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La constitución USA establece -artículo 2, sección 4- que el presidente, el vicepresidente y todos los demás funcionarios civiles podrán ser depuestos de sus cargos mediante un proceso (impeachment) por traición, sobornos y otros serios delitos y faltas (high crimes and misdemeanors). Dejando a un lado historias más antiguas, los presidentes Nixon, Clinton y Trump han sido sometidos a ese procedimiento -por dos veces en el caso de Trump- en años recientes. El proceso exige una acusación por parte de la Cámara de Representantes aprobada por mayoría y un juicio en el Senado con una mayoría favorable para reprobar de dos tercios de sus componentes. Los delitos y faltas a tener en cuenta en este procedimiento son aparentemente de carácter político.  

El proceso contra Nixon ocurrió tras la participación de algunos cargos de su partido en el asalto a las oficinas electorales de los demócratas en el complejo residencial Watergate de Washington DC y su posterior ocultamiento con obstrucción de la justicia. Nixon dimitió antes de que la iniciación del proceso fuese sometida a votación en la Cámara de Representantes. Clinton se enfrentó con uno similar por perjurio y obstrucción de la justicia tras negar haber mantenido una relación sexual con Mónica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca. El Senado no reunió los 67 votos favorables y el presidente fue absuelto.

El primer proceso de destitución de Trump se desarrolló en 2019-2020 tras un supuesto intento del presidente de solicitar ayuda ilegal para su reelección a Volodymir Zelenski, el presidente de Ucrania. Igual que en el caso de Clinton, el Senado no reunió la mayoría necesaria para la destitución y absolvió al presidente. El segundo proceso ocurrió tras el asalto al Capitolio por una turba de partidarios suyos en 6 de enero 2021 para impedir que el Colegio Electoral pudiese proceder a la votación que designaría oficialmente a Joe Biden como ganador de la elección presidencial 2020. El procedimiento se inició en la Cámara en 13 de enero. La discusión comenzó en el Senado el 25 -Trump había dejado de ser presidente de Estados Unidos el 20, una vez que Biden juró su cargo-. Tampoco esta vez la acusación alcanzó la necesaria mayoría de dos tercios de senadores y Trump fue nuevamente absuelto el 13 de febrero 2021.

Con independencia de su resultado, los serios delitos y faltas que se juzgaron en esos casos de impeachment fueron indudablemente de carácter político, aunque algunos tuvieron consecuencias más allá del proceso mismo. A Nixon, su sucesor Gerald Ford le extendió un pardon -indulto- completo e incondicional. Nixon, pues, no podía ser perseguido por asuntos accesorios al delito del que se le había acusado (robo, destrucción de documentos, etc.). Clinton, por el contrario, vio revocada su licencia como abogado en Arkansas y pagó US$25.000 como parte de un acuerdo para resolver cualquier cargo adicional por perjurio u obstrucción de la justicia. Por el momento Trump no ha tenido que afrontar consecuencias legales ulteriores tras sus absoluciones. Es decir, dos de los tres presidentes encausados políticamente podrían haberse visto envueltos en procesos relacionados anterior o posteriormente con la actuación causante del impeachment.  

En 2018 WSJ informó de que, en octubre 2016, semanas antes de la elección que llevaría a Trump a la presidencia, Michael Cohen, un abogado suyo pagó US$130.000 a Stormy Daniels, una actriz porno, para que no diese publicidad a un enredo sexual habido en 2006 con el aspirante a presidente. Al menos por esa vez Stormy no hizo de garganta profunda y calló religiosamente sin pedir más reparaciones al después presidente electo.

Pero, dejemos correr la imaginación. Pongamos que, ya presidente y aún encelado con la tormentosa Daniels, el presidente hubiera ido de tapadillo a un Walmart cercano a la Casa Blanca; hubiera distraído algo de lencería íntima para sorprender a su chica -Trump parece bien capaz de una horterada así-; y hubiera sido pillado in fraganti por la cajera. Ya sé que la historia es imposible y que el presidente no puede dar un paso sin que integrantes de su Servicio Secreto le sigan de cerca. Pero no es la hipótesis de una aventurilla lo que quiero evocar, sino otra cuestión más cercana a la miniserie televisiva que está ofreciendo el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para Investigar el Ataque de 6 de enero 2021 al Capitolio de Estados Unidos -ésa es su denominación oficial, en adelante el Comité- de la que se han visto hasta el momento de escribir este blog (2-5 de julio 2022) seis sesiones.

¿Podría el expresidente ser perseguido por el imaginario hurto en Walmart? O, más en concreto, ¿puede el presidente de Estados Unidos ser acusado penalmente por asuntos que no sean los eminentemente políticos serios delitos y faltas del artículo 2 de la constitución -ya juzgados y absueltos por el Senado- sino por otros ejecutados mientras ocupaba su cargo? La cuestión está aún pendiente y no deja de tener sustanciales consecuencias legales y políticas. 

Una de ellas, la básica, sería una eventual acusación penal por sedición contra el expresidente Trump por parte del Departamento de Justicia (DJ en adelante) y basada en las conclusiones del Comité. Conviene señalar que DJ es el único organismo que podría dar ese paso y que, de hecho, ya ha comenzado a perseguir penalmente algunos casos relacionados con el asalto al Capitolio.

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El pasado mes de mayo los daños causados en la algarada se resumían oficialmente así: cuatro muertos entre los participantes; tres entre los policías (uno al día siguiente del ataque y otros dos por suicidio en días posteriores); unos 150 policías atacados por los manifestantes; alrededor de US$1,5 millones en daños. A principios del pasado julio se habían abierto causas contra más de 800 participantes en el asalto al Congreso.

En 15 de febrero 2021 Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes anunció su intención de crear una comisión amplia, similar a la del Once de Septiembre o 9/11 por la transcripción al estilo americano de la fecha de la hecatombe de las Torres Gemelas en Nueva York y de un ataque al Pentágono en Washington DC. Su constitución fue aprobada por la Cámara, pero no consiguió superar el filibuster (60 votos a favor de iniciar la discusión del asunto) en el Senado y Pelosi decidió crear un Comité Selecto limitado a miembros de la Cámara y compuesto por 7 demócratas y 2 republicanos. Los dos republicanos -Liz Cheney, elegida en Wyoming y Adam Kinzinger en Illinois- aceptaron su designación sin contar con la aprobación de su partido. El Comité quedó constituido en mayo 2021 e inició sus investigaciones a finales de julio de ese año.

Hasta la fecha ha obtenido más de mil declaraciones y numerosos documentos escritos y audiovisuales. Sus conclusiones podrían servir de base a nuevas propuestas legislativas y también para eventuales cargos criminales contra personas físicas incluyendo al expresidente Trump. Está previsto que el Comité ofrezca sus conclusiones el próximo 6 de septiembre, dos meses antes de que se celebren las elecciones legislativas bienales de 2022. Sus resultados se han plasmado hasta el momento en seis sesiones ofrecidas por televisión y es posible que se añada alguna más antes de septiembre.

La primera sesión televisiva se hizo pública en 10 de junio 2022 y estuvo dedicada al asalto al Capitolio, incluyendo escenas de gran violencia. En la segunda (13/06) sobresalieron las declaraciones de Bill Barr. Barr contaba con una larga carrera en el DJ donde había sido fiscal general con Bush hijo antes de que Trump volviese a nombrarle para el puesto en febrero 2019. Barr concluía: «antes de la elección, yo pensaba que era posible hacer razonar al presidente [pero] tras ella él parecía no escuchar a nadie y yo me inclinaba por no seguir allí si se empeñaba en no querer atender mi parecer ni el de otros miembros del gabinete». Barr dimitió pocos días después de esa declaración (23 de diciembre 2021).

En la tercera sesión (16/06) aparecieron las de varios responsables del DJ tras la dimisión de Barr que insistieron ante el presidente, sin éxito, sobre la inexistencia de fraude electoral. Los números, intimaban, llevaban la contraria a la ardiente imaginación del presidente y a la de sus corifeos, alguno de los cuales, como Rudy Giuliani, daban muestras de haber empinado el codo en exceso.  

La cuarta sesión (21/06) incluyó el importante intercambio de Trump con Brad Raspensberger, el secretario del estado de Georgia y, por ende, el encargado de certificar las votaciones de su circunscripción electoral donde el presidente, a menudo fuera de sí, atacaba a grandes voces al funcionario -elegido por votación popular igual que él- para que encontrase como fuera los once mil votos que le faltaban para dar la vuelta a la elección allí.

En la quinta (23/06) se recogían nuevos testimonios de diversos personajes relevantes en el círculo presidencial que trataban sin éxito de convencer al presidente para que renunciase a su fantasía de que le habían robado la elección.

La sexta sesión (28/06) estuvo dominada por las sorpresas contenidas en la declaración de Cassidy Hutchinson, que citaré en detalle más abajo.

Personalmente he seguido todas y cada una de esas sesiones que, en conjunto, me han servido para las reflexiones que siguen.

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La imagen de Estados Unidos que a menudo transmiten muchos medios locales y extranjeros es la de un país irremisiblemente dividido por enfrentamientos raciales y de partido, pero eso no coincide con la que yo he podido apreciar en esas sesiones del Comité. Antes al contrario, he visto allí a americanos, mujeres y hombres, de todas las edades; blancos, negros y de color; y, por supuesto, votantes de los dos grandes partidos, coincidir en el valor que todos ellos y ellas conceden a la democracia. Algo, a mi entender, especialmente importante cuando, desde la elección presidencial 2016, los medios de solera han insistido en cuestionar incesantemente la legitimidad del triunfo de Trump (ver Andrew McCarthy. Ball of Collusion: The Plot to Rig an Election and Destroy a Presidency. Encounter Books: Nueva York 2019) y la fidelidad a los valores democráticos de los miembros y de los votantes del partido republicano que aceptaron su candidatura, 63 millones en 2016 y 74 en 2020. Por ese error en el que se empecinaron, los demócratas pagaron un alto precio en 2016; no consiguieron triunfar decisivamente en las elecciones al Congreso en 2020; y probablemente cosecharán otra derrota en las legislativas 2022.

 

Sea como fuere, con la excepción de los dos mil asaltantes del Capitolio estimados por Wikipedia; de algunos grupos supremacistas blancos (Proud Boys, Oath Keepers, o QAnon, al que pertenecía Jacob Chandler, el grotesco chamán vikingo del asalto al Capitolio); y de individuos que habían amenazado o cometido actos de violencia; el grueso del partido republicano no puso en duda el triunfo de Biden, aunque muchos votantes -dos tercios entre los republicanos y un tercio del electorado en general- aún duden de la limpieza de los comicios 2020.

Sin embargo, los principales dirigentes del partido republicano no cedieron ni por un momento a las fantasías de Trump. El ejemplo de libro es Mike Pence, el vicepresidente del país. Era él quien debía presidir la reunión del Colegio Electoral del 6 de enero donde se formalizaría la victoria electoral de Joe Biden y quien en todo momento se negó a seguir el plan de Trump de exigir nuevas certificaciones electorales de los estados, según los resultados inventados por el presidente y sus consejeros felones.

Las presiones llegaron al máximo en el discurso de Trump de aquel día en la Elipse del Mall en Washington DC donde ante miles de seguidores mantuvo que «si Mike Pence hace lo que debe, ganamos la elección. Todo lo que tiene que hacer lo han dicho ya los grandes abogados constitucionalistas del país. Tiene todo el derecho de hacerlo […] Y Mike Pence tiene que apoyarnos y, si no lo hace, será un día triste, muy triste para nuestro país porque ha jurado defender nuestra Constitución».

Precisamente por eso último Pence se negó a secundar el plan, aunque los asaltantes del Capitolio que le buscaban amenazaban con colgarle y blandían un patíbulo de juguete. Tras los momentos de máxima tensión, Pence presidió finalmente la reunión del Colegio Electoral y cumplió con su deber constitucional de proclamar al nuevo presidente. Pence diría más tarde ante el Comité que «en aquella semana el presidente Trump me dijo que yo tenía el derecho de revocar la elección. El presidente Trump erraba. Yo no tenía ese derecho. La presidencia pertenece al pueblo americano y sólo a él. Francamente no hay idea más antiamericana que la de que una sola persona pueda elegir al presidente».

Pence no estaba ni había estado solo. La transcripción de la tercera sesión del Comité recuerda el testimonio de las tres personas que ocuparon de oficio la cumbre del DJ tras la dimisión de Bill Barr.  Los tres eran indudablemente seguidores de Trump, pero coincidieron en negarse a secundar sus exigencias anticonstitucionales y los tres amenazaron con una renuncia colectiva -la suya y la de los demás jefes de departamento- en el caso de que Trump pusiese al frente del DJ a Jeffrey Clark, un oportunista que en el DJ se dedicaba a asuntos de ecología, pero se decía dispuesto a intentarlo. El presidente no se atrevió a nombrarlo.

Pero Trump parece haber estado dispuesto a arriesgar más que las palabras, ya de suyo temerarias, de su discurso en la Elipse. En la sexta sesión del Comité compareció inesperadamente Cassidy Hutchinson y sus declaraciones causaron gran revuelo cuando se refirió a algunas actividades de Trump coincidentes en el tiempo con el asalto de sus seguidores al Capitolio. Hutchinson había sido una de los asistentes de Mark Meadows, el jefe de gabinete de Trump y, en consecuencia, seleccionada por su adhesión al ideario del partido republicano. Entre las múltiples cuestiones que abordó en su testimonio un par de ellas merecen especial atención.

Uno. En la mañana de 6 de enero, Meadows y otro de sus asistentes tenían noticia de que entre el público que se congregaba en la Elipse para seguir el discurso del presidente y de que, a pesar de un supuesto control de metales previo a la entrada al recinto, había allí gente «con cuchillos, pistolas y rifles, gas paralizante, chalecos antibalas, lanzas y palos». Según Hutchinson, el presidente había sido adecuadamente informado de ello y había insistido en que se dejase pasar a más gente sin el control de metales. En su discurso, Trump los animó a ir al Capitolio.

Dos. En este punto, Liz Cheney, una de los dos miembros republicanos del Comité, incluyó un video en el que miembros del staff presidencial mostraban su preocupación en días anteriores al 6 de enero por el aparente deseo de Trump de unirse a la manifestación. El mismo día 6, cuando Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes supo de esa intención se puso en contacto con Hutchinson para verificarlo. Ella le informó de que había una gran confusión entre el y de que, finalmente, la comitiva presidencial había vuelto a la Casa Blanca. Una vez allí, Hutchinson oyó a Bobby Engel, el jefe de seguridad presidencial contar que, una vez vuelto a la Bestia -argot para el vehículo blindado del presidente- Trump «se indignó [al saber que no iban al Capitolio JA] y se acercó al frente del coche para ponerse al volante, mientras Engel le advertía de que debía quitar la mano de allí». La conclusión inmediata parecía ser la innegable intención de Trump de unirse a la algarada que ya había comenzado en el Capitolio.

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Volvamos a la fantasía de la compra de lencería y el hurto en Walmart. ¿Podría acusarse penalmente al presidente por su intento de lanzar, primero, y unirse, después, al motín? Para un lego en derecho penal USA cualquier respuesta es una cuestión difícil. Por eso a continuación he echado mano de varios trabajos sobre esos aspectos, especialmente algunos de Andrew McCarthy publicados en National Review durante las últimas semanas. McCarthy fue ayudante del fiscal del distrito sur de Nueva York y tiene una larga experiencia procesal en asuntos penales.

La eventual responsabilidad penal de Trump comenzó a plantearse al tiempo que el Comité Nacional Republicano censuró a Liz Cheney y Adam Kinzinger, dos miembros republicanos de la Cámara de Representantes por aceptar su designación como miembros del Comité del 6 de enero. Cuando empezó a hablarse de ese Comité y de la necesidad de que fuera bipartidista, Nancy Pelosi se negó a aceptar los nombres propuestos por los dirigentes republicanos e invitó directamente a esas dos personas a sumarse a él. Al tiempo, Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado censuró la decisión del Comité Nacional de su partido como un error estratégico que lo convertía en un rehén más de Trump.

Inicialmente, los demócratas habían tratado de evitar el segundo impeachment de Trump proponiendo recurrir a la enmienda 25 de la constitución: declaración de incapacidad del presidente Trump por una decisión conjunta del vicepresidente Pence y de los miembros del ejecutivo, pero eso no se tenía legalmente en pie si el presidente se oponía, como seguramente lo haría. Así que se decidieron por un segundo impeachment organizado a la carrera y sin entusiasmo. Dado el poco tiempo de que se disponía hasta la jura de Biden en 20 de enero, la alternativa de prolongar el impeachment mucho más allá de esa fecha tampoco convenía a los demócratas, que tenían otras prioridades legislativas inmediatas, como forzar la aprobación del llamado American Rescue Plan (US$1,9 billones) y no querían perder el tiempo en discusiones jurídicas.  

En síntesis, al Comité puesto en pie posteriormente se lo encargaba de rehacer ese impeachment tan apresuradamente finalizado. «En principio, el Congreso tenía autoridad constitucional para hacerlo [alargar el procedimiento JA], aunque Trump hubiera dejado de ser presidente. Pero el Comité que se creó no era un comité de impeachment porque la Cámara de Representantes no le dotó de la autoridad legal necesaria. Y políticamente tampoco era un vehículo adecuado». 

Y aquí entraban en juego otras consideraciones de mayor alcance. Con la formación de un Comité tan unilateral, los demócratas parecían favorecer la posibilidad de que Trump, haciéndose la víctima de una investigación politizada, volviese a convertirse en el candidato republicano a la presidencia en 2024. Una opción que no resultaba mala para los demócratas. Biden ya le había ganado una vez y por abrumadora mayoría. ¿Por qué no una segunda? Todo dependería de la resolución final del Comité. Y a esa carta de una culpabilidad de Trump que no fuera resultado de un impeachment, sino una mostrenca responsabilidad penal -como en la hipótesis del hurto de lencería en Walmart– los demócratas se jugaron la partida.

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¿Y si el senador McConnell fuera realmente tan astuto como parece?

Me explico. Para quien haya seguido en detalle el serial televisado, la culpabilidad de Trump es un alud que cobra cada vez más fuerza. Ya hemos visto varias muestras de su utilización de la presidencia para torcer los mandatos de la constitución primero y, finalmente, para alentar la revuelta del 6 de enero y hasta intentar sumarse a ella en persona.  

El Comité, sin embargo, tiene un vicio de nacimiento. Ante todo, no se sabe para qué fue creado. Para recoger información, sin duda; pero a diferencia del procedimiento de impeachment esa información la obtienen sus miembros sin lo que en Estados Unidos se llama due process -rectitud o buena fe procesal-, es decir, el conjunto de requisitos formales que establecen lo que vale como verdad para la sentencia final y entre los cuales en el proceso penal suele exigirse el derecho de la defensa a interrogar a los testigos. Pero en este Comité no existe una verdadera defensa; sólo interrogan sus miembros y entre éstos, dada la forma en que fueron designados -por el dedo de Nancy Pelosi- no se incluyen defensores del expresidente.

Es cierto que los republicanos no colaboraron en la creación del Comité, pero eso no puede valer como excusa para la indefensión. Las declaraciones de Hutchinson sobre la conducta del expresidente el día de autos son explosivas, pero las hizo de oídas. Hutchinson no fue testigo de lo que sucedía, sólo oyó lo que le contaron algunos de los protagonistas presentes. Hutchinson testificó bajo juramento y es difícil no aceptar su buena fe, pero para dar crédito a su testimonio sería imprescindible que el Comité llamase a sus informantes a refrendarlo, también bajo juramento.

Por otra parte, el Comité carece de capacidad propia para iniciar un proceso penal y sólo podrá ofrecer sus conclusiones para que el fiscal general Merrick Garland decida si existe materia suficiente para proceder a una acusación. Es una decisión endiablada, porque, por su cargo, Garland no es más que un subordinado del presidente Biden, es decir, de un adversario político de Trump y eso coloca al fiscal general ante un difícilmente superable conflicto de interés. Para evitarlo se vería obligado a nombrar un investigador especial, lo que no sería más que el principio de una interminable disputa legal

Por el momento, empero, y a la espera de lo que haga el DJ, el valor de las conclusiones del Comité sólo es propagandístico, lo que devuelve a mi alusión anterior sobre la inteligencia política de Mitch McConnell. Los demócratas pusieron en marcha el Comité a la espera de las ventajas electorales que podrían derivarse de un proceso penal contra Trump pues, en su opinión, eso no podría dejar de manchar al partido republicano en su conjunto. Trump había sido elegido para ese puesto por todo el partido y hora era, pues, de que todo él pagase por ello. Trump iba a ser una llaga en su costado si, como era de prever, intentaba y tal vez conseguía una nueva nominación para disputar la presidencia en 2024. Quien haya seguido al detalle los trabajos del Comité sabe hasta qué punto sus miembros insisten en la responsabilidad que recae sobre todos los republicanos por las acciones de Trump.

¿Todos?  

No es tan seguro que no se necesite aquí recurrir a la excepción femenina. Liz Cheney aceptó la invitación de Nancy Pelosi en contra del parecer de los líderes republicanos y se ganó la ira eterna del expresidente. Uno de sus pocos defensores caseros fue McConnell. ¿Por qué?

Los demócratas confían en que poner el foco sobre Trump hará que los electores, muchos al menos, se olviden del aborto, del precio de la gasolina y de lo que les cuesta el supermercado y formen con Trump y su partido un todo únicamente interesado en combatir la Gran Mentira, que es como el expresidente llama a la victoria de Biden. Cuanto más airee el Comité la desvergüenza de Trump, menores sus posibilidades para 2024.

Cheney -y, repito, McConnell apoyó su participación en el Comité- lee la situación de forma diferente. Otra buena función de la miniserie del Comité, como la recién provista por Hutchinson, evidenciaría aún más la incapacidad de Trump para ser el presidente que Estados Unidos necesita. Cheney podría aprovechar ése y otros testimonios similares para hacer caer toda la responsabilidad política y penal sobre Trump y ganarse tanto a los Nunca Trump y a otros muchos republicanos y votantes independientes que han dejado de verlo como un caballo ganador. El partido podría recuperar la respiración y centrar su atención en respaldar a candidatos como Ron De Santis, el gobernador de Florida; o Glenn Youngkin, el inesperado ganador de la elección para gobernador de Virginia; u otros que puedan surgir en los próximos treinta meses porque saben que Trump no ganará en 2024 ni lo hará su partido en las elecciones legislativas 2022 si sólo presenta candidatos bendecidos por el genio del tupé naranja.

 «En suma, Liz Cheney ha usado su plataforma para hacer una poderosa demostración de que Trump sería extemporáneo para ocupar de nuevo ese puesto y de que los republicanos se entregarían al suicidio colectivo si le nominasen otra vez. Los demócratas quieren demostrar la incompetencia de Trump con la esperanza de que vuelva a ostentar la candidatura republicana en 2024. A Cheney, por el contrario, lo que le interesa es destacar a Trump para ilustrar que no se le puede nombrar porque llevaría a una derrota impepinable. Y Cheney lleva las de ganar» . Su partido se salvaría de la quema

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