo quieran o no, solo les queda cultivar sus propias diferencias, establecer sus propias barreras de acceso. Es su única estrategia ganadora. Al final, de grado o de fuerza, entre todos, contribuyen a debilitar el Estado. Incluso en aquellos casos en los que todos ganarían perdiendo competencias (por economías de escala, por monopolios de compra, por unidad de mercado, porque se aseguran mejores médicos o profesores, aunque no sean competentes en la lengua local), cada uno prefiere asegurarse el voto de la propia autonomía, miope y clientelar. Y total, tampoco puede hacer otra cosa, puesto que nadie decide en las otras autonomías.

Una vez se asumen las dos tesis del “problema”, casi naturalmente, se impone como solución aumentar las concesiones al nacionalismo, lo que equivale a cebarlo. Cualquier apelación a la eficacia, o la justicia, cualquier aspiración a recuperar la trama normativa de la democracia deliberativa (el interés general, la redistribución, etc.) que conlleve algún proceso de centralización, se describirá, sin más, como franquista. Así se entiende la estrategia nacionalista –favorecida por un marco mental que, al equiparar progreso y “descentralización”, la exonera de toda imagen de egoísmo— de amenazar con la independencia para conseguir competencias que se entienden –y así se proclama– como un camino a la independencia: siempre un paso más. Intentar ponerle freno, o simplemente recordar que España es uno de los países más descentralizados del mundo, es caer del lado del mal.  Naturalmente, esa estrategia –la independencia ya o la independencia a plazos– no tiene otro equilibrio final que la independencia. Si disponiendo de 5, amenazo con 10 y, de ese modo, me aseguro 7, seguiré pidiendo 10 y, después de 7 (nuevo punto de partida de la negociación), conseguiré 8, hasta acabar con 10, más temprano que tarde.           

Para terminar con el problema           

Se ha dicho muchas veces: no se puede contentar a quien no quiere ser contentado. El nacionalismo es el problema que se presenta como solución a un problema que él mismo crea y del cual se nutre. Aceptar sus guiones supone perpetuar –y ahondar—el problema. Se ha podido comprobar a cuenta del procés, presentado como reacción al recorte del Estatut. Una manifiesta falsedad: la Diada de 2010, dos meses después del “atroz recorte” al Estatut, apenas convocó a diez mil personas y los votos explícitamente independentistas bajaron en las elecciones inmediatamente posteriores.  Una mentira que no fue la única, sino el remate final de un guion repetido: según mostraban las encuestas, los catalanes estábamos entre los españoles más satisfechos con su autonomía, no había demanda de un nuevo Estatut, cosa que se confirmó con el bajo apoyo en el referéndum de su aprobación: apenas un 33% del conjunto del censo.  Pero daba lo mismo, la secuencia se imponía: se creaba un problema y se ofrecía una solución, que estaba en el origen de otro problema. Y los demás aceptaban el enredo. En el que todavía estamos.

El guion reconstruido solo tiene una estación final, la desmembración de nuestra comunidad de ciudadanos. Las “soluciones” al problema presentadas hasta ahora no han hecho más que agravarlo. Nadie puede decir que, en lo que atañe a nuestra integración ciudadana, estemos mejor hoy que hace tres décadas. Y el problema persistirá mientras se mantengan la dinámica descrita. Y el marco mental: hoy, apelar a los intereses nacionales o, incluso, a la justicia social, es “facha” y desmontar el Estado, “progre”.  Nos hemos enredado en los caminos torcidos descuidando lo evidente, el camino más corto y sencillo. Gil de Biedma en alguna ocasión se refirió a cierto tipo de personajes “cultos, sensibles y elaboradamente tontos. Tienen presbicia intelectual: no ven jamás lo obvio, solo lo remoto y traído por los pelos. Carecen de sentido común”.  Pues bien, pareciera que, respecto al asunto que nos ocupa, nos hemos convertido en tontos de esa naturaleza y nos olvidamos de lo obvio: el mejor modo de evitar la desintegración es reforzar lo que nos une y desactivar lo que nos separa. El diagnóstico recurrente al “problema de España”, alimentar las diferencias, es simple y llanamente un despropósito. Como intentar adelgazar comiendo bocadillos de panceta.  Si queremos acabar con un proceso que no tiene otro final que el anticipado, debemos cambiar el marco, las reglas de juego que nos han conducido donde estamos. No puede seguir saliendo a cuenta apostar por desmontar nuestra comunidad política.  La solución al problema de España no puede ser otra que desactivar el problema de España.

Las políticas destinadas a fortalecer lo común, en algunos casos, podrían chocar con razonables consideraciones liberales. Algo a tener en cuenta. Ahora bien, sobre lo que no caben las dudas es acerca de la necesidad de desactivar los incentivos a la desintegración, de terminar con políticas que nos han conducido donde estamos. No puede resultar rentable electoralmente alentar las diferencias y las desigualdades. Y algunas cosas se pueden hacer. Para empezar, debemos introducir correcciones en nuestros diseños institucionales, por ejemplo, mediante modificaciones en las leyes electorales que impidan que en el Parlamento de todos se conviertan en decisivos partidos que no responden ante todos los ciudadanos, dispuestos a rentabilizar (“extractivamente”) su privilegiada condición de minoría decisiva. Cualquier diseño electoral que aliente a comprometerse con el interés general –de eso va, al fin y al cabo, la mejor democracia—ha de ser bienvenido. Así, la exigencia de un mínimo número de votos en distintas comunidades autónomas para acceder a la Cámara Alta, obligaría a recoger en los programas la mirada de los otros, de todos.  En segundo lugar, hay que acabar con la lógica de la desintegración, con el perverso juego de “la independencia o algo a cambio de la independencia que es un paso a la independencia”.  Ese juego solo se puede terminar si, en cada negociación, todos pueden perder, si la negociación es un camino de dos vías. Y, claro, recordando que saltarse las leyes está penalizado, que la impunidad no se puede premiar.  Nadie se cansa de un juego en el que siempre gana. Otra cosa es si se le recuerda que también puede desandar camino. En ese caso se lo pensará antes de empezar.  Adicionalmente, debemos combatir la retórica de las diferencias. Simple sentido común: una comunidad no mejora su integración reforzando políticas que aumentan las barreras entre los ciudadanos. También parece de sentido común allanar el camino a lo que nos une. Y si no se hace así, por atendibles –y discutibles—consideraciones liberales, en todo caso, ya que no se refuerza lo común -que, por lo demás, en condiciones normales acaba por consolidarse como común cuando se deja actuar a las gentes sin intromisiones,  porque, cuando se trata de entendernos todos preferimos lo que prefieren los más, por lo mismo por lo que preferimos los metros y los litros a las leguas y las arrobas– , sí que parece sensato evitar el crecimiento de trabas a la comunicación. Y lo que nos une a los españoles -y a los catalanes y a los vascos, entre ellos y con el resto de españoles- es la lengua común. También, por cierto, nos une a cientos de miles de emigrantes.  Un autor muy querido por los nacionalistas, Kymlicka, recordó lo obvio, si nos importa la buena democracia: “la participación en la deliberación política solo es factible si los participantes se entienden y tienen confianza mutua, y sin duda esto se promueve cuando los ciudadanos comparten una lengua”. Pero no solo es la lengua: la existencia de otras barreras (al mercado, mediante múltiples legislaciones), no se justifica ni desde la igualdad ni desde la eficacia, aunque se explica desde el voto clientelar.

Pero nada de eso será posible si nos olvidamos de lo que se argumentó en la primera parte: la incompatibilidad esencial entre las tesis secesionistas y la buena democracia. El secesionismo, como el racismo o el sexismo, contemplan la posibilidad de que unos ciudadanos puedan limitar los derechos de los otros. Con no pocos esfuerzos, las sociedades democráticas han conseguido consolidar una ontología moral que sanciona el racismo y el sexismo. Sin duda, hay racistas y machistas, pero pocos de ellos, cuando defiende sus propuestas, apela a argumentos racistas o sexistas. Tales argumentos están fuera de la trama de razones aceptables en una democracia, como lo está apelar a un texto sagrado.  Algo parecido debería suceder con las apelaciones a lo nuestro, a la identidad o a los derechos históricos, a los mimbres habituales de la fanfarria nacionalista. A la postre, el secesionismo añade,  a la perversidad de contenido, la perversidad del procedimiento: la naturaleza del chantaje que utiliza (“si no me gusta, rompo el juego”) excluye una posibilidad misma del debate que, en principio, no es descartable que pudiera darse en los otros casos.

Para derrotarlo, el primer paso es desmontar el cuento antifranquista del nacionalismo: España no es un invento del dictador; el fortalecimiento del Estado, del imperio de la ley, es perfectamente democrático; y, casi siempre, las propuestas centralizadoras, al eliminar barreras y reforzar economías de escala, contribuyen a la eficiencia y a la igualdad entre los ciudadanos. La aceptación del marco mental descrito ha allanado el camino a los delirios. Se ha conseguido presentar como franquista al sentido común, y enaltecer las preferencias secesionistas como democráticas. Cuando se entiende que la vía para solucionar los problemas es la desintegración, los problemas están llamados a perpetuarse. En esos términos, el problema de España no tiene solución. Y como esos términos son los del “problema”, pues ni la tiene ni la puede tener. No solo es que “la solución” sea indeseable, por reaccionaria, porque debilita al Estado –instrumento de justicia y de intervención política, incluido al Estado del bienestar–, y porque resulta contraria a la igualdad de los ciudadanos; es que, además, eso no importa, porque ni siquiera es solución, a no ser que por solución entendamos disolución.  El “problema de España” es el verdadero problema de España. Los marcianos no son el problema, porque los marcianos no existen, y tenemos la obligación moral de recordarlo.

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