Del 11 al 17 de abril, la revista descansa por Semana Santa

El increíblemente menguante presidente

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En esta serie me he dedicado a analizar la evolución de China. He insistido mucho en que Xi Jinping y el PCC se han convencido de que tienen una oportunidad propicia para ensanchar su protagonismo internacional. Que «el Este está en ascenso mientras que el Oeste declina» es un argumento enormemente complejo de sintetizar; y aunque me gustaría, carezco de espacio y de tiempo para entrar hoy en el debate de fondo.

Una de las razones básicas en las que los dirigentes chinos se apoyan es la polarización de la vida política en Estados Unidos. Según ellos, el país hegemónico desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, en especial, desde el fin del imperio soviético, está en una encrucijada de la que no consigue salir, enlodado en un debate insoluble sobre una eventual trasformación de su política social. ¿Es correcta esa perspectiva? Hoy voy, pues, a desplazar temporalmente el foco hacia Estados Unidos.

El 46o presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de rematar su primer año de mandato con una rápida carrera cuesta abajo y la pregunta del millón es si va a seguir embalado en la misma dirección. Yo apuesto por el sí.

El día en que escribo este blog -25 de enero 2022- su situación no es sólo aciaga; se adentra en una oquedad de la que es muy difícil salir. FiveThirtyEight, una publicación especializada en opinión y agregación de datos políticos coloca el índice de aprobación de su gestión entre el público americano en 41,3% frente a un 53,9% que la desaprueba.

Hace un año, cuando juró el cargo, la situación de Biden era casi la inversa: 53% de aprobados frente a 36% de descontentos. De ahí subió a un 55% favorable por una semana e inmediatamente empezó a bajar sin remontadas significativas. El ecuador lo cruzó a finales de agosto tras la súbita y precipitada retirada de las tropas americanas de Afganistán y desde entonces no ha hecho sino bajar hasta hoy.

Su popularidad aún no ha descendido tanto como la de Donald Trump que, por su parte, nunca consiguió superar un 45% de aprobación en sus cuatro años de mandato. Pero, un año después, de su triunfo electoral, el 41,3% favorable a Biden no está tan lejos del que tenía Trump en esa misma fecha: 39%. Obama arrancó con 65% y, aunque al año había bajado al 49%, nunca se separó demasiado del 50% en el resto de su primer período.

De todos los anteriores presidentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de Trump, ninguno, ni siquiera Truman, que llegó a presidente inopinadamente en 1946 tras la muerte del admirado FDR, cayó tanto en su primer año.  En 1974 cuando Richard Nixon salió de la Casa Blanca tras su deshonorable dimisión aún contaba con 51,7% a su favor.

En 1957 los estudios Universal produjeron El increíble hombre menguante. Poco imaginaban que con los años ese título profético le vendría como anillo al dedo a Joe Biden. La película de la Universal fue pionera en el género ciencia/ficción que a la sazón pasaba por su destete cinematográfico, pero nunca ha sido muy celebrada. La revista Empire, que se dedica a esas cosas, no la incluye en su lista de las 50 mejores del género. Una injusticia.

El hombre increíblemente encanijado de la Universal se llamaba Scott. Un aciago día en que se da un paseo en barco junto con Louise, su mujer, a Scott lo envuelve una niebla súbita, caprichosa y desalmada que le endiña a traición una progresiva pérdida de tamaño corporal. Como si del Covid-19 se tratara, la ciencia no sabe qué decir de lo suyo. Y Scott sigue menguando.

Al poco, Butch, su antaño cariñoso gato casero no lo reconoce y, tomándolo en su creciente mengua por un insólito ejemplar ratonil -ah, el racismo sistémico de los felinos- lo ataca con saña. Scott consigue refugiarse en una casa de muñecas y allí se domicilia, pero merma y merma y sigue mermando. A partir de ahí le suceden las desgracias normales en estos casos: una araña se empeña en disputarle la comida, se enzarzan en mortal pelea y con gran peligro de su vida Scott logra matarla con un alfiler. Luego huye despavorido por una rendija de la ventana. Pero así acabase midiendo poco más de un nanómetro, Scott seguiría contento porque Dios también ama las cosas pequeñas. Creo que el happy ending es de Wikipedia, pero lo dejo al juicio del lector.

Con Biden, una vez más, la vida imita al arte.

El presidente ganó ampliamente las elecciones presidenciales de 2020 con 81,3 millones de votos por 74,2 de Trump. Ningún otro presidente había obtenido tantos votos jamás.

¿Por dónde le viene la mengua?

Sería demasiado fácil tomar pie en sólo una de las desdichas con las que se ha enfrentado: que la niebla que le envolvió es el salto a la izquierda de los sectores progresistas de su partido; que el gato Butch es hoy Mitch McConnell, el senador que capitanea a los republicanos en el congreso; que las arañas que le disputan el pan y la sal son dos senadores de su partido -Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona-. Pero lo cierto es que su presidencia ha devenido increíblemente consumida porque esos fracasos domésticos y otros internacionales (¡Afganistán!) se le han echado encima casi a la vez. Son muchos. Y se los ha ganado a pulso.

Empecemos por su triunfo. Digan lo que digan Trump y los muchos infatigables seguidores que aún le quedan, Biden ganó de calle y limpiamente. Por supuesto no todos sus votantes lo eligieron con entusiasmo. Hay una enorme diferencia sobre la que no se ha insistido demasiado entre quienes lo apoyaron para la presidencia por sacarse de encima y como fuera a Trump y quienes lo hicieron convencidos por la política del partido azul en las votaciones al Congreso, que fueron muchos menos. [Factoide: los colores que representan a cada partido en Estados Unidos no tienen ninguna motivación ulterior. Se deben a un acuerdo entre las cadenas de televisión adoptado en las elecciones del año 2000. Hasta entonces cada una los distinguía a su aire sin una gama establecida y eso creaba incertidumbre entre muchos espectadores que saltaban de una a otra para seguir los resultados en la noche electoral.  Desde el 2000 a los estados ganados por los demócratas se les resalta en azul y los de los republicanos van en rojo].

Antes de las elecciones los medios progresistas esperaban una marea azul que nunca se produjo.

Biden tuvo un indudable tirón personal que no se extendió hacia su partido. Su triunfo se lo debía a Trump, no al entusiasmo popular por la política de los demócratas. Actualmente en la Cámara de Representantes hay 222 demócratas y 213 republicanos, una mayoría exigua y aun reducida en 2020 desde los 235 demócratas de 2018. En el Senado las fuerzas están igualadas con 50 senadores por cada lado. Si hay empate decide el voto de calidad de la vicepresidenta Harris. No es la primera vez que sucede, pero nunca anteriormente la política USA había estado tan polarizada como en 2020. En esas condiciones acordar nuevas leyes se hace extremadamente difícil. Más aún si las propuestas legislativas pretenden obviar la evidente incapacidad de los demócratas para obtener los votos suficientes. No los tienen, se pongan como se pongan.

Sin embargo, todos los grandes medios que, por regla general, simpatizan con el partido demócrata, presentaron el triunfo de Biden como una ocasión decisiva para trasformar a fondo la sociedad americana. Desde los primeros días lo definieron como el presidente que podía cambiar de arriba abajo al país como lo hiciera FDR con su New Deal y lo intentara -con escaso éxito- Lyndon Johnson con su Gran Sociedad a mediados de los 1960s.

En definitiva, sus patrocinadores impulsaban a Biden a que, de una vez por todas, convirtiese a Estados Unidos en un Estado de Bienestar a la europea: capitalismo gestionado burocráticamente; notable aumento de los beneficios sociales; y financiación a cargo de las clases medias, es decir, con subida de impuestos y déficit fiscal. Una receta que se completaba con un nuevo elemento: la lucha decidida contra el cambio climático -el llamado Green New Deal en honor a FDR- para, decían, nada menos que salvar al planeta. En prosa, más impuestos, más burocracia y más deuda. 

Al mismo tiempo, en su campaña electoral, Biden se había presentado como un unificador. De todos los males sin mezcla de bien alguno de los que se acusaba a Trump -una cuenta inextinguible según los medios progresistas- el peor era haber dividido al país. Había que detenerse, tomar distancia y buscar el encuentro con los oponentes, que no enemigos.

Biden ha sido incapaz de entender que esa ecuación de transformación y unidad es un sueño hoy imposible. Los republicanos estaban dispuestos a negociar mayores ayudas para paliar los duros efectos de Covid-19 y mejorar las obsolescentes infraestructuras del país, pero de ninguna manera iban a votar todo el programa social de los demócratas.

Precisamente era ésta última la trampa que denunciaban, que ese programa no coincidía ni con las necesidades del país ni con los deseos de muchos votantes forzosos de Biden. Pero, entre éstos últimos y el poder de la burocracia de su partido sin la que jamás hubiera sido presidente, Biden, que a lo largo de su carrera política ha sido un consumado oportunista, no dudó: había que tirar adelante sin mirar atrás. 

¿Cómo conseguirlo con las escasas fuerzas con las que contaba en el Congreso? Respuesta: trasformando a conveniencia el proceso legislativo, empezando por la regulación de las elecciones. Empujando por el otro extremo la posición de Trump, Biden comenzó a poner en solfa la limpieza del proceso electoral en Estados Unidos denunciando los supuestos manejos de las legislaturas estatales -mayoritariamente en manos republicanas- en la formación de distritos electorales (gerrymandering) que supuestamente debilitaban la representación de las minorías, especialmente negras y, en general, de todos los no blancos WASP, a quienes con un eufemismo tan optimista como incompetente aúnan en el sintagma gentes de color.

Con esa excusa, los demócratas en el Congreso han apoyado una ilimitada federalización de la legislación electoral, restringiendo la capacidad de decisión de los estados en asuntos que han sido tradicionalmente suyos como los requisitos para votar o sus formas de ejercicio. En eso consistía For the People Act, el primer proyecto de ley votado sólo por la exigua mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y luego ampliado con otro sintéticamente conocido como Voting Rights Act.

Era difícil que el Senado los apoyase. Hasta el momento, bajo el procedimiento conocido como filibusterismo, para iniciar la discusión de una ley en esa cámara es necesario contar con sesenta votos favorables de sus miembros De no conseguirlos la iniciativa legal decae. El procedimiento exige, pues, esa sustancial superación de enfrentamientos partidistas que Biden decía anhelar. Pero, aunque el filibusterismo carece de respaldo constitucional, la única forma de superar esa tradición es mediante la llamada opción nuclear; en resumidas cuentas, reducir el quorum de 60 senadores a otro de mayoría simple (50+1). Lo que, en este caso, sólo hubiera sido posible de contar con los votos de todos los senadores demócratas más el de la vicepresidenta.

Los demócratas habían optado por la iniciativa nuclear en 2013, cuando contaban con más de 50 senadores, para evitar que los republicanos se opusiesen a los nombramientos judiciales del presidente Obama. La única excepción que quedaba en pie en ese ámbito eran los nombramientos para la Corte Suprema. Por su parte, también por una exigua mayoría, en 2017 los republicanos extendieron la abolición del filibusterismo para sus magistrados. Así es como, bajo su mandato, Trump pudo nombrar a tres nuevos y supuestamente conservadores.  

Pese a esa lección, los demócratas han intentado otra vez acabar con el filibusterismo para su federalización del derecho al voto. Pero en esta ocasión no han contado con la mayoría necesaria, por exigua que fuera. Dos senadores demócratas -Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona- anunciaron su intención de votar en contra de ambos y, muy malhumorados, el presidente y los altos jerarcas de su partido han tenido que renunciar a sus proyectos piratas. Un ojo a la funerala.

El otro ya se lo habían puesto poco antes.

Biden entró en la presidencia bajo una estricta vigilancia de la burocracia de su partido, cada vez más escorada hacia la izquierda progresista, pero en ningún momento dio muestras de encontrarse a disgusto con ello. Su ansia de pasar a la historia como un gran trasformador de la sociedad americana se anunció antes incluso de haber jurado su cargo con el plan que llamaría Reconstruir Mejor (Building Back Better o BBB por sus siglas). Con el tiempo el plan se dividiría en tres partes: estímulos contra Covid-19 (American Rescue Plan); reconstrucción de infraestructuras (American Jobs Plan); y mejores servicios sociales (American Families Plan). Cada uno de ellos daría pie a proyectos de ley cuya suerte ha sido muy variable.

El primero se convirtió en un plan de estímulo por US$1,9 billones (1012) para hacer frente con decisión a los estragos del Covid-19 y a la tendencia bajista de la economía. Este plan coyuntural se aprobó en marzo 2021 e incluía ayudas en metálico para la mayoría de los ciudadanos, apoyos adicionales para los parados y créditos a las familias pobres. Los republicanos votaron en contra, pero el senado lo aprobó mediante el procedimiento legislativo de reconciliación que, para determinadas medidas económicas, permite superar el filibusterismo de los 60 votos.  

Las otras dos partes del programa han corrido suertes muy diferentes que no pueden exponerse en detalle. Lo fundamental fue precisamente que quedaran divididas. La oposición republicana se centraba en dos aspectos para exigirlo. Uno era la dificultad de mezclar en un mismo texto legislativo políticas de infraestructura física (carreteras, aeropuertos, puentes, acceso a internet) con los que los demócratas llamaban infraestructura humana, en plata: servicios sociales como el cuidado de los ancianos, los permisos de maternidad, la gratuidad de los programas públicos de educación (pre-escolar y universitaria) o de salud y otros muchos. El segundo pero se refería a la financiación. El programa del presidente preveía cargar los costes sobre las empresas con un alza impositiva; para los republicanos, eso supondría una subida general, pues las empresas trasladarían sus costes con mayores precios para los consumidores. Si se querían medidas bipartidistas, la negociación debería mantener separadas las reformas sociales de las de infraestructura y buscar una financiación menos inflacionista.

Finalmente, a finales de junio pasado, entre largas discusiones en el seno del partido demócrata, se optó por la solución salomónica: un paquete de medidas infraestructurales por US$1 billón y otro de dimensiones financieras entonces aún indefinidas para el resto. Cada uno de ellos se votaría por separado y, si los republicanos seguían en su oposición al segundo, ahí quedaba la posibilidad de recurrir a la reconciliación.

Pero para esta salida de urgencia aún quedaba pendiente el verdadero coste de las medidas sociales. Con su autocomplacencia habitual, la izquierda del partido demócrata esgrimía una alternativa maximalista de hasta US$6 billones distribuidos a lo largo de diez años; otros más moderados hablaban de US$4 billones en el mismo plazo. Al final, el regateo acabó en US$3,5, pero con un profundo desacuerdo sobre las medidas que quedarían fuera del paquete en caso de aceptar la rebaja. Nadie se planteaba si cualquiera de esas metas sería aceptable para los republicanos. Tampoco, a la postre, si obtendría el apoyo de todos los demócratas: la disciplina de partido se daba por supuesta. Y siempre cabía la opción nuclear de rebajar el quorum senatorial a una mayoría absoluta de 50+1 senadores… en vez de la habitual y cualificada de 60 para así imponer su voluntad. Ya se encargarían NYT, WaPo y CNN de hacer imposible otra opción.

Pero es bien sabido que los partidos USA no pueden imponer su disciplina interna con la misma rigidez de los europeos. Sus dirigentes, a través de mecanismos como las primarias, se deben ante todo a lo que desean sus votantes y eso puede ser muy distinto según los distintos estados, según las características de los electores en cada uno de ellos y según las convicciones de sus representantes.

El resultado ya lo sabemos. A principios de noviembre pasado, aun con gran disgusto de su sector progresista, la Cámara de Representantes votó a favor del paquete de reformas infraestructurales y, finalmente, el senado lo aprobó días después con una cómoda mayoría bipartidista (69 a favor -19 republicanos entre ellos- y 30 en contra).

Bastante más dramático, pero mejor conocido en su desarrollo ha sido el final provisional del otro proyecto. En el seno de la mayoría demócrata Joe Manchin, senador por West Virginia, insistió desde el principio en su negativa a votar un paquete social de esas dimensiones y exigía una rebaja para dejarlo en US$1,8, justo la mitad.

En esas condiciones, aunque la mayoría demócrata hubiese buscado aprobarlo mediante el procedimiento de reconciliación no hubiera ido posible, al carecer de los 50+1 votos necesarios. La opción nuclear, otra alternativa a la hora de aprobarlo, tampoco resultaba posible. Cuando se habló de ponerla en marcha tanto Manchin como Kyrsten Sinema, senadora por Arizona, anunciaron su voto en contra.

Entre tanto se había producido la desastrosa retirada de Afganistán en la que muchos americanos, partidarios de Biden o no, vieron consumada la pesadilla de una derrota inasumible.

Todo ello enfrenta a Biden y al partido demócrata con la necesidad de un cambio de rumbo imprescindible ante las elecciones al congreso de este 2022. Es posible que la actual mayoría raspada de los demócratas se convierta entonces en una minoría incapaz de impulsar su estrategia de transformación de la sociedad americana, con consecuencias difíciles de prever.

Una, empero, es evidente: la mengua del presidente Biden seguirá. Lo que lleva al principio de esta columna: ¿tendrán razón los dirigentes chinos cuando anuncian una reposición de la decadencia spengleriana de Occidente?

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